Honduras enfrenta este domingo 30 de noviembre uno de los procesos electorales más importantes de su historia reciente. Más de 6,5 millones de hondureños están habilitados para votar y decidir quién reemplazará a la actual presidenta Xiomara Castro (LIBRE) en el Palacio José Cecilio del Valle durante los próximos cuatro años, además de renovar prácticamente todos los cargos públicos del país: desde la totalidad del Congreso, órgano unicameral compuesto por 128 parlamentarios, hasta las casi 300 alcaldías municipales.
De los cinco candidatos presidenciales, la atención se ha concentrado principalmente en tres figuras.
Por un lado, la oficialista Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (LIBRE), abogada, maestra y política hondureña, busca convertirse —en un hecho histórico— en la segunda mujer presidenta de Honduras, dando continuidad al proyecto de «socialismo democrático» iniciado por la actual mandataria, Xiomara Castro. En caso de victoria, Castro le entregaría la banda presidencial, marcando la primera vez en el continente que una presidenta transfiere el cargo a otra mujer.
El candidato del tradicional Partido Nacional es el empresario de la construcción y exalcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, quien mantiene un perfil de derecha conservadora neoliberal. Asfura compite por segunda vez tras su derrota en 2021 y se perfila como el principal candidato de la oposición. Actualmente, enfrenta investigaciones y procesos legales por presuntos actos de corrupción durante su gestión municipal.
Finalmente, el tradicional Partido Liberal postula a Salvador Nasralla, conocido por su larga trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, donde se ganó el apodo de «El señor de la televisión». Esta es su tercera candidatura presidencial. En 2021, renunció a su postulación para apoyar a Xiomara Castro, asumiendo luego el cargo de designado presidencial (equivalente a vicepresidente) durante gran parte del gobierno, hasta separarse del oficialismo en 2024 para volver a competir por la jefatura del Estado.
Acusaciones de fraude e injerencia de los Estados Unidos
Lejos de cualquier contexto de calma, la situación política en Honduras rumbo a las elecciones estratégicas se ha vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas, marcada por graves denuncias de posibles fraudes y una creciente y pública intervención de Estados Unidos.
A finales de octubre, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, presentó públicamente 26 grabaciones que contienen conversaciones entre líderes del Partido Nacional y un militar cuya identidad no fue revelada. En estos audios aparece Cossette López, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) vinculada al Partido Nacional, conversando con Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso, y con el oficial militar no identificado.
Los audios habrían sido filtrados por el consejero electoral Marlon Ochoa, de LIBRE. Según el Ministerio Público, estas grabaciones revelan la existencia de una «asociación ilícita» destinada a alterar los resultados electorales. En ellas se escuchan conversaciones sobre un plan para desconocer una eventual victoria de la candidata oficialista Rixi Moncada mediante la manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Como respuesta a estas denuncias, Rixi Moncada declaró que no reconocerán los resultados que el TREP publique el mismo domingo, ya que llevarán un conteo de votos propio. Señaló además que esperarán a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita el resultado definitivo, un proceso que podría prolongarse hasta finales de diciembre.
Por su parte, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, así como la Democracia Cristiana y la oposición mediática del país —donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación son opositores—, afirmaron que los audios eran «falsos» y los calificaron como una «campaña sucia» del gobierno para desacreditar a sus líderes. Además, aseguraron —sin presentar pruebas— que el gobierno estaría preparando un fraude electoral para el domingo ante su «inminente derrota».
Faltando solo diez días para las elecciones, el jueves 20 de noviembre parte de la oposición política suspendió sus actividades y viajó a Estados Unidos para «pedir» la intervención de Washington frente al supuesto «inminente fraude» que prepara el gobierno. La delegación opositora estuvo integrada por el liberal Salvador Nasralla y varios congresistas del Partido Nacional. En Washington participaron en una audiencia pública titulada «Democracia en Peligro: La Lucha por Elecciones Limpias en Honduras», organizada por la congresista republicana María Elvira Salazar, conocida por su postura hostil hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.
Durante su intervención, la congresista de Miami acusó al pueblo hondureño de haber elegido a una «presidenta socialista llamada Xiomara Castro» y afirmó que los hondureños «merecen un gobierno que no sea comunista y que piense primero en el futuro». Añadió que Estados Unidos debe garantizar que «la democracia prevalezca» en la región.
Luego, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, reiteró las acusaciones y lanzó advertencias al gobierno hondureño. En una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que Honduras estaba sometiendo a «acoso y presión» a los funcionarios electorales y advirtió que Washington actuaría con firmeza ante «cualquier intento de comprometer la integridad del proceso».
La intervención más resonante provino del propio presidente Donald Trump, quien —faltando cinco días para las elecciones— publicó un extenso mensaje en redes sociales expresando su apoyo explícito al candidato del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, a quien describió como «el defensor de la democracia». Al mismo tiempo, acusó a la candidata oficialista, Rixi Moncada, de «comunista» y de estar alineada con el «narcoterrorismo», calificativo que suele emplear —sin presentar pruebas— contra el gobierno venezolano.
«¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país, como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional», declaró el magnate neoyorquino.
Las respuestas a las declaraciones de Trump no se hicieron esperar. Asfura agradeció públicamente el respaldo del mandatario estadounidense, mientras que la candidata oficialista respondió por medio de redes sociales. Afirmó que «me acusan de comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias y no un derecho a favor del Pueblo». También volvió a advertir que «la transmisión de resultados preliminares del CNE, programada para el domingo a las 9:00 pm, es una trampa».
Del golpe de 2009 al «socialismo democrático»: el trasfondo político que marca las elecciones en Honduras
Estas elecciones serán las primeras desde que el partido Libertad y Refundación (Libre) llegó al poder en 2021, llevando a Xiomara Castro a la Presidencia y poniendo fin al bipartidismo tradicional del Partido Nacional y el Partido Liberal, que se alternaron en el gobierno durante casi toda la historia de Honduras, salvo en los períodos de interrupciones militares.
Libre surgió en 2011 como un frente integrado por distintos sectores de izquierda y centroizquierda, en respuesta al golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya —esposo de Xiomara Castro—, quien había llegado al poder por el Partido Liberal. El golpe fue impulsado principalmente por el Partido Nacional, después de que Zelaya anunciara su intención de incorporar a Honduras al ALBA, junto a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países del Caribe.
Tras el golpe, el Partido Nacional gobernó durante doce años consecutivos, en un período marcado por elecciones controvertidas, acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y un creciente autoritarismo. Juan Orlando Hernández asumió la Presidencia en 2013 y, en 2017, logró presentarse a la reelección pese a la prohibición constitucional gracias a un fallo judicial. Aquellos comicios fueron denunciados como fraudulentos por la oposición y desencadenaron masivas protestas que fueron violentamente reprimidas en un contexto de creciente militarización del país.
En 2021, tras una amplia movilización social contra el gobierno de Hernández, Libertad y Refundación logró la victoria electoral, convirtiendo a Xiomara Castro en la primera mujer presidenta en la historia de Honduras y dando inicio al proyecto político denominado «socialismo democrático».
Los escándalos de corrupción y narcotráfico terminaron por explotar en 2024, cuando Hernández fue declarado culpable por una corte federal de Nueva York de conspiración para traficar drogas y armas. En junio de ese mismo año fue condenado a 45 años de prisión y cinco años de libertad condicional, tras comprobarse que había recibido sobornos millonarios antes y durante su mandato para favorecer a grupos narcotraficantes.
Proyectos en disputa
Lejos de limitarse a enfrentarse a sus oponentes políticos, todo el eje de la campaña de Rixi Moncada se ha centrado en denunciar a «las diez familias que controlan el 80% de la economía nacional». Define al «socialismo democrático» como un «proyecto de justicia social y democratización económica», una propuesta orientada a la «democratización de la economía» en una nación de 10 millones de habitantes, donde la pobreza afecta al 60% de la población, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas.
Durante el lanzamiento de su programa de gobierno, titulado Democratización de la Economía, Moncada aseguró que la lucha de Libre «enfrenta a los mismos: los 25 grupos económicos de las diez familias que dieron el golpe de Estado y que históricamente han saqueado al país».
Toda su campaña se basó en la necesidad de aplicar una reforma fiscal progresiva, mediante la cual busca establecer un sistema en el que quienes tienen mayores ingresos paguen impuestos en un país profundamente marcado por la desigualdad, y plantea una Ley de Justicia Tributaria para que quienes más tienen paguen más impuestos. «No estamos proponiendo quitarle dinero a nadie; estamos proponiendo equidad», asegura.
Por su parte, el empresario Nasry Asfura, elegido por Trump como su candidato, ha centrado su campaña en la defensa de una economía de libre mercado, alejada de cualquier «intervención socialista», con el objetivo de generar un «clima amigable para los negocios». Alineado con la derecha estadounidense, Asfura se presenta como un defensor de «la vida, la familia, la seguridad y la libertad».
En un contexto de fuerte influencia de Estados Unidos en la región, Asfura se propone acabar con el experimento progresista del gobierno de LIBRE y devolver a Honduras a una posición subordinada dentro de la política exterior estadounidense.
Nota: Texto publicado originalmente en Brasil de Fato
