En junio y julio de este año, millones de colombianos y colombianas en su propio país y miles de la extensa diáspora encendieron sus televisores y radios para seguir el extraordinario progreso de la selección colombiana de fútbol en la Copa América. Colombia tenía posibilidades reales de ganar el título por primera vez en más de veinte años, y solo la vigente campeona del mundo, Argentina, se interponía en su camino cuando se disputó la final el 14 de julio.
Finalmente, un postrero gol argentino acabó con las esperanzas de los colombianos. Pero el apoyo que el equipo nacional generó a lo largo de la copa creó un raro momento de unidad nacional en un país que ha estado muy polarizado durante generaciones.
Esa polarización adoptó muchas formas diferentes en el pasado, desde la dicotomía entre liberales y conservadores en los siglos XIX y XX hasta la oposición entre partidarios y detractores del proceso de paz con las guerrillas de izquierda. Hoy se refleja en la división binaria entre quienes apoyan al presidente Gustavo Petro y quienes se oponen a él.
Hace dos años, cuando Petro asumió la presidencia de Colombia en una ceremonia que incluyó un episodio memorable con la espada de Simón Bolívar, hizo un llamamiento a los colombianos de todas las tendencias políticas para que apoyaran al gobierno del cambio y al primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Un amplio abanico de partidos políticos, desde los conservadores y liberales hasta Comunes, el grupo liderado por antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atendieron el llamamiento de Petro y apoyaron su gobierno, que incluía a ministros de varios de estos partidos. Pero los planes de amplia unidad se desmoronaron rápidamente cuando las élites tradicionales del país descubrieron que las reglas del juego habían cambiado y que, como presidente, Petro no daría marcha atrás en su proyecto de desafiar los antiguos patrones de desigualdad y cumplir los objetivos del acuerdo de paz de 2016.
Obstrucción en el Congreso
Esta división ha sido más pronunciada en el Congreso colombiano. El Pacto Histórico de Petro fue la coalición más votada en las elecciones al Congreso de 2022, con el 17% de los votos y veinte escaños, pero quedó muy lejos de la mayoría en la asamblea, de 108 escaños. Los partidos tradicionalmente afiliados a las élites del país se han unido a facciones centristas de la Alianza Verde para impedir que se aprueben muchas de las reformas del gobierno de Petro.
Dos de las mayores reformas que esta alianza ha bloqueado han sido las relativas a los derechos laborales y la salud. La reforma laboral busca esencialmente modernizar la legislación colombiana para asemejarla a la de otros países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), lo que significaría reducir gradualmente la jornada laboral a cuarenta y dos horas y fortalecer la posición de los trabajadores frente a la creciente precariedad.
La reforma laboral ha recibido incluso el respaldo de la embajada de Estados Unidos, en una sorprendente inversión de la historia de intervención represiva por parte de Washington en la política de la región. Sin embargo, este respaldo no ha logrado aplacar la oposición de las élites del país a la reforma.
La reforma de salud pretende cambiar el actual modelo neoliberal de atención sanitaria de Colombia, que favorece los intereses de las compañías de seguros privadas, aportando más recursos estatales y ampliando el sistema público. Esto reduciría significativamente lo que el colombiano medio paga en gastos de salud y llevaría los servicios médicos a comunidades que tienen poco acceso a ellos. Como era de esperar, la reforma de Petro se ha encontrado con una fuerte resistencia por parte de los medios de comunicación pertenecientes a la élite y de las empresas que se benefician del modelo actual.
A pesar de la oposición de estos sectores, el gobierno ha sido capaz de aprobar reformas significativas en el sistema de pensiones del país y en las estructuras tributarias que empoderan a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Fuera del ámbito del Congreso, ha sido capaz de transformar significativamente el modo de gobernanza medioambiental del país, sentando las bases para un alejamiento gradual de la extracción de combustibles fósiles y reduciendo drásticamente la deforestación en la Amazonia.
Una paz inacabada
Otro pilar fundamental de la administración de Petro ha sido la reanudación de la aplicación del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, que estuvo a punto de ser destruido por su predecesor, el derechista Iván Duque. El presidente también ha intentado llevar a buen puerto las conversaciones de paz con las facciones disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último gran movimiento guerrillero de América Latina.
Aunque se han tomado medidas importantes para aplicar los diversos aspectos del acuerdo de paz, la administración se ha enfrentado a una considerable oposición por parte de miembros de la élite colombiana, que temen que los cambios estructurales contemplados en el acuerdo, como la reforma agraria, pongan en entredicho su poder. Debido a esta oposición, Petro ha propuesto un proceso acelerado para implementar el acuerdo de paz y ha hablado de la posibilidad de redactar una nueva constitución que incluya las amplias reformas propuestas en el acuerdo.
A pesar de las buenas intenciones de Petro, muchas zonas rurales del país siguen inmersas en un conflicto de baja intensidad. La trayectoria de su predecesor Duque en el cargo contribuyó a que muchas de las zonas tradicionalmente bajo influencia de las FARC pasaran a estar bajo el dominio de otros grupos armados y no del Estado colombiano. Estos grupos van desde el narco paramilitar Clan del Golfo hasta el izquierdista ELN, pasando por un popurrí de facciones disidentes de las FARC con diversos grados de politización.
En este contexto, Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser líder social o defensor del medio ambiente. Esta es una enorme contradicción si se tiene en cuenta que muchos de los que ahora ostentan el poder del Estado eran ellos mismos líderes sociales antes de llegar al poder.
No obstante, el gobierno de Petro ha dado algunos pasos significativos para crear una paz duradera en el país. Las más importantes son las negociaciones con el ELN que tienen lugar en Venezuela. Petro ha enviado a antiguos compañeros del movimiento guerrillero M-19 para que presenten un plan realista para poner fin al conflicto entre el ELN y el Estado colombiano. El hecho de que el alto el fuego con el grupo guerrillero haya durado ya casi un año, más que ninguna tregua anterior, es una buena señal de que las conversaciones están dando sus frutos.
Las conversaciones con las diversas facciones disidentes de las FARC y el Clan del Golfo han resultado mucho más difíciles y han dado resultados desiguales, pero estos esfuerzos siguen siendo una parte clave de la política de «paz total» del gobierno de Petro. Las facciones disidentes más inclinadas políticamente se muestran dispuestas a negociar, mientras que las que tienen vínculos más fuertes con los narcotraficantes parecen reacias a considerar seriamente un acuerdo de paz que pueda perjudicar sus intereses económicos. Queda por saber si el gobierno será capaz de garantizar la paz que anhela la Colombia rural.
Una oposición creciente
Sin embargo, los mayores obstáculos para el gobierno no provienen de las guerrillas armadas, sino de los pasillos del Congreso, así como de unos medios de comunicación controlados por las élites y de funcionarios públicos corruptos. Dado que su partido carece de mayoría en el Congreso, la aprobación de reformas siempre iba a ser una ardua batalla.
Este equilibrio de fuerzas obligó a la izquierda a hacer concesiones a los partidos del centro y la derecha para poder aprobar leyes. Sin embargo, muchos políticos de centro se han unido a la extrema derecha para impedir que se aprueben las reformas a pesar de haber ofrecido su apoyo inicial.
Los obstáculos en el Congreso se vieron intensificados por las campañas de desinformación de los medios de comunicación, que dan una voz desproporcionada a los miembros de extrema derecha de la oposición asociados a Duque y al expresidente Álvaro Uribe. La principal plataforma de esta campaña ha sido la revista Semana.
Semana es propiedad de una de las familias más ricas de Colombia, los Gilinski. Su producción incluye un bombardeo constante de artículos negativos y publicaciones en las redes sociales sobre el gobierno, que van desde el cotilleo a la desinformación macartista. Otros medios han visto cómo Semana es capaz de conseguir clics con historias engañosas y han seguido su ejemplo, creando un panorama mediático que distorsiona gravemente la realidad y representa los intereses de los sectores más privilegiados de la sociedad colombiana.
Mientras tanto, uno de los mayores peligros para la popularidad de Petro ha venido desde dentro de su propio gobierno en forma de corrupción. Varios escándalos han demostrado que la izquierda no es inmune a la dinámica de corrupción que caracterizó a gobiernos anteriores. Recientemente, un incidente en el que el jefe de respuesta a desastres de Colombia fue acusado de aceptar sobornos dio lugar a una disculpa pública por parte de Petro. Sin embargo, es importante señalar que estos casos fueron menos extensos que bajo gobiernos anteriores y que miembros de la oposición también se vieron implicados.
Dar la batalla
Con dos años por delante en su mandato presidencial y un impedimento constitucional para la reelección, Petro aún tiene tiempo de superar los obstáculos y consolidar los cambios estructurales en Colombia. Se trata de cambios que, en última instancia, beneficiarán a los colombianos pobres y de clase trabajadora, como la drástica reducción de la pobreza que se ha producido en los dos últimos años.
Al mismo tiempo, la posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y un giro regional más amplio hacia la derecha podrían obstaculizar gravemente cualquier medida para reformar Colombia y alentar a los sectores más radicales de la oposición. Políticos de extrema derecha en Estados Unidos, como la representante de Florida María Elvira Salazar, han pedido recortes en la ayuda estadounidense a Colombia. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha insultado abiertamente a Petro mientras promovía a la oposición. En caso de victoria de Trump, estas acciones podrían verse potenciadas por una política intervencionista en la región.
Pase lo que pase en los próximos dos años, la presidencia de Gustavo Petro debe ser recordada como un intento de dar voz a los sectores más oprimidos de la sociedad colombiana. El tiempo que le queda a Petro en el cargo nos mostrará hasta qué punto esas ambiciones pueden hacerse realidad en la práctica y nos instruirá sobre el potencial de cambio estructural en Colombia y en toda América Latina.
