«Disarm Israel», de Peter Hallward, apareció originalmente el 4 de septiembre de 2025 en el blog de Verso. Se tradujo al español y se publica simultáneamente en Verso Libros y Communis con la autorización del autor. Lo reproducimos en Revista Jacobin como parte de la asociación de colaboración con Communis.
La declaración colectiva que se publicó en el blog de Verso el 5 de agosto, en la que se condenaba el genocidio perpetrado por Israel y se rechazaba la proscripción de Palestine Action (PA), fue firmada por 80 destacados académicos de las más diversas disciplinas e instituciones. En cuarenta y ocho horas había atraído 350 firmas más, y para el 20 de agosto un total de 730 personas habían añadido su nombre. (Cualquier persona que trabaje para una universidad y desee firmarla puede hacerlo aquí).
En las últimas semanas también han circulado muchas otras declaraciones colectivamente firmadas, redactadas por abogados, organizaciones no gubernamentales, diplomáticos, escritores, arquitectos, artistas, etc., tanto para condenar la «matanza masiva, el hambre y la destrucción que Israel está causando en Gaza» como para denunciar la proscripción de Palestine Action por parte de Yvette Cooper por «ilegítima y carente de ética». En otras cartas abiertas se ha pedido que se impongan «sanciones paralizantes» y un boicot «inmediato y completo» contra Israel. Esas peticiones estuvieron precedidas por una oleada de llamamientos en que se instaba a Cooper a que desistiera de proscribir a Palestine Action, como los organizados por Fossil Free Books, Artists for Palestine, Netpol y la Haldane Society.
A principios de agosto, desde Amnistía Internacional hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pasando por Kneecap y Sally Rooney, habían presionado a Yvette Cooper para que hiciera lo correcto: revocar la prohibición de Palestine Action y retirar todos los cargos contra los simpatizantes del grupo.
Para el momento en que la gente se congregó en las calles de Londres y a lo largo y ancho del Reino Unido el sábado 9 de agosto, en otra enorme manifestación de protesta contra los crímenes de Israel, la línea entre la connivencia gubernamental con el genocidio, por un lado, y la oposición popular al mismo, por otro, era más nítida que nunca. Indignados por la negativa del Gobierno británico a no hacer otra cosa que lamentar algunas de las consecuencias más llamativas de las políticas de hambre y demolición que lleva a cabo Israel, más de 200.000 personas marcharon por una ruta negociada por la Campaña de Solidaridad con Palestina, mientras otras 800 declararon su apoyo a Palestine Action durante una manifestación en silencio organizada por Defend Our Juries.
Ante la perspectiva de un desafío de tal magnitud, Keir Starmer e Yvette Cooper respondieron con una de las mayores oleadas de detenciones en la historia policial del Reino Unido. El 9 de agosto, la policía metropolitana detuvo a no menos de 520 personas, a todas ellas simplemente por llevar pancartas inofensivas en las que expresaban su oposición al genocidio y su apoyo a Palestine Action. Para poner todo esto en contexto, según señaló el periódico londinense The Evening Standard, «se cree que el mayor número de detenciones realizadas anteriormente por la Policía Metropolitana en [una sola] manifestación de protesta había sido de 339 durante los «disturbios por el impuesto de capitación» el 31 de marzo de 1990, episodio que causó considerables daños a comercios y otras propiedades y más de 110 heridos.
Muchos de los detenidos el 9 de agosto, entre ellos Moazzam Begg, Jeremy Till, Deborah Hinton, Jonathan Porritt y Alice Oswald, han expuesto sus motivos para desafiar la orden de prohibición emitida por Cooper; Anne Alexander, una de las firmantes originales y una de las organizadoras tanto de la declaración de los académicos como de la carta abierta «Protest is Not Terrorism», publicó un relato de su propia detención en una anterior contribución a este blog.
Al 1 de septiembre, la Policía Metropolitana había decidido, además, presentar cargos contra 114 de los detenidos (poco menos del doble de la cifra de 67 hace apenas una semana) bajo sospecha de haber expresado apoyo a Palestine Action en dos manifestaciones anteriores más pequeñas organizadas por Defend Our Juries y llevadas a cabo en Londres los días 5, 12 y 19 de julio. Si la Policía Metropolitana se adhiere a ese patrón de detenciones y enjuiciamientos, es de suponer que tenga previsto presentar cargos contra muchos cientos de personas más en las próximas semanas. Entretanto, un número aún mayor de personas ya se ha inscrito para participar en la próxima y mayor protesta de Defend Our Juries en Londres, prevista para coincidir con otra jornada nacional de acción el sábado 6 de septiembre.
El martes 2 de septiembre, dos días antes de que se publicara este artículo, Defend Our Juries anunció que cinco de sus activistas envueltos en la campaña contra la proscripción de PA, entre ellos su principal portavoz, Tim Crosland, habían sido detenidos en redadas realizadas al amanecer, pocas horas antes de que el grupo celebrara una rueda de prensa sobre las acciones previstas para el 6 de septiembre. Amnistía Internacional condenó rápidamente esa nueva ronda de detenciones como «un intento flagrante de amordazar la libertad de expresión» y pidió «la liberación inmediata e incondicional de esas personas y, una vez más, imploró al Gobierno que redirigiera las energías que se empleaban hoy en penalizar a los manifestantes pacíficos a centrarse en la adopción de medidas inmediatas e inequívocas para poner fin al genocidio que lleva a cabo Israel y acabar con todo riesgo de complicidad del Reino Unido en su perpetración».
En cuanto a la cuestión del contubernio del Reino Unido con el genocidio que lleva a cabo Israel, ni el pueblo ni su Gobierno han dado aún señales de estar dispuestos a dar marcha atrás. Ya está claro que el 6 de septiembre será un día crucial en la historia y la materialización del apoyo oficial del Reino Unido a Israel.
Vale entonces la pena dedicar un momento, en vísperas de ese día y de los días de acción que le seguirán, a recordar por qué la prohibición de Palestine Action ha resultado tan controvertida, antes de reflexionar sobre la manera en que nuestra comprensión de las raíces del genocidio perpetrado por Israel podría contribuir a renovar, de cara al futuro, el compromiso con la aspiración de que ello no ocurra «nunca más».
I
Los orígenes inmediatos de este inminente enfrentamiento entre el pueblo británico y su Gobierno se remontan, por supuesto, a la respuesta de Israel a los ataques realizados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y a estas alturas existe un amplio consenso sobre lo que, con mayor urgencia, está en juego.
Como todos saben, pocas horas después del 7 de octubre, funcionarios israelíes amenazaron a Gaza con represalias genocidas y castigos colectivos, al tiempo que se comprometían abiertamente a destruir la Franja y privar de alimentos y agua a sus habitantes. Apenas pasó tiempo alguno antes de que la evidente y continua determinación de Israel de hacer realidad esas amenazas puso al Reino Unido, uno de sus más estrechos aliados, frente a una difícil elección. Es esa elección la que preocupó especialmente a muchos de los firmantes iniciales de nuestra declaración de académicos, lo cual me explicaron por correo electrónico a lo largo de julio y agosto de 2025.
Como insiste el signatario Alex de Waal (director de World Peace Foundation), «la cuestión simple y elemental es que existe la obligación de prevenir el genocidio». Esa obligación es de carácter incondicionalmente vinculante para todos los signatarios de la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esa obligación, señala De Waal, ya se «hizo efectiva cuando, en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que era necesario adoptar medidas inmediatas para preservar los derechos del pueblo palestino de Gaza frente a daños irreparables especificados en esa Convención».
Todos saben también que Israel ignoró por completo las advertencias e instrucciones oficiales emitidas por el más alto tribunal del mundo y que, de todas las formas posibles —desde el incumplimiento sistemático hasta la expulsión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y el deliberado asesinato de cientos de médicos y trabajadores humanitarios—, ha violado sus obligaciones con las Naciones Unidas. Fuera del círculo cada vez más reducido de los leales a Netanyahu, el carácter genocida de la aniquilación de Gaza por parte de Israel ya ha dejado de ser objeto de ninguna controversia digna de mérito. El «asesinato sistemático y brutal de periodistas por parte de Israel» —apunta Rebecca Comay, profesora de Filosofía y Literatura Comparada en la Universidad de Toronto—, en lo que se ha convertido «sin duda alguna en la más mortífera para los periodistas de todas las grandes guerras de los últimos cien años (incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etc.), junto con la prohibición del acceso a Gaza por corresponsales extranjeros, puede estar conspirando para crear un ‘cementerio de noticias’, pero nada puede ocultar lo que está a la vista de todos, del mismo modo que la violenta represión de las protestas y la libertad de expresión en las universidades, los lugares de trabajo y las calles de Londres y de todo el mundo no puede ocultar el hecho de que se está produciendo una intifada global ni puede sofocar la energía de ese movimiento colectivo».
Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido no sólo no ha impedido que Israel cometa genocidio en Palestina, sino que además ha proporcionado un apoyo económico, militar y material crucial para ese crimen, el más grave que pueda cometer cualquier Estado. A pesar de la acumulación de pruebas irrefutables que dan fe de los crímenes cometidos por Israel, el Reino Unido sigue realizando vuelos de reconocimiento sobre Gaza y autorizando transferencias de armas a Israel. Así, en los meses transcurridos desde que el 2 de septiembre de 2024 David Lammy suspendiera una pequeña parte de las licencias de armas del Reino Unido a Israel (30 de 350), las exportaciones militares del Reino Unido han aumentado considerablemente. Ante las obscenas consecuencias de la violencia israelí, nuestro Gobierno sigue estando dispuesto, hoy en día, a reconocer únicamente el «riesgo» de que su socio en armas pueda cometer crímenes de lesa humanidad en algún momento indeterminado del futuro.
En otras palabras, el Reino Unido se ha negado rotundamente a cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. La negativa del Reino Unido a prevenir o castigar el genocidio es tan deliberada y calculada como la propia campaña de hambre y demolición que lleva adelante Israel y pone a los propios ciudadanos del Reino Unido frente a una difícil elección.
Que Israel esté aniquilando a Gaza con nuestro apoyo es un hecho absolutamente desconcertante y que define toda una época. Si nuestro gobierno no está dispuesto a cumplir sus compromisos con respecto a la prevención del genocidio, entonces estamos moral y legalmente obligados a hacerlo por ellos, con todos los medios necesarios a nuestro alcance.
De ahí que los firmantes de nuestra declaración compartan el «objetivo de poner fin al flujo de armas del Reino Unido a Israel y su convicción de que todos los participantes en el movimiento de solidaridad con Palestina deben ser libres de tomar sus propias decisiones sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo». Habida cuenta de lo que está en juego, ello se ha convertido en una urgente cuestión de conciencia, en el sentido más amplio imaginable.
II
Una cosa son las multitudinarias expresiones de indignación o ira ante la violencia israelí, y otra completamente distinta es la acción directa susceptible de interrumpir realmente el flujo de armas que propicia semejante violencia.
A no dudarlo, Yvette Cooper es sincera cuando afirma que los ciudadanos británicos siguen siendo libres de participar en formas convencionales de protesta contra las acciones israelíes, aunque sea sólo porque no parece haber nada de insincero en la manifiesta indiferencia de Netanyahu o Starmer hacia todas esas protestas. El evidente fracaso de las manifestaciones y peticiones para detener por sí solas la maquinaria bélica israelí es lo que hace que la proscripción de Palestine Action por parte de Cooper sea, por supuesto, una decisión tan controvertida, incluso para quienes quizás no compartan las prioridades tácticas del grupo. Palestine Action era el único grupo con sede en el Reino Unido cuyas intervenciones directas estaban creando a las claras graves problemas para la industria armamentística israelí, cuyas operaciones de investigación y desarrollo y de fabricación están estrechamente entrelazadas con las de sus homólogos británicos y estadounidenses.
El objetivo principal de Palestine Action era Elbit Systems UK, filial con sede en el Reino Unido del mayor fabricante de armas de Israel. Como dejan perfectamente claro los propios materiales promocionales de Elbit, además de producir los drones más letales y «probados en combate» de Israel, la empresa es también un proveedor clave de municiones y entrenamiento para el ejército británico. No es de extrañar que el Ministerio de Defensa de Starmer esté ahora a punto de firmar un enorme contrato de entrenamiento por valor de 2.000 millones de libras con Elbit, del mismo modo que tampoco lo es que su Ministerio de Relaciones Exteriores siga insistiendo en que no puede suspender su propia producción de piezas para los cazas F-35 que han desempeñado un papel tan importante en la destrucción de Gaza por Israel. Tampoco es ninguna sorpresa, como demuestra pormenorizadamente Francesca Albanese en su último informe a las Naciones Unidas, que el genocidio de Israel haya resultado muy provechoso para Elbit Systems y sus numerosos asociados en Israel, Estados Unidos y el Reino Unido.
Felizmente para Cooper y Starmer, en la legislación vigente en el Reino Unido con posterioridad a la promulgación de la Ley contra el Terrorismo de 2000 se define el terrorismo en términos notablemente amplios y abarca tanto actos de violencia contra las personas como «daños graves a la propiedad». El hecho de que muchos defensores y organizaciones de derechos humanos hayan condenado esa definición tan amplia por resultar incompatible con las normas internacionales sigue siendo improcedente para los fiscales del Gobierno. Dado que Palestine Action, según su propia y enfática admisión, es claramente culpable de daños a la propiedad, a los funcionarios del Gobierno les resulta fácil clasificarlos como «terroristas» según su particular interpretación del término.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, parece que muchos británicos, si no la mayoría, siguen asociando el terrorismo con el significado más familiar de la palabra, es decir, con actos violentos destinados a provocar situaciones reales de terror. Los miembros de Palestine Action, explica James Grote, pastor bautista de Oxford (a quien se detuviera el 24 de agosto por aplaudir a PA por su «labor de perturbar a cualquiera en el Reino Unido que proporcionara armas para la guerra en Gaza»), han «irrumpido en edificios y han causado daños a la propiedad, no a las personas; eso no es terrorismo».
Como era de esperar, en las últimas semanas Cooper y sus colegas, ante las protestas cada vez más desafiantes contra la proscripción de Palestine Action, han hecho todo lo posible por caracterizar al grupo no sólo como «terrorista», sino más concretamente como «violento».
En otras palabras, a fin de que empresas armamentísticas creadas y empleadas por un régimen genocida puedan seguir produciendo libremente sus municiones sin ser molestadas por las protestas populares, el gobierno del Reino Unido ha hecho todo lo posible por presentar a los más resueltos entre esos manifestantes como culpables de actos de violencia.
III
Cuando el 23 de junio Cooper presentó por primera vez al Parlamento sus planes para prohibir Palestine Action, ya había destacado —de forma enérgica, aunque bastante vaga— la aparente «disposición [del grupo] a recurrir a la violencia». Quizás su acusación más condenatoria ese día haya sido una alusión igualmente vaga al «impacto sobre personas inocentes que huyen en busca de seguridad y son objeto de violencia». Para ilustrar lo que entiende por ser tal objeto, Cooper se ha referido al hecho de que, durante algunas de sus operaciones, presumiblemente con miras a su impacto televisivo, activistas de PA han encendido el tipo de bengalas que suelen utilizarse en manifestaciones públicas. Tanto Cooper como su adjunto, el Ministro de Seguridad Dan Jarvis, se han basado en una frase del sheriff de Glasgow que hubo de dictar sentencia y que, en referencia a una acción de PA contra una fábrica local, dijo que «lanzar fuegos artificiales en zonas donde se estuviera evacuando a la población difícilmente [podía] describirse como un acto violento».
Cuando, el 2 de julio, en ausencia de Cooper, Dan Jarvis presentó la orden de prohibición de Palestine Action a la Cámara de los Comunes, apoyándose en las bases que Cooper había sentado el 23 de junio, explicó que su Gobierno había tomado la inesperada decisión de proscribir a ese grupo británico junto con la secta estadounidense Maniacs Murder Cult y el Movimiento Imperial Ruso simplemente para «reafirmar el enfoque de tolerancia cero del Reino Unido respecto del terrorismo, independientemente de su forma o ideología subyacente» o lugar de operación. Tras recordar a sus colegas que a varios miembros de Maniacs Murder Cult se los había acusado de cometer «actos de asesinato, incendio, atentados con bombas y envenenamiento masivo en Nueva York», Jarvis explicó por qué su ministerio había llegado a la conclusión de que Palestine Action también merecía ser proscrito como grupo terrorista en el mismo sentido jurídico de la palabra:
Ha orquestado una campaña nacional de ataques que han causado graves daños a la propiedad y han transpuesto el umbral entre la acción delictiva directa y el terrorismo […] Los miembros de Palestine Action han utilizado la violencia contra personas que respondían en el lugar de los ataques. Por su participación en ataques coordinados, se ha acusado a miembros de la organización de haber cometido delitos graves, entre ellos desórdenes violentos, lesiones corporales graves deliberadas y robo con agravantes, delito que implica el uso de armas.
Se trata, a no dudarlo, de una impresionante lista de cargos. «No debemos hacernos ilusiones —concluyó Jarvis—, Palestine Action no es un grupo de protesta legítimo. Las personas que participan en protestas amparadas por la ley no necesitan armas. Las personas que participan en protestas amparadas por la ley no lanzan bombas de humo ni fuegos artificiales alrededor de personas inocentes.» (Puede resultar instructivo comparar las preocupaciones de Cooper y Jarvis sobre las bombas de humo de PA con su determinación de permitir que la propia Elbit siga produciendo bombas mucho más explosivas para su uso en otros lugares, al igual que resulta instructivo comparar, como hace Sally Rooney en un reciente artículo para The Irish Times, la forma en que el Reino Unido ha reprimido las expresiones de apoyo a Palestina con su respuesta a celebraciones públicas mucho más provocadoras de grupos terroristas nacionales realmente violentos, como la Fuerza Voluntaria del Ulster).
Con el fin de limitar las repercusiones negativas que pronto se generaron en torno a las detenciones en masa que ordenó el 9 de agosto, Yvette Cooper ha reiterado en varias ocasiones su caracterización de Palestine Action como grupo violento. Los partidarios de PA se engañan a sí mismos —señala—, por cuanto no comprenden el alcance total de la medida en que el grupo depende de la violencia contra personas. «Quienes buscan apoyar a este grupo quizás aún no conozcan la verdadera naturaleza de la organización —continuó—, pero nadie debe hacerse ilusiones: no se trata de un grupo de protesta pacífico o no violento.» El 11 de agosto, un portavoz de Downing Street insistió una vez más en que las detenciones masivas estaban justificadas porque Palestine Action era «una organización violenta que había cometido actos violentos, lesiones graves y daños delictivos de consideración».
A finales de agosto de 2025, gran parte de la reputación de Yvette Cooper descansaba en su firme determinación de describir a Palestine Action como grupo esencialmente violento. El 17 de agosto, Cooper se adhirió sin reservas a esa línea de argumentación en un artículo publicado en The Observer, que sigue siendo su declaración pública más detallada sobre PA hasta la fecha. Para justificar su proscripción, volvió a hacer hincapié en la supuesta asociación de PA con
la intimidación, la violencia, el uso de armas y el infligimiento de lesiones graves a personas. El asesoramiento y la información claros que me proporcionó a principios de este año el sistema de lucha contra el terrorismo del Reino Unido, uno de los mejores del mundo, basado en un sólido proceso de evaluación, fue que Palestine Action reunía los requisitos pertinentes previstos en la Ley contra el Terrorismo de 2000 y se debía proscribir […] Palestine Action ha reivindicado como suyos —y promovido en su sitio web— ataques que han dado lugar a que los presuntos implicados fueran posteriormente acusados de desórdenes violentos, intento de causar lesiones corporales graves, infligimiento de lesiones corporales, daños dolosos y robo con agravantes. Acusaciones que suponen, según la evaluación del independiente Servicio Fiscal de la Corona, vinculación con el terrorismo […] Sería irresponsable por parte de un Ministro del Interior ignorar todas esas evaluaciones, advertencias y recomendaciones en materia de seguridad. Proteger la seguridad pública y la seguridad nacional es la esencia de mi trabajo.
Por si ello no fuera ya lo suficientemente alarmante, Cooper también menciona «información inquietante que me han facilitado sobre ideas y planes para futuros atentados».
A primera vista, todo esto no parece ser sino otra impresionante lista de acusaciones, aunque las referencias a «vínculos con el terrorismo» o a «ideas y planes» puedan volver a parecer un poco vagas.
Lo que podría parecer menos impresionante es el hecho de que, tal como se confirma en otro artículo publicado en la misma edición del Observer el 17 de agosto, sólo se ha acusado a un miembro de Palestine Action, y ello en una sola ocasión, de haber cometido un acto de violencia grave contra una persona: Samuel Corner, contra quien la policía ha presentado cargos por haber infligido lesiones corporales graves, tras el ataque contra la fábrica de Elbit en Filton, Bristol, el 6 de agosto de 2024. Como señala John Simpson, del Observer, los cargos aún sin probar contra Corner «son los únicos actos de violencia de consideración cometidos contra una persona en las 356 acciones realizadas por el grupo desde su creación en 2020». Los pocos detalles que se han dado a conocer sobre esos cargos dan a entender que no están relacionados con el propósito ni con la ejecución de la operación en sí de PA en Filton, sino más bien con las circunstancias específicas de la detención de Corner (o, para ser más precisos, con la presunta «intención de Corner de resistirse o impedir la detención o el arresto de otra persona con arreglo a la ley»). En cualquier caso, el propio Corner niega los cargos y el asunto aún no se ha resuelto en los tribunales. Para noviembre de 2025, Corner y la mayoría de los demás acusados de Filton habrán pasado más de un año en prisión sin que ni siquiera haya tenido lugar la vista del caso; es de suponer que entonces sus abogados tengan la oportunidad de examinar hasta qué punto Cooper y sus colegas, al basar aparentemente tantas de sus afirmaciones públicas en una acusación aún sin probar, podrían considerarse culpables de desacato al tribunal.
Lo que hace que las acusaciones de Jarvis y Cooper sean aún menos impresionantes, por no decir (como no demoró en señalar Huda Ammori, de PA) simplemente difamatorias y mendaces, es el hecho de que el más importante de los informes de inteligencia y seguridad supuestamente «sólidos» en los que se basan —una evaluación del Centro Conjunto de Evaluación de Inteligencia (JTAC), de fecha 7 de marzo de 2025— ya no permanece oculto tras el manto de secreto que el Ministerio del Interior suele arrojar sobre cualquier grupo al que considere una amenaza para la seguridad nacional.
Ese informe del JTAC se debatió durante una audiencia en el Tribunal Superior el 30 de julio y posteriormente se publicó en línea, y parece ser la fuente más probable de las referencias de Jarvis y Cooper a las tres operaciones específicas de PA mencionadas en sus recientes declaraciones. Se trata de acciones emprendidas contra Thales en Glasgow en julio de 2022, contra la planta de Elbit en Kent Instro Precision en junio de 2024 y contra la mencionada Filton factory en Bristol en agosto de 2024: son esas también las únicas tres operaciones que el JTAC analiza pormenorizadamente. Basándonos en lo que Cooper y Jarvis han dicho públicamente hasta la fecha, es harto probable que ese informe del JTAC siga siendo la principal fuente de todas las acusaciones que han formulado contra PA.
Cualquiera que lea ese informe del JTAC podrá constatar que, si realmente caracteriza técnicamente como «terroristas» una pequeña fracción (es decir, quizás sólo esas tres de más de 350) de las operaciones de PA, es simplemente porque, de acuerdo con los controvertidos términos de la Ley contra el terrorismo de 2000, el informe vuelve a suponer que los daños graves a la propiedad deban clasificarse como «terrorismo». El informe del JTAC no parece corroborar, ni siquiera por alusión o insinuación, los recientes intentos de Cooper de asociar a PA con la violencia per se. Como señala el exdiplomático y embajador ruso Craig Murray (quien compartió el documento a través de su blog), «de hecho, no hay nada en la evaluación del JTAC que respalde ninguna de las afirmaciones que los ministros del Gobierno están difundiendo de forma alarmista». El informe del JTAC deja absolutamente claro que su evaluación de Palestine Action como organización terrorista se basa únicamente en la definición de la Ley contra el Terrorismo, que se refiere a un grupo que cause graves daños a la propiedad con el fin de influir en la política del Gobierno».
Como ha subrayado en reiteradas ocasiones Huda Ammori, y como parecen confirmar los registros públicos, Palestine Action nunca ha planeado ni ha albergado la intención de cometer actos violentos contra personas. Nunca ha celebrado ni recomendado la violencia como táctica. Como han dicho repetidamente una amplia gama de abogados y expertos en derechos humanos, proscribir a Palestine Action por los mismos medios y razones que se utilizan para prohibir a grupos realmente violentos como la Fuerza Voluntaria del Ulster, la secta asesina Maniacs, el Estado Islámico, etc., es un abuso autoritario de poder.
El 29 de agosto, una fuente relacionada con la petición de revisión judicial presentada por Huda Ammori ante el Tribunal Superior me confirmó que, efectivamente, «existía una única acusación no probada de lesiones causadas por un activista de Palestine Action» y que, aparte de la única acusación presentada en Filton el 6 de agosto de 2024, «no se habían formulado otras acusaciones de violencia grave» contra ningún miembro de Palestine Action, en ninguna de sus diversas ramas en todo el país. Las «evaluaciones» de los servicios de inteligencia del Gobierno «dejan claro que Palestine Action se proscribió sólo por causar graves daños materiales». En cuanto a la referencia de Cooper a «información alarmante» sobre «ideas y planes para futuros ataques», la fuente señala que ello «no se menciona en absoluto en las pruebas proporcionadas hasta ahora [por los fiscales del Gobierno], ni siquiera por asociación. La primera vez que se oyó hablar de ello fue cuando Cooper lo dijo en televisión. La evaluación sobre cuya base se consideró la posibilidad de proscribir a Palestine Action data de marzo de 2025, y ello simplemente sobre la base de graves daños materiales. De haber existido ya algún fundamento para presuponer esos planes «alarmantes», ¿por qué Cooper esperó cuatro meses para proscribir al grupo? En realidad, durante ese tiempo no se formularon planes alarmantes, a menos que Cooper considere alarmantes las protestas en las fábricas de armas».
También el 29 de agosto, en The Guardian se publicaron extractos de una carta de Birnberg Peirce, bufete de abogados que representa a Huda Ammori ante el Tribunal Superior, dirigida a sus homólogos del Ministerio del Interior, en la que se quejaba de los recientes intentos de Yvette Cooper
para persuadir al público de que a Palestine Action se la había proscrito por razones que ella no podría revelar públicamente y que se centraban en actos de violencia y lesiones contra personas. Esas afirmaciones sobre la razón de la recomendación del Grupo de Examen de Prohibiciones para la proscripción de Palestine Action son engañosas a la luz de su divulgación abierta (pública). De la divulgación abierta se desprende claramente que la base de la recomendación habían sido los daños graves a la propiedad causados por Palestine Action y no ningún acto de violencia contra personas.
Birnberg Peirce reitera una vez más que, sea lo que sea lo que Cooper quiera decir con «información alarmante» sobre ideas y planes, esa información aún no se ha divulgado ni se ha planteado en audiencia pública. «Si su cliente tiene pruebas que respalden sus afirmaciones, estas deberían haberse revelado. Como no lo ha hecho, debe cesar inmediatamente su engañosa campaña [en los medios de comunicación].»
Si en realidad Palestine Action ha supuesto en algún momento alguna amenaza para la población británica, entre 2023 y 2025 sus acciones y maniobras publicitarias sí que comenzaron a amenazar la reputación de Elbit Systems y sus socios en la industria armamentística británico-israelí. Es esa una razón suficiente para explicar por qué Cooper, como dice Craig Murray, «ha mentido continuamente sobre Palestine Action en un intento desesperado por defender la proscripción de un grupo de protesta de acción directa que se opone a un genocidio con el que el gobierno de Cooper es profundamente cómplice».
¿Cuál es la mejor manera de detener un genocidio? En una cuestión de tan enorme importancia moral e histórica, todo el mundo debería ser libre de responder a su propia conciencia, sin tener que enfrentarse además a un proceso judicial que le cambie la vida en virtud de una legislación antiterrorista artificial. Es precisamente esa libertad la que se ve amenazada por la proscripción de PA por parte de Cooper.
IV
Muchos de los firmantes de la declaración de académicos tenían mucho que decir sobre ese punto en particular. «Proscribir a Palestine Action —señala el filósofo Abdaljawad Omar, desde Birzeit—,
es codificar, una vez más, la penalización de la conciencia. Es borrar jurídicamente no sólo a una organización, sino la posibilidad misma de una política que nombre y enfrente las infraestructuras del genocidio. Ese acto no surge de la nada; pertenece a una larga genealogía de gobierno colonial en la que la demanda de justicia se reformula como una amenaza a la seguridad y la solidaridad se redefine como conspiración delictiva. La proscripción no es, por tanto, una medida técnica ni un caso aislado, sino un intento de legislar la amnesia, de obstruir las vías por las que las insoportables verdades de Palestina podrían entrar en la vida pública británica. Atacar a Palestine Action es confirmar la veracidad de lo que esta afirma: que el pacto del Estado con los traficantes de armas del colonialismo no es una aberración, sino algo constitutivo, no una desviación de las normas democráticas, sino su condición oculta. Para nosotros, en Palestina, ello es especialmente insultante, dada la complicidad histórica y actual del Reino Unido con el robo de tierras y la destrucción de nuestros hogares, nuestras vidas y nuestro futuro.
El sociólogo William Robinson, de la Universidad de California en Santa Bárbara, aborda la cuestión desde una perspectiva similar. «¿En qué tipo de mundo vivimos —se pregunta— cuando a quienes se oponen al genocidio se los penaliza y silencia a manos de un gobierno presuntamente democrático, mientras que los genocidas quedan al amparo de la justicia? La matanza del pueblo de Gaza a manos de Israel ha hecho saltar las alarmas en todos los rincones del mundo. Nos muestra la absoluta crueldad y la barbarie que se han apoderado de un sistema capitalista global que se encuentra en profunda crisis y fuera de control. Defender la vida de los palestinos es defender a toda la humanidad. Palestine Action y sus organizadores son la brújula moral de nuestro tiempo.»
Esas prioridades son claramente compartidas por activistas pro-palestinos de todo el mundo. El firmante australiano Paul Patton (profesor emérito de Filosofía en la Universidad de New South Wales) participó en la gran «Marcha por la Humanidad» organizada por Palestine Action Group en Sídney el 3 de agosto, y vio cómo la intervención policial no había logrado desalentar una participación masiva. «Personas de todo el espectro social y multicultural están preocupadas por lo que ven que está sucediendo en Gaza y la Ribera Occidental —me dijo Patton—. Los políticos ya no pueden descartar sus preocupaciones porque sean “divisivas” o “antisemitas”. Nuestra humanidad está en juego.»
Entretanto, durante los últimos dieciocho meses, el firmante Bruce Robbins (profesor de Humanidades en la Universidad de Columbia) ha sido testigo directo de algunos de los actos de represión contra Palestina más publicitados en Estados Unidos . «En la Universidad de Columbia —escribe—,
muchos de nosotros, profesores de larga trayectoria, pensábamos que ya lo habíamos visto todo. Hace veinte años, fuimos testigos de cómo la universidad rechazaba todo debate sobre la desinversión, en momentos en que Israel cometía actos de violencia contra los palestinos de Gaza en una escala ligeramente menor. Vimos cómo la administración luchaba con uñas y dientes, mientras pagaba cientos de miles de dólares de la dotación a un bufete de abogados especializado en acabar con los sindicatos, para que impidieran la formación de un sindicato universitario. Más recientemente, los vimos guardar silencio cuando agentes del ICE arrestaron a un estudiante de Columbia [Mahmoud Khalil] que había participado activamente en las protestas en solidaridad con Gaza y lo mantuvieron durante 104 días en un «centro» en Luisiana, bajo amenaza de deportación. Pero lo que hemos visto últimamente nos muestra que la desvergüenza de los poderosos todavía es capaz de sorprendernos. A partir de cierto punto, no se puede llamar conformidad. Es connivencia.
Entre otras cosas, el mes pasado, la administración de Columbia tomó la drástica y draconiana medida de expulsar o suspender a más de 70 estudiantes simplemente por haber participado en una sentada pacífica en la biblioteca a principios de año.
Después de que Columbia aceptara una nueva serie de condiciones impuestas por el gobierno de Trump, el 1 de agosto, el colega de Robbins y cofirmante, Rashid Khalidi, declaró que ya no se sentía capaz de impartir su habitual curso magistral sobre historia moderna del Oriente Medio. En particular, Khalidi señala que es imposible impartir un curso de ese tipo «a la luz de la adopción por parte de Columbia de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)», definición que «deliberada, mendaz y falsamente amalgama al judaísmo con Israel, de modo que cualquier crítica a Israel, o hasta la mera descripción de las políticas israelíes, se convierte en una crítica a los judíos».
Tal como están las cosas, observa otro firmante, Gilbert Achcar, de SOAS, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, «el arsenal de leyes represivas está ya tan bien surtido que un gobierno de extrema derecha no necesitaría añadir mucho más para llevar a cabo una represión integral de las libertades políticas».
En el Reino Unido, más de 110 estudiantes y miembros del personal se han enfrentado a medidas disciplinarias por participar en protestas en solidaridad con Palestina durante el último año y medio y, como se informara en Liberty Investigates hace unos meses, «se sabe que al menos 28 universidades han iniciado investigaciones disciplinarias contra estudiantes y miembros del personal en relación con su activismo en favor de Palestina desde octubre de 2023». La reciente expulsión de SOAS de Haya Adam, presidenta de la Sociedad Palestina de esa universidad, es un caso especialmente grave, y como se señala en nuestra declaración, la Universidad de Cambridge se ha referido ya a la prohibición de Cooper en los argumentos presentados ante el Tribunal Superior para justificar la vigilancia del activismo estudiantil y una mayor penalización de las protestas.
Basándose en su propia experiencia de la ofensiva israelí contra Gaza, el crítico literario palestino Haidar Eid (quien se viera obligado a huir a Sudáfrica a finales de 2023) pone en perspectiva las prioridades del gobierno del Reino Unido. «Soy un académico de lo que solía ser Al-Aqsa University —escribió a finales de julio—, la cual, como todas las demás universidades de Gaza, ha sido destruida por las fuerzas de ocupación israelíes. He perdido a más de 45 familiares, 39 compañeros de trabajo, 28 miembros del personal administrativo y 282 estudiantes, la última de los cuales, Aya Siyam, fue asesinada junto con toda su familia hace unos días en el campo de refugiados de Nuseirat. Exigimos justicia para ellos.»
Esas demandas se han vuelto aún más urgentes en las semanas transcurridas desde la publicación de nuestra declaración. Hasta los aliados más estrechos de miras de Netanyahu pueden ver que el ejército que este dirige está claramente dispuesto a no detenerse ante nada con tal de eliminar lo que queda de la población de Gaza. La despiadada campaña de hambre, la demolición de Rafah y gran parte del sur y el centro de Gaza, la invasión en curso de la ciudad de Gaza, los implacables y desvergonzados asesinatos de periodistas como Anas al-Sharif y Mariam Abu Dagga, y tantos otros, todos ellos cometidos con total impunidad y con total desprecio por la repulsa internacional, cada vez es más difícil para cualquiera pretender que tales atrocidades puedan describirse como otra cosa que crímenes de lesa humanidad en el sentido más enfático del término.
V
El genocidio perpetrado por Israel define claramente nuestro presente político. Las cuestiones que atañen al futuro y al pasado siguen siendo más controvertidas. ¿Qué debemos hacer para impedir que continúen y se prolonguen los crímenes de Israel y cómo debemos entender sus motivaciones más enraizadas? Que actualmente se está produciendo un genocidio puede ser obvio para la mayoría de las personas en la mayor parte del mundo, pero tal como están las cosas, es menor el consenso sobre lo que se debe hacer para ponerle fin, o sobre por qué y cómo comenzó. Esas dos preguntas están cobrando cada vez más importancia, a medida que en el Reino Unido el movimiento de solidaridad con Palestina se prepara para el próximo gran enfrentamiento con el gobierno de Starmer y su complicidad con el genocidio, el sábado 6 de septiembre.
Ambas preguntas meritan respuestas simples, basadas en principios igualmente simples e interrelacionados.
1. Hay una sola forma razonable de responder a un Estado genocida y consiste en privarlo de las oportunidades y los medios que necesita para matar o desplazar a personas. Como se ha dicho tantas veces, en una variante sombría tras otra, comprometerse con el principio de «nunca más» es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esa insistencia signifique realmente lo que dice. Exigir que el Reino Unido y Estados Unidos dejen de armar a Israel es un paso en la dirección correcta, pero está claro que no es suficiente: todo Estado genocida debería verse privado por completo de armas. Todas las personas, en todas partes, tienen el derecho inequívoco de vivir en condiciones de seguridad, pero, como es lógico, no se debería permitir que ningún Estado genocida conserve las armas que le han permitido cometer sus crímenes.
Es absurdo qua Israel exija la desmilitarización de Palestina y el desarme de cualquier futuro organismo palestino, mientras se apoya en su propia supremacía militar y su monopolio de la violencia para destruir Gaza, conquistar la Ribera Occidental y bombardear a sus adversarios en Líbano, Siria, Yemen e Irán. Israel es el agresor genocida en este conflicto, y es ante todo Israel a quien debería desarmarse.
Como señaló Gideon Levy en Haaretz tras el anuncio por Alemania a principios de agosto de que suspendería la venta de armas a Israel, los llamamientos a un embargo total de armas deben entenderse como una expresión de amistad y solidaridad con el pueblo de Israel, al igual que con el pueblo de Palestina. «Armar en estos momentos a Israel —sostiene Levy— no demuestra ni amistad hacia el Estado ni preocupación por su destino. Suministrar armas al agresor en una guerra ilegítima que debería haber terminado hace mucho tiempo y cuyos objetivos son ahora inútiles y criminales, es ser cómplice de un crimen.» Entendido correctamente, seguir «suministrando armas a Israel es un acto de hostilidad hacia el propio Israel».
A ese respecto, los precedentes históricos deberían hablar por sí solos. Cuando el Poder Hutu de Rwanda fue derrotado por los rebeldes tutsis en 1994, cuando los vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron a Pol Pot y al Khmer Rouge en 1979, cuando los soviéticos y sus aliados derrotaron al régimen de Hitler en Alemania en 1945, los autores del genocidio no permanecieron en el poder con sus fuerzas armadas intactas. Sus regímenes fueron derrocados, sus ejércitos disueltos y, en la medida de lo posible, sus sanguinarios líderes fueron juzgados. ¿Por qué no se debería llevar ante la justicia, de la misma manera, a los actuales dirigentes de Israel ? La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y su Ministro de Defensa hace unos nueve meses, y nunca ha habido ninguna excusa legítima para no ejecutarlas.
Después de matar a decenas de miles de personas en Gaza y la Ribera Occidental, después de los asesinatos en masa de tantas otras en Líbano, Irán y Yemen, ¿por qué las llamadas fuerzas de defensa de Israel deberían recibir una bomba o una bala más?
2. Desarmar a Israel es también, y al mismo tiempo, poner fin al antiguo proyecto sionista de un Estado judío establecido en tierras palestinas robadas. Tal como han documentado pormenorizadamente historiadores como Rashid Khalidi e Ilan Pappé, desde el momento en que se adoptó como política imperial en 1917 (por el Reino Unido) y en 1922 (por la Sociedad de las Naciones) hasta su aplicación unilateral en 1948, ha sido siempre obvio que la creación de un Estado judío a costa de otros pueblos podía llevarse a cabo sólo mediante la conquista violenta y la colonización. «Tarde o temprano —sostiene con argumentos contundentes el filósofo Frédéric Lordon en un reciente artículo—, a todo proyecto político de dominación le llega la hora de revelar su verdad.»
En el caso del sionismo, la verdad de su dependencia de la dominación militar ha sido evidente desde el principio. Por ejemplo, cuando en 1919 el presidente estadounidense Woodrow Wilson encargó a la Comisión King-Crane que investigara los anhelos políticos de los habitantes de Palestina, sus autores concluyeron que «si el Gobierno estadounidense decidiera apoyar el establecimiento de un Estado judío en Palestina, estaría comprometiendo al pueblo estadounidense con el uso de la fuerza en esa zona, ya que sólo mediante la fuerza se puede establecer o mantener un Estado judío en Palestina». Años más tarde, en un texto muy citado de 1923, el líder sionista revisionista Vladimir Jabotinsky reconoció que «la colonización sionista […] podía proseguir y afianzarse sólo bajo la protección de un poder independiente de la población autóctona, tras un muro de hierro que la población autóctona no pudiera traspasar». No es difícil comprender la necesidad de que todo Estado colonizador se refugie tras un muro o una cúpula de hierro. «Si se desea colonizar una tierra ya poblada —añadió Jabotinsky en 1925— hay que encontrar una guarnición para la tierra o un benefactor que proporcione una guarnición en su nombre […] El sionismo es una empresa colonizadora y, por tanto, su éxito o su fracaso dependen de la cuestión de las fuerzas armadas.» Para los sionistas más radicales —señala Rashid Khalidi— de lo que siempre se ha tratado es de un juego de suma cero, y esa lógica de «nosotros o ellos» influye tanto en las previsiones sobre el futuro político como en las interpretaciones del pasado histórico: «si existiera Palestina, Israel no podría existir.»
En la práctica, cada sucesiva etapa de esa aventura colonizadora ha dependido por completo del hecho evidente de la abrumadora supremacía militar. Antes de la creación unilateral del Estado de Israel en 1948, esa dependencia fue más evidente cuando se tuvieron que desplegar nada menos que 100.000 soldados británicos para sofocar la masiva revuelta árabe contra la invasión sionista que estalló a finales de la década de los treinta, pero huelga decir que, una vez más, fue la correlación de fuerzas militares lo que decidió el resultado de esas guerras en gran escala de 1948, 1967 y 1973 (por no hablar de las guerras más recientes y cada vez más desequilibradas fechables a partir de 2023, 2014, 2008…). Todos los aspectos de la actual política de Israel hacia los palestinos —las expulsiones, la ocupación, las anexiones, el asedio, la hambruna, los bombardeos, las demoliciones, los asesinatos, los francotiradores, las detenciones, las prisiones, los bloqueos, la vigilancia, los drones, los asentamientos, las vallas, los puestos de control, el muro del apartheid, la impunidad…— dependen por igual y en su totalidad de la dominación armada, pura y simple.
Sólo la dominación armada puede sostener un Estado de apartheid basado en la conquista, la ocupación y la colonización. Ese principio se hace valer hoy en día en Palestina de la misma manera y por las mismas razones que en su día se hizo valer en la Irlanda ocupada por los británicos, la Argelia ocupada por los franceses o la Sudáfrica del supremacismo blanco. Privar al Estado de Israel de armas también eliminaría la base material para su ocupación de los territorios palestinos y, en sentido más general, para su configuración como Estado de apartheid.
VI
El desarme es igualmente la condición material necesaria para el único camino viable hacia la paz y la justicia en Palestina, a saber, la creación, que supone enormes desafíos del mismo modo que suscita fundamentales esperanzas, de un único Estado compartido por todos sus habitantes. Por supuesto, debería corresponder a esos mismos habitantes decidir la manera exacta en que desean compartir ese Estado, pero si se quiere que sea equitativo y legítimo, también es obvio que debe guiarse por el más simple y claro de todos los principios políticos: la igualdad universal sin excepción. Como dice Frédéric Lordon, «[e]l reclamo antisionista es de una simplicidad… bíblica: igualdad. La igualdad para todos los ocupantes, la igualdad en dignidad y en derechos, la igualdad en el derecho al retorno de los refugiados, la igualdad en todo».
Toda importante variación de la denominada «solución de dos Estados», que sigue acaparando tanta atención internacional, sigue basándose en la presunta persistencia de la supremacía militar de Israel. Sin embargo, como he sostenido en otra parte, existen sólidos motivos para que muchos antiguos partidarios del enfoque de dos Estados, entre ellos (por mencionar sólo a algunos de uno de los dos lados de la histórica línea divisoria) figuras influyentes y ampliamente respetadas como Avi Shlaim, Gideon Levy y Shlomo Sand, hayan llegado a la conclusión de que, en realidad, toda «solución de dos Estados» no promete otra cosa que la continuación del dominio israelí bajo otro nombre.
Al abogar por un enfoque basado en un solo Estado inclusivo e igualitario o un Estado compartido, se han acercado a las posiciones defendidas desde hace tiempo por académicos y activistas como Omar Barghouti, Ali Abunimah (cofundador de Electronic Intifada y autor de One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse, 2006), Rashid Khalidi, Ilan Pappé, Noura Erakat, Haidar Eid (editor de Countering the Palestinian Nakba: One State for All, 2017) y Ghada Karmi (autora de One State: The Only Democratic Future for Palestine-Israel, 2023). Si bien, a todas luces, no es este el lugar para abordar en detalle la cuestión, algunos de los principales argumentos en favor de ese enfoque basado en un Estado compartido se expusieron de forma clara y concisa en la breve «Declaración de un solo Estado» que Abunimah, Barghouti, Pappé y muchos otros firmaron en 2007.
En lo que a un Estado democrático en Palestina o Israel o en cualquier otro lugar se refiere, no existe sino una sola posición coherente y basada en principios susceptible de adoptarse y esa posición se deriva de la definición de todo Estado democrático como tal. Un Estado democrático legítimo es aquel que trata a todos sus habitantes como participantes plenos e iguales en su poder legislativo, sin criterios de privilegio o exclusión, de acuerdo con el criterio básico de «una persona, un voto».
Dejando a un lado los principios, en la práctica ha sido obvio todo este tiempo (para citar a Gideon Levy) que ningún líder israelí ha aceptado jamás la premisa más rudimentaria de una solución verdaderamente basada en la existencia de dos Estados; a saber, la idea de que «los dos Estados serían iguales». Es igualmente obvio (para citar a Avi Shlaim) que sucesivos gobiernos israelíes han destruido deliberada y «sistemáticamente las bases para un Estado palestino viable», entre otras cosas sitiando a Gaza, anexándose a Jerusalén y colonizando gran parte de la Ribera Occidental. Seguir hablando de dos Estados no sólo es una pérdida de tiempo que distrae la atención, sino también un desvío respecto de la verdadera cuestión a la que se enfrenta la comunidad internacional: si se debe permitir que un ilegítimo Estado de apartheid siga funcionando según su configuración actual.
En lo fundamental, como explicara Gideon Levy en una entrevista concedida en enero de 2024, todos los argumentos contemporáneos en favor de una solución de dos Estados se basan en supuestos de larga data sobre la supremacía militar israelí. En particular, en el hecho de que el ejército israelí fue lo suficientemente fuerte como para provocar la Nakba o catástrofe de 1948, es decir, en la expulsión en masa de palestinos como precio inevitable que pagar por haber fundado una colonia de asentamientos en tierras ajenas. Tales supuestos exigen a los palestinos, como condición para solicitar en algún momento algún tipo de Estado fragmentario, que renuncien a sus derechos de retorno ya reconocidos. En lugar de las guerras de 1967 o 1973, continúa Levy, en lugar de Oslo en 1993, o Camp David en 2000, «el momento decisivo es 1948. Un pueblo llegó a una tierra poblada y se apoderó de ella. Es ese el meollo de todo el asunto». Levy admite que un enfoque basado en la idea de un Estado compartido y en el principio de «una persona, un voto» podría seguir siendo impopular en Israel, y sin embargo:
al menos es una solución que podría resolver todos los problemas, incluido el derecho al retorno. Nos encontramos muy lejos de ello, pero al menos se tiene una visión. Mientras que con la solución de dos Estados no hay visión alguna, porque [Palestina] no sería un Estado viable. Por tanto, creo que seguir hablando de la solución de dos Estados, como hace el 90 % del mundo —desde la Autoridad Palestina hasta la Unión Europea, pasando por Estados Unidos y algunos miembros del Gobierno israelí—, a sabiendas de que no es posible, no sirve para otra cosa que para hacerle el juego a la ocupación […] No debemos juzgar la solución de un solo Estado según la realidad actual. Es cierto que, según la realidad actual, es imposible que convivan judíos y palestinos. Pero la idea es cambiar esa realidad. La alternativa a la solución de un solo Estado es continuar con el Estado de apartheid. No existe una tercera solución. Tenemos que decidir o rendirnos.
VII
Las respuestas a esas preguntas podrían en principio ser simples, y sin embargo no es menos obvio que, dadas las fuerzas que se les oponen, en la práctica su aplicación sería extremadamente difícil. Una combinación similar de simplicidad en cuanto a principios y dificultad material caracterizó las campañas para abolir la esclavitud en Estados Unidos en las décadas de 1840 y 1850 o para abolir el apartheid en Sudáfrica en las décadas de los setenta y los ochenta del pasado siglo, y en cada caso debemos recordar la fuente real, si no única, de la dificultad en cuestión: la resistencia armada de los pocos privilegiados que se beneficiaban del statu quo. Ya sea mediante la presión internacional y el aislamiento económico o mediante una campaña concertada de intervención directa, no se darán pasos significativos hacia una paz justa en Oriente Medio a menos que se supere la resistencia de Israel a la emancipación palestina.
Del mismo modo, si Israel fuera a persistir en su proyecto de conquista y colonización, deberá garantizar a toda costa su supremacía militar presente y futura. A falta de desvergonzadas celebraciones de la propia dominación, la única forma de hacerlo es por medio de la justificación de dicha supremacía invocando interminablemente su «derecho a defenderse». Afortunadamente para Israel, esas justificaciones encajan perfectamente con las enraizadas prioridades militaristas de sus principales aliados y facilitadores, y, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, hallaron oídos abiertos en aquellos países que han convertido la perpetua «guerra contra el terrorismo» en el principio rector de su política imperial. Al igual que Yvette Cooper apela a su responsabilidad de proteger al público británico de la supuesta «disposición a utilizar la violencia» de Palestine Action, la única forma en que Netanyahu puede justificar el despoblamiento genocida de Gaza es apelando al derecho inviolable de Israel a hacer lo que considere necesario para protegerse. A principios de mayo de 2025, cuando Netanyahu se mostró más sincero sobre sus planes genocidas para Gaza, llegó incluso a prometer que «la población sería trasladada, por su propia protección».
Como he intentado explicar en otro examen de este tema, la legitimidad internacional del gobierno de Netanyahu y de su guerra contra Palestina, tal cual es, ha dependido siempre de que ganaran tan importante discusión sobre el sacrosanto derecho de Israel a la legítima defensa. Por múltiples razones, es esa otra una discusión que Israel merece perder. Ni siquiera la concepción más amplia de la legítima defensa puede justificar el hambre y la expulsión de toda una comunidad, la destrucción de sus hospitales y universidades, la demolición de sus hogares e instituciones, el asesinato deliberado de cientos de periodistas, médicos, trabajadores humanitarios, etc. En lo que respecta al derecho internacional, no se puede invocar ningún derecho de legítima defensa para justificar la persistencia de una ocupación militar ilícita y la opresión de quienes se ven obligados a vivir bajo un dominio extranjero, como tampoco se puede utilizar para coaccionar a los palestinos a que reconozcan el presunto (e igualmente espurio) «derecho a existir» de un Estado. Es esencial que el actual recurso de Israel a la fuerza armada se desenmascare plenamente como lo que es: un ejercicio de agresión, orientado por un proyecto centenario de conquista y colonización.
Basándonos en lo hecho en otras ocasiones, las demandas que deben guiar la solidaridad con Palestina son perfectamente claras: desarmar a Israel, desmantelar el Estado de apartheid e insistir en un derecho de retorno pleno e igualitario.
VIII
La obligación de prevenir y castigar el genocidio, y de buscar justicia para las víctimas, es de carácter categóricamente vinculante para todos nosotros. Si las meras expresiones de indignación o repulsa no logran cambiar la política del Gobierno, entonces debemos considerar formas de intervención más eficaces. La proscripción de Palestine Action por Yvette Cooper es una perversa desviación de la justicia, una estratagema desesperada ideada con engañosos pretextos; en lugar de «proteger al público británico», su verdadero propósito es, a todas luces, permitir que el Ministerio de Defensa británico continúe comerciando y colaborando con Elbit Systems y otros proveedores de la maquinaria bélica israelí. A diferencia del Gobierno británico, la mayoría de las personas en el Reino Unido entiende que los verdaderos criminales son los políticos y generales israelíes que están llevando a cabo un genocidio a la vista de todos, junto con los fabricantes de armas que les proporcionan los medios para hacerlo.
Por todo ello, el sábado 6 de septiembre, organizados a través de sus sindicatos, un grupo de firmantes de la declaración de académicos y de la carta «Protest is not Terrorism» participará en una amplia delegación de solidaridad, junto a cientos de activistas movilizados por Defend Our Juries, quienes volverán a arriesgarse a ser detenidos en Parliament Square.
Si desea añadir su firma a la versión abreviada de la declaración de académicos publicada en este blog el 5 de agosto, rellene el formulario de inscripción disponible aquí. Se aceptará la firma de cualquier persona que se defina a sí misma como académico, ya sea que trabaje en la educación superior o no, y de los trabajadores de la educación postsecundaria en sentido general.