El atolladero boliviano

A inicios de junio de 2025, la situación boliviana ofrece un recuento de daños acumulados que hace difícil no pensarlos como síntomas mórbidos. El gobierno de Luis Arce y las derechas proyectan las elecciones generales de agosto de forma prescriptiva, cerrándole el paso a la representación política del movimiento campesino o, si esto no fuera posible, buscando que naufrague el proceso electoral comprando tiempo, mientras la degradación económica avanza sin freno con un desabastecimiento crónico de combustibles y una inflación desatada. 

En la crisis orgánica boliviana confluyen dos factores principales. De un lado, una crisis económica derivada del agotamiento de la renta del gas y, de otro, una crisis del régimen político inaugurado con la Constitución de 2010. Éste se basaba en la solitaria fortaleza del MAS, que ganaba elecciones con porcentajes superiores al 50% frente a una oposición de derecha fragmentada y enclavada en los estratos altos y medios del electorado, esquema que comenzó a desintegrarse con la división del partido hegemónico. La crisis del MAS es, a la vez, programática y estratégica: programática, porque ninguna de sus fracciones ha presentado propuestas consistentes para superar el agotamiento del modelo rentista basado en el gas; estratégica, porque su reconducción política requiere articular al bloque social indígena, campesino, obrero y popular en una nueva fase de reformas sociales, económicas y estatales. En los hechos, las disputas internas del MAS han derivado en antagonismos caníbales, con ausencia de un debate que aborde lo que realmente preocupa a la gente.

El margen de autonomía que el Estado logró construir —gracias a una importante retención de excedente económico y a un partido con mayoría absoluta— se ha erosionado rápidamente, reemplazado por la acción de camarillas enquistadas en el Poder Ejecutivo y Judicial. Desde el Ejecutivo, Luis Arce ha convertido en su prioridad excluir a cualquier candidato que intente representar al movimiento plebeyo, mientras demuestra una grave ineptitud para mitigar las emergencias derivadas del colapso económico en curso. Desfigurados política y moralmente, Arce y su entorno se han autoasignado el rol de sicario garante de un nuevo orden político, con la esperanza de que su labor sea recompensada por el próximo gobierno de derecha mediante una garantía de impunidad por sus actos.

Allá por el lejano 2003, el programa del movimiento de masas fue bautizado como la «Agenda de Octubre», que contenía la recuperación de los hidrocarburos y la reforma Estatal con la Asamblea Constituyente. En los tiempos que corren, donde la mayoría del excedente está en manos privadas, nadie habla de nacionalizaciones ni debate cómo revertir la degradación económica con empleo e inversión productiva para evitar el crecimiento de la pobreza extrema. Los dirigentes del «proceso de cambio» han llevado la política a su grado cero. 

La anemia del MAS

En Bolivia hay cierta correlación entre la democracia como autodeterminación de las masas y la democracia como institucionalidad republicana. En la primera etapa del proceso de cambio, mientras era indispensable la participación de las masas para garantizar un programa de reformas, ambas tuvieron una cierta cercanía de facto. De ahí que se hayan institucionalizado procesos colectivos de discusión y decisión para pequeños «guetos» a través de las autonomías indígenas, aunque el movimiento de masas no llegó a proyectar en el Estado Plurinacional sus tradiciones democráticas más sustantivas (las asambleas comunales, los cabildos populares, la deliberación y decisión colectiva en asambleas de vecinos/as, etc.). En relación a las tradiciones democráticas de abajo, la construcción del Estado plurinacional fue un momento espasmódico producido por la correlación de fuerzas. Cuando la dirigencia del MAS dio por cerrada la etapa de reformas, creció el clientelismo, la prebendalización de dirigentes y la acción corporativa instrumentada desde el gobierno. Esta práctica fue sistemáticamente aplicada por Evo Morales a partir de 2010 y llegó a sus niveles más extremos en el gobierno de Luis Arce.

De las tres facciones políticas escindidas del tronco masista —lideradas por Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez— ninguna ha abordado con seriedad el análisis de las causas del agotamiento del llamado proceso de cambio. Pese a encontrarse aplastados por las manifestaciones de lo real, ninguna de estas fracciones es capaz de simbolizar su propia crisis ni, mucho menos, construir un discurso transformador que reconozca la necesidad de reorientar su proyecto político. 

En el caso de la fracción que ocupa el Poder Ejecutivo, ha sido reducido a un grupo clientelar, burocrático, obsesionado por la captura ilegal de recursos públicos y dispuesto a cualquier cosa con el fin de eliminar al evismo. Por su lado, Andrónico Rodríguez apareció envuelto en un halo simbólico de renovación, aunque nadie sabe exactamente de qué tipo. Hasta ahora, sufriendo zancadillas proscriptivas en su contra, atina sólo a tratar de salvarse a través de acuerdos espurios con los mercaderes de la política. 

Evo Morales sigue siendo la representación más labrada del movimiento de masas, principalmente del campesinado. A diferencia de Luis Arce o Andrónico Rodríguez, sólo puede existir políticamente apoyado en el latido orgánico de las bases rurales. Su mistificación como caudillo insustituible es el opio del evismo, pero tiene sustentos materiales. El movimiento campesino necesita a Evo para influir en el Estado y Evo necesita al movimiento campesino para evitar su jubilación política. 

La reacción criolla

Las derechas, que no han ganado ninguna elección nacional desde hace 20 años, acarician la posibilidad de que la pésima gestión de Luis Arce y el vacío narrativo de todo el MAS les permita llegar al Palacio Quemado sin necesidad de organizar golpes. Más allá de sus matices, las variantes reaccionarias de la política criolla tratan de instalar que la crisis económica es atribuible al «estatismo», desempolvan el viejo recetario de privatizar servicios y las pocas empresas públicas, mientras parlotean sobre la necesidad de «atraer» inversiones extranjeras como único modo de desarrollo económico. No necesitan ofrecer esperanza ni mejor futuro colectivo a la gente.

La descomposición económica, la individualización y la frustración expresada como descreimiento son su potencia. Con el empeoramiento de la situación económica, suben el tono y hablan de privatizar la salud, la educación, subir la edad de jubilación y le dan rienda suelta a sus aspavientos racistas. 

El rebrote de viejos traumas

Pocas escenas resumen tan bien la cotidianidad de las ciudades bolivianas como las interminables filas de vehículos esperando para cargar combustible, una rutina que, lejos de sorprender, ya forma parte del pulso urbano desde hace meses. Entre los que aguardan en las filas, los rostros de resignación han estado dando paso a la impaciencia y a la irritación. Otro evento traumático que está sacudiendo a la población es la subida de precios generalizada, las conversaciones sobre la plata que no alcanza, las crónicas de la indignación acerca del precio del papel higiénico, del café y de cómo dolería pagar por un litro de aceite si se lo pudiera encontrar en alguna tienda, son comidilla diaria. Como resultado de esta experiencia, ese fantasma ideológico llamado clase media está dispuesto a aceptar el llenar el tanque del auto a cambio de vaciar el Estado de empresas públicas

Febrero de 2025 es el quinto mes consecutivo en el que la balanza comercial del país registra datos negativos. Caída la producción y el valor de exportación del gas, la principal fuente de divisas para la economía, Bolivia presenta un escenario cada vez más peligroso. Según datos oficiales, los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los productos que más han aumentado el índice de inflación. La producción en manos de grandes empresarios (arroz, aceite, pollo, huevo) ha sufrido una ralentización debido a la continua escasez divisas para importar combustibles, factores climáticos, la salida ilegal de estos productos a países con inflación más alta como Argentina, pero también a la especulación económica programada por la patronal contra un gobierno inutilizado. 

Las medidas que tomó en su primera gestión el gobierno de Evo Morales, apuntaron a la retención por parte del Estado de la renta del gas. Esa renta se usó para ampliar el mercado interno durante la década siguiente, pero fue un uso del excedente sin reproducción ampliada de la base productiva. Lo que se amplió fue el ancho de importaciones, como lo sucedido en el caso del parque automotor; el 2010 Bolivia contaba con 1 millón de motorizados particulares, para el 2025, la cantidad de autos se han duplicado sin un incremento significativo de la población. 

Bolivia vuelve a enfrentarse al dilema existencial de su base material: o retiene más excedente para continuar el crecimiento o retrocede a un país con niveles de pobreza crónicos. Los datos muestran que la porción grande de fuga de divisas proviene de la repatriación de ganancias por parte de las empresas transnacionales, que extraen la mayor parte de los beneficios sin reinvertir significativamente en las economías locales. En Bolivia, este fenómeno ha sido responsable del 47 % del déficit de la cuenta corriente, evidenciando que la dependencia del capital extranjero genera una vulnerabilidad estructural en la balanza de pagos.

En 2014 Bolivia logró acumular más de 13 mil millones de dólares en reservas internacionales. Diez años después, con la crisis económica instalada, las reservas se han licuado hasta llegar apenas a 150 millones, debido a que el país recurre a sus propios ahorros para sostener el déficit que ocasiona el intercambio económico desigual entre la periferia y el centro capitalista.  El siguiente paso para la ruina será recurrir a un mayor endeudamiento externo para hacer más ancha la base de la estafa piramidal que los economistas denominan «comercio internacional». 

Nuevo régimen de partidos para inclinar la balanza hacia la derecha

El 5 de junio, con una resolución de la mafia judicial del Tribunal Constitucional, se ha habilitado al candidato Andrónico Rodríguez para terciar en las elecciones. Sin mover un dedo a favor de la lucha callejera del «bloque nacional popular» que dice representar, Andrónico se beneficia de la caridad de la dictadura judicial que tiene en vilo al país. Detrás del gesto están el gobierno de Arce y la derecha, que quieren aislar la movilización campesina ligada al evismo con el fin de derrotarla, sea por desgaste o por un despliegue represivo.

La candidatura de Andrónico representa el paso atrás que dan el gobierno de Arce, la mafia judicial y la derecha en su proyecto común de recomponer el régimen de partidos. El beneficiario de la concesión, cree que su posición simbólica de joven de extracción campesina ligada durante mucho tiempo a Evo Morales le permitirá beneficiarse del «voto duro» del campo popular al aparecer como único candidato con un perfil distinto a la derecha neoliberal. Un razonamiento así peca de malmenorismo vulgar. Se cuentacon demasiada evidencia de dónde lleva una política anodina, sustentada sólo en el temor a que gane la derecha neoliberal. Para rearticular al campo popular, alzar el estado de ánimo del activismo de izquierda se necesita programa, consignas audaces, propuestas orientadas a interpelar a las masas y no tener miedo de confrontar a los poderes económicos y comunicacionales de las clases dominantes. Lo cierto es que todas las fracciones del MAS han perdido este espíritu y eso explica mucho de su retroceso.