La reforma agraria peruana fue un fracaso.
Ese es el sentido común que la derecha logró instalar en el Perú desde inicios de la década de 1980. En aquella época, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry empezaría a desmantelar el aparato principal de la reforma mediante un decreto legislativo que permitió la disolución de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), grandes empresas asociativas formadas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.
Fue a partir de 1969 que el régimen velasquista comenzó un proceso histórico de expropiación de alrededor de 15 mil fundos que concentraban más de 9 millones de hectáreas, adjudicando esas tierras a las nuevas CAP y SAIS, a los llamados grupos campesinos y, en menor medida, a las comunidades indígenas/campesinas de la costa y sierra del país. La tierra se concentraría a partir de entonces en estas gigantes unidades autogestionadas, conformadas por expeones y exfeudatarios de hacienda.
Sin embargo, a fines de la década de 1970 la reforma había perdido impulso y el gobierno de Morales Bermúdez no había hecho mucho por fortalecer el proceso de gestión de las grandes cooperativas.
La década de 1980 llegaría para dejar una huella imborrable en el país: el conflicto armado interno dejó miles de muertos y desaparecidos, principalmente de la zona de los andes centro y sur peruanos. Tras una década marcada por la crisis económica y la violencia, el régimen fujimorista llegaría en la década de 1990 para desintegrar la parte del tejido social que aún existía en el país: federaciones estudiantiles, organizaciones barriales y sindicatos de trabajadores –y sus dirigencias perseguidas o criminalizadas– fueron debilitándose progresivamente.
Para entonces, poco quedaba de los movimientos campesinos y sus federaciones provinciales, que habían profundizado la reforma agraria durante la década de 1970 y que incluso la reformularon en sus propios términos con importantes tomas de tierras en la sierra sur entre 1985 y 1987. En ese contexto, Fujimori creó un nuevo régimen agrario en el país, que empezó por la eliminación del límite de la propiedad agraria y la promoción de la inversión económica en las tierras de comunidades campesinas y nativas. La reforma agraria había llegado a su fin, ahora sí, plasmado en un nuevo cuerpo normativo nacional.
Dicho relato se construyó sobre dos argumentos. El primero es que la modernización del agro se vio estancada por la reforma. A partir de la realidad de algunas haciendas de la costa, se logró generalizar esta idea suprimiendo la diversidad de haciendas existentes en el país, con realidades muy distintas. El segundo es que Velasco expropió tierras a «propietarios legítimos», sin considerar ni cuestionar lo que la historia de la formación de las haciendas implicó. Así, se normalizaron el despojo y el poder detrás de la concentración de tierras. Esto fue posible a través de dispositivos mediáticos y normativos y a silencios u omisiones (como en los materiales de enseñanza escolar, que apenas le dedican dos páginas al tema).
El gran relato, calculadamente, dejó de lado que la reforma agraria de Velasco terminó con un régimen de explotación servil que tenía bajo su yugo a cientos de miles de hombres y mujeres del campo. Tampoco se dice que miles de ellos, sobre todo en las haciendas tradicionales del sur, vivían prácticamente como esclavos bajo el llamado sistema de pongaje: sin pago, sin horarios, sin acceso a educación ni a documentación, disciplinados con castigos físicos hasta por atreverse a mirar al patrón, como describe Enrique Mayer en uno de sus «cuentos feos». Esa historia de abuso y violencia nunca fue parte del relato oficial.
Valiéndose de una combinación de entrevistas, narraciones de sus protagonistas y de imágenes que rescatan escenas de la producción cinematográfica peruana de las décadas de 1960 y 1970, La Revolución y la Tierra logra algo inédito en el Perú: movilizar de manera masiva el tema de la reforma agraria, incomodar en muchos casos y, en otros, abrir preguntas para cuestionar esa «verdad» construida desde las élites según la cual la reforma malogró al Perú. Y Benavente lo hace desde un notable trabajo de rescate de archivos fílmicos a través de los cuales muestra una parte del universo de la hacienda y del país pre reforma agraria, develando además temas omitidos por el relato hegemónico: la explotación y la búsqueda de dignidad.
Es cierto que no todas las voces están igualmente representadas en el documental. Tampoco tendrían por qué estarlo. Es cierto que aparece más la hacienda costeña de los grandes terratenientes y menos la hacienda mediana serrana o la hacienda sur andina, universo encarnado en la figura el gamonal, y donde residía la mayor parte de campesinos en condiciones de servidumbre.
De otra parte, Benavente y su equipo optan por entrevistar, sobre todo, a especialistas y académicos. Aparecen pocos dirigentes campesinos. Si bien menciona a Hugo Blanco –referente de las tomas de tierras de La Convención y Lares en 1962– no figuran dirigentes campesinos de la sierra sur, donde se encontraba la mayoría de las haciendas tradicionales que aplicaron los regímenes más crueles de explotación y disciplinamiento, y las que el pongaje era un sistema extendido.
El dirigente campesino e indígena aparece raudamente en la figura Saturnino Huillca, vista a través de lente de Nora Izcue, pero no desde la voz de entrevistados (Izcue es una cineasta limeña, que produce la película Runan Caycu, una de las primeras en mostrar la realidad de los campesinos de la sierra sur, a través de la vida política del líder campesino Saturnino Huillca). Sin duda, esta ha sido una crítica a Benavente desde algunos sectores y, sin embargo, hay que señalar que más que una ausencia, fue una apuesta de la producción. Reconozco que, desde una mirada y un interés personales, extrañé una mayor presencia del movimiento campesino, que a través de sus federaciones le dio su propia forma a la reforma ‘desde abajo’ –como ocurrió en los años 70 y 80 en Puno con la reestructuración agraria–. Su lucha espera aún ser mostrada y revalorada, pero aquella sería, sin duda, otra película.
No se puede negar que, para 1980, el agro asociativo bajo la forma de cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social atravesaba una crisis en distintas zonas del país, la misma que derivó en su parcelación y posterior desaparición. El modelo no funcionó, pero la reforma generó recomposiciones agrarias que abrieron nuevas vías de acceso a la tierra, por ejemplo, a través de procesos de comunalización. Así, los campesinos encontraron formas de recuperación de la tierra para su conducción directa.
Las configuraciones regionales y locales que tomó este proceso fueron diversas y dependieron de las historias locales previas, pero tuvieron como resultado común el fin de la servidumbre en la hacienda. Esto permitió, a su vez, que los cientos de miles de familias campesinas tuviesen un activo que, aunque en condiciones duras, hizo posible que se trazaran nuevas trayectorias para las generaciones futuras, pues sus hijos no nacieron con un único destino: ser pongos del patrón. A pesar de su relevancia, lo anterior es historia poco conocida en el Perú.
Quizás para una parte del público, especialistas y militantes de izquierda, lo que exhibe La Revolución y la Tierra no es novedad; en este caso, el valor del documental se centra en el rescate de archivos fílmicos de un cine peruano que, literalmente, casi había desaparecido. Pero para miles de peruanos y peruanas, los hechos vinculados con este proceso no son tan evidentes. La reforma agraria velasquista es un capítulo de la historia peruana que casi no se enseña en la escuela; tampoco en la universidad, salvo en las especialidades de Historia o Ciencias Sociales.
Esta afirmación se sustenta en mi propia experiencia docente: alumnos y alumnas, incluso de posgrado, han manifestado en clase que desconocían que en las haciendas se dieran situaciones como las descritas. Y no se trata de una afirmación aislada; de lo contrario, no se explica la masiva recepción y repercusión del documental. Es que La Revolución y la Tierra vino a llenar un gran vacío: nos cuenta otra historia de la reforma, desde otras perspectivas y con otras imágenes, una muy distinta de aquella que la condena como fracaso, tan instalada en amplios sectores de nuestra sociedad. Así, no solo cuestiona e incomoda, sino que también muestra las historias de miles de hombres y mujeres cuyas vivencias y memorias familiares nunca se vieron reflejadas en el gran relato.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿acaso en las últimas tres décadas no se ha formado un nuevo gran relato liberal sobre los neolatifundios y las agroindustrias que oculta, nuevamente, otras voces y efectos sobre la vida de las personas y los ecosistemas? Aunque con imágenes que pasan fugaces por la pantalla en los minutos finales, el mensaje que nos deja La Revolución y la Tierra es que la búsqueda de la ciudadanía, ahora situada en nuevos paisajes y contra nuevas formas de despojo, no ha terminado.
Muestra de lo anterior y de que la reforma agraria sigue estando presente en el imaginario nacional es lo ocurrido durante el reciente proceso electoral peruano. El partido de izquierda Juntos por el Perú (JP), cuya candidata fue Verónica Mendoza, había planteado entre sus propuestas una segunda reforma agraria. Con ello no se refería, claro a está, a una nueva expropiación de tierras, sino a plantear un necesario giro en una política nacional que por tres décadas ha favorecido a la gran agricultura de exportación y a las agroindustrias, mientras ha dejado en el abandono a la agricultura familiar (que en el Perú representa al 97% de las unidades agropecuarias del país).
La propuesta de Mendoza se refería a replantear el modelo que ha promovido la formación de neo latifundios a través de beneficios tributarios, subastas de tierras fiscales, permisos de uso de aguas en valles con escasez hídrica y a revisar la ampliación del régimen especial agrario que inauguró Alberto Fujimori. Este régimen, encarnado en la llamada Ley Agraria, fue el que permitió mantener por años a trabajadores agrarios en los campos de las agroexportadoras con salarios mínimos, sin derechos laborales y en condiciones muy precarias. Producto de ello, la huelga de los trabajadores agrarios que exigían la abolición de dicha ley estalló en noviembre de 2020, dejando dos personas muertas a causa de la represión policial. La segunda reforma agraria planteaba, pues, cambiar la mirada: desarrollar una verdadera política nacional para promover la pequeña agricultura y la agricultura familiar en el Perú.
Pero el fantasma de la reforma agraria velasquista asustó a la derecha. Una señal de lo anterior, y digno para un final, es que el documental de Benavente iba a ser trasmitido por primera vez en televisión nacional el domingo 4 de abril, una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril. Un día antes de la trasmisión, el canal del estado avisó que debido a «los reclamos de un gran número de usuarios que consideran inoportuna la trasmisión del documental antes del proceso electoral», esta sería aplazada hasta el 18 de abril.
Los resultados de la primera vuelta fueron inesperados: la segunda vuelta sería disputada entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (representante del status quo e hija del dictador Alberto Fujimori) y Pedro Castillo –quien también habla de una segunda reforma agraria–, de Perú Libre, considerado como la «izquierda radical», que propone un «cambio del modelo» y una asamblea constituyente. Lo paradójico es que el mismo domingo 18 de abril, cuando empezaba la transmisión de La Revolución y la Tierra, a las 10 p.m. en TV Perú, aparecía en los noticiarios la primera encuesta de intención de voto (de la encuestadora IPSOS) para la segunda vuelta, que proyectaban a Castillo con 42% de los votos versus un 31% de Keiko Fujimori.
Unas semanas después, nuevas encuestas (también de IPSOS) muestran que la brecha entre ambos candidatos se ha acortado bastante, y hay un porcentaje importante de indecisos. Indican que Castillo ganaría en los sectores socioeconómicos de menores ingresos y que incluso en los de ingresos medios alcanzaría una votación importante. Castillo tiene el 68% del voto rural a nivel nacional, ámbito donde Fujimori apenas alcanza el 13%. La campaña de demolición de la derecha que busca vincular a Pedro Castillo con el comunismo y con el terrorismo –el terruqueo al estilo peruano– ya empezó.
Al parecer, la censura de las élites al documental que el canal estatal nunca pudo explicar no se debía tanto al miedo al fantasma de Velasco, sino a lo que la historia de una larga lucha por la ciudadanía, encarnada en la lucha por la tierra y contra los abusos del patrón, aún evoca en el presente.
[*] El texto anterior es una ampliación de la reseña publicada como parte del Forum editado por Adrián Lerner: Moving images of revolution: a critical fórum on Gonzalo Benavente Secco’s «La revolución y la tierra». (Perú, 2020). Publicado el 7 de abril de 2021 por Age of Revolutions.
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