México y una oposición violenta e intervencionista

El artículo que sigue es resultado del trabajo de la cohorte 2025 del Diploma Superior en Mutaciones de la dominación en el capitalismo contemporáneo organizado por CLACSO y Revista Jacobin. La edición 2026 del Diploma ya está en camino, ¡no te la pierdas!

 

El 3 de enero de este año ocurrió el hecho posiblemente más significativo en materia de política internacional desde que el inicio del siglo XXI: la intervención militar de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. Aunque claramente han ocurrido otros eventos bastante estremecedores en materia de política exterior por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos años, la intervención en Venezuela reaviva las preocupaciones sobre la posibilidad de volver a algunas experiencias vividas en América latina durante el siglo XX (golpes de Estado, regímenes militares y represión a la izquierda). Además, está claro que el hecho constituye un quiebre del orden basado en el derecho internacional.

A diferencia de lo ocurrido en los golpes de Estado e intervenciones militares efectuadas por Estados Unidos durante el siglo XX y XXI, esta vez el gobierno estadounidense no quiso gastar energías para intentar convencer a la comunidad internacional de que la intervención contra Venezuela no era por recursos naturales, ya que el propio Donald Trump dijo explícitamente que era por el petróleo. Inclusive, aunque se acusó instrumentalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro de «narcoterrorismo» para secuestrarlo y bombardear a Caracas, el gobierno estadounidense luego admitió que el famoso «Cartel de los Soles» no existía y eliminó la mayoría de los cargos contra Maduro como líder de dicha organización. Esto refuerza la idea de que el ataque en Venezuela se realizó no por razones humanitarias, sino para darle el petróleo venezolano a las empresas de Estados Unidos.

La intervención en Venezuela también indica el retorno de la doctrina Monroe (ahora conocida como «Donroe», en referencia a Donald Trump), así como una redefinición de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe. Aunque anteriormente se pudo apreciar su intervencionismo por el apoyo a los golpes de Estado en Honduras y Bolivia en 2009 y 2019 respectivamente, así como con el aval explícito de Trump a candidatos presidenciales como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, lo ocurrido el 3 de enero marca la culminación de una radicalización de la política exterior estadounidense, al tiempo que abre un nuevo capítulo en la historia de la relación de Estados Unidos con el resto del continente. 

Sin embargo, es importante comprender que las acciones que está tomando Estados Unidos en la actual administración trumpista no son una anomalía en la política exterior estadounidense, ya que se han venido gestando desde administraciones pasadas. Pero ahora Estados Unidos se ha visto en la necesidad de mostrar mano dura y una política imperialista sin tapujos para hacerle frente al creciente mundo multipolar y asegurar su dominio en el hemisferio occidental, posición presentada sin ambigüedades por el actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Es bajo este contexto de creciente intervencionismo militar en la región, junto con el auge global de las ultraderechas, que una oposición mexicana radicalizada tras el triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales de 2018, se posiciona como un actor fundamental para la facilitación de la intromisión estadounidense en México (país que Donald Trump planteó como uno de los que «siguen en la lista»). 

El caso Venezuela y la radicalización de la oposición mexicana

El discurso pro-intervencionista de la derecha mexicana no puede ser analizado como un fenómeno que surgió únicamente como resultado de la elección de AMLO en 2018, sino como un proceso de radicalización ideológica que se ha venido gestando desde años previos. Aun así, el triunfo de la izquierda electoral marcó un punto de inflexión dentro de la derecha mexicana, que por primera vez en décadas se encontró desplazada del poder y obligada a redefinir sus estrategias políticas en un contexto regional marcado por el avance de la ultraderecha y la intensificación del intervencionismo estadounidense.

En primer lugar, es necesario señalar que, desde el año 2006, Venezuela ha sido presentada como una amenaza simbólica dentro de la política mexicana. Fue en ese año que el Partido Acción Nacional (PAN), el predilecto de la derecha mexicana desde su fundación, se encargó de hacer una campaña de desprestigio en contra de la candidatura de López Obrador, acusándolo de ser un «peligro para México». El PAN utilizó en 2006 una estrategia de guerra de spots con el fin de dañar la imagen de AMLO y sembrar miedo en la población. En esa coyuntura, Venezuela comienza a ser utilizada como un posible escenario de lo que podría ocurrir con México en caso de que el candidato de Morena resultara electo, mostrándolo como análogo a la figura de Hugo Chávez. El Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (CELIDERH), de claros vínculos con el PAN y receptor de financiamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), también participó en la campaña de desprestigio político a través de la emisión de varios anuncios televisivos.

Esta estrategia de campañas de miedo y desprestigio no fue exclusiva del 2006, año en el que Felipe Calderón (PAN) ganó la presidencia de la República y sumió a México en una guerra sangrienta contra el narcotráfico, sino que se mantuvo incluso en las campañas de López Obrador en los años 2012 y 2018. La cobertura mediática negativa sobre el proceso de la Revolución Bolivariana también implantó una visión nociva sobre todo aquello que se asociara ligeramente a la izquierda, el socialismo o el marxismo. Esto no se observa únicamente en México, ya que políticos como Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), y Luis Inácio «Lula» da Silva (Brasil) han enfrentado acusaciones similares.

Este espantapájaros anticomunista que utilizan los medios y partidos de derecha en México y América Latina en su conjunto es un ejemplo claro de la utilización del comunismo —o de cualquier movimiento emancipatorio— como sinónimos de «autoritarismo», «pobreza» y «violencia» y, por ende, como algo incompatible con el «mundo libre». También funge como una forma de justificar la intervención militar estadounidense en la región, ya que se impregna la visión de una Venezuela sumida en una dictadura que no puede ser recuperada por vías democráticas y ni siquiera por medio de una insurrección interna. Es decir, la única forma de liberar a Venezuela termina siendo la intervención militar efectuada por potencias extranjeras. También se ha usado esta narrativa para silenciar a quienes critican la injerencia militar estadounidense en Venezuela, acusando a sus críticos de ser «simpatizantes de Maduro», a pesar de que incluso dentro de la izquierda mexicana el apoyo a Nicolás Maduro es casi nulo. Esta narrativa ha obligado a que las izquierdas busquen desvincularse de la Revolución Bolivariana por temor a ser asociadas al chavismo.

Ahora bien, ¿cómo reaccionó la derecha mexicana ante la intervención estadounidense en Venezuela? El líder del PAN, Jorge Romero, vio con buenos ojos la captura ilegal de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, definiendo a su gobierno como una «dictadura». El Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado en el que «respalda la caída de la narcodictadura terrorista y comunista de Venezuela». A su vez, los legisladores de ambos partidos cuestionaron la decisión de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de condenar el ataque estadounidense contra Caracas, acusando a Morena de mostrar simpatía hacia Nicolás Maduro. El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien se ha venido posicionando como una figura de oposición importante, valiéndose de su conglomerado mediático TV Azteca, calificó al secuestro de Maduro como «una esperanza para México», aludiendo a que un escenario similar podría ocurrir en el país.

Es evidente que la derecha mexicana no solo no es crítica de la injerencia militar estadounidense en Venezuela, sino que incluso celebra este hecho y lo traslada al ámbito de la política nacional. Sin embargo, no resulta novedoso que la oposición derechista recurra a llamados a la intervención estadounidense. En 2025, la senadora Lilly Téllez (PAN) fue invitada a una entrevista en Fox News, uno de los principales medios asociados a la derecha estadounidense, en la que solicitó «ayuda» al gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México. En dicho espacio, Téllez calificó a México como un «narcoestado», lo cual se alinea con la retórica trumpista sobre el país. Luego, dirigentes tanto del PAN como del PRI expresaron su respaldo a estas declaraciones de Téllez y el activista afín al trumpismo Eduardo Verastegui, líder de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México, reconoció que le pidió personalmente a Donald Trump que interviniera militarmente en el país.

La oposición de derecha también ha trabajado para instalar la noción de que los gobiernos morenistas representan una amenaza para la democracia. La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, ha calificado a Morena como «la dictadura de México» y Alejandro «Alito» Moreno, dirigente del PRI, denunció a Morena por supuestamente emprender una campaña de «persecución política» contra sus opositores, aseverando incluso que busca instaurar una dictadura.

Actualmente, la administración de Claudia Sheinbaum busca impulsar una reforma electoral en la que se reduzca el número de legisladores elegidos por vía de representación proporcional, así como el financiamiento a los partidos políticos. Ante esto, el PAN y el PRI han denominado a dicha reforma «Ley Maduro», a pesar de que ambas agrupaciones intentaron reducir o eliminar a este tipo de legisladores durante sus respectivas administraciones. Jorge Romero incluso retó a Morena a que, en el marco de la reforma electoral, se plantee anular elecciones o incluso quitarle el registro a los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado y amenazó con emplear la resistencia civil en caso de que la reforma «dañe la democracia».

Como puede observarse, el PAN y el PRI han tenido como objetivo en los últimos años difundir la idea de que, bajo el liderazgo de Morena, México se está «convirtiendo en una dictadura» y de que es un «narcoestado», lo cual resulta irónico si se recuerda que ambos partidos han sido acusados de ejercer fraude electoral y de tener nexos con el narcotráfico. Asimismo, han utilizado la retórica trumpista sobre México como un «narcoestado», que necesita de la «ayuda» del gobierno estadounidense, con pleno conocimiento de cómo la administración de Trump designó a varios cárteles de la droga mexicanos como grupos «terroristas», lo cual tiene claras implicaciones geopolíticas, ya que, bajo las leyes estadounidenses esto les permite intervenir militarmente en el marco de la guerra contra el terrorismo (la misma justificación que ha utilizado para sus incursiones militares en Medio Oriente, el Sahel, el Cuerno de África y otras regiones).

Impotencia electoral e intervencionismo

Cabe entonces preguntarse por qué la oposición derechista apuesta por una intervención militar estadounidense en lugar de intentar ganar elecciones como sus homólogos en Argentina y Chile. Algunos de los elementos que diferencian a la derecha mexicana de otras de la región, como las representadas por José Antonio Kast, Javier Milei o Nayib Bukele, pasan por la falta de apoyo popular y de capacidad de movilización de los votantes.

Actualmente, el populismo (tanto de derecha como de izquierda y de centro) se ha convertido en un tema de debate en los círculos académicos y en los medios. El historiador Steven Forti explica que la definición más aceptada de populismo es aquella propuesta por Cas Mudde, quien considera que el populismo es más una ideología, mientras que Ernesto Laclau ve al populismo más bien como una retórica y una estrategia política. Ante esto, Marc Lazar e Ilvo Diamanti hablan del concepto de pueblocracia, en el que consideran que, a raíz de la crisis de los partidos políticos, la política se ha personalizado y los partidos tienen una menor estructura y arraigo territorial. Ante esto, el marketing funge un papel fundamental. Los partidos ya no son organizaciones de masas que movilizan militantes y tienen presencia territorial, y muchas de las últimas elecciones han tenido como protagonista a la estrategia de comunicación política en redes sociales. Asimismo, el personalismo ha tenido un rol importante en la popularidad de partidos políticos y candidatos, lo cual ha definido elecciones. Como plantea Claudio Katz, gran parte del auge de la extrema derecha a nivel global ha sido gracias a esta estrategia política con tintes populistas, como se puede observar con el ascenso de Donald Trump y Javier Milei.

Ahora bien, el Partido Acción Nacional jamás ha tenido un gran número de militantes, ni tampoco una cobertura geográfica amplia. Incluso en México llegó a recibir el apodo de «partido de pavimento» debido a que su base de votantes se concentraba en zonas urbanas y entre la clase media, que sigue ocurriendo actualmente. Hoy el PAN enfrenta una crisis interna y se le ha dificultado aumentar su padrón de militantes (que hoy rondará los 256 mil) para poder contender en las elecciones intermedias de 2027. Desde el relanzamiento del PAN con su nuevo líder, Jorge Romero, y su giro a la ultraderecha bajo el lema «Patria, Familia, y Libertad», su padrón de afiliados ha crecido cerca del 1%. Además, figuras históricas del panismo, como los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, han rechazado afiliarse. El PRI, por su parte, ha perdido a la mayoría de sus miembros desde la presidencia de Enrique Peña Nieto. Pero la reducción en términos de militancia no es la única prueba de la falta de apoyo que sufre la oposición. En cuanto a las elecciones presidenciales, desde 2012 el PAN no ha logrado rebasar la barrera del 30% de los votos, manteniéndose en resultados que oscilan en los veintitantos puntos porcentuales. En cuanto al PRI, por primera vez en su historia no respaldó a un candidato propio rumbo a las elecciones de 2024, ya que decidió coaligarse con el PAN.

El PAN y el PRI han experimentado un desgaste tremendo en sus marcas políticas. El PRI ha sido asociado con el autoritarismo, la represión y los escándalos de corrupción, y el PAN con la guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón, que sumió al país en un espiral de violencia, por lo que no sorprende que su retórica de advertencia sobre una supuesta «dictadura» con las administraciones de Morena no parezca tener efecto en el electorado. Además, ninguno de los dos partidos ha podido conformar cuadros que le hagan frente a Morena. En resumen, ambas organizaciones no han rechazado su pasado y tampoco han querido sumarse a la retórica populista y supuestamente «antisistémica» de sus contrapartes latinoamericanas y europeas, por lo que hoy no pueden conectar con los votantes. Esto ha provocado que la derecha mexicana vea como atractiva la retórica de la interferencia militar estadounidense, tal y como ocurrió con la derecha venezolana, que fue incapaz de lograr un cambio de gobierno en su propio país.

Así, la derecha mexicana cuenta con más similitudes con la derecha venezolana que con las derechas populistas latinoamericanas y europeas. No porque no existan otras derechas que busquen la intervención estadounidense en sus respectivos territorios, pero en otros países de América Latina la oposición derechista ha tenido mayores oportunidades de triunfo electoral que en los casos de México y Venezuela. Sin embargo, el hecho de que una derecha busque triunfar por medio de un proceso electoral, un golpe de Estado o una intervención militar directa depende mucho del nivel de apoyo con el que cuente entre la población, así como de su capacidad de movilización y de organización. Sin forzar similitudes entre la situación política de México y de Venezuela, es importante analizar sus coincidencias para comprender las implicaciones para México del ataque estadounidense del 3 de enero y la forma en que esto se entrelaza con otros procesos neocoloniales a nivel mundial. 

Derechas que buscan normalizar la violencia

En este contexto, resulta importante comprender el fenómeno del astroturfing, una práctica política en la que se busca crear la apariencia de un movimiento popular espontáneo, que se utiliza con el fin de generar la ilusión de que hay un apoyo u oposición mayoritaria a una causa, cuando en realidad detrás del movimiento hay grupos con gran capacidad financiera que tienen otros intereses.

En México el ejemplo más notorio y reciente de este fenómeno fue el de la supuesta marcha de la Generación Z, que no tenía como asistentes mayoritarios a personas de esa generación, sino a políticos, activistas y simpatizantes de la derecha, mismos que se pudieron observar en otras marchas como la de la llamada Marea Rosa, durante el sexenio de López Obrador. El periodista Jesús Escobar Tovar denunció que hubo grupos dentro de la marcha que utilizaron métodos violentos para provocar a los cuerpos de seguridad, generar una represión por parte de la policía y crear una imagen de un Estado «dictatorial» que oprime a la sociedad civil. Cabe mencionar que la marcha de la Generación Z no solo se realizó para la audiencia mexicana, sino también para dañar la imagen del gobierno de Morena a nivel internacional. 

Esto tiene similitudes con el tema de las guarimbas en Venezuela (el término guarimba se usa coloquialmente para referirse a barricadas callejeras o cortes de vías utilizados en protestas opositoras para generar presión contra el gobierno), que en algunos casos derivaron en episodios de violencia urbana. Hay gente dentro de la oposición venezolana que se opone a las guarimbas e incluso ha habido críticos de Maduro que denunciaron que los guarimberos atacan a quienes cuestionan sus métodos. Además, varios de los muertos en marchas antigubernamentales han sido atribuidos a acciones de guarimberos y opositores al gobierno venezolano.

Sin quitarle mérito a varios de los reclamos de sectores de la población que forman parte de estas protestas, tanto en México como en Venezuela (porque algunos son reales y no deben desestimarse como si sólo fueran provocaciones), lo cierto es que la mayoría de la gente que participa no lo hace de manera violenta. En el caso de la marcha de la Generación Z, se tomaron consignas críticas con la inseguridad que experimenta México, y que la propia administración de Claudia Sheinbaum no ha podido contener en su totalidad. En cuanto a Venezuela, ha habido una crisis económica sin precedentes, respecto de la que el sociólogo Malfred Gerig sostiene que, aunque es cierto que las sanciones estadounidenses han dañado gravemente la economía del país, no puede atribuírsele la principal responsabilidad por la actual depresión económica, ya que su origen radica en elementos estructurales que el chavismo no logró resolver. 

Ante esto, es claro que tanto dentro de los gobiernos de Morena como en los de la Revolución Bolivariana ha habido errores que deben ser atendidos, por los que existen críticas legítimas. Sin embargo, las derechas y los intereses financieros han buscado apropiarse de estas demandas para desestabilizar y crear narrativas que propicien una intervención extranjera. El que la derecha mexicana esté adoptando las técnicas empleadas por los guarimberos marca un giro en los métodos que la misma venía utilizando previamente, pasando a justificar el uso de la violencia como forma de oposición al gobierno.

Aunado a esto, hay otro punto que liga a la derecha mexicana con la venezolana, así como con otros procesos a nivel global: la utilización de una retórica neocolonial en la que se habla de pueblos del «Sur Global» que son incapaces de gobernarse a sí mismos y que, por ende, necesitan de la «supervisió» e intromisión de potencias extranjeras supuestamente «civilizadas». Sobre este punto el académico kurdo Serhat Tutkal explica que este neocolonialismo estadounidense no surgió de la nada, sino que ha sido promovido por círculos académicos y asesores de extrema derecha desde la primera campaña presidencial de Donald Trump. El autor también menciona que dicho proyecto transnacional es asumido por un movimiento de extrema derecha que trasciende las fronteras estadounidenses y remarca que se ha buscado justificar el neocolonialismo bajo la premisa de que los pueblos colonizados se benefician de la tutela colonial, ya que son incapaces de gobernarse a sí mismos (a cambio, claro, deberían otorgarle beneficios económicos a los estados coloniales por su «generosa» intervención, especialmente en forma de acceso a recursos naturales). 

Tutkal señala tres ejemplos de neocolonialismo que ilustran la monstruización y deshumanización de los pueblos del «Sur Global»: Gaza, Rojava y Venezuela. Actualmente en Gaza el gobierno de Estados Unidos, junto al de Israel, se enfoca en crear una administración gestada por actores extranjeros con la colaboración de algunos sectores locales, con el fin de crear una «Riviera del Medio Oriente» que le traería beneficios económicos a las potencias neocoloniales por su «duro trabajo». El autor menciona que lo mismo ocurre en Venezuela, ya que la administración Trump busca quedarse en el país hasta que se «produzca la transición adecuada». Sumado a ello, explica el objetivo que se persigue en Rojava por parte de los gobiernos de Siria, Turquía e Irak, que son apoyados por EE. UU., no es solo la destrucción de su administración autónoma (y el eventual genocidio contra el pueblo kurdo), sino también la eliminación de una alternativa democrática en el «Sur Global». Tutkal argumenta que Estados Unidos prefiere aliarse con grupos supremacistas que son antiguos enemigos (como ISIS y el Al Qaeda), ya que se encuentran en mayor disponibilidad de aceptar un rol subordinado dentro de una nueva fase neocolonial.

En cuanto al caso mexicano, Trump ha comentado que Sheinbaum «no gobierna México» ya que, según él, quienes están a cargo son los cárteles de la droga. Esto es comparable con la retórica estadounidense sobre Venezuela y Gaza, ya que se construye la noción de un México «ingobernable» debido al narcotráfico, por lo que sería necesaria la «bondadosa» intervención estadounidense para poder resolver el problema. 

Washington ha utilizado la figura de los gobiernos «narcoterroristas» para justificar la intervención militar en Venezuela, así como también para una escalada en las sanciones contra Cuba. La oposición mexicana, por su parte, aprovecha esta coyuntura para pedirle a Estados Unidos que intervenga en su país. Es importante comprender que la retórica del «narcoterrorismo» en América Latina es el equivalente al monstruo «terrorista islámico» que utilizó Estados Unidos para deshumanizar a los musulmanes y crear consentimiento entre la población estadounidense para las incursiones en Irak, Afganistán y otros países. Estados Unidos está haciendo uso de la misma táctica para generar apoyo para las próximas intervenciones que tiene planeadas en América Latina, así como para sembrar terror contra los migrantes latinoamericanos que se encuentran en territorio estadounidense y que ahora son víctimas de la violencia policial del ICE.

A sabiendas de esto, la oposición mexicana funge el papel de los sectores locales que se alían con la potencia neocolonial, pero (lo mismo que en Medio Oriente) la retórica en contra del «narcoterrorismo» es solo eso: retórica. Esto se demuestra con el indulto trumpista al expresidente hondureño acusado de narcotráfico Juan Orlando Hernández. EE. UU. también admitió que el «Cartel de los Soles» no es una organización real, sino que es solo una «cultura de corrupción» en la que se encuentra el narcotráfico. Con ello, admite indirectamente que Maduro no fue líder de aquella organización, ya que la misma nunca existió. A su vez, esto implica que el argumento se utilizó como excusa para capturar ilegalmente a Maduro, tal y como ocurrió en Irak con la acusación sobre las «armas de destrucción masiva». Sumado a ello, en los archivos de Jeffrey Epstein se encuentra una acusación anónima sobre la participación de Trump en fiestas con miembros del Cartel de Sinaloa, lo que siembra dudas sobre su verdadera relación con grupos de narcotraficantes.

La intervención estadounidense en Venezuela no puede leerse, entonces, como un hecho aislado, sino como parte de una reconfiguración del intervencionismo en un contexto de crisis hegemónica y de disputa multipolar. En este escenario, Estados Unidos ha abandonado el discurso liberal con el que históricamente justificó su política exterior para asumir de forma abierta el uso de la fuerza como mecanismo de reafirmación de su dominio en el hemisferio occidental.

Lo relevante para el caso mexicano es que sectores de la oposición no solo no condenaron el hecho, sino que lo celebraron y lo incorporaron a su propio repertorio discursivo. La caracterización de México como un «narcoestado», la equiparación de Morena con el chavismo bajo la consigna de que es un gobierno «totalitario» y los llamados explícitos a la ayuda extranjera muestran que el caso venezolano funciona como un referente que legitima el pro-intervencionismo como alternativa política, ante la incapacidad de construir una base social amplia por la vía electoral. Así, Venezuela deja de ser un referente lejano para convertirse en un espejo que revela las tensiones internas de la política mexicana y los riesgos que implica la normalización de discursos que colocan a la soberanía nacional como un obstáculo prescindible en la disputa por el poder.