La izquierda entre la socialdemocracia y el neofascismo

«La Nueva Democracia Comunitaria será ante todo anticolonialista, anticapitalista, antimperialista y antisegregacionista, es decir, diferente al falso sistema democrático representativo imperante [burgués]». CONAIE, 1994.

 

Ecuador atraviesa un momento de degradación histórica. El neofascismo criollo, camuflado bajo un velo de populismo digital, aspira nuevamente cooptar el Gobierno. En este escenario, la segunda vuelta electoral se reduce a un espectáculo mediático en TikTok, mentiras institucionalizadas y socavamiento del debate racional sobre la crisis. Para los sectores populares, se impone la tarea de evaluar las condiciones más favorables para enfrentar el próximo período de lucha.

En una sociedad fragmentada por el narcotráfico, la desigualdad estructural y la exclusión sistémica, el desafío urgente es tejer un proyecto colectivo en un contexto lo menos hostil posible. En 2025, el movimiento indígena, los pueblos y nacionalidades, los sectores populares y la clase trabajadora, impulsaron una candidatura sin figuras mesiánicas, reflejo de años de lucha organizada. No es nuevo que estos sectores desafíen al poder-realmente-existente: lo hicieron en octubre de 2019 y en junio de 2022. Pese a que la democracia liberal —desde su génesis— le niega a los subalternos el reconocimiento como sujetos políticos plenos, no abandonaron el espacio de la «tensión institucional». Incluso jugando en cancha inclinada, los resultados fueron significativos: 538 444 votos.

El país no puede seguir oscilando entre tragedia y farsa. El riesgo de afianzar una República bananera neocolonial —con salarios de miseria, privatización voraz, criminalización de defensores territoriales y asesinatos impunes de líderes populares y de niños— exige tener sentido del momento histórico. En este período es imperativo ralentizar las espirales de violencia que azotan de forma insoportable al campo popular. Daniel Noboa Azín, sobrino de la tía millonaria e hijo del padre magnate que devino en presidente de la República debido a su papel de ‹outsider› y gracias al marketing, hoy encarna, sin mediaciones, el proyecto oligárquico.

El 13 de abril, en segunda vuelta electoral, Ecuador definirá su rumbo gubernamental. Y el resultado podría ser más nefasto que el presente. La candidatura de Noboa se traduce en menores posibilidades de organización para los sectores populares. En este contexto, resulta imprescindible elevar con fuerza las demandas propias. Por otro parte, la socialdemocracia exige «responsabilidad histórica» sin autocrítica ni compromisos concretos. Los puentes hacia un futuro viable no se edifican con gestos aislados, sino con hechos reales.

Este texto propone una visión del escenario político y aporta elementos que permiten forjar una posición colectiva. Su propósito es defender mejores condiciones de vida para las personas empobrecidas y fortalecer la organización popular de izquierda.

Unidad con sentido crítico y autocrítico

La hegemonía política e ideológica del progresismo entre 2007 y 2017 instauró un modelo socialdemócrata. Se basó en la teoría económica keynesiana y el populismo, en el sentido de Laclau y Mouffe. El Estado, de esencia capitalista, aplicó políticas anticíclicas y buscó el efecto multiplicador del gasto.

La socialdemocracia del siglo XXI creyó que bastaba con mejorar la capacidad adquisitiva y redirigir parte de la renta hacia la inversión social pública, a través de las grandes empresas privadas. También fortaleció el aparato estatal, incluidas las fuerzas de seguridad modernizadas, que luego reprimirían los levantamientos de octubre y de junio. En este proceso, se restringió la protesta y se castigó el derecho a organizarse o a pensar críticamente, acusando a la disidencia de «hacerle el juego a la derecha».

El entonces presidente llegó a declarar: «No somos anticapitalistas, no somos antiyanquis, no somos antiimperialistas, somos projusticia social, prodignidad, prosoberanía» (Correa, El Telégrafo, 2013). La socialdemocracia adoptó un programa policlasista para remozar el Estado-nación, donde coexistían figuras de derecha en la administración y el ideario público, siempre y cuando contribuyeran al fortalecer el Estado regulador. Uno de sus pilares económicos fue el extractivismo metálico y petrolero, que abrió la puerta a concesiones que despojaron de sus territorios a pueblos, nacionalidades y campesinos.

La llegada de Correa al Gobierno supuso una derrota histórica; no logró canalizar la capacidad de lucha del campo popular, que fuese obtenida en el enfrentamiento contra el capitalismo neoliberal, hacia la construcción de una estrategia que afecte al poder-realmente-existente. Por el contrario, se disolvió en la “ilusión gatopardo siglo XXI”. Arrogándose un lenguaje izquierdista, empujó el remontaje del Estado nación vía reforma constitucional, manteniéndose funcional a los intereses de reproducción del capital, aunque con matices redistributivos y asistencialistas (Iza, Tapia y Madrid 2021, 161. Énfasis nuestro).

Sin embargo, la política está marcada por contradicciones y antagonismos que dependen de la coyuntura histórica. En este momento, el adversario principal no es la izquierda institucional, expresada en la socialdemocracia —autodenominada progresismo—, sino el populismo oligárquico. En sintonía con la radicalización de la derecha a nivel global, apuesta por una salida autoritaria de corte neofascista.

Es cierto que algunos sectores —incluso los que nos apoyaron en primera vuelta— desconfían de Luisa González, y tienen sus razones. Los llamados a la unidad se reducen a meros cantos de sirena cuando, pese a las buenas intenciones, no van acompañados de medidas concretas para remediar agravios pretéritos.

La socialdemocracia, en su periodo de gobierno, no desarrolló una política de enfrentamiento unilateral ni frente a la derecha ni contra la burguesía —que de hecho salieron fortalecidas—, sino en perjuicio de los sectores populares. No fue un paraíso; se esperan autocríticas y compromisos claros con miras al futuro. El país se desmorona.

Elegir el escenario de lucha

La unidad se forja con acciones concretas. El primer paso es el reconocimiento de la otra persona en su papel crítico, como interlocutora legítima, y en su derecho no solo a la palabra sino a incidir en las decisiones. Ciertos personajes de la política ecuatoriana, al estilo de Alfonso López —el prepotente terrateniente descrito por Jorge Ycaza en la novela Huasipungo (1934)—, creen que únicamente su punto de vista es válido. Avanzan en círculos arrastrando un lastre histórico que impide avanzar.

Las consecuencias de la continuidad de Noboa en el Gobierno serían indeseables: la hegemonía del narcotráfico, aliado de las élites e incrustado en el gobierno, el aparato estatal y las fuerzas de seguridad; el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en áreas urbanas, rurales y, sobre todo, en los pueblos y nacionalidades; la precarización laboral en condiciones de esclavitud moderna y un desempleo generalizado; la venta del erario público y la privatización de la seguridad social, la salud, la educación y los servicios básicos; el agravamiento de la violencia de género y el alza de los feminicidios; la descampesinización y la migración forzada hacia las ciudades, generando cinturones de miseria; la profundización del extractivismo y la entrega del país al capital transnacional; el vasallaje imperialista. En suma, la supremacía del capitalismo en sus formas más abyectas.

Las posiciones del movimiento indígena se edifican colectivamente. Esta es la única vía hacia un Estado plurinacional de clase, cimentado en el Poder Popular Plurinacional, capaz de rescatar al país. A lo largo de los años, hemos enfrentado tanto a gobiernos neoliberales como a proyectos socialdemócratas. En la coyuntura actual, la vara elevada de nuestro programa se expresa en los siguientes puntos mínimos:

1. Declarar emergencia ambiental nacional, priorizando las zonas afectadas por la minería ilegal, como: Napo (Cantones Tena, Arosemena Tola), Orellana (Punino) Imbabura (Buenos Aires, Intag), Zamora Chinchipe (Parque Nacional Podocuarpus, Yacuambi, Zamora, Nangaritza), Morona Santiago (Zamora, Santiago, Makuma), Cotopaxi (La Maná, Pangua), Esmeraldas, Chimborazo (Pallatanga), Bolívar (Las Naves, Telimbela), Azuay (Sigsig, Ponce Enríquez), El Oro (Zaruma, Portovelo) Pichincha (Pacto) y demás territorios devastados por esta actividad.
2. Decretar moratoria minera a nivel nacional mientras se lleva a cabo una auditoría integral vinculante —incluyendo reversiones— a todas las concesiones, en especial a las licencias ambientales otorgadas para las distintas fases de explotación. Esto debe enfocarse en los proyectos: Mirador (Ecuacorrientes), Fruta del Norte (Lundin Gold), Curipamba (Curimining), la Plata (Atico Mining Corporation), Loma larga (Dundee Precious Metals Ecuador), Cascabel (SolGold), Buenos Aires (Hanrine), Napo (Terraearth Resources), Warints (Solaris). Asimismo, se debe impulsar la remediación y reparación de los pasivos ambientales en los cantones Eloy Alfaro (Esmeraldas), Arosemena Tola (Napo), Río Blanco y Ponce Enríquez (Azuay), Zaruma (El Oro), entre otros.
3. Declarar la emergencia ambiental en las zonas afectadas por minería ilegal, emprender procesos de auditoria y remediación de pasivos ambientales, y ejecutar un ordenamiento territorial participativo para regularizar la minería artesanal y de pequeña escala.
4. Otorgar amnistía e indulto a las personas luchadoras sociales de las Pampas, Palo Quemado, Pangua (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Ventanas, Puebloviejo (Los Ríos) y otros territorios, criminalizadas por defender el agua, la memoria, la semilla y la vida.
5. Impulsar la gestión comunitaria de la Educación Intercultural Bilingüe, bajo la dirección de sus legítimos beneficiarios: pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes. A la par, transversalizar la interculturalidad en el sistema educativo ecuatoriano.
6. Reformar el Código Orgánico Integral Penal para eliminar las figuras jurídicas empleadas en la criminalización de la protesta social (terrorismo, rebelión, paralización de servicios públicos), hoy usadas contra líderes populares.
7. Restituir las tierras campesinas expropiadas por la expansión de la agroindustria y el extractivismo, junto a la garantía plena de los derechos laborales: sindicalización, organización por rama de trabajo y derogación de reformas regresivas en materia laboral.
8. Respetar de manera irrestricta la autonomía de las organizaciones populares y rechazar la corporativización de la sociedad civil. Estas demandas no constituyen una agenda de cogobierno.

Las demandas enunciadas no deben interpretarse como un régimen de cogobierno ni implicar la aceptación de cargos en las instituciones estatales. Al campo popular le corresponde llevar adelante la construcción efectiva del Estado plurinacional de clase, cimentado en el principio del Poder Popular Plurinacional.

El 13 de abril hay que enfrentar el proyecto de una derecha radicalizada y filofascista representada por Noboa. Por ahora, el campo popular dispone de menos condiciones para enfrentar de manera victoriosa con esta forma de gobierno. Es necesario definir el marco de disputa de los próximos cuatro años, sin hipotecar nuestro proyecto histórico a cambio de concesiones mínimas ni aceptar cargos en ninguna instancia gubernamental. Los acuerdos deben gestarse con transparencia en las calles, donde las masas movilizadas enarbolan banderas multicolores, rojas, y empuñan lanzas y escudos.

De nuestra historia de lucha de más de 25 años aprendimos la coherencia: diciendo-haciendo.

 

Bibliografía

Iza, Leonidas, Andrés Tapia y Andrés Madrid (2021). Estallido. La Rebelión de Octubre en Ecuador. Fondo de Cultura Económica. Quito.

CONAIE (1994). Proyecto Político de la CONAIE. Aprobado en el IV Congreso de la CONAIE. Informática CONAIE. Quito.

El Telégrafo (2013). «Tenemos que hacer las cosas nuevas y mejores». En: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/nacionales/1/tenemos-que-hacer-cosas-nuevas-y-mejores