Sri Lanka eligió el 21 de septiembre a su primer presidente de izquierdas. Anura Kumara Dissanayake obtuvo el 42% de los votos emitidos, en la primera prueba de opinión pública desde que el Estado isleño de veintidós millones de habitantes entró en bancarrota en 2022.
El líder del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, Frente de Liberación Popular) y su coalición Poder Popular Nacional (PPN), conocido popularmente como «AKD», se sienta ahora donde hace dos años una revuelta popular expulsó a Gotabaya Rajapaksa en la mitad de su presidencia. Para sorpresa de la derecha, la bolsa de Colombo subió tras conocerse el resultado.
No fue la victoria aplastante que los partidarios de AKD habían insistido en que se avecinaba, ya que no alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios para una victoria en primera vuelta. Su elección a la presidencia se produjo tras la distribución de los votos de segunda opción de los candidatos eliminados, lo que confirmó la clara ventaja de AKD sobre su rival más próximo, el ex líder de la oposición Sajith Premadasa.
Tampoco recibió el mismo apoyo de las minorías etnorreligiosas tamil y musulmana (algo menos del 25% de la población) que de la mayoría cingalesa (mayoritariamente budista) en una sociedad dividida tras la guerra. Aun así, este resultado es una sorpresa increíble, contra todos los obstáculos de poder, clase y capital que se interponían en el camino del AKD. Hasta hace poco era sencillamente inimaginable.
Habiendo obtenido solo el 3 por ciento de los votos emitidos en 2019, ¿cómo fue impulsado el AKD al cargo más alto del país en solo un ciclo electoral? ¿Cuáles son los orígenes del JVP y cómo ha evolucionado? ¿Cuál es el programa y la dirección probable del nuevo Gobierno y a qué retos inmediatos se enfrenta?
El levantamiento popular y sus consecuencias
El terremoto político de este mes no puede entenderse sin recordar el movimiento popular (janathaaragalaya, «lucha del pueblo» en cingalés) de 2022. Durante la primera mitad de ese año, que alcanzó su punto álgido entre principios de abril y principios de julio, muchos cientos de miles de personas salieron a la calle, ya fuera en acciones vecinales autoorganizadas o en protestas a gran escala en Colombo, sin un liderazgo unificado ni demandas coherentes más allá de pedir la dimisión del presidente (#GotaGoHome) y una forma poco clara de «cambio de sistema».
A principios de ese año, en una crisis de combustión lenta que empezó a humear durante la pandemia del COVID-19, las reservas de divisas tocaron fondo, agotadas por los reembolsos de la deuda soberana, la defensa de la caída en picado de la rupia y los menguantes ingresos públicos. Incapaz de pagar las importaciones de combustible, alimentos y suministros farmacéuticos, el país simplemente dejó de funcionar.
El terremoto político de este mes no puede entenderse sin recordar el movimiento popular de 2022.
Hubo racionamiento de la energía para viajes y consumo doméstico; las escuelas y las pequeñas empresas cerraron; escasearon los medicamentos esenciales; los consumibles básicos no estaban disponibles o, de repente, eran mucho más caros. A partir de abril, los acreedores extranjeros sabían que Sri Lanka dejaría de pagar los miles de millones de dólares de deuda que vencían ese año, y el gobierno corrió a Washington, DC, para obtener un rescate del prestamista de última instancia.
La incredulidad y frustración iniciales ante la incompetencia de un gobierno elegido casi por mayoría absoluta en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2019 y 2020, respectivamente, se convirtieron rápidamente en rabia contra todos los políticos y partidos en el poder desde que Sri Lanka se independizó de Gran Bretaña en 1948. Personas de todas las clases conectaron su sufrimiento con el arraigado interés propio de la clase política y la gran corrupción que se manifestaba en una megaestafa tras otra.
Durante el movimiento de protesta, el objetivo era sobre todo destituir al presidente en funciones, Gotabaya Rajapaksa, y al amplio clan Rajapaksa instalado en el gobierno y la política nacional, incluido su hermano mayor, el expresidente Mahinda Rajapaksa. Otros objetivos eran los miembros de la Asamblea Legislativa, a los que los manifestantes pretendían sustituir en unas elecciones anticipadas por nuevos representantes del pueblo.
Sin embargo, una vez que Rajapaksa y los miembros de su familia fueron expulsados del gobierno, Ranil Wickremesinghe, líder histórico de la derecha neoliberal, maniobró para acceder a la presidencia. Wickremesinghe se resistió a las peticiones de que se disolviera el parlamento y se reconstituyera de nuevo. Violó los derechos humanos y la Constitución mediante la detención y represión de activistas y el aplazamiento de la elección de los órganos de gobierno local, al tiempo que sometía a los pobres y desvalidos a un programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), todo ello en aras de la estabilidad (para los poderosos) y la recuperación (para los ricos).
De hecho, hasta el día de las elecciones presidenciales, muchos temían que Wickremesinghe urdiera un autogolpe para aferrarse al poder, en lugar de someterse a la humillación en las urnas. Tras la victoria del AKD, las elecciones legislativas convocadas para el 14 de noviembre, con su oportunidad de expulsar a la vieja guardia de todos los partidos políticos, son una asignatura pendiente de hace dos años.
El ascenso del JVP
El JVP-PPN no desencadenó la revuelta ni la dirigió. Fue una entre varias corrientes en aquel momento. Sin embargo, su narrativa y su mensaje se convirtieron en el sentido común de un amorfo movimiento multiclasista cargado de una conciencia de clase media.
Durante muchos años, el JVP ha machacado en el discurso público la idea de que los problemas políticos y económicos de Sri Lanka son consecuencia de la corrupción arraigada en ambas esferas. Su popularidad creció a medida que sacaba a la luz los sobornos y los delitos en el gobierno, al tiempo que ponía de relieve el despilfarro y la ineficacia en el uso de los fondos públicos. Lo que el partido no ha hecho -como cabría esperar de un grupo de origen marxista- es explicar cómo la corrupción es una cuestión de economía política y su nexo con el capitalismo, y no de personas malvadas e instituciones débiles.
Excepcionalmente entre los partidos parlamentarios de Sri Lanka, los representantes del JVP-PPN tienen fama de estar libres de criminalidad y de comportamientos abusivos en su vida pública y privada, como miembros disciplinados de una organización moral. Durante y después de la revuelta de 2022, sectores cada vez más amplios de la sociedad, mucho más allá de la circunscripción social y étnica tradicional del partido-alianza, empezaron a verlo como una alternativa ética a la clase política tradicional, y como un agente de cambio sistémico.
Para apreciar la importancia de este cambio en la opinión pública hacia el JVP, debemos hacer un breve repaso de su evolución en los últimos treinta años y de los antecedentes de su actual líder. Los fundadores del JVP a mediados y finales de la década de 1960 eran jóvenes cuadros de etnia cingalesa del Partido Comunista de Ceilán (PCC) que se sintieron atraídos por el maoísmo. En ese periodo, el PCC se dividió en grupos prosoviéticos y prochinos; el JVP surgió como una escisión de estos últimos.
Desde entonces, el JVP se ha definido como un partido marxista-leninista. Sin embargo, también ha asimilado la cultura y la ideología budistas cingalesas, y ha defendido el nacionalismo cingalés en el pasado reciente contra las amenazas externas («expansionismo indio») e internas («separatismo tamil») a la soberanía y la integridad territorial del Estado.
El JVP organizó dos insurrecciones contra el Estado bajo el liderazgo de su fundador, Rohana Wijeweera. La revuelta de 1971 fue contra el gobierno de izquierdas de Frente Unido de Sirimavo Bandaranaike, en el que el Partido Lanka Sama Samaja, anteriormente parte de la Cuarta Internacional trotskista, y el pro soviético PCC eran socios menores de coalición. La simpatía de la opinión pública se centró entonces y después en los estudiantes y jóvenes que se alzaron en armas por el cambio social, pero fueron asesinados gratuitamente o encarcelados durante años en campos de rehabilitación.
Wijeweera y otros fueron liberados en 1977 tras el cambio de gobierno. También se levantó la prohibición que pesaba sobre el partido, lo que le permitió iniciar una labor política abierta entre diversos grupos sociales, como trabajadores, estudiantes universitarios y escolares, clérigos budistas y militares de bajo rango. Wijeweera fue el candidato del JVP en las elecciones presidenciales de 1982, en las que obtuvo el 4% de los votos.
Segunda revuelta
El siguiente punto de inflexión se produjo tras la violencia antitamil patrocinada por el Estado en julio de 1983. El gobierno derechista de J. R. Jayewardene, tío de Ranil Wickremesinghe, cuyo Partido Nacional Unido había liderado la violencia, prohibió el JVP y otros dos partidos de izquierda, ninguno de los cuales había participado en el pogromo.
Una vez más, el JVP pasó a la clandestinidad. Empezó a recoger armas, a robar bancos para conseguir fondos y a entrenarse militarmente. El Estado estaba ahora en guerra con múltiples organizaciones militantes tamiles en el norte y el este de la isla. El JVP, aunque en guerra con el Estado, se oponía virulentamente a la autodeterminación de la nación tamil.
India intensificó su intervención en el conflicto armado interno, estacionando tropas en el norte y el este de la isla, de mayoría tamil, y se estableció un gobierno regional con mediación india y poderes limitados como solución política a la guerra. Fue entonces cuando el JVP lanzó su segunda insurrección, entre 1987 y 1989.
Mientras que la revuelta de 1971 había querido seguir la bandera del socialismo, esta vez se lanzó bajo el signo del nacionalismo cingalés. El debilitamiento de la conciencia de la clase obrera y el declive de los sindicatos y partidos de izquierda en la década de 1980 contribuyeron a este giro reaccionario. El JVP movilizó un Movimiento Patriótico Popular (PPM) que llegó más allá de sus miembros en oposición al papel de India en el conflicto étnico, así como contra el gobierno de derechas del momento.
El PPM, dirigido por el JVP, asesinó a funcionarios y simpatizantes del partido gobernante, así como a familiares de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y a sus propios oponentes de izquierdas, entre ellos líderes estudiantiles, sindicalistas y organizadores campesinos. La violencia desatada por el JVP fue correspondida con creces por el Estado en una ola de represión que acabó con la vida de entre 40.000 y 60.000 jóvenes de ambos sexos.
Una vez más, el JVP fue sofocado. Esta vez no se perdonó la vida a Wijeweera tras su captura en 1989. El recuerdo de esta época de terror (bheeshanaya en cingalés) del JVP fue explotado por sus rivales en las elecciones de 2024, tratando de hacer retroceder la ola a su favor.
Reconstrucción
Fue durante la siguiente fase de recuperación y reconstrucción del JVP, a partir de principios de la década de 1990, cuando Anura Kumara Dissanayake comenzó su ascenso dentro del partido. Procedía de un hogar de pequeños agricultores de la zona rural del centro-norte de Sri Lanka y estudió en escuelas locales a las que asistían hijos de pobres. Su padre era un trabajador menor en un departamento gubernamental.
Dissanayake se afilió al JVP a finales de la década de 1980 y participó activamente en su ala estudiantil en una universidad pública de las afueras de Colombo, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Físicas. De algún modo, en una época en la que incluso el rumor de asociación con el JVP podía suponer una sentencia de muerte, escapó con vida, a diferencia de muchos de sus contemporáneos.
A mediados de los noventa, se había convertido en organizador nacional de la Unión de Estudiantes Socialistas del partido, y entró en el comité central del JVP. En 1998, fue ascendido al politburó del JVP. Dos años después, entró en el parlamento por primera vez y ha conservado su escaño desde entonces. En 2014, se convirtió en el máximo dirigente del JVP, solo el quinto desde su fundación (los tres primeros fueron asesinados extrajudicialmente por el Estado en rápida sucesión entre noviembre de 1989 y enero de 1990).
El JVP solo ha formado parte del gobierno nacional en una ocasión. En 2004-2005, formó parte de una efímera coalición, en la que el AKD era responsable de la cartera de Agricultura, de gran importancia política. Por la misma época, dirigió un órgano local en la provincia meridional.
A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, el JVP se movilizó activamente en manifestaciones callejeras e incluso huelgas contra las conversaciones de paz con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE). Apoyó la campaña presidencial nacionalista cingalesa de Mahinda Rajapaksa en 2005 y promovió la vuelta a la guerra total tras su victoria, con líderes del JVP visitando el frente para motivar a los militares. El partido también solicitó con éxito al Tribunal Supremo la separación de las provincias del norte y del este, que los nacionalistas tamiles consideran su patria tradicional.
El JVP ha sido incapaz de lograr un avance político en las zonas de mayoría tamil, a pesar de sus esfuerzos conscientes por organizarse allí.
Esta orientación del JVP desde que se tiene memoria ayuda a explicar por qué ha sido incapaz de lograr un avance político en las zonas de mayoría tamil, a pesar de sus esfuerzos conscientes por organizarse allí. En las elecciones de 2024, sin embargo, se produjo un marcado cambio de actitud en el norte y el este, ya que la cuota de votos del PPN se disparó del 1 por ciento en 2019 a entre el 7 y el 10 por ciento en el norte de mayoría tamil. También obtuvo entre el 20 y el 25 por ciento de los votos en el este, de composición equilibrada, donde un número significativo de jóvenes musulmanes y cingaleses se decantaron por el AKD.
La postura militarista del JVP y su proximidad al etnonacionalismo cingalés también provocaron dos escisiones dentro del partido: una de derechas y racista (Frente Nacional por la Libertad) en 2008 y otra de izquierdas y socialista (Partido Socialista de Primera Línea) en 2012. Sin embargo, el partido matriz ha conservado sus principales organizaciones, incluidos los poderosos sindicatos del sector público y privado, así como su representación en las instituciones electas.
El programa del PPN
Con la formación de la coalición Poder Popular Nacional (PPN) en 2019, el JVP buscaba detener y revertir su marginación electoral ampliando su base de clase, y sacudirse su ideología del pasado sin renunciar formalmente a su historia.
Aunque el JVP ha tenido una presencia continua en el parlamento durante las últimas tres décadas con el mayor bloque de parlamentarios de izquierda desde 2000, el tamaño de ese bloque ha fluctuado ampliamente durante ese período (Tabla 1). Ha sido ampliamente aclamado como la «tercera fuerza» de la política parlamentaria, aunque muy por detrás de las dos alianzas que se han turnado en el gobierno. El papel de «oposición permanente», con principios pero sin poder, era el que los liberales y algunos izquierdistas creían que era el destino del partido.
Tabla 1. Fuerza parlamentaria del JVP Fuerza parlamentaria del JVP 1994-2020
Escaños (de 225)
1994 1
2000 10
2001 16
2004 39
2010 4
2015 6
2020 3
En 2019, el JVP lanzó el PPN como un frente electoral «progresista» más que explícitamente de izquierdas. Sus socios en ese frente son, en su mayoría, organizaciones de la sociedad civil de jóvenes activistas políticos, laborales y culturales, con una pizca de marxistas de más edad (varones) procedentes del naufragio de la izquierda de Sri Lanka. Es multiétnica y multirreligiosa, aunque la representación tamil y musulmana es escasa. Hay más mujeres en su dirección nacional que en los demás partidos.
Sin embargo, el PPN depende totalmente del JVP para su existencia e infraestructura organizativa. La principal ventaja que ofrece al JVP es el perfil social y de clase que este último ha cortejado ávidamente en su camino hacia el poder. El JVP contrapone ahora el «gobierno de los expertos» -es decir, académicos, profesionales y empresarios- al despreciado «gobierno de los políticos». En su opinión, es la clase media «culta» la que debe representar a quienes no pueden representarse a sí mismos, mientras que los políticos ejecutan las políticas que aconsejan.
Sin embargo, la clase media, al igual que la élite, considera que la apariencia externa y el pasado del JVP son profundamente alarmantes. Para calmar esos temores, el JVP, a través del PPN, se ha desplazado programáticamente hacia la centroizquierda. Aunque critica el neoliberalismo, ahora se hace eco de su repertorio.
Según la perspectiva actual del PPN, el sector privado es el motor del crecimiento, mientras que el papel del Estado es supervisar, facilitar y regular los mercados. Sri Lanka debe aumentar y diversificar sus ingresos de exportación, aplicar acuerdos de libre comercio y atraer capital extranjero, con un entorno empresarial adaptado a las necesidades de los inversores. Las zonas de promoción de la inversión deben extenderse por toda la isla y el mercado de capitales debe ampliarse.
Por otra parte, el manifiesto del PPN se aparta de los principios del fundamentalismo de mercado al subrayar la importancia de la producción industrial y agrícola nacional y la necesidad de que el Estado apoye a las industrias y los agricultores. Reclama créditos en condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, y alivio de los préstamos de microfinanciación tomados por mujeres a tipos de interés usurarios.
La alianza se opone a la privatización de las empresas estatales y promete aumentar las transferencias de efectivo a los pobres y eliminar los impuestos indirectos sobre los alimentos esenciales, los medicamentos y los productos industriales locales. También se compromete a realizar una auditoría de la deuda externa de Sri Lanka para determinar qué parte de ella es odiosa e ilegítima.
En materia de derechos humanos y reformas políticas, el PPN promete abolir la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo, respetar los derechos de los trabajadores y promover la negociación colectiva. También quiere introducir una nueva Constitución que suprima los poderes ejecutivos del Presidente y devuelva la autoridad a las regiones, incluidos el norte y el este, de mayoría tamil.
Desafíos
A falta de una mayoría parlamentaria, y consciente de la desaprobación pública de la actual cohorte de diputados, procedentes en su mayoría del partido de Rajapaksa, AKD disolvió el parlamento poco después de jurar el cargo. Las elecciones parlamentarias debían celebrarse antes de agosto del próximo año. Ha formado un gobierno provisional con los tres legisladores actuales de su partido.
El nombramiento de la única parlamentaria del PNP como primera ministra -un cargo menos poderoso que el de la presidencia, al estilo del sistema francés- ha sido bien recibido. Las elecciones legislativas tendrán lugar el 14 de noviembre. Con una campaña electoral que acaba de concluir, comienza otra. El resultado de estas elecciones determinará si el PPN tiene el mandato y los números necesarios para sacar adelante sus planes legislativos.
Mientras tanto, AKD ha afirmado, como indicó repetidamente durante su campaña, que el PPN continuará con el programa del FMI. Sin embargo, tiene la intención de negociar cambios que supongan un mayor alivio para los pobres. El FMI ha insistido en que sus objetivos económicos y condicionalidades son inviolables. Si el PPN se somete a esa postura, tendrá que abandonar sus promesas asistencialistas y aplicar una austeridad no moderada.
La agencia de calificación global Moody’s hizo la siguiente valoración:
Aunque la elección de Dissanayake constituye un cambio importante en el panorama político de Sri Lanka, creemos que el amplio deseo de reformas permanecerá intacto. No esperamos alteraciones significativas en el programa de reformas del país ni en sus políticas macroeconómicas, que incluyen la reestructuración de la deuda en curso y ajustes estructurales en el marco de su programa con el Fondo Monetario Internacional.
El mantenimiento en sus cargos de gobernador del Banco Central y secretario del Tesoro de Sri Lanka de dos funcionarios clave alineados con el anterior presidente y afines al FMI subraya la continuidad que cabe esperar en materia de política económica. Por difícil que le resulte al nuevo gobierno conseguir la mayoría necesaria en las elecciones generales, a un presidente de izquierdas le resultará aún más difícil caminar por la cuerda floja entre el FMI y los acreedores extranjeros, por un lado, y las esperanzas y expectativas de sus seguidores, por otro.
