Trabajadores de la fábrica de calzado Tai Yi protestan ante la oficina de empleo en el municipio de Hlaing Thar Yar, en las afueras de Yangón, Myanmar, el 24 de febrero de 2020. (Shwe Paw Mya Tin / NurPhoto vía Getty Images)
Desde el golpe militar en Myanmar en febrero de 2021, los militares intentan forzarnos a la subordinación con asesinatos, torturas, bombardeos, innumerables detenciones y desplazamientos. Desde entonces, más de tres millones de personas fueron desplazadas internamente. Ya fueron muertos al menos 8.000 civiles, entre ellos muchos sindicalistas. El 70% del total de la nación sufrió enfrentamientos armados.
Más de 86.000 edificios, incluidas escuelas y centros de salud, fueron sido atacados y destruidos. Alrededor de 400.000 empleados del gobierno que se unieron al movimiento de desobediencia civil perdieron su trabajo y sus ingresos. Al menos 26.799 personas fueron detenidas, entre ellas más de 500 sindicalistas.
Durante más de tres años, los militares libraron una guerra abierta contra el pueblo de Myanmar, y el mundo empezó a darse cuenta. Sin embargo, la opresión de los sucesivos regímenes militares se prolonga desde hace décadas, como demuestran los muchos que tuvieron que buscar refugio en Noruega a lo largo de los años. Damos las gracias al pueblo noruego, al Gobierno de Noruega, al Consejo Noruego de Birmania y a la Confederación Noruega de Sindicatos por los muchos años de apoyo político y financiero y por permitir que la Voz Democrática de Birmania se establezca en Oslo.
En febrero de 2021, la Confederación de Sindicatos de Myanmar [CTUM] emitió una declaración condenando el golpe y abandonando el Foro Nacional Tripartito. Organizamos a nuestros miembros y a la oposición en todos los frentes. Miembros y dirigentes de la CTUM salieron a la calle y ayudaron a que cientos de miles de personas salieran a protestar. Los militares dictaron órdenes de detención contra todos los miembros del comité central de la CTUM, incluida yo misma.
Todos nuestros pasaportes fueron declarados nulos y todos tenemos causas judiciales por traición al Estado. La sede del CTUM fue saqueada y se llevaron todo. Nuestros familiares están bajo amenaza constante, lo que obligó a muchos a abandonar el país. Muchos fueron torturados hasta la muerte u obligados a esconderse.
Nuestra organización tiene experiencia en la lucha contra el régimen militar, pues lleva haciéndolo desde 1988. Podemos afirmar con seguridad que el régimen actual es mucho más débil que el de hace veinte años y que las fuerzas democráticas son mucho más fuertes. Los militares perdieron más de la mitad del territorio del país debido a los ataques coordinados de las fuerzas armadas democráticas. Podemos ganar, y ganaremos.
Sin embargo, la comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a nuestro pueblo, que está arriesgando su vida para liberar a nuestro país.
Cuando los trabajadores se atreven a organizarse en auténticos sindicatos, los dirigentes y sus familias son amenazados con la detención, la tortura y la muerte. En muchas fábricas de ropa, las condiciones de trabajo se acercan a la esclavitud, con jornadas laborales de más de dieciséis horas con salarios de miseria para producir prendas destinadas a los consumidores europeos. Para las multinacionales de la moda es una cómoda mentira argumentar que se quedan generosamente en Myanmar para dar trabajo a trabajadores que, de otro modo, estarían desempleados. En realidad, se sirven de mano de obra barata.
Bajo este régimen militar, cualquier discurso de «diligencia debida reforzada» no es más que una fachada. Muéstrenme una sola marca que haya puesto fin a las innumerables detenciones, torturas y asesinatos de sindicalistas que luchan por un trabajo digno en sus fábricas. No pueden impedirlo, por supuesto, porque no es posible. Las marcas afirman actuar con la diligencia debida, pero su supuesta «conducta empresarial responsable» es sencillamente imposible bajo una dictadura militar.
Las marcas mundiales que permanecen en el país, como la marca danesa Bestseller, aceptan implícitamente las violaciones rampantes de los derechos sindicales. Las marcas incluso contribuyen a estas violaciones pagando impuestos y «tasas de protección» de las fábricas a los militares. Están financiando al régimen. Se acabaron las excusas: las marcas mundiales deben abandonar Myanmar de forma responsable.
Los sindicalistas seguiremos luchando contra el brutal régimen militar mientras buscamos el establecimiento de un sistema democrático federal. Estamos muy agradecidos por el apoyo del movimiento sindical internacional en esta lucha. Necesitamos su continua solidaridad y apoyo, político y financiero, para desalojar a los militares lo antes posible.
Las recomendaciones también instan a las autoridades militares a poner fin a toda forma de trabajo forzoso u obligatorio por parte del ejército y sus fuerzas asociadas, así como al reclutamiento forzoso para el ejército. Sin embargo, el 10 de febrero, el régimen militar de Myanmar aplicó una ley de servicio nacional obligatorio, según informaron los medios de comunicación estatales televisados. La nueva legislación obliga a todos los hombres de entre dieciocho y treinta y cinco años, así como a las mujeres de entre dieciocho y veintisiete, a servir hasta dos años bajo mando militar. Además, los especialistas, como los médicos de hasta cuarenta y cinco años, deben servir durante un periodo de tres años.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, condenó la aplicación por parte de la junta de este servicio militar obligatorio como un signo de «debilidad y desesperación» del régimen.
Estoy aquí representando no sólo a los trabajadores y sindicatos de Myanmar, sino también a 183 organizaciones democráticas, incluidas organizaciones de jóvenes y mujeres, comités de huelga de todo el país, sindicatos estudiantiles y empleados públicos como profesores, médicos y enfermeras que se unieron al Movimiento de Desobediencia Civil siguiendo nuestro llamamiento. Juntos:
El programa EBA de la UE se diseñó para ofrecer incentivos comerciales a los países más pobres con el fin de promover la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales. La UE retiró algunas preferencias a Camboya en 2020 porque no respetaba los derechos de los trabajadores, pero mantiene la totalidad de las preferencias para Myanmar.
Republicado y adaptado de Global Labour Column.
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