Cómo puede Canadá decirle que no a Donald Trump

Ha emergido un patrón demasiado predecible en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. El presidente estadounidense Donald Trump le hace a Canadá una «oferta que no puede rechazar». Lo que sigue es una reacción nacional de rechinar de dientes, agitar banderas, empresas y políticos apelando al patriotismo. Luego, el gobierno canadiense cede, lamentando que «no teníamos otra opción».

¿Qué haría falta para tener realmente una opción? Un fin a los ultimátums arancelarios intermitentes de Trump, sin duda, sería bienvenido, pero nuestra «normalidad» anterior nunca fue tan buena como se cree, y eso es perder de vista lo fundamental. Nuestro dilema no reside en este o aquel conflicto de políticas, sino en algo mucho más profundo: a menos que rompamos con esta historia interminable desvinculándonos considerablemente de Estados Unidos —de forma sobria, por supuesto, y necesariamente gradual— estaremos condenados al fatalismo de no tener «otra opción».

Los canadienses entienden perfectamente que lo que está en juego es nuestra soberanía. Pero diferimos en cuanto a lo que eso podría implicar. Hablar de que Canadá se convierta en el quincuagésimo primer estado de Estados Unidos es una distracción; no está en peligro la soberanía formal de Canadá. Lo que enfrentamos es el goteo constante que erosiona nuestra soberanía sustantiva: la pérdida, ya bastante avanzada, de nuestras capacidades democráticas para decidir qué tipo de sociedad queremos construir.

La exigencia de Trump de derogar el impuesto a los servicios digitales

La última expresión de esta amenaza surgió con el impuesto canadiense a los servicios digitales, un gravamen a las grandes corporaciones tecnológicas radicadas fuera del país —principalmente en Estados Unidos— pero que generan ingresos y ganancias significativas mediante plataformas sociales digitales que operan en Canadá. Propuesto inicialmente en las elecciones de 2022, se implementó el año pasado y estaba por comenzar su recaudación cuando Trump intervino con otra «oferta que no podés rechazar»: si Canadá no deroga el impuesto, se suspenden las negociaciones para reducir los aranceles estadounidenses.

El Partido Liberal del primer ministro Mark Carney se mostró demasiado tímido como para decirle a Trump que los impuestos en Canadá los deciden los canadienses. Tampoco se atrevieron a recordarle que el Reino Unido, España, Italia y Francia también aplican ese impuesto —¿entonces cuál es el problema?—. Y por supuesto, no estaban dispuestos a señalar la hipocresía de Trump al quejarse de los impuestos a las corporaciones estadounidenses que operan en el extranjero, cuando sus propios aranceles a Canadá funcionan, en los hechos, como un impuesto a empresas que incluyen compañías estadounidenses como General Motors, que producen en Canadá y exportan a Estados Unidos.

Antes, Trump ya había utilizado los aranceles como arma para obligar a Canadá a aumentar drásticamente su gasto militar. Como la mayoría de los miembros de la OTAN, Canadá no alcanzaba el objetivo impuesto por Estados Unidos. Trump no solo exigió un cumplimiento total, sino que elevó la vara de modo que Canadá tendría que triplicar sus gastos. Canadá encontró el dinero sin chistar. El mismo gobierno que antes no había podido financiar mejoras al sistema de salud, ampliar la vivienda pública o enfrentar la crisis ambiental, ahora encontraba los recursos. Cuando Estados Unidos ladra, lo que antes parecía imposible de pronto se vuelve realizable.

Las declaraciones altisonantes de que Canadá va a superar a los yanquis, como dijo el líder del Partido Conservador Pierre Poilievre en la última campaña, oscurecen esta verdad. No solo es una respuesta disparatada, dado el tamaño de Estados Unidos, su ventaja tecnológica y los enormes subsidios militares a su sector de alta tecnología. Incluso si el capital canadiense «ganara» en ciertos sectores, Estados Unidos ya ha demostrado su disposición a cambiar las reglas cuando le conviene.

Romper con la integración profunda con Estados Unidos

Lo más importante es que imitar a Estados Unidos y priorizar la competencia y las ganancias reduce a Canadá a una pálida imitación del vecino del sur. Es una trampa. Sin embargo, romper con la realidad de una integración tan profunda en los mercados y redes de producción estadounidenses será riesgoso, disruptivo y conflictivo. El problema con una dependencia tan arraigada es que no se puede cortar de un día para el otro.

Una desvinculación significativa por parte del Estado para ampliar los márgenes de control democrático implica diversificar el comercio, apostar al desarrollo interno, reorientar las prioridades sociales hacia la igualdad, construir nuevas capacidades colectivas, reconvertir la economía y el capital fijo para enfrentar la crisis ecológica, y mitigar, mientras tanto, los efectos de los eventos climáticos extremos causados por el calentamiento global.

Las corporaciones descentralizadas que compiten por ganancias privadas en mercados capitalistas no van a resolver la frustración popular en Canadá ni enfrentar de manera eficaz las políticas unilaterales y agresivas de Estados Unidos en materia de aranceles y economía. Lo que se necesita es demasiado grande como para dejarlo en manos del «mercado», incluso con algo de «orientación» estatal mediante subsidios. Esto exige abrir un debate sobre planificación democrática. Democrática, porque la planificación en sí misma puede fortalecer el statu quo en lugar de transformarlo al servicio de toda la población, y no solo de las élites dominantes y las clases acomodadas.

Podemos asumir los riesgos y costos de invertir en Canadá, en nuestras comunidades, en nosotros mismos. Pero eso solo ocurrirá si va de la mano de un proyecto nacional que apunte a algo distinto e inspirador, algo ambiciosamente radical y colectivo. Las alternativas existen, pero no son fáciles. ¿No es hora de empezar a discutirlas en serio?