La flexibilización no crea empleo: disciplina al trabajo

Cada ofensiva neoliberal contra los derechos laborales se presenta con la misma promesa: crear empleo. El argumento es conocido. La desocupación sería consecuencia de un mercado «rigidizado», donde despedir resulta costoso, los convenios colectivos encarecen la contratación y la protección jurídica alimenta la supuesta «industria del juicio». La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en Argentina no se aparta de ese libreto. Bajo las consignas de «modernización» y «competitividad», se reproponen una tesis tan vieja como empíricamente frágil: que flexibilizar sería condición necesaria para, a la larga, generar empleo de calidad.

Sin embargo, cuando se examina la evidencia comparada, la relación entre desregulación laboral y creación de empleo resulta, como mínimo, ambigua. Países con altos niveles de protección al empleo han tenido desempeños laborales similares o mejores que otros que avanzaron agresivamente en la flexibilización. Incluso organismos poco sospechosos de simpatía con el intervencionismo estatal, como la OCDE, han reconocido que los efectos de la legislación protectora del empleo sobre el desempleo no muestran una correlación robusta ni lineal.

El caso argentino es ilustrativo. Durante los períodos de mayor liberalización —los años noventa bajo Carlos Menem, la gestión 2015-2019 de Mauricio Macri y el actual ciclo iniciado por Milei— no se registraron los picos históricos de creación de empleo, ni mucho menos. Por el contrario, esos momentos de grandes avances en la aplicación de políticas de flexibilización laboral estuvieron directamente asociados a procesos de desindustrialización, caída del consumo y destrucción acelerada de puestos de trabajo formales. En cambio, la etapa de mayor generación neta de empleo se produjo entre 2003 y 2015, bajo los gobiernos kirchneristas, cuando el desempleo descendió drásticamente desde los niveles posteriores a la crisis de 2001-2002 hasta ubicarse en un dígito; aunque con una tasa de informalidad que nunca bajó del 30%. Ese ciclo se desarrolló con paritarias activas, negociación colectiva por rama y, durante varios años, doble indemnización por despido sin causa. Incluso la gestión de Alberto Fernández, en el marco de la pandemia y con medidas como la doble indemnización y la prohibición transitoria de despidos, logró que el empleo registrado se recuperara y superara los niveles del final del período macrista, aunque en un contexto de fuerte deterioro del salario real e incremento de la informalidad.

La experiencia reciente refuerza el argumento. Desde el inicio del gobierno de Milei, el empleo privado registrado se estancó o retrocedió —con la pérdida de más de 280 mil puestos formales, según datos oficiales—, mientras crecieron las modalidades más precarias: el trabajo por «cuenta propia» y el empleo autónomo, en muchos casos vinculados a plataformas digitales. Se expandió el fenómeno del asalariado formal pobre y el pluriempleo como estrategia de supervivencia. La precarización del trabajo y la significativa pérdida de derechos no contribuyeron a reducir el desempleo estructural y, en cambio, profundizaron la inseguridad laboral. 

Desempleo y disciplina: el ejército industrial de reserva

La debilidad del argumento flexibilizador no es sólo empírica, sino teórica. Para la economía dominante, el desempleo es un desequilibrio causado por salarios demasiado altos o regulaciones excesivas. Sin embargo, el desempleo cumple una función estructural dentro del capitalismo.

Marx conceptualizó este fenómeno como «ejército industrial de reserva»: una masa de trabajadores desocupados o subocupados que presiona sobre quienes tienen empleo y limita su capacidad de negociación. La existencia de un contingente disponible no es una anomalía que el sistema tienda espontáneamente a eliminar, sino un mecanismo que contribuye a regular la acumulación y disciplinar la fuerza de trabajo.

Desde esta óptica, la flexibilización laboral no apunta primordialmente a crear empleo sino a reforzar esa disciplina. Y todos lo saben: funcionarios, parlamentarios y comunicadores a sueldo que repiten los argumentos oficiales sobre la necesidad de la reforma para crear empleo. Al abaratar el despido, fragmentar la negociación colectiva y expandir modalidades contractuales precarias, se amplía el margen de maniobra del capital en la relación salarial. La amenaza permanente de desempleo o degradación laboral se convierte en una herramienta de control.

La ofensiva contra los sindicatos

Sabemos que los sindicatos no son meros intermediarios salariales, sino instituciones de poder social que inciden sobre la distribución del ingreso, las condiciones de trabajo y, en última instancia, sobre el umbral socialmente aceptado de la rentabilidad. Por eso, cualquier proyecto que busque abaratar de manera duradera la fuerza de trabajo debe, necesariamente, debilitar la capacidad de organización, negociación y conflicto del sector gremial.

Por eso, las reformas laborales no se limitan a modificar indemnizaciones o plazos de prueba sino que buscan debilitar el poder colectivo del trabajo. La descentralización de la negociación colectiva —del nivel sectorial al empresarial o individual— fragmenta a los trabajadores y transforma una relación colectiva en una negociación asimétrica entre partes formalmente «libres» pero materialmente muy desiguales. Aunque algunos borradores iniciales de la reforma de Milei incluían la eliminación plena de la negociación por rama y de la obligatoriedad del aporte sindical, finalmente las negociaciones previas al tratamiento parlamentario lograron eliminar esos puntos. El objetivo estratégico, sin embargo, permanece.

Además de erosionar los mecanismos de financiamiento sindical —lo que, en el caso argentino, también implica poner en riesgo la cobertura de salud de millones de afiliados a las obras sociales—, se introducen una serie de figuras contractuales atípicas. La proliferación de trabajadores «independientes» con relaciones de dependencia encubierta reduce la densidad organizativa. A ello se suma una precarización generalizada: contratos temporales, tercerización, rotación constante, implementación del «banco de horas» y fragmentación de las vacaciones. Todo ello incrementa el temor al despido —que implicaría salir a buscar trabajo en un mercado laboral devastado— y disminuye la disposición al conflicto.

Este proceso no ocurre en abstracto. Incluso antes de la aprobación formal de la reforma, el clima de permisividad estatal generado por el gobierno de La Libertad Avanza estimuló prácticas empresariales más agresivas: incumplimientos salariales, presión para aceptar retiros «voluntarios», extensión de jornadas sin compensación alguna, no pago de las indemnizaciones correspondientes o pago en cuotas, etcétera. En simultáneo, el crecimiento del trabajo en plataformas como Uber, un refugio frente a los despidos masivos o un complemento ante salarios que ya no alcanza, naturalizó el pluriempleo. La coacción económica es cotidiana.

Aunque no estemos ante un pico de resistencia social al ajuste, la ofensiva flexibilizadora suele ir acompañada de mayor conflictividad y represión. La jornada de movilización de este miércoles 11 de febrero frente al Senado, con detenciones y un operativo represivo de gran envergadura, evidenció que el proyecto oficialista no avanza en un vacío social. Del mismo modo que la reforma no se impone sin coerción, tampoco se hace sin un endurecimiento del clima restrictivo sobre la expresión pública. No resulta casual, por lo tanto, que una parte del proyecto apunte a la eliminación de estatutos profesionales específicos, como el del periodista, reduciendo garantías sectoriales y debilitando la autonomía laboral en áreas estratégicas para el debate público, en un movimiento que afecta directamente la libertad de prensa.

Todos estos factores no constituyen efectos colaterales o indeseados de la reforma sino que son su objetivo central. Debilitar la capacidad de organización colectiva permite consolidar una redistribución regresiva del ingreso y recomponer la tasa de ganancia mediante mayor explotación. El desempleo y la precariedad no son simplemente fallas a corregir, sino instrumentos que modifican la correlación de fuerzas a favor del capital.

Productividad y estructura de acumulación

El argumento oficial en defensa del proyecto de reforma también invoca la baja productividad argentina. Es cierto que el país exhibe rezagos respecto de economías centrales, e incluso respecto a la región, pero atribuir esa brecha a la «rigidez laboral» constituye un importante salto ideológico.

La productividad de un país está ligada a la dinámica de la acumulación, a la inversión en capital fijo, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la transformación estructural de la economía. No aumenta simplemente porque se reduzcan derechos laborales. Si el patrón de acumulación se orienta hacia sectores extractivos, financieros o de baja densidad tecnológica, la flexibilización puede abaratar el trabajo pero no altera la estructura productiva.

Argentina presenta una matriz concentrada en actividades primarias o de escasa complejidad tecnológica. Incluso aquellos pocos sectores dinámicos de la economía nacional (finanzas, hidrocarburos, minería, actividades vinculadas al mercado agroexportador) no son los más intensivos en empleo e incluso en el último año han mostrado una reducción en cuanto a la cantidad de trabajadores que incorporan. Paralelamente, ramas industriales que históricamente han sido intensivas en generación de empleo —especialmente el sector de las pequeñas y medianas empresas— enfrentan cierres y suspensiones como consecuencia de la apertura indiscriminada de importaciones, el aumento de los costos productivos y la ausencia de financiamiento blando.

Reducir salarios puede elevar transitoriamente la rentabilidad empresarial, pero no garantiza un salto en productividad ni en inversión. Sin un cambio estructural en la estrategia de desarrollo, la flexibilización tiende a reforzar un círculo vicioso: bajos salarios, baja inversión, baja productividad.

El chantaje del empleo

El razonamiento neoliberal se completa con un chantaje explícito de la clase capitalista: o se aceptan peores condiciones laborales o habrá desempleo y desinversión. El capital puede procurar restaurar su rentabilidad mediante la reducción de costos laborales, pero nada lo obliga a reinvertir productivamente esos márgenes. Puede, en cambio, orientarlos hacia la valorización financiera, la fuga de capitales o la simple concentración patrimonial.

Mandel advertía que en fases de estancamiento, cuando las oportunidades de expansión son limitadas, el capital tiende a intentar recomponer la tasa de ganancia intensificando la explotación. Sin embargo, esa recomposición no implica automáticamente un nuevo ciclo expansivo. Puede traducirse en mayor desigualdad, precarización y polarización social sin resolver los problemas estructurales de acumulación.

La experiencia argentina reciente confirma esa lógica. Lejos de abrir un círculo virtuoso de inversión y creación de empleo, la precarización generó una recomposición regresiva de los ingresos y un debilitamiento de las protecciones laborales históricas.

La discusión, entonces, no es técnica sino política y estructural. La evidencia histórica muestra que, lejos de garantizar más empleo —y mucho menos empleo de calidad—, estas reformas neoliberales tienden a profundizar la asimetría en la relación entre capital y trabajo. Entender esa dinámica es el primer paso para desmontar la estafa conceptual que presenta la precarización laboral como sinónimo de modernización.

La flexibilización no es una política coyuntural, sino un mecanismo de reorganización del poder social en favor del capital en un contexto de estancamiento. La pregunta de fondo no es si creará empleo, sino qué tipo de sociedad se consolida cuando el trabajo pierde sus defensas colectivas y el capital amplía su margen de mando.