Donald Trump está financiando el plan de ajuste de Javier Milei

El artículo a continuación forma parte de la serie Situación latinoamericana y elecciones Argentina 2025, una colaboración entre Revista Jacobin y la Fundación Rosa Luxemburgo.

 

El presidente argentino Javier Milei tuvo mucho que celebrar durante su reciente visita a Washington, DC. Mientras los estadounidenses enfrentan a un cierre gubernamental en curso, despidos masivos en el sector federal y recortes inminentes en la red de seguridad social que podrían sumir a millones de personas en la pobreza, la administración Trump prometió 20 mil millones de dólares para rescatar la maltrecha economía argentina. Un gran favor para Milei, que en pocas horas enfrenta unas elecciones de medio término en las que la crisis económica amenaza con arruinar las posibilidades de su partido.

La inyección masiva de dólares podría calmar a algunos inversores, pero para la clase trabajadora argentina el acuerdo parece otra cínica estratagema política en una larga tradición de rescates extranjeros perjudiciales. La advertencia del presidente Donald Trump de que la inversión podría no llevarse a cabo si «gana un socialista o un comunista» en las próximas elecciones de Argentina no hace más que confirmar las motivaciones políticas que hay detrás del rescate.

Ajuste hemisférico

Estados Unidos quiere que la noticia del rescate «calme la crisis económica y ayude políticamente para que haya un resultado relativamente favorable para el gobierno, que permita a Milei llevar a cabo reformas estructurales», explica Julio Gambina, de la Mesa Nacional de Coordinación de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. En la jerga de las finanzas internacionales, las reformas o «ajustes estructurales» suelen significar privatización y recortes significativos en el gasto social y los programas públicos.

El mandato de Milei ha sido desastroso para los jubilados argentinos. Su plan de ajuste sistemático ha dejado a los jubilados del país con una pensión media mensual de alrededor de 385 mil pesos, el equivalente a unos 280 dólares. Esa cifra está por debajo del umbral de la pobreza y, según los estudios, solo representa un tercio del monto necesario para cubrir las necesidades básicas. Casi el 20% de los adultos mayores que cobran una jubilación en Argentina deben trabajar para llegar a fin de mes.

Los recortes también han afectado al programa médico público para personas mayores, el PAMI, que ya no cubre el 100 % del costo de muchos medicamentos necesarios, a pesar de que los trabajadores han cotizado al programa durante toda su vida laboral.

El Instituto de Estudios Políticos, mi organización, ha reconocido recientemente al grupo de jubilados argentinos con su premio anual Letelier-Moffitt de Derechos Humanos por plantar cara a la austeridad. Marcos Wolman, veterano líder del movimiento, que cumplirá noventa años en noviembre, aceptó el galardón en nombre de la organización.

Sin embargo, su lucha no comenzó con el gobierno de Milei, sino que sus orígenes se remontan a las luchas contra el ajuste de principios de la década de 1990. De hecho, mientras tres de sus representantes recibían el premio en Washington D. C., el resto de la organización se encontraba frente al Congreso argentino, participando en las protestas semanales que la Mesa Coordinadora realiza todos los miércoles, que ya suman más de 1750.

Estas concentraciones pacíficas de jubilados frente al Congreso han sido objeto de una represión sorprendente teniendo en cuenta la edad de la mayoría de los participantes. Un protocolo gubernamental de 2023 dio luz verde a las fuerzas de seguridad federales —normalmente encargadas de patrullar las fronteras— para utilizar gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Los jubilados con los que hablé me contaron que algunos de sus compañeros octogenarios han sido golpeados con porras.

Pero bajo el gobierno de Milei, estas protestas han pasado a involucrar a sectores mucho más amplios que solo los jubilados, porque los perjuicios de sus recortes no terminan ahí. Por ejemplo, a principios de este año, Milei eliminó las pensiones de 110 mil argentinos discapacitados que no podían acceder al sistema a través del trabajo. Otra ley eliminó el acceso subvencionado al transporte público, la terapia y la educación para las personas con discapacidad.

La caballería

Estos recortes en el gasto social hicieron que algunos indicadores económicos convencionales mejoraran. En 2024, el déficit fiscal del 5% del año anterior se convirtió en un superávit del 0,3%. La inflación también ha caído, por debajo del 40%. Por supuesto, el ajuste responsable de esas mejoras se produjo a expensas del gasto en educación, vivienda y jubilados. Y tras los malos resultados del partido de Milei en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, los inversores comenzaron a temer que Milei no pudiera llevar a cabo sus planes. Entonces llegó la caballería.

A principios de octubre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos proporcionaría una línea de swap de divisas de 20 mil millones de dólares al Banco Central de Argentina, esencialmente intercambiando dólares estadounidenses estables por pesos volátiles. Bessent sugirió más tarde que la administración Trump estaba considerando duplicar esta cantidad a 40 mil millones de dólares, recurriendo a fuentes privadas.

Este esfuerzo combinado del gobierno y el sector privado ha suscitado la preocupación de que los inversores estén aprovechando la crisis de Argentina para saquear los recursos naturales: «No se trata solo de un compromiso del gobierno de Trump, sino también del sector privado de la economía estadounidense, que está interesado en la energía, la tierra, el agua potable y los minerales de Argentina, todos ellos asociados a la innovación en inteligencia artificial», explicó Gambina.

Pero Estados Unidos no es la única potencia occidental que interviene para mantener a flote la agenda libertaria de Milei. En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo de 20 mil millones de dólares, que se suma a los 43 mil millones que Argentina aún debe.

Argentina tiene una larga historia con el FMI, al que se unió formalmente en septiembre de 1956. El acuerdo de abril fue el vigésimo tercer paquete de ayuda a Argentina, lo que consolidó su condición de mayor prestatario de la institución. Los más de 60 mil millones de dólares que debe Argentina son casi cuatro veces más que los del segundo mayor prestatario del FMI, Ucrania, un país en medio de una guerra prolongada.

Estos fondos han servido de poco para ayudar al pueblo argentino. «Ese dinero entrará en el Banco Central de Argentina, pero solo servirá para la fuga de capitales», afirmó Gambina. Es probable que el dinero procedente de Estados Unidos, por ejemplo, enriquezca generosamente al aliado de Bessent y gestor de fondos de cobertura multimillonario Rob Citrone, un gran inversor en bonos y acciones argentinas.

Las potencias occidentales no ocultan las motivaciones políticas que hay detrás de estos rescates. En 2020, Mauricio Claver-Carone, asesor de Trump para América Latina y director ejecutivo de Estados Unidos en el FMI, afirmó que «todo lo que Trump hizo en el FMI fue para ayudar a [el presidente conservador argentino Mauricio] Macri y evitar que el peronismo volviera a la Casa Rosada».

Una deuda impagable

Más allá de los beneficios políticos, la ayuda a Argentina encaja en un proyecto más amplio de recortes en los servicios sociales impulsado por Trump, Milei y organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

El dinero del FMI viene con condiciones que, en la práctica, exigen austeridad. Estas condiciones han dictado el programa de ajustes estructurales de Argentina desde que el fondo le concedió 45 mil millones de dólares en 2018. Entre la elección de Milei en 2023 y finales de 2025, según un análisis del Proyecto Bretton Woods, el gasto social se redujo en un 17%, mientras que los programas medioambientales quedaron mermados.

Al mismo tiempo, los pagos a los acreedores hicieron que la deuda pública se redujera en un 21% y que los presupuestos de seguridad del Estado se dispararan. «Esto revela una jerarquía de prioridades: primero los acreedores, después la población y los ecosistemas», concluye el análisis. «La deuda con el FMI es un condicionante permanente de la vida económica, social y política de nuestro país», afirma Wolman, jubilado de casi noventa años. «Esta deuda no se puede pagar, es una deuda impagable, independientemente de los ajustes que se hagan», dijo Wolman.

El grupo de jubilados afirma que ya es hora de que la Argentina reconsidere su deuda externa. Plantean no solo rechazar nuevos préstamos, sino suspender los pagos y abrir una investigación sobre el origen de la deuda para determinar su legitimidad. A esta postura deberían sumarse también organizaciones de Estados Unidos, cuyo propio Tesoro está siendo utilizado —en un contexto de ajuste, despidos y creciente autoritarismo— para apuntalar a un líder de ultraderecha en el exterior que se encuentra en crisis.