Los pueblos indígenas ante las elecciones peruanas

Este 6 de junio se realizará en el Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la cual pone frente a frente no solamente dos posturas políticas sino también dos formas distintas de pensar y concebir el país. 

Por un lado, el ya tradicional partido Fuerza Popular, cuya candidata por tercera vez consecutiva, Keiko Fujimori Higuichi, lleva como principal bandera la continuidad del modelo neoliberal impuesto con la Constitución de 1993 reivindicando así el gobierno de su padre, el expresidente y preso por corrupción, Alberto Fujimori. Por otro lado se encuentra el partido de izquierda Perú Libre, cuyo candidato es el docente y rondero Pedro Castillo, quien lleva como propuesta principal el cambio de la Constitución del 93 y, con ello, el fin del modelo neoliberal que ha favorecido un sector mínimo de la población.

Entre ambas propuestas —continuidad o cambio— se encuentra un actor muy importante: «los pueblos indígenas». Aunque considerados por muchos como un sector minoritario en un país de más de 33 millones de habitantes en el que la mayoría de la población se considera mestiza, este sector es clave: a lo largo del territorio indígena se concentran la mayoría de los recursos naturales, que en medio de la crisis económica que atraviesa el Perú es el bien más preciado.

Los pueblos indígenas y sus demandas

Durante los últimos años, los pueblos andinos y amazónicos han venido trabajando en una agenda conjunta que tiene como principales demandas la titulación total de su territorio, la autonomía y libre determinación, el fortalecimiento de los mecanismos de los procesos de consulta previa, la educación y la salud intercultural, además de un plan enfocado acorde a la diversidad cultural para enfrentar la pandemia. En las últimas semanas, diversas organizaciones indígenas han levantado su voz de protesta en torno a dos temas: «la consulta previa virtual» y el «Pleno Ambiental en el Congreso».

El año 2020, en medio de la pandemia, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó una propuesta para acelerar las concesiones mineras que se vieron paralizadas por la falta de acuerdo. La propuesta era simple: la «Consulta previa e informada», que se realiza a las comunidades en zona de influencia directa se realizaría de manera virtual, con la finalidad que los proyectos extractivistas no se paralicen. Esta propuesta se realizaba de espaldas a las comunidades afectadas, quienes no contaban con señal de internet ni con la información necesaria para poder decidir de una manera justa. Después de múltiples protestas por parte de las organizaciones indígenas, este proyecto quedó archivado.

Sin embargo, en la primera semana de abril el MINEM volvió a traer esta propuesta, volviendo a generar la incomodidad de las organizaciones indígenas. Melania Canales, presidenta de ONAMIAP, explica: «En pandemia, el Estado ha venido promoviendo una consulta virtual; sabemos que no es nada intercultural y el diálogo no sería horizontal, porque en las comunidades indígenas la virtualidad no es parte de la costumbre ni se cuenta con conectividad». Lo que exigen las organizaciones indígenas es una consulta presencial en la que se garanticen todos los protocolos necesarios, además de vacunación a los pueblos que participen de ella.

El 6 de mayo, más de cien organizaciones andinas, amazónicas y afroperuanas realizaron una protesta presencial a las afueras del Congreso exigiendo, a través de la «Carta Abierta de los Pueblos Originarios y Afroperuanos al Estado Peruano y entidades de vigilancia internacional de Derechos Humanos», que se dedique una sesión exclusiva del Congreso a las demandas ambientales. 

Esta carta tiene como principal punto exigir que el Congreso de la República tenga una sesión exclusiva sobre Pueblos Indígenas y Ambiente donde se revisen de forma multipartidaria, las tres propuestas de ley que aún están pendientes: 1) Titulación de la Propiedad Territorial de Pueblos, 2) Coordinación Intercultural y 3) Amnistía de autoridades y miembros de pueblos perseguidos y requerimiento de que la Comisión de Pueblos sea la Comisión Dictaminadora Principal (además de observar la ley de reconocimiento de las CAD). Ante este reclamo por unanimidad se decidió dedicar un pleno al Congreso para debatir las demandas de las organizaciones indígenas.

Las propuestas de Fuerza Popular y Perú Libre

Ahora bien, en el contexto electoral, ¿cuáles son las propuestas medioambientales vinculadas a los pueblos indígenas? El partido Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, nace, como dice su plan de gobierno, «bajo El espíritu de la Constitución del 93», reconociendo al Perú como un país pluricultural donde conviven muchas culturas y donde cada persona posee el derecho a su identidad étnica y cultural. El plan de gobierno de Fuerza Popular menciona a los pueblos indígenas y campesinos para trabajar tres temas: la emergencia sanitaria, la cultura y las desigualdades.

Sin embargo, existe un gran vacío en los temas que son prioritarios para los pueblos indígenas y que han sido motivo de protestas en los últimos años, como la titulación o la consulta previa vinculante sobre sus territorios (suelo y subsuelo), vinculada principalmente a las actividades extractivas como la minería, el petróleo y el gas. En el debate realizado el 1º de mayo en Cajamarca – Chota, la candidata propuso dar directamente a las personas del área de influencia el 40% del canon minero, mas esta propuesta no figura en su Plan de Gobierno ni ha sido formalizada.

De los 18 partidos políticos que se presentaron a las elecciones de abril de 2021, solamente dos partidos llevaron como bandera el cambio de Constitución: Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza, y Perú Libre, liderado por Pedro Castillo. Ambas coaliciones, además, buscan el paso de un Estado Pluricultural a uno Plurinacional. Esta es una demanda importante del movimiento indígena a nivel mundial, pues permite a los pueblos originarios la posibilidad de representación, participación y autonomía territorial.

En cuanto a las empresas extractivas, el plan de gobierno de Perú Libre propone la «consumación» o poner fin a las concesiones dadas por el Estado a las empresas privadas. En la página 43 puede leerse:

Para garantizar la consumación de la concesión en varias ocasiones el Estado ha impuesto por la fuerza sus contratos ley, ordenando el genocidio de los pueblos que resisten la intromisión, como lo ocurrido en Conga, Espinar, Las Bambas, Bagua, Tía María, etc., reprimiendo a las comunidades que defienden su territorio, favoreciendo el daño medio ambiental e imponiendo la minería sobre agricultura y el agua, la empresa sobre el pueblo, el mercado sobre el hombre. La mayoría afectada se empobrece mucho más cuando el recurso no renovable se agota, así pasó con el guano, la pesca, el caucho, el mercurio, entre otros.

Además, alega que el suelo y el subsuelo son un derecho comunal, y para explorar y administrar sus recursos deberá ser puesta a consulta previa la cual será vinculante e incluirá la capacidad de veto, demanda que vienen exigiendo durante décadas los pueblos y las organizaciones indígenas. Siguiendo con las actividades extractivas, en lo que refiere a la empresa privada Perú Libre propone un compromiso medioambiental y que este cumpla estrictamente las políticas del Programa de Adecuación del Medio Ambiente, Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Actividades.

El nuevo escenario y los pueblos indígenas

En este escenario con miras al balotaje, el debate sobre el funcionamiento del modelo neoliberal ha recobrado vigencia, generando críticas al incremento de las desigualdades sociales y la disminución de derechos ciudadanos. La necesidad de un cambio que vaya más allá de modificar algunas leyes y normas se torna urgente. Es necesario un nuevo pacto social, una Nueva Constitución con la representación y participación de todos los actores sociales, entre los cuales los pueblos indígenas deben desempeñar un papel clave, para que sus demandas históricas sobre el territorio y sus vidas sean expresadas.

En los treinta años que vivimos bajo este modelo neoliberal, los pueblos indígenas no han tenido un reconocimiento pleno de sus derechos. Se han visto sistemáticamente obligados a protestar por la imposición de megaproyectos como en Conga, Espinar, Bagua, entre otros, donde el Estado, ejerciendo violencia, vulneró el derecho de soberanía territorial. Gracias a los levantamientos indígenas se logró no solamente la paralización de muchos proyectos mineros, sino también el reconocimiento, en el año 2011, de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta ley ha sido criticada por partidarios de Fuerza Popular, quienes desde el año 2016 vienen buscando su derogatoria.

El debate en torno a una Nueva Constitución pone en agenda una demanda histórica de las organizaciones andinas, amazónicas y afroperuanas: el reconocimiento del Perú como país plurinacional. Esto implica, a su vez, una nueva distribución territorial y el reconocimiento de los diversos pueblos que conforman el país como naciones, tal como lo hicieron Bolivia, Ecuador o España. En el Perú este proceso ya comenzó: el caso más destacado es el del Gobierno territorial Autónomo de la Nación Wampís, pero además pueblos como el asháninka, awajún y shipibo se han sumado a este pedido de reconocimiento.

A pocos días de las elecciones, las organizaciones indígenas han comenzado a realizar una serie de pronunciamientos. ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú), por ejemplo, ha mostrado su rechazo frontal al fujimorismo haciendo un llamado a sus bases para apoyar de manera vigilante al candidato Pedro Castillo. Otras organizaciones vienen realizando conversatorios para saber las propuestas de ambos partidos y buscando la firma de compromisos para que sus derechos no sigan viendo vulnerados. 

A meses de cumplirse el Bicentenario de nuestra independencia, es urgente que las demandas de los pueblos indígenas sean reconocidas y cumplidas: un Estado plurinacional, titulación, educación, justicia y salud intercultural, consulta previa y vinculante. Solo así se podrán dar por terminados los 200 años de colonialismo en Perú y entrar a una época con mayor igualdad social.