Transcurridos unos 300 días de la guerra israelí contra Gaza, y tras el escandaloso asesinato de Ismail Haniyeh de Hamás por parte de Israel el 31 de julio, quien fuera una figura importante en las negociaciones de alto el fuego, la pregunta de qué ocurrirá con Gaza —como entidad política y como sociedad— sigue sin respuesta. El gobierno de Israel no ha dado señales de desviarse de su objetivo de aniquilar a Hamás e imponer costes a los palestinos de Gaza, aunque ello signifique destruir la Franja de Gaza por completo.
Además, la participación estadounidense no ha facilitado soluciones; al contrario, la administración Biden ha sido duramente criticada por permitir una destrucción masiva durante los últimos diez meses. Aunque el gobierno estadounidense ha expresado su preferencia por que la Autoridad Nacional Palestina (AP) gobierne una Gaza de posguerra, Israel ha rechazado esta posibilidad.
Por último, aunque los países árabes han hecho declaraciones y han manifestado su interés por un acuerdo u otro, ha quedado claro que ninguna resolución política puede avanzar con el actual nivel de obstrucción estadounidense, por un lado, y bajo los continuos bombardeos israelíes, por otro.
Quizás lo más importante sea que ninguno de los actores mencionados anteriormente hizo mucho —si es que hizo algo— para tener en cuenta las aspiraciones o contribuciones palestinas sobre los acuerdos para Gaza, en caso de que lleguemos a un «día después». Al principio de la guerra, funcionarios de la AP expresaron que no pueden llegar a Gaza «en un tanque israelí». En marzo, el gabinete del presidente Mahmud Abbas dimitió y un gabinete «tecnocrático» ocupó su lugar, en un intento de prepararse para el final de la guerra.
Antiguos funcionarios de la AP también plantearon ideas sobre cómo incorporar a Hamás a las estructuras de gobierno, partiendo de la base de que la gobernanza en Gaza se consideraría ilegítima sin la inclusión de este importante partido político palestino. Este ha sido el tema de debate incluso cuando los dos principales grupos políticos, Hamás y Fatah (el partido de la AP), obtienen malos resultados en las encuestas de opinión pública. Recientemente, la AP propuso a la administración estadounidense un plan para el día después que incluiría a Hamás en el gobierno tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza. Aún no se vislumbra ninguna respuesta por parte de Washington.
Este texto aborda la visión de la AP desde una perspectiva palestina, esbozando las formas en que se ha encontrado en una crisis de legitimidad, y las preferencias políticas que han promovido algunos segmentos de la sociedad civil palestina. Para muchos palestinos, especialmente para los miembros de la sociedad civil políticamente comprometida, la perspectiva de una actuación continuada de la AP sin cambios estructurales entraña el riesgo de un mayor estancamiento. Por ello, la sociedad civil ha abogado por los esfuerzos de unidad entre los grupos políticos y a lo largo de la diáspora.
La crisis de legitimidad de la Autoridad Palestina
Desde su creación, la Autoridad Palestina ha sido concebida para funcionar como un agente subordinado de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Se creó a raíz de los Acuerdos de Oslo, la serie de acuerdos celebrados entre Israel y la OLP entre 1993 y 1995, para funcionar como un organismo provisional y comenzar a construir el Estado palestino que los Acuerdos prometían crear. Se concedió a la AP cierto grado de autonomía sobre partes de los territorios ocupados, con la idea de que el control se ampliaría con el tiempo a medida que avanzara el proceso de paz. La AP y las instituciones que la componían estaban formadas en su mayoría por miembros del partido Al Fatah y dirigidas primero por el presidente Yasir Arafat, jefe de Al Fatah, y tras la muerte de Arafat, por Mahmud Abbas.
Con el fracaso del proceso de paz y el estallido de la segunda intifada en 2000, el proyecto de construcción del Estado no llegó a buen puerto. Al mismo tiempo, la OLP dejó de funcionar y se convirtió en una organización auxiliar con escaso poder o utilidad. Las elecciones parlamentarias de 2006 provocaron una mayor división en la política palestina, ya que Hamás obtuvo la mayoría de los votos, pero no se le permitió gobernar.
En 2007 estallaron los enfrentamientos entre Al Fatah y Hamás por el control de Gaza, que se saldaron con la victoria decisiva de este último, lo que le permitió gobernar la Franja mientras la AP seguía al mando en Cisjordania. La gobernanza en Cisjordania y Gaza ha estado dividida desde entonces, lo que ha contribuido a la disminución general de la aprobación pública de la AP y de su papel en la política palestina. Como entidad gobernante, la AP es vista como la institución que presidió estas divisiones en el cuerpo político palestino.
Desde la perspectiva del público palestino, la AP se ha centrado en gran medida en controlar la sociedad palestina. La opinión pública así lo refleja. En una encuesta realizada justo antes de los ataques del 7 de octubre, el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Encuestas descubrió que el 62% de los encuestados creía que la AP era una «carga para el pueblo palestino». Esta cifra aumentó al 68% unas semanas después del comienzo de la guerra. En la última encuesta de mayo de 2024, los investigadores descubrieron que el 62% de los palestinos apoyan la disolución total de la AP.
Estas encuestas no son una aberración que refleje únicamente los últimos 10 meses de tragedia, sino más bien una tendencia de larga data en la opinión pública palestina. Los palestinos han visto cómo los Acuerdos de Oslo y el proceso de paz se iban desintegrando. En lugar de ejercer la agencia política para mejorar la vida de los palestinos, los dirigentes de la AP han seguido participando en el moribundo proceso y atrincherándose en el poder, de forma antidemocrática.
Este atrincheramiento está respaldado en gran medida por Estados Unidos y por el propio Israel. La AP ha aplazado repetidamente las elecciones, las condiciones de vida en los territorios ocupados se han deteriorado e Israel ha gozado de mayor impunidad por sus crímenes. Durante décadas, los palestinos han sido testigos del empeoramiento del bloqueo israelí y egipcio de la Franja de Gaza, que comenzó en 2007, y del aumento de las ocupaciones de tierras israelíes en Cisjordania ocupada, sin que sus propios dirigentes hayan dado una respuesta significativa. Por ello, los palestinos sienten desde hace tiempo que no hay forma de exigir responsabilidades a sus dirigentes.
Desde la perspectiva del público palestino, la AP se ha centrado en gran medida en controlar la sociedad palestina con mayor eficacia, acosar a sus adversarios políticos y demostrar a Estados Unidos e Israel su función como coordinador de la seguridad, en lugar de servir como defensor del pueblo palestino. En este escenario, no es de extrañar que académicos y activistas de la sociedad civil hayan descrito a la AP como un «subcontratista de la ocupación», y que haya funcionarios de la AP que responden agresivamente a las críticas o protestas. La incapacidad de la AP para defender a los palestinos y mantenerlos a salvo de la violencia militar israelí y de los colonos agrava esta profunda sensación de estancamiento e ilegitimidad.
La Organización para la Liberación de Palestina
La cuestión estructural que subyace a gran parte de la situación de la AP es el hecho de que, debido a los Acuerdos de Oslo, ha suplantado a la OLP como principal rostro de la política palestina. Esto ha reducido esencialmente las reivindicaciones y los objetivos políticos del pueblo palestino —representados por la OLP— únicamente a la cuestión de la gobernanza palestina en los territorios ocupados. Los palestinos de los campos de refugiados de la región, y los palestinos de la diáspora en general, han quedado excluidos del debate.
Además, cuando la OLP todavía funcionaba, agrupaba a muchos partidos y tendencias políticas diferentes. Así, parecía legítima y representativa de la opinión pública palestina, aunque de forma imperfecta como movimiento de liberación nacional y no como órgano de gobierno de un territorio concreto. No obstante, esto explica otro factor que contribuye a la frustración palestina con la AP como institución: no solo su existencia reduce el alcance de la cuestión palestina, sino que el dominio de la AP por un único partido, Al Fatah, no refleja la evolución real de la política palestina. El estancamiento también afecta internamente al partido político Al Fatah, ya que los miembros más jóvenes y los que critican a Mahmud Abbas no pueden participar de forma significativa en la política del partido.
Esfuerzos de unidad
Desde la división del gobierno en 2007 —Fatah en Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza—, ha habido numerosos intentos de crear un gobierno de unidad nacional. Actores regionales como Egipto y Arabia Saudita han sido anfitriones de innumerables reuniones en pos de este objetivo. Pero estos intentos han fracasado una y otra vez, y la división en el gobierno ha persistido.
Entre la opinión pública palestina, tanto Hamás como Fatah han sufrido bajos niveles de apoyo y aprobación. Dentro de Gaza, surgieron protestas contra el gobierno de Hamás en julio de 2023, y las encuestas anteriores al 7 de octubre mostraban una frustración profundamente arraigada, igual que el sentimiento en Cisjordania hacia la AP. Así, aunque un gobierno de unidad y el fin del bloqueo en Gaza eran demandas ampliamente respaldadas, también existía la sensación de que Hamás y Fatah por sí solos, operando dentro del paradigma de construcción de Estado, no serían capaces de resolver los problemas subyacentes impuestos por el marco de los Acuerdos de Oslo. Tras el 7 de octubre, la utilidad de un gobierno de unidad —encabezado o no por Mahmud Abbas— también ha perdido fuerza.
Entre el público palestino, tanto Hamás como Fatah han sufrido bajos niveles de apoyo y aprobación. Dada la devastación en Gaza, activistas y actores de la sociedad civil se han embarcado en un nuevo esfuerzo para revigorizar la causa palestina, denominando a este intento «Conferencia Nacional por Palestina». Los organizadores se han reunido con figuras palestinas notables de la diáspora y de los territorios ocupados, instando a los dirigentes a reactivar la OLP sobre bases democráticas. Las reuniones han abarcado a palestinos de todo el mundo árabe, Europa y Norteamérica, pero hasta ahora han dejado de lado a los palestinos de América Latina, especialmente en Chile, donde la comunidad está bien establecida y cuenta con recursos. No obstante, el proyecto es una iniciativa importante que intenta responder a las críticas circunstancias actuales en una dirección positiva.
Por último, una reunión de las catorce facciones políticas palestinas celebrada en Pekín en julio, que incluía a los dos principales partidos, Hamás y Fatah, dio lugar a una declaración conjunta en la que todas las partes expresaban su apoyo a la reactivación de la OLP. Sin embargo, como han señalado los organizadores de la Conferencia Nacional Palestina, la declaración no incluía ningún cronograma fijo, por lo que aún está por verse el impacto de este esfuerzo.
Es necesaria una reestructuración integral
Los debates sobre el «día después» y lo que vendrá a continuación para la población y la política de Gaza, que ignoran las demandas y aspiraciones palestinas, solo perpetuarán el estancamiento y la ilegitimidad que condujeron a la situación actual. Los problemas de ilegitimidad y falta de apoyo de la AP son estructurales: no pueden resolverse cambiando caras en el gabinete o firmando declaraciones conjuntas a nivel de la dirección de los partidos políticos.
La opinión pública palestina lleva mucho tiempo exigiendo una reestructuración integral de la vida política y las instituciones palestinas, y una reactivación de la OLP de alguna forma, para abordar los problemas subyacentes impuestos por los Acuerdos de Oslo. Este «proceso de paz» no solo ha sido incapaz de traer la paz, sino que ha exacerbado las condiciones y aumentado la probabilidad de que continúe la violencia masiva.
Ha sido demasiado fácil ignorar las aspiraciones palestinas, y Estados Unidos y sus aliados siguen operando bajo el supuesto de que pueden ser ignoradas. Pero si algo han demostrado el 7 de octubre y el implacable ataque israelí contra Gaza, que ha sido identificado de forma plausible como genocidio, es que continuar como hasta ahora es sencillamente insostenible. Ahora más que nunca, las iniciativas palestinas deben incluir seriamente las contribuciones de los actores de la sociedad civil (como la Conferencia Nacional y otros) e incorporar sus esfuerzos e ideas en la formulación de políticas de aquí en adelante.
[*] El artículo anterior fue publicado originalmente por el Arab Center Washington DC.