El representante del capital no necesita más del 20% de los votos para gobernar: ¿no tiene la burguesía los bancos, los trusts, (…) los ferrocarriles? Más arriba hemos visto la relación de fuerzas en su aspecto parlamentario. Pero esto no es más que un espejo curvo. La representación parlamentaria de una clase oprimida disminuye considerablemente su fuerza real y, a la inversa, la representación de la burguesía, incluso en vísperas de su hundimiento, siempre está enmascarada por su fuerza imaginaria. Sólo la lucha revolucionaria revela la verdadera relación de fuerzas. En la lucha directa e inmediata por el poder, el proletariado (…) desarrolla una fuerza que supera con mucho su expresión parlamentaria.
-Trotsky
El CNE (Consejo Nacional Electoral), organismo subordinado al Gobierno, anunció que Maduro había ganado las elecciones y, al día siguiente de los comicios, formalizó su designación. La oposición de extrema derecha denuncia fraude y anuncia que obtuvo un 70% de los votos. Si bien es justo exigir que el Consejo Nacional Electoral publique el resultado final del 100% de los votos y publique las actas, la carga de la prueba del fraude recae en quienes cuestionan la imparcialidad del recuento. La mera sospecha no basta. Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba categórica. Aunque es esencial que se hagan públicos todos los datos, la suposición de fraude por parte de la campaña de la oposición de extrema derecha no debería bastar por sí sola para que se posponga indefinidamente el reconocimiento de la victoria de Maduro.
No es necesario embellecer al régimen, que es autoritario y ha reprimido tanto a las fuerzas reaccionarias que quieren derrocarlo como silenciado y proscrito a las corrientes de izquierda que se apoyan en la clase trabajadora, para admitir la victoria de Maduro. Aunque bonapartista, el régimen tiene una base social indiscutible. Aunque el PSUV es monolítico, y Nicolás Maduro es un caudillo, incluso un poco caricaturesco, tienen una implantación social incuestionable. Es más, es previsible que, en alguna escala, un voto no «madurista» sino antifascista y antiimperialista beneficiara a Maduro. El país está fracturado social y políticamente. La oposición neofascista también tiene una base social, y ha atraído votos anti-Maduro que no son de extrema derecha, y ha demostrado en las calles que tiene apoyo. Este apoyo no debería sorprendernos, teniendo en cuenta el asedio económico que ha estrangulado a Venezuela, en diferentes niveles de intensidad, durante los últimos diez años.
Así como no es razonable idealizar al régimen, tampoco es prudente idealizar la experiencia «chavista» como un proceso ininterrumpido de construcción del «socialismo del siglo XXI». El gobierno de Maduro ha asumido un proyecto de regulación estatal nacionalista del capitalismo con reformas sociales. Nunca hubo un proceso de ruptura anticapitalista como el de Cuba en 1961. La situación social es muy grave, con altos niveles de pobreza y desempleo que explican la emigración de al menos el 20% de la población. El bloqueo imperialista no es el único factor del colapso económico y social, porque el gobierno no es inocente ante la creciente desigualdad social, pero es abrumadoramente el más importante. Antes de la elección de Chávez en 1998, las condiciones de vida de la mayoría del pueblo eran dramáticas. Hoy, Venezuela está al borde del peligro de una guerra civil.
El análisis del resultado de las elecciones no puede reducirse a una consideración ingenua, strictu sensu, de los procedimientos jurídico-electorales. No debemos olvidar que incluso en los países donde los regímenes liberal-democráticos han adoptado las formas más avanzadas, la lucha de las fuerzas populares se enfrenta a obstáculos. El poder del capital manipula el sufragio, porque el control de la riqueza facilita el control del poder. Las elecciones pueden ser más o menos libres, pero la expresión de la voluntad popular siempre está distorsionada por la fuerza social, como el dominio de los medios de comunicación o la manipulación de las redes sociales, hasta cierto punto. Un análisis marxista debe evaluar la dinámica política y social del conflicto.
La decisión de María Corina Machado de intentar promover una movilización de masas desde el cierre de las urnas con acciones violentas e incendiarias para defender la autoproclamada victoria de Edmundo González forma parte de una estrategia golpista que no fue improvisada. Los criterios para caracterizar las movilizaciones, según la brújula marxista, son, esquemáticamente, cuatro: (a) se evalúan las tareas político-económicas que se plantean al país, es decir, el contenido histórico-social del programa de movilización, tanto si el sujeto social es consciente de estas tareas como si no lo es; (b) se estudia quién es el sujeto social, es decir, las clases o bloque de clases que se han unido para salir a la calle y protestar; (c) se identifica la dirección política de las movilizaciones, el sujeto político; (d) por último, los resultados, es decir, el desenlace del proceso.
El programa de las movilizaciones de la oposición de extrema derecha es el derrocamiento del gobierno de Maduro. Pero no se trata de una «revolución democrática» contra una tiranía. Si María Corina y Edmundo González toman el poder, la imposición de un régimen dictatorial sería inexorable. Lo que está en juego es un realineamiento de Venezuela con EEUU, como una semicolonia, la privatización de PDVSA y la entrega de las mayores reservas de petróleo a las grandes corporaciones petroleras, así como el encarcelamiento de dirigentes chavistas y la represión de las organizaciones populares. Un programa contrarrevolucionario. No debe impresionarnos si son más o menos masivas. Recordemos las manifestaciones de los «amarelinhos» en Brasil en 2015/16 para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff, denunciando que sólo el fraude podía explicar cómo Aécio Neves fue derrotado en las elecciones de 2014. El programa de denuncia del fraude también se llevó a cabo en 2019 en Bolivia contra la reelección de Evo Morales, y sirvió de detonante para el golpe de Estado policial-militar. El sujeto social es la burguesía «histórica» y la mayoría de la clase media, aunque a las calles salgan también sectores populares. La dirección política es indudablemente neofascista. Los resultados sólo pueden ser una derrota histórica para la lucha de los trabajadores y el pueblo y la aniquilación de la izquierda por una generación.
En definitiva, Venezuela está siendo convulsionada por una movilización contrarrevolucionaria dirigida a un derrocamiento insurreccional del gobierno de Maduro. El 29 de julio hubo marchas, acciones de grupos para derribar estatuas de Hugo Chávez en diferentes lugares y saqueos. El martes 30 de julio, Edmundo González y Maria Corina convocaron una manifestación en el centro de Caracas y lograron reunir a decenas de miles de personas. El país está profundamente fracturado, social y políticamente. Las concentraciones, como en EEUU, encabezadas por Trump, y en Brasil, por Bolsonaro, buscaban subvertir el resultado electoral. Pero Venezuela está aislada internacionalmente, porque el gobierno de Maduro defiende una inserción independiente. La elección en Venezuela nunca ha sido entre dictadura o democracia. Estados Unidos y la Unión Europea han sido y son cómplices de regímenes dictatoriales y autoritarios en todos los continentes. Pero nunca ha habido la menor injerencia contra los jeques de Arabia Saudí, otro gran productor de petróleo. Pero en Venezuela lo han intentado todo para derrocar primero a Chávez y luego a Maduro. ¿Por qué? Porque quieren reducir el país a la condición de semicolonia y tener acceso irrestricto a sus reservas de petróleo.