Europa sigue permitiendo los crímenes de Israel en Gaza

Tras veinte meses de devastación diaria de Gaza por parte de Israel, su plan de «ayuda humanitaria» respaldado por Estados Unidos dejó un saldo de 230 personas muertas o heridas en un solo día. Este incidente es solo el último de una serie de destrucciones verdaderamente apocalípticas que afectaron todos los aspectos de la vida en Gaza. Más del 90 % de la población gazatí ya fue desplazada. Solo en los últimos tres meses, más de 600 000 personas fueron nuevamente desplazadas (en algunos casos, ya diez veces o más).

En estas condiciones, es comprensible que algunos acojan con satisfacción la noticia de que diecisiete Estados miembros de la Unión Europea hayan votado favor de revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Es humano aferrarse a cualquier cosa que pueda reconocer que los palestinos tienen derechos humanos y que esos derechos deben ser tratados de forma igualitaria en virtud del derecho internacional.

Es posible que esta votación marque un cambio de rumbo largamente esperado. Sin embargo, es mucho más probable que este debate sobre la suspensión del acuerdo sea una farsa y que no dé lugar a nuevas medidas significativas.

Rompiendo sus propias reglas

La suspensión requeriría una votación unánime de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y varios Estados, entre ellos Alemania, Hungría e Italia, se mantienen firmes en su apoyo al Gobierno israelí y en su oposición a cualquier cambio de este tipo. En estas condiciones, esperar una votación unánime para suspender el acuerdo con Israel sería una ilusión.

Los partidos gobernantes en Hungría e Italia personifican el auge de la derecha neofascista europea, que a pesar de sus raíces antisemitas hoy son aliados de sus homólogos israelíes. Más allá de las recientes críticas superficiales, el Gobierno alemán no da señales de ceder en su apoyo diplomático y material a Israel. Afirma que este apoyo forma parte de su Staatsräson (razón de Estado) y tacha de antisemita a cualquier oposición al sionismo —incluso por parte de los propios ciudadanos judíos de Alemania— así como a las críticas a los gobiernos israelíes e incluso al mero reconocimiento de los derechos humanos de los palestinos.

Además, la idea de que los acuerdos de asociación deben revisarse no es nueva. Todos estos acuerdos contienen las llamadas «condicionalidades», es decir, normas con arreglo a las cuales el acuerdo debe revisarse cada año. El cumplimiento de estos criterios debe conducir a una profundización o a una reducción de las relaciones. Esto es lo que la UE denomina el «principio de más por más/menos por menos».

El artículo 2 del acuerdo establece que las relaciones entre la UE e Israel, incluidas «todas las disposiciones del propio Acuerdo», deben «basarse en el respeto de los derechos humanos». Cuando el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, pidió que se votara la revisión del acuerdo, lo hizo precisamente sugiriendo que Israel había violado el artículo 2, ya que su último bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Por lo tanto, las propias normas de la UE ya la obligan a llevar a cabo la evaluación que los Estados miembros votaron. Lo extraordinario, por lo tanto, no es la reciente votación a favor de una revisión sino que el acuerdo nunca haya sido revisado seriamente antes, a pesar de la letanía de abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno israelí mucho antes de 2023. De hecho, los miembros de la UE rechazaron el año pasado la solicitud de revisión presentada por España e Irlanda, que se produjo cuando la devastación de Gaza por parte del ejército israelí ya llevaba mucho tiempo en marcha.

Palabras vacías

Es difícil evitar la conclusión de que la UE nunca tuvo la intención de que estas condiciones en materia de derechos humanos fueran significativas. Nunca se definieron los criterios para estas revisiones de los derechos humanos. Esto le permite a la UE en su conjunto —incluidos los Estados que ahora están a favor de revisar las relaciones con Israel— pasar por alto sistemáticamente los abusos de los derechos humanos en Israel/Palestina, por no hablar de muchos otros países con los que la Unión tiene acuerdos similares, al tiempo que se mantiene la fachada de respeto a «la democracia, los derechos humanos y los valores fundamentales».

Al igual que la suspensión de las negociaciones comerciales por parte del Reino Unido, pero no del comercio en sí, esta votación es una medida retórica con pocas consecuencias concretas. Lo mismo ocurre con el reciente comunicado conjunto emitido por los Gobiernos de Francia, Canadá y el Reino Unido. Los medios de comunicación occidentales presentaron la declaración como más dura que la posición colectiva de la UE. Sin embargo, el comunicado solo se opone a «la expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza», es decir, se opone a la prolongación y la intensificación del asalto israelí, no a la devastación causada hasta ahora.

Tampoco se mencionan las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, recibió recientemente a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, en Londres y le aseguró que el Gobierno británico bloquearía la orden de detención solicitada por grupos jurídicos por su participación en crímenes de guerra. Aunque el Reino Unido convocó al embajador de Israel tras su declaración conjunta con Francia y Canadá, siguió realizando vuelos de vigilancia y reconocimiento en apoyo de Israel, sobre el espacio aéreo de Gaza o cerca de él.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se destacó entre los gobiernos europeos a la hora de criticar a Israel, llegando incluso a afirmar en el Parlamento español que «no hacemos negocios con un Estado genocida». Sin embargo, la líder de Podemos, Ione Belarra, exministra del Gobierno de Sánchez, pudo enumerar decenas de contratos entre instituciones estatales españolas y empresas israelíes de armamento e inteligencia, incluidos algunos que continuaron después de la declaración original del Gobierno de que suspendería los acuerdos de armas existentes.

Eurolavado

Si los gobiernos europeos se tomaran en serio la necesidad de frenar el devastador uso de la violencia por parte de Israel, empezarían por hacer lo que ya están obligados a hacer en virtud de las normas del Acuerdo de Asociación y del derecho internacional humanitario.

Esto incluiría detener los contratos de armas con empresas israelíes, suspender la cooperación en materia de inteligencia y hacer cumplir las normas vigentes de la UE sobre intercambios comerciales, culturales y de investigación, por no hablar de apoyar la investigación de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación por parte de Israel de la Convención sobre el Genocidio y ejecutar las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

El largo historial de la UE de ignorar las violaciones de los derechos humanos por parte de los países asociados culminó en el espectáculo de la unión cruzada de brazos ante la devastación diaria que Israel inflige a los palestinos. Dentro de sus propias fronteras, la represión de los derechos a la libertad de expresión y de reunión de quienes defienden los derechos humanos de los palestinos y exigen la aplicación del derecho internacional está erosionando rápidamente los cimientos de las tan cacareadas democracias liberales del continente.

En última instancia, es posible que Europa esté empezando por fin a reconocer sus obligaciones morales y jurídicas de defender los derechos humanos universales y la igualdad de todos ante la ley. Sería algo positivo, aunque insuficiente y tardío. Sin embargo, lo más probable es que las recientes declaraciones de los líderes de la UE sigan siendo intentos vacíos de «eurolavar» su propia complicidad.