Inmediatamente después de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou hizo aprobar una ley de urgencia. La norma reunió en un único texto los más variados asuntos, desde una regla fiscal a la restricción del derecho de huelga hasta la comercialización de los combustibles y el refuerzo de las atribuciones de la policía, entre otras cuestiones. La coalición de derecha procuraba dotarse rápidamente de todos los instrumentos necesarios para aplicar su programa de austeridad.
A continuación, el gobierno acordó una rebaja de los salarios con la central sindical y aprobó un presupuesto que contiene los gastos del Estado. La derecha proyecta también reformar la seguridad social para elevar la edad de retiro y disminuir, en la misma medida, el pago de pensiones. El plan conservador, en suma, sigue la lógica de reducir los costos laborales y los impuestos con el fin de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y fomentar la inversión de capital.
El liderazgo presidencial y la unidad de la coalición de gobierno contrastaban fuertemente con la falta de conducción política y con las diferencias dentro de la izquierda. El Frente Amplio, después de quince años de ejercer el gobierno con mayorías absolutas, tenía dificultades para reciclarse como oposición.
En cambio, el movimiento sindical, junto a la federación de estudiantes y las cooperativas de vivienda, resolvió promover un referéndum sobre la ley de urgencia. Se trata de un procedimiento constitucional que, mediante las firmas de un 25% del padrón electoral dentro del año de aprobación, lleva a plebiscitar una norma. En lugar de una acumulación de fuerzas pasiva, las organizaciones sociales concretaron un movimiento que procura resistir la ofensiva conservadora con la movilización política de la ciudadanía.
Si bien no son caminos opuestos, albergan tensiones entre sí. En primer lugar, los políticos de izquierda eran reacios a verse arrastrados por los sindicatos a una confrontación con el gobierno; más aún, cuando habían apoyado la mayor parte de la ley cuestionada. El Frente Amplio, sin embargo, entendió que no podía separarse de sus bases sociales y optó por condicionar su apoyo: el referéndum debía limitarse exclusivamente a aquellas disposiciones que había votado en forma negativa.
Se abrió entonces un segundo debate dentro de las organizaciones sociales. Unos invocaron la autonomía de lo social para rechazar el condicionamiento partidario, mientras que otros destacaban la coordinación entre las fuerzas sociales y políticas para el éxito de la iniciativa.
El objetivo era reunir el apoyo de más de 670 mil firmas válidas en los seis meses restantes. Las encuestas de opinión pública registraban una disposición favorable entre la ciudadanía. Pero las restricciones de la movilidad, en el momento más alto de la pandemia, introducían una dificultad adicional.
El gobierno optó por ignorar el desafío y continuar con la aplicación de su programa. La imposibilidad de demostraciones públicas y la ausencia de las principales figuras del Frente Amplio contribuyeron a sustraer el tema de la escena política. La recolección de firmas transcurrió como en una dimensión paralela, sostenida por las organizaciones sociales y las estructuras territoriales de la izquierda.
La campaña solo adquirió notoriedad en los medios de comunicación al acercarse el vencimiento del plazo, que llegaba sin haber reunido las firmas necesarias. Sin embargo, contra lo esperado, el hecho no tuvo un efecto desmoralizador, sino que generó una reacción de la militancia. El impulso final logró alcanzar, en pocos días, el apoyo de 800 mil ciudadanos, una cantidad que garantizaba, más allá de la depuración del órgano electoral, que efectivamente habría referéndum.
El fracaso de la táctica de ignorar la campaña golpeó al liderazgo presidencial y tensionó a la coalición de gobierno. Los socios menores aprovecharon la oportunidad para hacer valer sus exigencias particulares, como la liberación de los militares presos por delitos de lesa humanidad.
El desorden en el campo oficialista contrasta, ahora, con la recomposición de las fuerzas populares. Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT realizaron sus congresos y renovaron sus autoridades después de la campaña. En un hecho significativo, fue electo para dirigir la fuerza política quien hasta entonces actuaba como presidente de la central sindical. No es que las diferencias hayan desaparecido en un abrazo de unidad. Simplemente, las distintas actitudes se reordenan en una nueva situación política, que pone en el centro a la consulta popular.
Desde ya, llevar al debate público y someter a consulta popular disposiciones que el gobierno había sancionado apresuradamente y en una discusión acotada es un mérito democrático indiscutible de las fuerzas populares.
El destino del plan de austeridad se trasladó ahora hacia otro terreno, donde es posible cambiar la relación de fuerzas con la activación política de la ciudadanía. Por SI o por NO se decidirán, en el mes de marzo próximo, los resultados sustantivos de esta experiencia en el laboratorio político uruguayo.
Muchas organizaciones de la izquierda radical sostienen la idea de que un pequeño grupo, que…
Los partidarios de la guerra de Israel perdieron la batalla por los corazones y las…
A sus 87 años, el legendario director de cine Ken Loach acaba de lanzar su…
El 25 de febrero de 1941 los trabajadores holandeses se declararon en huelga en solidaridad…
Esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de Rossana Rossanda. Mientras el Partido Comunista…