Escribo esta carta en momentos en que se define la presidencia del Perú, cuya elección se celebró el 6 de junio de 2021. Son momentos frenéticos a nivel social y legal, como comentaré a continuación.
El Perú es un país fracturado socialmente producto de eventos históricos donde los sectores criollos han extendido un poder centralizado en la ciudad de Lima a lo largo del siglo XXI. Esta situación ha traído como consecuencia la existencia de dos países en uno solo. Por un lado, tenemos al Perú del Ande y la Amazonia, atrasados económicamente y relegados del poder político; por otro lado, el vinculado a Lima y sus satélites económicos en la costa norte, con acceso a ventajas similares al de cualquier país europeo.
Esta realidad, con los matices correspondientes, es el contexto donde se ubicarán los eventos objeto de esta carta.
En primer lugar, debemos señalar que la contienda por la segunda vuelta presidencial donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputan la presidencia se ha enmarcado en un lapso de tiempo de aproximadamente dos meses. En este periodo de tiempo hemos sufrido una polarización y una fractura social sin precedentes (como si las divisiones existentes no fuesen ya insufribles en el marco de la pandemia en la que nuestro país está llegando, en momentos en que escribo esta carta, a contabilizar aproximadamente 200 mil muertos).
No solo se ha evidenciado el surgimiento de posturas racistas institucionalizadas en los medios de comunicación, sino que también se ha manifestado en todo su esplendor la asociación poder económico con los círculos de poder político. Esta asociación pertenece a una mayor configuración de lo que significa la crisis de las instituciones del Perú cuyo autor por excelencia es el dictador Alberto Fujimori.
Y precisamente, quien lidera el esfuerzo y representación de toda esta conflagración de poderes e intereses es su hija, Keiko Fujimori. La señora Keiko no solo ha recurrido al poder económico para iniciar una campaña de persecución y división en el país contra aquellos peruanos que se consideran representados por Pedro Castillo, sino que en su último esfuerzo ha escalado una maquinaria legal sin precedentes en toda América Latina.
En 2021 se habría producido un esquema similar de no declaración de aportes. Pero esta vez, probablemente por haber aprendido la lección del 2016, no se habrían canalizado aportes en efectivo a través de maletas de dinero a favor de Fuerza Popular, sino que se recibió apoyos bajo una modalidad distinta. En esta ocasión el esquema habría consistido en el «aporte voluntario» de servicios de abogados de prestigiosos bufetes por citar un ejemplo.
Al respecto, mi persona encabezó una denuncia administrativa donde más de 100 ciudadanos peruanos denunciaron este evento como un aporte fraudulento de campaña pues en ningún momento Keiko Fujimori y Fuerza Popular declararon estos «apoyos». Podemos citar igualmente el cerco mediático de todos los canales y radios más importantes del Perú que o no dieron cobertura o simplemente se dedicaron a atacar a Pedro Castillo bajo la sombra del famoso «comunismo» y terruqueo, que engloba el señalamiento de terrorista a quien elija votar por Pedro Castillo.
En momentos en que escribo esta carta, los abogados de Keiko han interpuesto cientos de recursos administrativos para declarar la nulidad de votos rurales, interpuesto medidas judiciales y movido a todo el statu quo para retrasar la proclamación de Pedro Castillo. Posiblemente con la finalidad de obtener alguna ventaja con el concurso de sus siempre fieles aliados empresariales.
Ayer, en el diario El País, Mario Vargas Llosa ha esgrimido la tesis gris de un fraude y llamó la atención a la OEA por pronunciarse prematuramente sosteniendo que las elecciones peruanas fueron limpias.
Hemos organizado la logística necesaria para brindar comida y abrigo a más de 500 ronderos del interior del Perú, hemos canalizado a abogados voluntarios que contrapongan las medidas legales de Fuerza Popular y estamos marchando día a día para proteger los preciados votos del sur peruano.
Cuando haya terminado esta carta, más de 300 ciudadanos habremos presentado una denuncia penal por sedición contra el exmilitar Jorge Montoya —hoy recién electo congresista— por haber llamado a declarar la nulidad de todas las elecciones desconociendo claramente la voluntad popular lo cual, según los mejores expertos en derecho penal peruano, consiste en la perpetración del mencionado delito.
En pocos días llega el invierno al Perú, y quizás nos encuentre confrontando y escalando aún más nuestros conflictos sin resolver.
Pero también es cierto que al invierno le sigue la primavera. Y esta será una primavera de esperanza, porque estoy convencido de que la alegría ya llegó al Perú.
«Volveré y seré millones» (Tupak Katari)
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