La reforma laboral no busca «crear empleo»

Cada ofensiva neoliberal contra los derechos laborales intenta justificarse con la misma promesa: es necesaria para acelerar la creación de empleo. El argumento es conocido. Dentro de ese esquema, la desocupación sería una consecuencia de un mercado «rigidizado», donde despedir resulta costoso, los convenios colectivos encarecen la contratación y la protección jurídica a los trabajadores alimenta la supuesta «industria del juicio». La reforma laboral impulsada por el gobierno argentino de Javier Milei, que en estos días acaba de recibir media sanción en el Senado, no se aparta de ese libreto. Sin cambiar demasiado el vocabulario respecto de las formulaciones de los años 90, la reforma laboral mileísta habla de «modernización» y «competitividad», reproponiendo una tesis tan vieja como empíricamente frágil: que flexibilizar es condición necesaria para generar trabajo.

El supuesto teórico es simple y profundamente ideológico. Se parte de la idea de que el empleador debería pagar únicamente por el tiempo estrictamente productivo ya que todo lo demás —vacaciones, licencias, cobertura por enfermedad, contribuciones patronales, indemnizaciones— se entiende como un «costo» que distorsiona el mercado laboral. La «aberración de la justicia social», como llegó a definirlo el propio presidente argentino. Desde esa óptica, la política económica se reduce a abaratar el precio de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, cuando se examina la evidencia comparada, la relación entre desregulación laboral y creación de empleo resulta, como mínimo, ambigua. Países con altos niveles de protección al empleo han tenido desempeños laborales similares o mejores que otros que avanzaron agresivamente en la flexibilización. Incluso organismos poco sospechosos de simpatía con el intervencionismo estatal, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han reconocido que los efectos de la legislación protectora del empleo sobre el desempleo no muestran una correlación robusta ni lineal.

El caso argentino es ilustrativo. Durante los períodos de mayor liberalización —los años noventa bajo Carlos Menem, la gestión 2015-2019 de Mauricio Macri y el actual ciclo iniciado por Milei— no se registraron los picos históricos de creación de empleo, ni mucho menos. Por el contrario, esos momentos de grandes avances en la aplicación de políticas de flexibilización laboral estuvieron directamente asociados a procesos de desindustrialización, de caída del consumo y de destrucción acelerada de puestos de trabajo formales y aumento de la precarización. En cambio, la etapa de mayor generación neta de empleo se produjo entre 2003 y 2015, bajo los gobiernos kirchneristas, cuando el desempleo descendió drásticamente desde los niveles posteriores a la crisis de 2001-2002 hasta ubicarse en un dígito (aunque con una tasa de informalidad que nunca bajó del 30%, también hay que decirlo). Ese ciclo pudo desarrollarse con paritarias activas, negociación colectiva por rama y, durante varios años, doble indemnización por despido sin causa. Hasta la lamentable gestión de Alberto Fernández, en plena pandemia y con reinstalación de la doble indemnización y prohibiciones temporales de despidos, logró una recuperación significativa del empleo respecto del período anterior (la administración macrista).

La experiencia reciente refuerza el argumento. Desde el inicio del gobierno de Milei, el empleo registrado privado se estancó o retrocedió (perdiéndose cerca de 300 mil puestos de trabajo registrados, según datos oficiales) mientras crecieron las modalidades más precarias: monotributistas y autónomos, en muchos casos vinculados al trabajo en plataformas. En ese contexto también se expandió el fenómeno del asalariado formal pobre y del pluriempleo como estrategia de supervivencia. La precarización del trabajo y la significativa pérdida de derechos no contribuyeron para nada a resolver el desempleo estructural, mientras se profundizaba la inseguridad laboral.

Desempleo y disciplina: el ejército industrial de reserva

La debilidad del argumento flexibilizador no es sólo empírica, sino teórica. Para la economía dominante, el desempleo es un desequilibrio causado por salarios demasiado altos o regulaciones excesivas. Desde una perspectiva marxista, en cambio, el desempleo cumple una función estructural dentro del capitalismo.

Marx conceptualizó este fenómeno como «ejército industrial de reserva»: una masa de trabajadores desocupados o subocupados que presiona sobre quienes tienen empleo y limita su capacidad de negociación. La existencia de un contingente disponible no es una anomalía que el sistema tienda espontáneamente a eliminar, sino un mecanismo que contribuye a regular la acumulación y disciplinar la fuerza de trabajo.

Desde esta óptica, la flexibilización laboral no apunta primordialmente a crear empleo sino a reforzar esa disciplina. Y todos lo saben: funcionarios, parlamentarios y comunicadores a sueldo que repiten los argumentos oficiales. Al abaratar el despido, fragmentar la negociación colectiva y expandir modalidades contractuales precarias, se amplía el margen de maniobra del capital en la relación salarial. La amenaza permanente de desempleo o degradación laboral se convierte en una herramienta de control.

Este punto es decisivo. Las grandes expansiones del empleo en el siglo XX no fueron el resultado mecánico de la desregulación, sino de configuraciones históricas específicas. Pretender replicar esos resultados mediante la simple reducción de derechos laborales implica confundir condiciones excepcionales de acumulación con una receta simple y universal, algo que puede servir en términos comunicacionales pero que no generará los resultados prometidos.

La ofensiva contra los sindicatos

Sabemos que los sindicatos no son meros intermediarios salariales, sino instituciones de poder social que inciden sobre la distribución del ingreso, las condiciones de trabajo y, en última instancia, sobre el umbral socialmente aceptado de la rentabilidad. Por eso, cualquier proyecto que busque abaratar de manera duradera la fuerza de trabajo debe, necesariamente, debilitar la capacidad de organización, negociación y conflicto del sector gremial, por desprestigiado que se encuentre en la actualidad.

Por eso, las reformas laborales no se limitan a modificar indemnizaciones o plazos de prueba sino que buscan debilitar el poder colectivo del trabajo. La descentralización de la negociación paritaria —del nivel sectorial al empresarial o individual— fragmenta a los trabajadores y transforma una relación colectiva en una negociación asimétrica entre partes formalmente «libres» pero materialmente muy desiguales. Aunque algunos borradores iniciales de la reforma de Milei incluían la eliminación de la negociación por rama y de la obligatoriedad del aporte sindical, finalmente las negociaciones previas al debate parlamentario lograron eliminar esos puntos. El objetivo estratégico, sin embargo, permanece.

Además de erosionar los mecanismos de financiamiento sindical (lo que en el caso argentino también implica poner en riesgo la salud de millones de afiliados a las obras sociales sindicales), las reformas neoliberales también suelen implementar toda una serie de figuras contractuales atípicas. La proliferación de trabajadores «independientes» con relaciones de dependencia encubierta reduce la densidad organizativa. A ello se suma una precarización generalizada en el marco de la que los contratos temporales, la tercerización y la rotación constante, la implementación del «banco de horas» y la fragmentación de las vacaciones no hacen más que incrementar el miedo a un despido que implicaría salir a buscar trabajo en un mercado laboral devastado, disminuyendo así la disposición al conflicto.

Este proceso no ocurre en abstracto. En Argentina, incluso antes de la aprobación formal de la reforma, el clima de permisividad estatal generado por el gobierno de La Libertad Avanza estimuló prácticas empresariales más agresivas: incumplimientos salariales, presión para aceptar retiros «voluntarios», extensión de jornadas sin compensación alguna, no pago de las indemnizaciones correspondientes o pago en cuotas, etcétera. En simultáneo, el crecimiento del trabajo en plataformas como Rappi o Uber, un refugio frente a los despidos masivos o un complemento ante salarios que ya no alcanza, naturalizó el pluriempleo. La coacción económica es cotidiana.

Aunque no estemos en un pico de resistencia social al ajuste, la ofensiva flexibilizadora suele ir acompañada de una mayor conflictividad social y represión. La jornada de movilización de este miércoles 11 frente al Senado, con decenas de detenciones y represión generalizada por la aplicación del llamado «protocolo antipiquetes», evidenció que el proyecto oficialista no avanza en un vacío social. Así como se dice que la reforma no pasa sin violencia, tampoco lo hace sin un incremento de la manipulación mediática y la censura. Por eso, no resulta casual que una parte de la iniciativa de reforma apunte a la eliminación de estatutos profesionales específicos, como el del periodista, lo que reduce garantías sectoriales y debilita la autonomía laboral en áreas estratégicas para el debate público, en un ataque directo contra la libertad de prensa.

Todos estos factores no constituyen efectos colaterales o indeseados de la reforma sino que son su objetivo central. Debilitar la capacidad de organización colectiva permite consolidar una redistribución regresiva del ingreso y recomponer la tasa de ganancia mediante mayor explotación relativa o absoluta. El desempleo y la precariedad no son simplemente fallas a corregir, sino instrumentos que modifican la correlación de fuerzas en favor del capital.

Productividad y estructura de acumulación

El argumento oficial en defensa del proyecto de reforma también invoca la baja productividad argentina. Es cierto que el país exhibe rezagos respecto de economías centrales, pero atribuir esa brecha a la «rigidez laboral» constituye un importante salto ideológico.

Argentina presenta una matriz concentrada en actividades primarias o de escasa complejidad tecnológica. Incluso aquellos pocos sectores dinámicos de la economía nacional (finanzas, hidrocarburos, minería, actividades vinculadas al mercado agroexportador) están lejos de ser los más intensivos en empleo e incluso en el último año han mostrado una reducción en cuanto a la cantidad de trabajadores que incorporan. Paralelamente, las ramas industriales que históricamente generaron más trabajo, especialmente el sector de las pequeñas y medianas empresas, enfrentan cierres (más de 20 mil en los dos años de gestión de Milei) y suspensiones ante la indiscriminada apertura importadora, el aumento de los costos productivos y la falta de financiamiento blando, impulsando así la reconversión de muchas industrias hacia la pura especulación financiera.

Reducir salarios puede elevar transitoriamente la rentabilidad empresarial, pero no garantiza un salto en productividad ni en inversión. Sin un cambio estructural en la estrategia de desarrollo, la flexibilización tiende a reforzar un círculo vicioso: bajos salarios, baja inversión, baja productividad.

El razonamiento neoliberal se completa con un chantaje explícito: o se aceptan peores condiciones laborales o habrá desempleo y desinversión. Este dilema no es una ley económica ineluctable sino una relación de poder. El capital puede intentar restaurar su rentabilidad reduciendo costos laborales, pero nada lo obliga a reinvertir productivamente esos márgenes. Puede optar por la valorización financiera, la fuga de capitales o la simple concentración patrimonial.

En fases de estancamiento, cuando las oportunidades de expansión son limitadas, el capital tiende a intentar recomponer la tasa de ganancia intensificando la explotación. Sin embargo, esa recomposición no implica automáticamente un nuevo ciclo expansivo. Puede traducirse en mayor desigualdad, precarización y polarización social sin resolver los problemas estructurales de acumulación.

La experiencia argentina reciente confirma esa dinámica, ya que, lejos de abrir un círculo virtuoso de inversión y creación de empleo, los avances precarizadores generaron una recomposición regresiva de los ingresos y un debilitamiento de las protecciones laborales históricas.

La flexibilización no fracasa porque esté mal diseñada, ni deja de crear empleo por un error técnico de diagnóstico. En contextos de estancamiento o baja acumulación, su función objetiva no es expandir el empleo sino recomponer la rentabilidad mediante la reducción del costo laboral y la intensificación de la explotación. La disciplina sobre la fuerza de trabajo no es un efecto colateral, sino el mecanismo a través del cual el capital intenta restaurar sus márgenes en ausencia de un nuevo ciclo expansivo.

La discusión, entonces, no es técnica sino política y estructural. La evidencia histórica muestra que, lejos de garantizar más empleo, estas reformas neoliberales apuntan a aumentar la asimetría en la relación capital-trabajo. Entender esa dinámica es el primer paso para desmontar esa inmensa estafa conceptual que presenta a la precarización laboral como sinónimo de modernización.