Perú: el voto popular bajo asedio

Las elecciones generales de 2026 no son un episodio más de volatilidad electoral peruana y hoy condensan una crisis política de carácter histórico y estructural. Lo que durante años se leyó como debilidad partidaria se revela en la actualidad como expresión de una desarticulación profunda entre Estado y sociedad. Las clases dominantes ya no logran organizar su dirección política de forma estable y las clases subalternas aún no consiguen constituirse como bloque histórico con capacidad contrahegemónica. Esa doble incapacidad define el momento.

El resultado de la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril no deja lugar a ambigüedades. Lejos de ordenar la competencia política, la fragmenta. El voto popular conquistado por Roberto Sánchez abre, en ese terreno adverso, una oportunidad real para construir una mayoría popular.

Liderazgos sin hegemonía y el factor Belmont

Con el 94% de actas contabilizadas, la ultraderechista Keiko Fujimori encabeza la votación con alrededor del 17% de los votos válidos, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su pase a la segunda vuelta está asegurado. Ese primer lugar, leído con atención, no expresa hegemonía sino su ausencia, en tanto se ancla en un núcleo duro de votantes que no parece tener capacidad para crecer.

La disputa por el segundo puesto entre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, expone esta situación con mayor crudeza. Con 20.000 votos de ventaja, Sánchez se consolida en el segundo lugar, sostenido en el voto de diversas regiones andinas, en tanto López Aliaga concentra su fuerza en Lima. La fractura territorial expresa la heterogeneidad estructural del país que José Carlos Mariátegui identificó hace un siglo: un Perú escindido entre formaciones económico-sociales que no logran articularse bajo ningún proyecto histórico común.

La candidatura de Ricardo Belmont, desde el partido Obras, cumple un rol regresivo en este cuadro. Belmont erosionó la votación de Sánchez en el sur al dispersar el voto popular, impidiendo que Juntos por el Perú replicara el desempeño de Pedro Castillo en 2021 —18%— y reduciéndolo a cerca del 12% a nivel nacional. Su trayectoria describe un arco revelador que desde la cercanía al fujimorismo en los noventa se movió hacia una serie de alianzas coyunturales con sectores de izquierda en la última década. Esa oscilación lo configura como representante de una burguesía emergente sin proyecto histórico, que opera como factor de desorganización antes que de dirección política. Otros partidos de la misma fracción —Alianza para el Progreso y Podemos Perú— no superaron la valla electoral y quedarán sin bancada en el Legislativo que asuma en julio, pagando el costo de una subordinación al fujimorismo sostenida desde 2016.

Elecciones bajo asedio golpista

Ninguna candidatura supera el 20%. El dato revela una imposibilidad estructural del sistema político para articular intereses sociales en proyectos consistentes. La superestructura política acusa así su desfase respecto de una base social profundamente desigual y segmentada.

La tardanza en la instalación de mesas de votación, el conteo increíblemente lento y la revisión de actas observadas alimentaron un clima de desconfianza que la extrema derecha convirtió en relato de fraude. Ninguna prueba sostiene esa denuncia. Los resultados son deslegitimados de forma preventiva —como ya ocurrió en 2021—, mientras las autoridades electorales son hostigadas en los actos públicos y una serie de errores logísticos subsanables se amplifican hasta volverlos pretexto político.

López Aliaga fue el único candidato en plantear la nulidad total del proceso. Consciente de su aislamiento, luego reformuló la posición y propuso elecciones complementarias en mesas de Lima con alto ausentismo, una tasa que en rigor no varía significativamente respecto de elecciones anteriores. El centroderechista Jorge Nieto se sumó parcialmente a esa demanda, añadiendo el pedido de una auditoría técnica; y dando así cobertura al asedio liderado por López Aliaga y sostenido por el respaldo velado de Fujimori (quien en los propios debates había expresado su preferencia por una segunda vuelta entre derechas).

Las fuerzas ultraderechistas convergieron en exigir el cese del jefe de la ONPE, buscando reconfigurar el control institucional del organismo en función de sus intereses. Ese movimiento se articula con la disputa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde Fujimori conserva influencia. La renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señala el escalamiento de la crisis. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), con influencia fujimorista, la validó sin respetar la normativa electoral. El objetivo de la estrategia golpista es concreto: forzar elecciones complementarias en mesas de Lima para beneficiar a López Aliaga o, en su defecto, a Nieto, desplazando a Sánchez de la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

El jefe interino de la ONPE ratificó que no habrá nuevas elecciones, constituyéndose en un foco de resistencia institucional. En el JNE la propuesta se discutió sin alcanzar consenso, dado el impacto político y social inconmensurable de una decisión de esa naturaleza. El desenlace de la disputa interinstitucional permanece abierto.

Desde el centro, líderes como López Chau, Mesías Guevara y Marisol Pérez Tello se pronunciaron contra la estrategia golpista. La coalición Venceremos y otras fuerzas progresistas se movilizaron contra el asedio e iniciaron conversaciones con Sánchez y Juntos por el Perú. La posibilidad de una coalición democrática popular está planteada.

El estallido electoral acotado

Roberto Sánchez es psicólogo, oriundo de la provincia de Huaral. En 2021 participó desde Juntos por el Perú habilitando la candidatura de Verónika Mendoza en una alianza de izquierdas. Para 2026 construyó una coalición con Pedro Castillo y su partido Todos con el Pueblo, a la que se suman el mayor Antauro Humala —proveniente del etnonacionalismo que reivindica al general Juan Velasco Alvarado—, exministros como Anahí Durand, Hernando Cevallos o Silvana Robles, y parlamentarios que, tras romper con Perú Libre, impulsaron la bancada socialista. El castillismo, componente central de la alianza, articula principalmente a dirigentes del sindicalismo magisterial.

En un artículo anterior me referí a la posibilidad de un «estallido electoral» como la traducción política del estallido social de diciembre de 2022 a marzo de 2023, que irrumpe en la arena electoral bajo el liderazgo formal de un candidato socialdemócrata y el sostén social del castillismo: una representación en clave nacional-popular de izquierda que mantiene su arraigo en las clases populares del sur andino y la sierra central. A diferencia de otros procesos progresistas latinoamericanos, en el Perú no se produce una ruptura abierta, sino una crisis administrada de forma fragmentaria. El sistema no colapsa, se desgasta.

El carácter acotado de este estallido electoral se expresa en dos déficits: la dificultad para construir una mayoría popular capaz de presionar al centro político sin diluir sus propuestas de cambio y la incapacidad de traducir ese apoyo en una votación cercana al 30% en primera vuelta. Vale destacar la presencia en las listas de Juntos por el Perú de dirigentes populares como Alejandro Manay (Ayacucho) y Brígida Curo (Puno), referentes del ciclo de luchas que sacudió al Perú a fines de 2022.

El programa de Juntos por el Perú desafía a los poderes establecidos. El antecedente orgánico de JP es el centroizquierdista Partido Humanista Peruano y su programa no es anticapitalista; la desconfianza de las clases dominantes es, con todo, tan intensa que ya se reactivaron las habituales campañas de «terruqueo». El programa apunta a sustituir el modelo neoliberal por un Estado fuerte, redistributivo y con soberanía económica, sustentado en una nueva Constitución y en la ampliación de derechos sociales.

El reto inmediato es derrotar el asedio ultraderechista sobre el voto popular mediante una política frentista clara y un programa de ruptura con el neoliberalismo peruano. La reconstrucción de una mayoría popular no solo podría inclinar el desenlace electoral en favor de las clases subalternas: podría también contribuir a la emergencia de un polo radical desde abajo en el mundo plebeyo de los Andes peruanos.

Una izquierda popular y radical está en construcción. La izquierda socialista peruana enfrenta el desafío de profundizar ese proyecto sin desligarse de las tareas inmediatas ni ceder a las lógicas del transformismo que suelen capturar el ciclo progresista latinoamericano