Podemos derrotar a Milei, pero la clave es el cómo

El 24 de marzo de 2026, a exactamente cincuenta años del golpe que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, cientos de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo y sus inmediaciones para renovar el pedido de Memoria, Verdad y Justicia. La convocatoria fue masiva, transversal y explícitamente crítica del gobierno de Javier Milei. La primera gran movilización del año llegó cargada de un doble contenido, histórico y presente, y mostró que la calle vuelve a ser un terreno de disputa después de meses de reflujo.

El piso se mueve

Durante los meses posteriores al contundente triunfo electoral de octubre de 2025 (que permitió que un gobierno que pocas semanas atrás aparecía como tambaleante recuperara legitimidad e iniciativa), la derecha libertaria aparecía como inconmovible y con capacidad para avanzar sin obstáculos. Pero, después de un inicio de año relativamente tranquilo para el oficialismo, durante el que pudo encadenar sucesivos triunfos políticos y legislativos —gracias a la nueva conformación del Parlamento—, ese escenario se alteró radicalmente en cuestión de semanas. Cuatro encuestas de los últimos días indican que Milei toca los puntos más bajos de aprobación de todo su mandato, ubicándose en todos los casos por debajo del 37%, con un 60% o más de desaprobación. Las mediciones, realizadas por consultoras con metodologías distintas (presenciales, telefónicas y mixtas), coinciden en sus resultados, confirmando que el hartazgo social no es un fenómeno aislado ni una desviación estadística.

El «Índice de Confianza en el Gobierno» de la Universidad Torcuato Di Tella registró en marzo, por cuarto mes consecutivo, una caída de la imagen presidencial, hasta alcanzar la cifra más baja desde que Milei asumió su mandato. Una encuesta de la Universidad de San Andrés ratificó el deterioro, marcando que la desaprobación al gobierno subió 7 puntos desde la última medición, mientras que la insatisfacción con la marcha general de las cosas alcanzó el 65%.

Pero, más allá de los números generales, lo más significativo tiene que ver con el cambio en los contenidos del malestar. Por primera vez en el actual ciclo económico, la inflación bajó al quinto lugar en la escala de preocupaciones ciudadanas, quedando claramente superada por los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%), lo que constituye una clara reconfiguración de la agenda social. El problema ya no es cuánto suben los precios (tal vez el único logro en la economía real del que el oficialismo podía presumir) sino si los salarios alcanzan para llegar a fin de mes. Esa es una percepción más estructural y mucho más difícil de revertir con un dato favorable de inflación mensual (cifra que además viene subiendo en los últimos meses y que es probable que en marzo, al calor del aumento de los combustibles derivado de la guerra contra Irán, supere el 3%).

La raíz económica del deterioro

Este giro en las percepciones tiene una base material concreta. El modelo económico de Milei apostó a mantener el famoso equilibrio fiscal por la vía de un brutal recorte de la plantilla estatal, del cierre de organismos y el recorte de partidas consideradas como «gasto social», mientras que se «enfriaba» la economía para así controlar la inflación, gracias a un férreo control cambiario y al «ancla salarial» (con techos paritarios rígidos, siempre por debajo de la evolución de los precios). Así, los costos de la estabilización se transfirieron directamente a los trabajadores, jubilados y beneficiarios de numerosos programas sociales del Estado. A lo largo de 2025, esa apuesta económica se tradujo en datos contundentes de desplome del consumo y cierre de miles de empresas y comercios. Así, la tasa de desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre del año, con el empleo informal avanzando hasta superar el 40%. La tasa de desempleo nacional es hoy más alta que antes de la llegada de Milei al gobierno, con sólo dos provincias con números positivos en cuanto al empleo privado registrado (comparando noviembre de 2025 con el mismo mes del año previo, Neuquén y Río Negro aumentaron 3,4% y 0,7% respectivamente, gracias al fenómeno Vaca Muerta) y algunas situaciones provinciales dramáticas (como La Rioja, con -14%, o Santa Cruz, con -16,2%).

El crecimiento del PIB registrado en 2025 —en torno al 4%— esconde una economía que funciona a dos velocidades. Los sectores que traccionaron fueron la intermediación financiera, la minería y el agro, precisamente los que concentran menos empleo, mientras que la construcción y la industria (sectores de mano de obra intensiva), en cambio, cerraron el año por debajo de los niveles de 2023, con una contracción en casi todos sus rubros. Desde la asunción de Milei cerraron más de 22 mil empresas (un promedio de más de 30 por día) y se perdieron más de 300 mil empleos registrados. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó siempre por debajo del 60%, llegando al 53,6% a inicios de este año, dando cuenta de que la capacidad industrial del país funciona a la mitad de sus capacidades.

Aquí reside el nudo del problema que el gobierno no puede resolver dentro de su propia lógica. Para recuperar aprobación necesitaría mejorar los salarios y el empleo, pero su enfoque económico no tiene instrumentos para eso: la premisa de sostener el superávit fiscal descarta las posibilidades de generar estímulos públicos, la reforma laboral apunta a reducir costos patronales más que a crear empleo de calidad, y la apuesta a la inversión privada en sectores extractivos tiene un horizonte de empleo muy acotado. Los sectores de mayor potencial de crecimiento en 2026 —el hidrocarburífero, en torno a Vaca Muerta, y la minería, gracias al fomento oficial para las inversiones extranjeras en el sector, garantizando beneficios extraordinarios— son precisamente los que menos empleo producen. A esto se suma un contexto global que no acompaña, ya que la incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump afecta los flujos comerciales y financieros, y reduce el margen de maniobra de cualquier gobierno periférico, y ahora la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán sumó otro factor dramático de inestabilidad y presiones inflacionarias.

El Gobierno enfrenta así un dilema estructural: puede mantener el ancla salarial contra la inflación o puede reactivar los salarios y el empleo pero, si decide mantenerse fiel a su rígido marco doctrinario, no puede hacer ambas cosas. La apuesta original era que la inversión extranjera directa funcionara como motor de crecimiento, pero ocurrió exactamente lo contrario: por primera vez en más de veinte años, la Inversión Extranjera Directa acumuló un saldo negativo en 2025, con cerca de 20 multinacionales (entre ellas Xerox, Nissan, Procter & Gamble y Paramount) que decidieron abandonar el país. Sin inversión extranjera, el Gobierno intentó apostar al crédito interno para dinamizar la economía, pero también ahí chocó con la realidad: la profunda crisis de ingresos se tradujo en una morosidad de los préstamos hogareños que en enero de 2026 alcanzó su nivel más alto en dos décadas. Un reciente informe del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, registró que el 56,4% de las familias tomó deuda para afrontar consumos básicos como alimentos, servicios, alquileres y pago de tarjetas de crédito. El mismo estudio confirma que el 65,8% de la población considera que los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) no reflejan fielmente la evolución real de los precios en la vida cotidiana. Cuando más de la mitad de los hogares no llega al día 20 con el salario, la credibilidad del índice oficial se erosiona por la experiencia directa, más allá de los cuestionamientos metodológicos que terminaron en la escandalosa renuncia del extitular del organismo estadístico en febrero de este año. En las distintas encuestas, cerca de un 60% de los consultados asegura que ya no puede esperar más tiempo por mejoras en su situación económica. La paciencia social tiene un límite, y ese límite parece estar alcanzándose.

Movilización y conflictividad: una ecuación abierta

En este contexto, el 24 de marzo representa algo más que un aniversario. La marcha tuvo una dimensión política inédita en los últimos años, potenciada por la acumulación de tensiones entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos, agravada por la difusión, en la mañana del propio feriado, de un video oficial (de pobrísima factura, hay que decirlo) que cuestionaba las políticas de derechos humanos desde 2003 y reproponía la vieja consigna reaccionaria de «memoria completa», apoyándose en dos testimonios que abonaban la nefasta «teoría de los dos demonios». Su difusión fue leída como una provocación deliberada en la fecha más sensible del calendario democrático argentino y la consigna «Nunca Más» funcionó como eje aglutinador de una marcha que unió a organismos históricos de DDHH con la CGT, las dos CTAs, sectores de la UCR, el peronismo y las organizaciones de izquierda. Esa amplitud no es trivial. Después de la desmoralización que siguió a la derrota electoral de octubre, esta movilización marcó un punto de inflexión en el estado de ánimo de la oposición social.

El gobierno acumula, en paralelo, una serie de heridas que erosionan su capital político. El escándalo de la criptomoneda $LIBRA que compromete directamente a Milei, las irregularidades en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a su hermana y los escándalos por gastos exorbitantes del cada vez más cuestionado Jefe de Gabinete Manuel Adorni (que según encuestas recientes se percibe como corrupto por el 70% de la población) configuran un cuadro de corrupción e improvisación que contrasta con la épica de la lucha contra la «casta» y golpea al oficialismo bajo su línea de flotación. Al mismo tiempo, la relación con el empresariado local también empieza a mostrar fisuras: las críticas y burlas de Milei a históricos empresarios como Paolo Rocca («Don Chatarrín», según el presidente) o Javier Madanes Quintanilla («Don Gomita Alumínica») y la tibia pero significativa respuesta de la Unión Industrial Argentina planteando una defensa de la industria nacional contra la apertura indiscriminada a las importaciones (que se suma a los ya sostenidos reclamos de todas las cámaras PyME), dan cuenta de una inicial crisis con el llamado «círculo rojo». Que los grandes actores del capital local comiencen a tomar distancia del Gobierno tras obtener una de sus demandas principales (la reforma laboral) dice menos sobre la gratitud empresarial que sobre los límites estructurales de un esquema económico que también le cuesta carísimo a todo un sector de la industria y del comercio que sigue dependiendo del mercado interno.

Es previsible que en los próximos meses aumente la conflictividad. La combinación de deterioro económico sostenido, pérdida de legitimidad gubernamental y reactivación de la calle crea condiciones para una escalada de tensión. Pero hay que evitar dos ilusiones posibles. La primera es creer que el gobierno está a punto de caerse solo: Milei ya mostró que puede remontar situaciones difíciles y que cuenta con recursos institucionales, mediáticos y de alineamiento internacional que no deben subestimarse. La segunda es dar por supuesta una caída «a la De la Rúa», en el marco de un estallido social. La historia reciente muestra que los gobiernos caen cuando se combinan crisis económica aguda, fractura de las élites y desborde social simultáneo. Ninguno de esos tres elementos está hoy plenamente articulado: la movilización social sigue siendo defensiva, las élites no están fracturadas y el malestar económico, aunque creciente, no alcanza el umbral del estallido. Lo más probable es un escenario de presión creciente y no de colapso.

El peronismo y la trampa del frente amplísimo

En este contexto de deterioro del Gobierno, el peronismo y sus aliados comenzaron a moverse con más decisión. En distintos sectores del justicialismo toma forma una idea compartida: construir un frente amplio que le dispute el poder a Milei en 2027, con conversaciones que ya incluyen sectores del radicalismo disidente, dirigentes de espacios provinciales, macristas y dirigentes desecantados o expulsados de La Libertad Avanza. La referencia que varios referentes repiten es el modelo brasileño que llevó a Lula nuevamente al poder en 2022.

La referencia no es descabellada y merece ser tomada en serio antes de criticarla. En la última elección, Lula ganó por menos de dos puntos, es decir que sin los acuerdos con sectores del centro e incluso de la derecha —incluido el vicepresidente Alckmin, adversario histórico del PT— es muy probable que Jair Bolsonaro hubiera continuado en el gobierno. Frente a una amenaza de alcance histórico para la clase trabajadora y los derechos democráticos, los acuerdos con disidencias de partidos burgueses o centristas no constituyen necesariamente una traición de principios. La lucha contra las dictaduras en América Latina incluyó siempre acuerdos puntuales con sectores de la burguesía que consideraban necesario el retorno del régimen democrático, incluso en procesos que luego evolucionaron en un sentido revolucionario, como Cuba o Nicaragua. Es una cuestión que merece ser evaluada serenamente en el terreno de la táctica, sin intransigencias pero también sin posibilismos de corto plazo.

Pero la analogía con Brasil tiene un límite crucial que el peronismo tiende a silenciar: en la coalición que derrotó a Bolsonaro, el liderazgo de Lula y el PT era el eje. Está claro que Lula viene acumulando rasgos socioliberales desde fines de los noventa y que el PT hace tiempo que dejó de actuar como una fuerza de clase independiente, pero su papel como principal referente de la clase trabajadora brasileña le dio a la coalición una relación de fuerzas interna cualitativamente distinta a la de un gobierno burgués convencional con apoyo subordinado de partidos de base obrera. La coalición gobernó desde la izquierda —moderada, sin duda— con aliados del centro, no desde el centro con tolerancia hacia la izquierda.

Lo que está ocurriendo en Argentina tiene una lógica diferente. El hoy diputado Miguel Ántel Pichetto (ex candidato a vicepresidente en el intento de reelección de Mauricio Macri) y Emilio Monzó (ex presidente macrista de la Cámara de Diputados), ambos de origen peronista, hicieron circular recientemente un documento en el que plantean la necesidad de construir una propuesta «capitalista, moderna y productiva» bajo un frente nacional amplio. Desde ese mismo sector, se cuestionó abiertamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof por seguir «hablando de temas que ya no van, como los derechos humanos o los temas de género». Esta operación es conocida en la tradición peronista: un desplazamiento programático hacia la derecha presentado como «lectura de época» y como adaptación pragmática a una sociedad que evalúan que se movió homogéneamente hacia la derecha. El problema es que esa lectura confunde el síntoma con la causa, ya que la derechización del electorado no es un dato de la naturaleza al que haya que adaptarse sino, en buena medida, el resultado de un ciclo político que el propio peronismo condujo durante muchos años.

Y la puerta del hipotético frente anti Milei sigue abriéndose. En las últimas semanas, la discusión sobre sus límites retomó un punto que hubiera sido impensable hace pocos años: además del actual senador Carlos Kikuchi (exarmador de la campaña presidencial de La Libertad Avanza), se evalúa la posible incorporación de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy en conflicto con la cabeza del Poder Ejecutivo. El exsecretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo Guillermo Moreno declaró que quiere «peronizar a Villarruel» y la incluyó en su esquema de frente anti-Milei. También el exministro de Seguridad Sergio Berni dijo que la quisiera «en su equipo», porque ve en ella «una peronista» con «impronta nacionalista». Cuando le preguntaron si el peronismo debía aceptar a la vicepresidenta, el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich afirmó que «no podemos excluir a nadie», mientras el jefe del bloque peronista del Senado José Mayans coqueteaba abiertamente con ella desde su banca y el gobernador formoseño Gildo Insfrán —aliado de Kicillof— la recibía en su provincia para un homenaje a soldados y policías caídos durante una operación de Montoneros de 1975. Villarruel no es una centrista desencantada con Milei sino una dirigente que construyó su carrera reivindicando a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, que visitó a represores presos y que impulsó la reapertura de causas contra las organizaciones armadas de los setenta. Su ruptura con Milei no es una ruptura con la extrema derecha, sino una disputa interna por la conducción de la extrema derecha, por lo que su inclusión en un frente opositor no sería más que otra capitulación a la derecha.

Pero el desplazamiento programático no se juega solamente en las negociaciones entre dirigentes. Tiene también una vanguardia mediática joven, ruidosa y con audiencia propia. En los últimos dos años se consolidó en el ecosistema de streaming un peronismo que se reivindica como «ortodoxo» y explícitamente antiprogresista. Su máxima expresión es Tomás Rebord, abogado, conductor de Blender y fundador de la agrupación Peronismo Patriótico, que en marzo encabezó su propia columna en la marcha del 24, con unos 350 jóvenes. Rebord repite que el peronismo «no es de izquierda» y «no es progresista», sino «un proyecto capitalista nacional». La fórmula tiene la virtud de la claridad pero el peligro de la adaptación resignada y sin perspectivas: corriendo el eje hacia la derecha para adaptarse al electorado se confirma la carencia total de alternativas superadoras. Lo más llamativo de esta corriente no es su crítica al kirchnerismo sino su operación de rescate identitario. La «vuelta a las fuentes» doctrinarias viene acompañada de una reivindicación cada vez menos tímida de las figuras de la derecha peronista de los setenta, con José Ignacio Rucci como emblema. La juventud peronista solía pensarse a sí misma como vanguardia de lo nuevo, como abanderada de nuevos lenguajes, nuevos problemas y nuevas formas de hacer política, que incluso coqueteaban con el socialismo. Lo que proponen Rebord y su entorno es lo contrario: un extravagante retorno identitario a los años de la burocracia sindical y el llamado «Pacto Social», cuya función política sería la de cerrar definitivamente el ciclo progresista del peronismo kirchnerista. En octubre de 2025, la Municipalidad de La Plata bautizó con el nombre de Rucci la calle de la sede local de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un acto encabezado por el propio Kicillof y numerosos representantes de la cúpula sindical nacional. Conviene recordar lo qué implica esta reivindicación. Rucci fue el hombre que desde la CGT impulsó la represión contra el activismo fabril posterior al Cordobazo, apoyó el combate al clasismo por medio de patotas armadas, sostuvo el Pacto Social disciplinando por la fuerza a los trabajadores que lo cuestionaban y alimentó con dirigentes de su entorno a las bandas que llevaron adelante la Masacre de Ezeiza. Es decir, el «ruccismo» como identidad política no reivindica al sindicalismo en general sino a un modelo de burocracia sindical cuya función histórica fue la de impedir la autonomía del movimiento obrero.

Que esta operación se presente envuelta en el lenguaje del streaming no la hace menos grave. Lo que Rebord y su entorno buscan producir es un peronismo depurado de cualquier contenido que pueda incomodar a la derecha: sin «agenda de género», sin derechos humanos como eje, sin conflicto de clases como horizonte. La ironía es que este peronismo que se proclama rebelde y antiprogresista es perfectamente funcional al mismo cierre conservador que promueven Pichetto y Monzó desde arriba. La diferencia es que uno lo hace en el lenguaje de la «alta política» y el otro en el de Twitch, pero en ambos casos la dirección es la misma.

En una alianza que va desde el kirchnerismo hasta ex integrantes de LLA, pasando por una vicepresidenta que reivindica a los genocidas, exmacristas y gobernadores que votaron con el oficialismo mileísta durante dos años, la pregunta sobre quién conduce y con qué programa no puede ser vaga. La vaguedad programática, en ese marco, no es neutralidad sino  que implica una victoria anticipada de los sectores más conservadores de esa eventual coalición.

La discusión que el peronismo no quiere dar

La idea de un frente amplio contra la extrema derecha no es nueva. La tradición marxista lleva casi un siglo discutiéndola, y las lecciones son menos unívocas de lo que suponen tanto sus defensores como sus detractores. La crítica clásica es conocida: los frentes populares de los años treinta —Francia, España— subordinaron al movimiento obrero a partidos burgueses que tenían más miedo a la revolución que al fascismo. El frente popular francés desmovilizó a un movimiento que en junio del 36 había ocupado fábricas en todo el país. La crítica al frentepopulismo como política de contención conserva validez histórica.

Pero el propio León Trotsky había razonado de manera distinta en otro contexto. En sus escritos sobre Alemania entre 1930 y 1933, insistió con urgencia en la unidad defensiva entre el Partido Comunista y la socialdemocracia para frenar a Hitler. Pero no se limitó a eso ya que, como observó Perry Anderson, Trotsky subrayaba en esos mismos textos la necesidad de ganar a la pequeña burguesía para una alianza con la clase obrera y citaba como precedente al bloque conformado para frenar el golpe de Kornilov en 1917, cuando los bolcheviques coordinaron con las fuerzas del gobierno provisional de Kerensky —es decir, una coalición que incluía a partidos burgueses— para derrotar la intentona contrarrevolucionaria. Mientras que en Alemania el horizonte táctico se abría hacia sectores pequeñoburgueses amenazados por el nazismo, en sus textos sobre Francia Trotsky descartaba a la organización tradicional de esos mismos sectores —el Partido Radical— por ser un partido de la burguesía imperialista disfrazado de representación de las clases medias. La tensión es real, pero el criterio subyacente es consistente: la unidad táctica con fuerzas no revolucionarias no era para Trotsky un principio abstracto ni una prohibición universal, sino un instrumento situado, cuya validez dependía de las condiciones concretas de cada situación.

Está claro que hay un cambio histórico mayúsculo entre los años treinta y la actualidad, que reorganiza todo el cuadro táctico. La crítica de Trotsky al frente popular tenía una premisa que solemos dar por sentada sin examinar: que existía una posibilidad objetiva, aunque no inevitable, de una respuesta revolucionaria a la crisis capitalista. Bajo esa premisa, la subordinación al partido burgués era efectivamente una traición, porque cerraba una puerta que la historia estaba abriendo. El frente popular no era un error táctico sino el freno a un proceso real, porque la alianza con la burguesía «democrática» desmovilizaba a una clase obrera que estaba en condiciones de ir más lejos (como lo demostró en la Francia de junio del 36, ocupando fábricas en todo el país).

Si se retira esa premisa, el argumento se transforma de raíz. Si no hay en curso una dinámica revolucionaria que la alianza con la burguesía vaya a frenar, entonces la intransigencia frente a cualquier acuerdo con fuerzas no obreras pierde su fundamento histórico concreto y se convierte en un principio abstracto, aplicado a un contexto que no le corresponde. Y no  hay dudas de que ese horizonte hoy no existe en Argentina. Las condiciones subjetivas —organización, densidad del movimiento obrero como actor político independiente, capacidad de la izquierda para disputar la conducción del malestar social— no están ni de lejos en un punto en el que una alianza táctica para frenar a la derecha pueda constituir un freno frentepopuliata para un proceso revolucionario. Lo que tenemos es una extrema derecha envalentonada y en el Gobierno frente a un campo popular a la defensiva, por lo que mantener esa crítica al frente popular en los mismos términos es un anacronismo y un error político.

Lo que conserva plena vigencia del debate clásico es el núcleo sobre la independencia política: la izquierda puede construir alianzas tácticas en momentos defensivos, pero debe mantener la iniciativa programática, la autonomía organizativa y la capacidad de interpelar a las clases populares con un horizonte propio, evitando «atarse de manos». La diferencia entre la alianza que amplía y la alianza que disuelve no pasa por el hecho de si el aliado es burgués o no, sino por quién conduce, con qué programa y por lo que deja al fin de la coyuntura defensiva. Desde esta mirada, es evidente que lo que Pichetto quiere amar con Monzó y Kikuchi —un programa «capitalista, moderno y productivo» que descarta derechos humanos y género como temas del pasado— no pasa la prueba.

Derrotar a Milei: la pregunta por el cómo

La derrota electoral de Milei en 2027 es un objetivo posible y necesario. Pero la forma en que se construya importa tanto como el resultado. Y para pensar el cómo hay que empezar por un diagnóstico honesto. Como decíamos, entre la situción actual y la coyuntura de los años treinta —cuando los partidos comunistas disputaban la conducción del movimiento obrero en sociedades industriales donde el proletariado era numéricamente central— media una discontinuidad profunda. Las derrotas acumuladas durante las últimas décadas dejaron a la izquierda en una posición de debilidad estructural y la crisis del orden liberal no encuentra enfrente a partidos de masas ni a fuerzas reformistas con capacidad de articular una alternativa. La iniciativa y la radicalización pertenecen casi exclusivamente a la extrema derecha y la izquierda radical sobrevive en estado defensivo, sin capacidad para disputar la hegemonía del malestar.

Esto descarta dos atajos simétricos. El primero es creer que la izquierda anticapitalista puede competir con la extrema derecha por un supuesto espacio «antisistema» compartido. Ese espacio no existe: lo que predomina es una metabolización reaccionaria del malestar, que avanza sobre el terreno dejado por la desorganización de las clases populares, por lo que intentar convertirse en el ala izquierda de esa radicalización solo conduce al aislamiento. El segundo atajo es el que propone el sentido común liberal: desplazarse hacia el centro para aislar a la ultraderecha. Esa dirección ya fue ensayada por el kirchnerismo. Una alianza estable con el «extremo centro» sólo tiende a reforzar las condiciones que alimentan el fenómeno que se busca contener, consolidando una narrativa funcional al proyecto reaccionario, en la que la extrema derecha es la única ruptura real con el sistema, mientras que la izquierda aparece apenas como su apéndice domesticado.

Un dato reciente puede generar confusión sobre este diagnóstico. En las encuestas de marzo de 2026, la diputada y referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) Myriam Bregman aparece con 42% de imagen positiva según la consultora Tendencias y 33% según la Universidad de San Andrés, ubicándose en el podio del ranking nacional, incluso por encima de Kicillof y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El periodista Carlos Pagni se preguntó al aire si esto no implica una «radicalización a izquierda» frente al modelo de Milei. La lectura es tentadora pero imprecisa. Sin dudas, esa buena imagen de Bregman expresa algo real: el desgaste de las oposiciones tradicionales y la valoración de una voz que se percibe como coherente, independiente del juego de aparatos y capaz de interpelar al electorado progresista con un perfil menos cerrado que el del resto de la izquierda. Pero esto no equivale a una radicalización de masas hacia la izquierda. El fenómeno tiene precedentes que conviene recordar. En Francia, Olivier Besancenot llegó a tener 47% de aprobación en 2008, superando ampliamente a las principales figuras del Partido Socialista, siendo durante años el dirigente de izquierda más popular del país. Pero esa popularidad nunca se tradujo en votos: la LCR primero y el NPA después nunca superaron el 5% en elecciones presidenciales y derivaron en una crisis organizativa terminal. La simpatía difusa hacia un dirigente percibido como honesto y combativo no es lo mismo que una adhesión política al programa que defiende. Son fenómenos de naturaleza distinta.

En el caso argentino, la prueba está a la vista: la buena imagen de Bregman no impidió que el FIT-U retrocediera en las legislativas de octubre de 2025 ni que se estancara en las presidenciales de 2023, cuando obtuvo apenas un 2,7% en la primera vuelta, levemente por encima de lo obtenido en las presidenciales de 2019, a pesar de que el peronismo registró su peor resultado electoral en décadas y de que la crisis de representación estaba en su punto más agudo. Si existiera una radicalización del tipo que sospecha Pagni, el colapso del peronismo debería haber beneficiado a la izquierda anticapitalista, pero no fue así y el malestar se canalizó masivamente hacia la derecha. Eso es precisamente lo que define a la coyuntura actual. Como analizamos en otros textos, no estamos ante una polarización en el sentido que los marxistas asignaron al término en los años treinta, cuando el enfrentamiento entre izquierda revolucionaria y extrema derecha tenía un carácter más equilibrado. Lo que hay es una radicalización asimétrica, en el marco de la que la iniciativa, la exaltación y la agresividad pertenecen casi exclusivamente a la extrema derecha, mientras que el campo progresista resiste desde una posición defensiva. La base social que rechaza a Milei —que es amplia, cercana a la mayoría y firme en sus valores— no está radicalizada: está cansada, hiperexlotada, desmoralizada y abrazada a un realismo minimalista como horizonte político. E incluso un eventual crecimiento electoral del FIT-U no modificaría de fondo este cuadro. La tarea, entonces, no es la de surfear una ola que en realidad no existe sino la de construir, desde la resistencia, las condiciones para una ola verdaderamente propia.

Dos experiencias recientes muestran que puede existir un camino estrecho entre los precipicios del sectarismo y de la integración subordinada. En Brasil, la coalición que desalojó a Bolsonaro incluyó alianzas con sectores liberales y fracciones burguesas, pero fue Lula quien encabezó, no los partidos del centro. En Francia, el Nouveau Front Populaire frenó a la extrema derecha con una alianza que incluía al Partido Socialista —arrastrado por décadas de deriva neoliberal—, pero con la conducción de Mélenchon. Lo decisivo en ambos casos fue que se logró empujar a un lugar secundario a una «tercera vía» —el bloque macronista, la burguesía liberal brasileña— que, de haber monopolizado el enfrentamiento con la extrema derecha, hubiera condenado a la izquierda a una condición residual. Al evitar esa polarización al estilo estadounidense —entre una extrema derecha radicalizada y un «extremo centro» neoliberal—, estos procesos preservaron un terreno político más abierto desde el cual es posible disputar la hegemonía.

El caso brasileño reciente confirma el punto por la negativa y por la positiva. Cuando el gobierno Lula cedió a la lógica de la gobernabilidad centrista durante el primer semestre de 2025 —negociando con el Congreso conservador y evitando confrontaciones—, su aprobación se desplomó hasta el punto más bajo del mandato, con apenas 40% de imagen positiva y un rechazo del 57% en mayo. La «crisis de Pix» (un sistema de transferencias instantáneas), la inflación de los alimentos y la sensación de que el gobierno no cumplía con sus promesas erosionaron precisamente a los sectores que habían sido decisivos para el triunfo de 2022: mujeres, jóvenes, trabajadores de bajos ingresos, el Nordeste (donde la ventaja de Lula se redujo de 35 a 6 puntos en apenas cuatro meses). Fue la base social de Lula la que se alejó primero y no el electorado de centro. La recuperación vino cuando el gobierno giró a la izquierda, haciendo lo contrario de lo que recomendaba la prudencia centrista. A partir de junio-julio, Lula reposicionó su gobierno sobre el eje del trabajo y la renta, politizó a la justicia tributaria con la excepción del impuesto a la renta y el cobro de impuestos a los ricos, tomó la ofensiva en redes sociales y retomó las movilizaciones callejeras. La izquierda logró instalar cuatro banderas con masivo apoyo social —la justicia fiscal, el fin de la escala 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso), la soberanía nacional y el rechazo a la amnistía para los golpistas— y la aprobación recuperó terreno significativo. No fue la moderación lo que revirtió la caída sino la recuperación de una agenda confrontativa de ampliación de derechos.

El argumento de fondo contra la amplitud a toda costa no es doctrinario sino estratégico. La extrema derecha argentina no es un accidente electoral ni un fenómeno pasajero, porque está claro que logró echar raíces sociales —en la precariedad, en la distancia entre el Estado y las mayorías, en el agotamiento de un ciclo que prometió redistribución y entregó inflación y ajuste— y enfrentarla implica un proceso de largo plazo que no se reduce a una victoria en las urnas, aunque la incluye. Un peligro mayor al de una oposición que pierda en 2027 es el de un triunfo con un programa que no modifique las condiciones que producen a la extrema derecha y que gobierne administrando la frustración popular con las mismas herramientas del adversario. En ese caso,  la decepción resultante sólo servirá para que retorne una versión reforzada de lo que se intentó derrotar (como ya sucedió con el lamentable gobierno de Alberto Fernández, antesala del mileísmo).

Esto es precisamente lo que pasó también en Estados Unidos. Biden llegó como la antítesis de Trump, con un discurso de reconstrucción institucional y un paquete inicial de estímulo significativo. Pero su gestión fue percibida por millones de trabajadores como indiferente a sus problemas concretos —la inflación, el costo de vida, la sensación de que nadie gobierna para ellos—, mientras la cobertura del apoyo estadounidense a la ofensiva israelí sobre Gaza erosionó lo que quedaba de entusiasmo en la base joven y progresista. El resultado no fue solo una derrota electoral, sino el retorno de un Trump recargado, con más votos, más legitimidad y menos restricciones institucionales que en su primer mandato. Lejos de debilitar a la derecha, el interregno centrista la alimentó, devolviéndole el combustible que más necesita, que es la confirmación de que las alternativas «razonables» no cambian nada.

En Argentina, la lógica del frente amplísimo corre exactamente ese riesgo. Si lo que llega al gobierno en 2027 es una coalición cuyo programa sea esencialmente el de Milei pero con buenos modales, cuya política económica no revierta la precarización ni reconstruya el poder adquisitivo de los salarios y cuya «modernización» consista en descartar las banderas que molestan al establishment, el ciclo reaccionario se garantiza una prolongación. Y la próxima oleada de la extrema derecha puede no respetar los límites institucionales que en alguna medida aún contienen a la actual.

Es evidente que este escenario no constituye un terreno libre de riesgos. Si la izquierda se pliega a las fracciones socioliberales de la oposición, puede quedar atrapada en el rol de ala progresista del orden existente (el mismo que motiva el crecimiento de la extrema derecha), pero si adopta una postura de intransigencia absoluta frente a las alianzas, estará perdiendo la posibilidad de aportar a la contención del avance reaccionario. No hay posición cómoda: la política, en esta coyuntura, se hace siempre al borde del precipicio. Lo que va a cambiar cualitativamente las relaciones de fuerza no será una victoria en las urnas sino una transformación en la correlación de fuerzas sociales: un aumento significativo de la organización de la clase trabajadora, de la movilización sostenida, del tejido de resistencia que ponga límites reales a los avances de la derecha. Algo parecido a lo que, a principios de siglo, puso al neoliberalismo a la defensiva en buena parte de América Latina y a lo que, mucho antes, hicieron las corrientes socialistas y comunistas cuando lograron ofrecer una alternativa estratégica frente a la crisis del orden liberal.

Hasta que eso ocurra —y es un proceso de mediano plazo que no puede apresurarse por decreto—, la tarea política central es más modesta pero no menos importante: ganar tiempo. La conformación de bloques electorales transitorios, capaces de evitar la subordinación al «extremo centro» y al mismo tiempo frenar a la extrema derecha, puede funcionar como una defensa provisional, útil para evitar que la reacción consolide una derrota de alcance histórico para la clase trabajadora argentina. En la próxima etapa necesitamos defender lo que puede defenderse, frenar lo que puede frenarse y, en el proceso, construir las condiciones organizativas y programáticas para algo más que una alternancia en el gobierno. La marcha del 24 de marzo mostró que esa tarea no comienza desde cero. El hilo no está roto.