El golpismo no puede quedar impune

La montaña ha dado a luz a un ratón.

Tras dos días de increíble silencio, como si no hubiera disputado las elecciones que acababa de perder, el futuro expresidente montó un circo para una declaración oficial, reclutando a ministros y medios de comunicación para un discurso que podría haber sido sustituido tranquilamente por un tuit. Renuente, Bolsonaro no saludó al presidente electo, no admitió expresamente su derrota y dejó en manos de sus asesores la confirmación de que seguirá las reglas de transición al nuevo gobierno.

En estos dos días de reclusión, según informa la prensa, Bolsonaro ha tratado de asegurar desde la casa de su partido la comida y la lavandería, además de pagar un equipo jurídico para hacer frente a las decenas de demandas en curso y muchas más que seguramente vendrán.

Además, al igual que Trump, esperó que las manifestaciones en su Capitolio de Tupiniquim tuvieran algún peso social e impacto en la opinión pública, pues nunca dejó de cultivar la posibilidad de un golpe de Estado. A pesar del ruido y de los enormes destrozos causados por la turba con banderas y camisetas de la selección nacional dispuesta a impedir que el «comunismo» se instale en el país, la ilusión de una «intervención militar» se convirtió en una tardía y tímida acción con gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad (después, claro está, de una actuación prácticamente testimonial de la Policía Federal de Carreteras).

Mientras todas las autoridades recién elegidas, incluidas las de su propio espectro político, repudiaban con énfasis el desorden injustificado y perjudicial con la ocupación de carreteras en actos antidemocráticos, el propio presidente se empeñó en legitimar las «manifestaciones populares», ancladas en el repudio al «proceso electoral ilícito» para, en un razonamiento retorcido, criticar la violación del derecho de ir y venir, que atribuyó a «tácticas izquierdistas». El discurso, tardío, tibio y dudoso, solo pudo tener el efecto que tuvo: muchos manifestantes lo entendieron como un mensaje entre líneas para seguir en las carreteras y prometieron quedarse allí.

Esta duplicidad de respeto retórico a las «líneas de la Constitución» y estímulo a la conspiración golpista fue la marca no solo de los cuatro años de gobierno de Bolsonaro sino, y especialmente, de su actuación en el proceso electoral.

De hecho, numerosas irregularidades marcaron el proceso y lo habrían condenado a la anulación, si no fuera por la viejísima lección jurídica que se aprende en los primeros meses de universidad: no se puede alegar la propia vileza ante los tribunales. Traducido al lenguaje futbolístico: no se pita una falta que beneficie al infractor.

Amaño, cooptación y golpes de Estado

Para convertirse en un candidato competitivo tras el desastre de la pandemia y los fracasos en la economía, Bolsonaro levantó a sus parlamentarios con el inconstitucional presupuesto secreto, formó una amplia mayoría para cambiar la Constitución y ofrecer sutilezas financieras a las puertas de la elección, y abusó, como nunca antes en la historia, del poder político, convirtiendo los actos de gobierno, con una plétora de recursos públicos, en propaganda electoral.

Si bien no fue la única, la celebración del 7 de septiembre, mezclando desfiles militares y discursos de partido, debería haber sido suficiente para la anulación de su registro electoral, así como también debió haber sido suficiente el discurso en el que, como jefe de Estado, reunió a las delegaciones diplomáticas extranjeras para una frívola crítica a las urnas electrónicas y una descarada amenaza de no reconocer el resultado en caso de su previsible derrota. A ello se sumó el discurso oficial de las Fuerzas Armadas a esta prédica golpista, haciendo que los militares se arroguen el derecho de auditar y evaluar la legitimidad del resultado. Mero discurso electoral, como vimos, ya que, una vez pasadas las elecciones, el informe del Ministerio de Defensa sobre la integridad de las mismas simplemente no salió a la luz.

El último acto golpista se produjo con la ayuda de la Policía Federal de Carreteras para constreñir y comprimir a los votantes en las regiones más vulnerables, donde era probable que votaran a su competidor. En respuesta a las decisiones judiciales que abrieron la puerta a la concesión de pases gratuitos en el transporte público para que los votantes pobres pudieran ejercer su derecho y cumplir con su obligación de votar, la dirección del de la Policía decidió llevar a cabo precisamente el día de las elecciones rígidas y largas inspecciones de los vehículos en las carreteras, que si no impedían, al menos agobiaban a los votantes en su camino a las urnas, especialmente a los usuarios del transporte público.

La desproporción de la acción —incluso en relación con las localidades— acabó produciendo una reacción inmediata en las redes sociales, bajo el lema desesperado: «Que vote el noreste» y una recriminación del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), tardíamente atendida por la dirección del PRF. La provocación artificial de la abstención por parte de los votantes vulnerables, en un intento de revertir la estrecha ventaja que indican las encuestas, pasará a la historia como uno de los ataques más violentos al derecho de voto que ha vivido este país. Abusivo y discriminatorio.

La relativa incapacidad del Poder Judicial para contrarrestar a tiempo todas las ilegalidades practicadas por el Ejecutivo, a pesar del vigor con el que el ministro Alexandre de Moraes se dedicó a la causa, es una muestra de que dejar pasar las primeras exhibiciones de zarpazos autoritarios solo fomenta que se conviertan en ataques cada vez más monstruosos con el paso del tiempo. Los aspirantes a dictadores no se contienen con decisiones complacientes, ni deben minimizarse con moderaciones premeditadas y episódicas celebradas constantemente por los medios de comunicación.

La duplicidad de acción, dentro y fuera de las instituciones, es la marca de los nuevos estados de excepción, como bien explica Luis Manoel Fonseca Pires en su libro Estados de Exceção: a usurpação da soberania popular (Contracorrente, 2021); lágrimas de formalismo que encubren acciones que comprimen materialmente la democracia.

El resultado final no debe engañar a la sociedad ni a los poderes constituidos. Ha llegado el momento de investigar y castigar los ilícitos cometidos sin temor a que las demandas puedan resucitar la agitación social, pues es precisamente la respuesta a los ilícitos lo que los inhibe. El olvido de las atrocidades perpetradas es el mejor estímulo para que se repitan.