El problema de la extrema derecha en España

La secuencia es muy familiar. Alguien comete un delito, la extrema derecha lo aprovecha como supuesta prueba de sus teorías racistas sobre los orígenes de la delincuencia, se ataca a un grupo concreto en las redes sociales y comienza la violencia, a menudo alimentada por figuras conservadoras del parlamento. Esto ocurrió en el Reino Unido durante el verano de 2024 y en la región de Murcia, en España, en julio. El pretexto fue la agresión a un hombre de la localidad de Torre Pacheco, en el sureste de la península ibérica. El resultado, varios días de ataques contra los residentes de origen magrebí de la localidad, llevados a cabo por cientos de militantes de extrema derecha que acudieron desde otras zonas.

La violencia en Torre Pacheco (una localidad de 40.000 habitantes), que comenzó el 11 de julio, se produjo tras varios incidentes similares, aunque menos graves. Apenas unos días antes, Sabadell, un barrio obrero de Barcelona, había sido escenario de varias noches de ataques racistas contra residentes migrantes, desencadenados por una protesta contra la inseguridad supuestamente causada por okupas de origen extranjero. Esa misma semana, una mezquita de la localidad de Piera, cerca de Barcelona, fue incendiada justo antes de su inauguración.

La islamofobia y el racismo contra los trabajadores de Marruecos y otros países del norte de África son las formas más comunes de racismo en España. En años anteriores se habían producido ataques contra centros que acogían a menores migrantes no acompañados, especialmente en Cataluña y la región de Madrid. Sin embargo, la serie de incidentes racistas de este verano marca un cambio cualitativo, ya que revela que la extrema derecha ha optado por la estrategia de la propaganda racista a través de la violencia.

El 9 de julio, un hombre de la localidad de Torre Pacheco fue agredido, presuntamente por un grupo de jóvenes de origen magrebí. Poco después, comenzaron a circular en grupos de Telegram de extrema derecha y neonazis supuestas imágenes de la agresión, aunque en realidad los vídeos mostraban otras agresiones, entre ellas una en México sin motivo aparente y la paliza a una persona sin hogar.

La desinformación y los llamados a la violencia racista se extendieron rápidamente desde foros extremistas cerrados a las principales redes sociales, donde miembros de Vox —el partido de extrema derecha español, que ocupa 33 de los 350 escaños del Parlamento— junto con el eurodiputado Alvise Pérez y provocadores de derecha utilizaron el incidente para difundir consignas como «Más muros, menos moros». El llamado a la acción provino del canal de Telegram de un grupo neonazi llamado «Deportadlos ya», que incitó a una «caza» para «enviar a los agresores con Alá». El grupo, poco conocido en España hasta hace poco, ha promovido abiertamente imágenes y consignas nazis.

Pero esta incitación a la violencia podría no haber ganado fuerza sin el apoyo implícito de Vox, que también ha formado coaliciones con el conservador Partido Popular (PP) en varios gobiernos regionales y locales. En un país donde las opiniones contrarias a la inmigración aún no son tan mayoritarias como en otros lugares de Europa, Vox suele enmascarar su racismo con una retórica más aceptable. Esta vez, sin embargo, su mensaje era casi indistinguible del de los grupos neonazis que incitaban a la violencia. De hecho, el líder de Vox, Santiago Abascal, avivó las llamas publicando un vídeo en el que afirmaba que «España está sufriendo una brutal invasión migratoria».

La «caza» racista en Torre Pacheco tuvo lugar pocos días después de que la diputada de Vox Rocío de Meer pidiera la deportación de «ocho millones de personas», un proceso de «reemigración» que incluiría a «la segunda generación», porque «no se han adaptado a nuestras costumbres y, en muchos casos, han contribuido a la inseguridad». Esta propuesta abiertamente racista se hace eco de un plan discutido en secreto en 2023 por empresarios alemanes, neonazis y miembros de Alternative für Deutschland (AfD) para organizar una deportación masiva desde Alemania, lo que causó un escándalo.

Una «caza» de migrantes impulsada por políticos de traje y corbata

La violencia comenzó el 11 de julio, tras una manifestación organizada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco (dirigido por el PP) para condenar la agresión al pensionista español. Sobra aclarar que ni las autoridades locales ni el gobierno regional de Murcia, liderado por el PP, habían pedido ninguna movilización de este tipo cuando salieron a la luz graves casos de agresiones sexuales contra trabajadoras migrantes agrícolas por parte de empleadores españoles, o cuando los medios de comunicación denunciaron las condiciones de cuasi esclavitud en las que trabajan muchos trabajadores migrantes en los invernaderos de Murcia y Andalucía, cuyas exportaciones de frutas y verduras abastecen a gran parte de Europa.

Tras la manifestación, un grupo de militantes de extrema derecha procedentes de fuera de la localidad comenzó a perseguir y agredir a residentes de origen magrebí. La escasa presencia policial se vio desbordada por la turba racista, que destrozó tiendas, prendió fuego contenedores y atacó a vecinos de la localidad. Durante varias noches, cientos de activistas de extrema derecha aterrorizaron la localidad hasta tal punto que muchas familias migrantes se vieron obligadas a atrincherarse en sus casas, ya que la policía, con pocos recursos, no podía garantizar su seguridad. Grupos de jóvenes residentes se enfrentaron a los militantes de extrema derecha en la calle. Los portavoces de Vox se negaron a condenar los ataques racistas y, en cambio, continuaron difundiendo la falsa idea de que la migración ha provocado un aumento de la inseguridad en España, lo que revela un nivel de coordinación sin precedentes entre las ramas violentas y parlamentarias de la extrema derecha española.

Poco a poco, se desplegaron refuerzos policiales y se controló el disturbio. El 15 de julio fue detenido un guardaespaldas privado de Mataró, en Cataluña, y líder de «Deportadlos ya», y el Gobierno cerró el canal de Telegram del grupo. Los disturbios dejaron varios heridos, 120 personas identificadas por la policía y 13 detenidas.

La inmigración como campo de batalla político

Hasta hace poco, España, junto con Portugal, destacaba como una excepción al giro radical de Europa hacia la extrema derecha. Mientras los movimientos conservadores marginales llegaban a varios gobiernos y lograban fuerte influencia en los partidos mayoritarios, la Península Ibérica parecía mantenerse relativamente resistente.

En Portugal, el fin de la excepción quedó claro en las elecciones de mayo de este año, cuando el partido de extrema derecha Chega! obtuvo más del 20% de los votos. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez sobrevivió a las elecciones generales de 2023 gracias a una frágil coalición parlamentaria con Sumar y los partidos catalán, vasco y gallego, pero la derecha está en auge; las encuestas sitúan ahora a Vox en torno al 15% de apoyo, un resultado que convertiría al partido de Abascal en un aliado indispensable para un posible Gobierno liderado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los disturbios racistas de julio marcan el punto álgido (hasta ahora) del giro estratégico de la extrema derecha española hacia la retórica antinmigrante. La inmigración ha pasado a ocupar un lugar central como principal campo de batalla política de Vox, desplazando las anteriores obsesiones con el feminismo y los derechos LGBTQ+, cuestiones que antes dominaban la agenda del partido, arraigadas en el legado nacional-católico del franquismo. En 2024, la decisión de Vox de dar prioridad a las posturas antinmigración le llevó a romper las alianzas de gobierno regional con el PP, después de que los conservadores acordaran redistribuir a los menores migrantes no acompañados entre las regiones de España.

Al igual que en otros países europeos, el PP se ve arrastrado hacia posiciones cada vez más radicales por el endurecimiento del discurso de la extrema derecha. En lugar de oponerse a la retórica racista que alimentó la violencia en Torre Pacheco, Feijóo pidió la deportación «inmediata» de los migrantes irregulares que cometen delitos, una novedad en la postura del PP hacia la migración y la delincuencia.

Los llamados a la violencia racista en Torre Pacheco atrajeron a cientos de militantes de extrema derecha, aunque los disturbios no se extendieron a otras partes de España, como sí ocurrió en el Reino Unido el año pasado. Sin embargo, tampoco provocaron una respuesta contundente por parte de los movimientos sociales y la izquierda española, que se centraron más en exigir la intervención policial y judicial contra la extrema derecha organizada que en mostrar una solidaridad concreta con los trabajadores migrantes amenazados.

Una diferencia preocupante que contrasta con la inspiradora reacción de los movimientos antirracistas y antifascistas británicos ante la violencia racista, y que se deriva de la menor tradición de activismo antirracista de la izquierda en España. Para seguir siendo una excepción a la generalización del racismo en Europa, los movimientos sociales españoles deberán prepararse para hacer frente a los futuros intentos de la extrema derecha de difundir propaganda racista a través de la violencia.