Lejos de estabilizar la economía argentina, el rescate de Trump profundiza la dependencia del país respecto del capital extranjero y aumenta la probabilidad de otro default. (Chip Somodevilla / Getty Images)
Durante la reciente parálisis del gobierno estadounidense por falta de presupuesto, el presidente Donald Trump anunció un rescate de 20 mil millones de dólares para la Argentina. El acuerdo parece ser un favor personal al presidente argentino Javier Milei y representar un esfuerzo por internacionalizar el movimiento MAGA («Make America Great Again») antes que un acuerdo económico convencional.
Lejos de estabilizar la frágil economía argentina, el rescate corre el riesgo de profundizar la dependencia del país respecto del capital extranjero y aumentar la probabilidad de otra suspensión de pagos soberana en los próximos años.
La crisis argentina, marcada por la inflación, la fuga de capitales y los reiterados ciclos de endeudamiento, refleja debilidades estructurales que se arrastran desde hace décadas. Este rescate refuerza el control financiero y político de Washington sobre el país, y pone en evidencia la necesidad de una alianza internacional progresista capaz de frenar estos ciclos destructivos y defender las necesidades de los trabajadores más allá de las fronteras.
Otros académicos han extendido este concepto en la era de la globalización financiera. El artículo de Alberto Botta de 2015, «The Macroeconomics of a Financial Dutch Disease», destaca cómo la inversión extranjera directa en recursos naturales puede apreciar el tipo de cambio mediante entradas de capital a corto plazo, lo que a menudo genera volatilidad del tipo de cambio e inestabilidad macroeconómica. El libro de José Ocampo de 2020 aplica este concepto a América Latina y analiza las consecuencias del «dominio externo», en el que la dinámica macroeconómica a corto plazo viene determinada por perturbaciones externas —positivas o negativas— como las variaciones en los precios de las materias primas o las fluctuaciones en los tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como era de esperar, estos ciclos a corto plazo ponen en peligro la dinámica a largo plazo.
En la Argentina, el reciente auge de las inversiones en petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta, junto con el crecimiento del litio y otros minerales críticos, ha reactivado el debate sobre la posibilidad de un escenario de Dutch Desease. Si bien eso todavía no parece haberse materializado, existe una marcada dominación externa, acompañada por una fuerte preferencia de los agentes económicos por activos denominados en moneda extranjera (lo que suele denominarse «dominancia financiera»). A este fenómeno, llamémoslo simplemente enfermedad del dólar o ED.
La ED es un fenómeno económico en el que la moneda nacional carece de la confianza del público como reserva de valor debido a períodos inflacionarios recurrentes y graves. Como resultado, la demanda del dólar estadounidense sigue siendo alta y es muy sensible a cualquier acontecimiento económico o político.
En la posguerra, economistas como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Marcelo Diamand y otros desarrollaron la «teoría estructuralista». Intentaron explicar por qué las economías latinoamericanas se enfrentaban regularmente a problemas de balanza de pagos: las tasas de crecimiento de las importaciones tendían a ser más altas que las de las exportaciones debido a la limitada diversificación de la industrialización y a la dependencia de los bienes intermedios importados.
El Consenso de Washington de la década de 1990 aceleró la financiarización de estas economías, caracterizadas por altos niveles de deuda externa. La crisis financiera internacional de 2008 hizo que los mercados emergentes fueran mucho más sensibles a los movimientos de las grandes finanzas: movimientos de huida hacia la calidad (cuando los inversores huyen de los activos de riesgo en busca de otros más seguros durante las turbulencias del mercado), volatilidad de las bolsas, guerra de divisas y una mayor incertidumbre en los mercados mundiales. Como resultado, la debilidad estructural de las economías periféricas se agravó en la era de las finanzas globales.
Si bien Argentina compartió esta dinámica con el resto de la región, también desarrolló características específicas que justifican denominar su condición como «enfermedad del dólar». En la década de 1990, el país implementó un tipo de cambio fijo vinculado al dólar estadounidense, una política que finalmente terminó en una enorme crisis financiera, económica y social en 2001. A raíz de ello, el sector financiero argentino se mantuvo estable, pero con una capacidad débil para proporcionar crédito al sector privado. A pesar de los años de crecimiento posteriores, ha persistido la preferencia por ahorrar e invertir en activos denominados en dólares estadounidenses. De hecho, se estima que los residentes argentinos tienen 20 mil millones de dólares en cuentas en el extranjero.
Hacer frente a la ED requiere un amplio consenso político y social para preservar y reconstruir la moneda nacional, algo de lo que Argentina ha carecido durante los últimos veinticinco años. Los gobiernos progresistas responden a la ED aplicando regulaciones cambiarias y limitando el acceso a los dólares estadounidenses, al tiempo que despliegan estrategias de sustitución de importaciones. Los gobiernos neoliberales, por su parte, prefieren abrir los mercados cambiarios y financiar la demanda de dólares estadounidenses con deuda externa.
Entre tanto, millones de argentinos sufren las devaluaciones periódicas del peso, que desencadenan inflación y recesión, afectando más duramente a las personas más vulnerables. Además, la deuda externa suele ir acompañada de medidas de austeridad y programas de desregulación, lo que limita aún más el acceso a la vivienda, la educación y los servicios de salud para la mayoría.
La pandemia de COVID-19 obligó al gobierno peronista a apoyar a las familias y las empresas, lo que aumentó el déficit fiscal, que se cubrió mediante una forma de flexibilización cuantitativa necesaria debido al acceso limitado a los mercados internacionales. La elevada deuda externa, los persistentes déficits fiscales y comerciales —agravados por una importante sequía— y la creciente brecha cambiaria entre los mercados oficiales y financieros empujaron la inflación anual de Argentina por encima del 200% en 2023.
El entorno de alta inflación aseguró la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de 2023, en las que se presentó con un programa populista centrado en estrictas medidas de austeridad —a las que el entonces candidato llamaba «motosierra»— que, según él, permitirían controlar la inflación.
Milei asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023 y, tres días después, llevó a cabo una megadevaluación, pasando el tipo de cambio de 366,50 pesos a 799,98 pesos por dólar. El efecto de la devaluación en los precios al consumo fue absorbido por los salarios nominales en pesos, lo que provocó una fuerte pérdida de ingresos reales. La recesión resultante contribuyó a la reducción de la inflación. Sin embargo, tras el aumento inicial, el gobierno adoptó un sistema de tipo de cambio fijo con ajuste gradual, en el que el Banco Central permite que la moneda se deprecie de manera lenta pero sostenida en lugar de mediante devaluaciones bruscas y puntuales, con el fin de moldear las expectativas de inflación y reducir las perturbaciones del mercado, para asegurar la confianza y estabilizar la inflación mensual en torno al 2%.
El modelo económico de la motosierra va más allá del ajuste. Podríamos resumir sus características principales en cinco rasgos clave: liberalización de la economía y reducción significativa del rol del Estado; dependencia del tipo de cambio y de las tasas de interés como estabilizadores financieros; valorización financiera; concentración de mercado; y consolidación fiscal, lograda mediante recortes salariales, de pensiones y de transferencias sociales.
Pero, como ilustra la ED, este modelo requiere más dólares estadounidenses para impulsar la economía. En 2024, el gobierno implementó un régimen que permitió a los residentes argentinos repatriar más de 32 mil millones de dólares provenientes de actividades previamente no declaradas. En 2025, el gobierno solicitó fondos adicionales al FMI (otros 20 mil millones, de los cuales más de 14 mil millones ya fueron desembolsados). Como resultado, la Argentina debe actualmente la extraordinaria suma aproximada de 57,2 mil millones de dólares al organismo.
Mientras tanto, la posición política de Milei se ha debilitado, lo que socava un modelo económico basado en la confianza y las expectativas. En las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre, el partido de Milei perdió por más de 14 puntos. Y en las próximas elecciones legislativas nacionales, se espera que el gobierno gane, como mucho, cinco de los veinticuatro distritos, perdiendo el resto frente a gobernadores opositores que cuestionan cada vez más la capacidad del presidente para gobernar.
Por su parte, el Congreso ha rechazado muchas de las propuestas del gobierno nacional. Recientemente aprobó cuatro leyes importantes que declaraban emergencias fiscales para personas con discapacidad y para los servicios de salud pediátrica, junto con un bono para jubilados y un estímulo fiscal para las universidades. El gobierno vetó las cuatro en nombre de su compromiso con el superávit fiscal y la agenda de la «motosierra». El Congreso logró anular los vetos sobre la financiación universitaria y la atención pediátrica por amplias mayorías, y anteriormente había revertido también el veto a los beneficios para personas con discapacidad; sin embargo, el intento de revocar el veto presidencial sobre el bono a jubilados no tuvo éxito en la cámara baja.
Milei también se enfrenta a una serie de graves acusaciones de corrupción. Entre ellas se encuentra el soborno dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde una filtración de audio implicaba a altos funcionarios —entre ellos la hermana de Milei, Karina— en comisiones ilegales por contratos farmacéuticos. Casi un centenar de muertes se han relacionado con el fentanilo contaminado, en medio de acusaciones de retraso en la actuación de las autoridades sanitarias.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, vio cómo la empresa familiar recibía un polémico contrato multimillonario del Banco Nación, lo que suscitó sospechas de nepotismo. Milei también respaldó públicamente la estafa de la criptomoneda $LIBRA, lo que se suma a varios otros escándalos, entre los que se incluye equipaje sin inspeccionar llegando al país en vuelos privados y aportes salariales obligatorios de los empleados públicos a operadores políticos. Uno de los casos más dañinos involucra a José Luis Espert, aliado de Milei y candidato principal en la provincia de Buenos Aires, acusado de lavar dinero vinculado a una red de narcotráfico.
Fue en este contexto que el equipo económico liderado por Luis «Toto» Caputo recurrió a su amigo Scott Bessent en busca de ayuda. Existen al menos cinco razones por las que, sin apoyo político, esta maniobra podría terminar en otro cese de pagos soberano para la Argentina.
En primer lugar, Argentina tiene reservas internacionales limitadas. A principios de 2025, el Banco Central de Argentina (BCRA) tenía reservas netas de alrededor de -6000 millones de dólares, que desde entonces han caído aproximadamente hasta los -9000 millones. Aunque las reservas brutas han mejorado ligeramente, siguen siendo insuficientes para cumplir con las obligaciones externas. El gobierno no ha logrado reconstruir las reservas en medio de las presiones del carry trade (entradas especulativas a corto plazo que buscan rendimientos con altos intereses), el aumento de la deuda en pesos indexada al dólar y su decisión de evitar la compra de dólares durante las liquidaciones de exportaciones para contener el tipo de cambio y la inflación antes de las elecciones. El régimen de banda cambiaria introducido en abril de 2025 permite que el peso fluctúe entre 900 y 1500 pesos por dólar estadounidense, con ajustes mensuales. Sin embargo, este sistema limita la capacidad del banco central para comprar dólares a tipos favorables, especialmente cuando el peso cotiza cerca del techo, lo que restringe su capacidad para fortalecer las reservas durante los períodos de apreciación de la moneda nacional.
En segundo lugar, Argentina se enfrenta a importantes riesgos de refinanciación de la deuda. Si el Tesoro y el Banco Central no logran refinanciar sus obligaciones, podrían enfrentarse a decenas de miles de millones en pagos de capital e intereses antes de que finalice el mandato de Milei, una cantidad que podría fácilmente provocar otro impago. Al mismo tiempo, el superávit comercial se ha visto comprometido debido al tipo de cambio artificialmente bajo, que desincentiva las exportaciones e incentiva las importaciones.
En tercer lugar, Argentina se encuentra al borde de una grave crisis social alimentada por las medidas de austeridad, los despidos masivos y los recortes en las pensiones. Los sindicatos, especialmente la Confederación General del Trabajo (CGT), siguen estando muy organizados y siendo muy influyentes. Con unas tasas de pobreza que superan el 50%, es probable que se produzcan nuevos disturbios si el gobierno continúa con su agresiva consolidación fiscal.
En cuarto lugar, el acuerdo de swap de divisas por valor de 20 mil millones de dólares entre Estados Unidos y Argentina proporciona liquidez a corto plazo y ayuda a estabilizar el peso, pero carece de apoyo bipartidista en ambos países. En Argentina, los críticos lo consideran un salvavidas político para el presidente Milei de cara a las inminentes elecciones de medio término. En Estados Unidos, los legisladores demócratas han condenado la medida como favoritismo político.
En quinto lugar, el programa económico de Milei, marcado por la recesión, los despidos y la dependencia del dólar, corre el riesgo de socavar la balanza comercial de Argentina. A pesar del superávit comercial nominal, la cuenta corriente sigue siendo deficitaria debido a las enormes obligaciones del servicio de la deuda. La recesión reduce la capacidad de exportación y el consumo interno, lo que limita los dólares que Argentina puede ganar. Esto se hace eco de la advertencia que hiciera el fallecido expresidente Néstor Kirchner: sin crecimiento y estabilidad social, el pago de la deuda se vuelve insostenible.
Además, la preferencia por ahorrar en dólares estadounidenses, una característica distintiva de la ED, podría acelerar el camino hacia el default. Dicho de otro modo, prestar más dinero a un deudor bajo estrés financiero puede solo aumentar las probabilidades de que incumpla. La pregunta es si este rescate representa un esfuerzo genuino por ayudar al país o si simplemente constituye una oportunidad para que fondos privados saquen su dinero de Argentina a bajo costo, dejando a los inversores institucionales (el FMI y el Tesoro de Estados Unidos) dentro de la nación con el objetivo de imponer su propia agenda económica y geopolítica.
La evidencia de otros casos de sobreendeudamiento —en los que la deuda se aproxima al 100% del PIB, las obligaciones externas son elevadas y las reservas del banco central se agotan— demuestra que la reestructuración de la deuda es necesaria. El alivio de la deuda podría seguir el ejemplo del recorte soberano de Grecia en 2010. Sin embargo, antes de que eso ocurra, las instituciones financieras internacionales y, en este caso, el dinero de los contribuyentes estadounidenses, deben dejar de utilizarse para garantizar los rendimientos de los fondos de inversión de Wall Street y el capital buitre en el mercado argentino.
Una alternativa progresista se basaría en los siguientes principios. En primer lugar, el dinero del Tesoro de Estados Unidos no puede utilizarse para comprar bonos argentinos ni para proveer dólares baratos a argentinos ricos que buscan sacar su dinero del país. Una depreciación controlada de la moneda podría ser inevitable. Segundo, es necesario un alivio significativo de la deuda, y el FMI debe reconocer sus propios errores aceptando una quita tanto de capital como de intereses. Argentina debería pagar únicamente el monto compatible con su cuota en el FMI —no más de 25 mil millones de dólares. Tercero, Estados Unidos debería apoyar a la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
En cuarto lugar, no debería prohibirse la inversión china en el país, pero es fundamental una mayor transparencia y cooperación regional en toda América. Quinto, Estados Unidos podría ayudar a los productores argentinos reduciendo los aranceles y comprometiéndose a transferir tecnología en áreas de interés común como el gas, el petróleo, los minerales, la energía y las infraestructuras digitales. Por último, Estados Unidos podría fomentar una unión monetaria a nivel del Mercosur para ayudar a poner fin a la ED y reforzar el papel de Brasil en el desarrollo regional.
Argentina necesita inversión extranjera, intercambio tecnológico y acceso a nuevos mercados. Pero estos objetivos deben perseguirse en consonancia con la soberanía nacional y el bienestar de su pueblo.
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