El 24 de junio de 2024, Julian Assange abandonó la prisión londinense de Belmarsh y embarcó en un avión con destino a Saipán, en las Islas Marianas del Norte. Al día siguiente, al llegar al territorio estadounidense, el periodista fue conducido a un tribunal federal en el que se declaró culpable de conspiración por violar la Ley de Espionaje.
Cuando se le pidió que explicara su delito, Assange le dijo al juez: «Trabajando como periodista animé a mi fuente a proporcionar información que se decía clasificada para publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege esa actividad. Creo que la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje están en contradicción entre sí, pero acepto que sería difícil ganar un caso así dadas todas estas circunstancias».
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Assange fue condenado a tiempo cumplido. Durante la sentencia, la juez jefe del distrito de EE.UU., Ramona V. Manglona, dijo: «El gobierno ha indicado que aquí no hay una víctima personal. Eso me dice que la difusión de esta información no provocó ningún daño físico conocido». Tras dejar en libertad al periodista, la juez señaló que la semana siguiente era el cumpleaños de Assange, diciendo: «Aparentemente esto es un feliz cumpleaños anticipado».
Assange entró al tribunal como uno de los presos políticos más visibles del mundo y, por primera vez en más de una década, salió como un hombre libre.
No cabe duda de que la liberación de Assange es motivo de celebración. Assange es un periodista que puso al descubierto crímenes de guerra de los Estados Unidos. Como resultado de este trabajo, sufrió una persecución despiadada e implacable a manos del gobierno estadounidense. Sin embargo, la libertad de Assange convirtió en una victoria agridulce. Hasta el final, el gobierno de EE.UU. se negó a abandonar su afirmación de que el periodismo básico puede constituir una violación de la Ley de Espionaje. Un acuerdo de culpabilidad no sienta un precedente legal pero el alto precio que se le exigió a Assange innegablemente tendrá un efecto amedrentador sobre el periodismo.
La verdad contra la guerra
La declaración de Assange en un tribunal de Saipán —se negó a viajar al territorio continental de Estados Unidos— fue la sorpresa final de una larga saga llena de giros y eventos inesperados. En 2006, Assange ayudó a fundar WikiLeaks. Este innovador medio de comunicación proporcionó una plataforma para que los denunciantes de irregularidades entregaran anónimamente a los medios de comunicación documentos de fuentes primarias. Hoy en día, la tecnología de WikiLeaks es habitual en las redacciones de todo el mundo, pero en su momento fue revolucionaria.
Como era de esperar, WikiLeaks no tardó en enemistarse con los gobiernos y empresas cuyos secretos sacaba a la luz. Pero las cosas empeoraron drásticamente después de que la denunciante Chelsea Manning entregara a WikiLeaks un masivo paquete de secretos del gobierno estadounidense. Manning servía entonces como soldado raso del ejército estadounidense y se sintió perturbada por la violencia ejercida por su país en el marco de las guerras en Oriente Próximo. Convencida de que el público tenía derecho a saber y de que la verdad sobre las guerras provocaría un debate público significativo, Manning entregó a WikiLeaks archivos secretos que daban cuenta de la criminalidad estatal y los abusos de poder.
Entre 2010 y 2011, WikiLeaks colaboró con una serie de periodistas de todo el mundo, entre ellos algunos de los principales medios de comunicación, para publicar artículos innovadores basados en las revelaciones de Manning. Los socios de Assange en los principales medios de comunicación necesitaban a WikiLeaks para publicar estas historias, pero rápidamente se volvieron contra Assange. Gran parte del entusiasmo en torno a WikiLeaks surgió del fracaso absoluto de los medios de comunicación tradicionales durante el período previo a la guerra de Irak, cuando muchos periodistas actuaron voluntariamente como taquígrafos de una administración claramente mentirosa que quería lanzar una guerra de agresión.
WikiLeaks, por otro lado, veía claramente al periodismo como una herramienta para desafiar al poder establecido. Assange le decía a los activistas contra la guerra: «Si las guerras pueden empezar con mentiras, la paz puede empezar con la verdad». Su visión del periodismo se inscribe en la orgullosa tradición de figuras como I. F. Stone, pero chocaba frontalmente con una industria mediática que a menudo parecía más interesada en asociarse con figuras de la seguridad nacional que en desafiarlas.
Las puñaladas a traición de los medios de comunicación eran el menor de los problemas de WikiLeaks. La decisión de enfrentarse al imperio estadounidense y sacar a la luz sus secretos provocó una dramática reacción de represalia por parte del gobierno de Estados Unidos. Manning fue detenida, torturada y condenada a una pena de prisión sin precedentes. Assange temió ser el siguiente y Ecuador le concedió asilo, pero nunca llegó a salir de la embajada ecuatoriana en Londres. Allí vivió durante siete años. Utilizando varios pretextos legales —como una investigación sueca por conducta sexual inapropiada que no dio lugar a cargos penales y una acusación de eludir la libertad bajo fianza presentada en el Reino Unido a petición de la Casa Blanca—, la policía británica rodeó la embajada y se comprometió a detener a Assange si alguna vez ponía un pie fuera.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria condenó estas acciones como una privación arbitraria e ilegal de la libertad de Assange. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes determinaría que Assange fue sometido a tortura psicológica. Más tarde se revelaría que, tras la publicación por parte de WikiLeaks de herramientas secretas de pirateo informático de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense se planteó la posibilidad de secuestrar e incluso asesinar al periodista. Y aún persisten interrogantes sobre el alcance de la vigilancia de la CIA sobre Assange, sus abogados, su médico y los periodistas que lo visitaron, que sigue siendo objeto tanto de una demanda estadounidense como de una investigación penal española.
El gobierno de Barack Obama, que había perseguido sin piedad a los denunciantes de irregularidades, decidió que perseguir a un editor como Assange era ir demasiado lejos. Su razonamiento no era por simpatía hacia Assange, sino porque al procesar al editor de WikiLeaks sentarían un precedente que podría utilizarse para procesar a publicaciones convencionales como el New York Times. La administración de Donald Trump dio marcha atrás, presentó una serie de acusaciones contra el periodista y la policía londinense obtuvo permiso para entrar en la embajada ecuatoriana a detenerlo. Después fue recluido en la prisión de Belmarsh, una dura cárcel de máxima seguridad, durante más de cinco años.
Todos los cargos se derivan de su trabajo para publicar las revelaciones de Manning. Estados Unidos criminalizaba así el ejercicio del periodismo, la denuncia de crímenes de guerra y la investigación de violaciones contra los derechos humanos. Fue una acusación estremecedora que suscitó la condena unánime de organizaciones preocupadas por las libertades civiles, la libertad de prensa y los derechos humanos, así como de los medios de comunicación que colaboraron con WikiLeaks.
Conspiración para cometer delitos de periodismo
Assange se enfrentaría finalmente a dieciocho cargos, con un máximo de 175 años de prisión. Diecisiete de los cargos se presentaron en virtud de la Ley de Espionaje, y el cargo restante era conspiración para violar la Ley de Fraude y Abuso Informático.
Tres de los cargos presentados contra Assange eran puramente por la publicación de información, algo sin precedentes. En otras palabras, el delito en cuestión no era más por difundir información desde el sitio web de WikiLeaks. Además de ser acusado de publicar información de defensa nacional, Assange también se enfrentó a cuatro cargos en virtud de la Ley de Espionaje por el hecho de haber recibido esa información. Por supuesto, un periodista no puede publicar información de una fuente sin haberla recibido.
Assange también fue acusado de conspirar con Manning para violar la Ley de Espionaje y la Ley de Fraude y Abuso Informático, dos leyes por las que Manning fue condenada por un tribunal militar. El resto de los cargos pretendían imponer la responsabilidad de Assange por el «delito» que la denunciante cometió al entregarle esos documentos, alegando que el periodista había ayudado e instigado a Manning. Procesar a un informante por dar información a los medios de comunicación es una afrenta a la democracia; pero procesar a un periodista por la decisión del informante de entregarle la información es kafkiano.
Los apologistas de los esfuerzos del gobierno estadounidense para encarcelar a uno de sus críticos más impactantes se fijan en las afirmaciones de que Assange ayudó a Manning. Citan esto como prueba de que la acusación no fue por mero periodismo. Se presta especial atención a las alegaciones del gobierno estadounidense de que Manning pidió a Assange que le ayudara a descifrar un «hash de contraseña» para cubrir sus huellas al acceder a documentos secretos. Esta afirmación sigue sin probarse y es objeto de numerosas críticas.
Durante una vista de extradición celebrada en febrero, los abogados del Reino Unido que representan al gobierno de EE.UU. sólo dedicaron unas pocas palabras al hash de contraseñas. En su lugar, dejaron claro que el grueso de la teoría estadounidense era que, al gestionar un sitio web que publicaba información de denunciantes, Assange estaba incitando a otros a cometer piratería informática y a «robar» información de defensa nacional. Los cargos de conspiración y complicidad, como el resto de las acusaciones contra Assange, eran un intento del gobierno estadounidense de criminalizar al periodismo.
Al final, Assange se declaró culpable de un único cargo por violar la disposición sobre conspiraciones de la Ley de Espionaje. La «información criminal», la narrativa del gobierno sobre el delito, no mencionó en absoluto el pirateo informático. En cambio, alegó que entre 2010 y 2011 Manning y Assange estaban juntos en una conspiración criminal. Como parte de esa conspiración, habrían violado tres disposiciones de la Ley de Espionaje. Los actos delictivos porque Manning, que tenía posesión legal de información de defensa nacional, se la dio a Assange, que no estaba autorizado a recibirla; porque Manning, que tenía posesión no autorizada de información de defensa nacional, se la dio a Assange, que no estaba autorizado a recibirla; y que Assange recibió información de defensa nacional de Manning. En resumen, un denunciante dio información sobre abusos de poder a un periodista y el periodista la aceptó.
El gobierno estadounidense llama a esto «conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional», pero hay otra palabra para eso: periodismo.
Una pistola cargada
Al aceptar un acuerdo con la fiscalía, Assange no ha sentó ningún precedente legal. Pero al tratar despiadadamente de destruir a Assange e insistir en que el periodismo es un delito en virtud de la Ley de Espionaje, el gobierno de EE.UU. sentó un precedente político escalofriante.
WikiLeaks no sólo publicó las revelaciones de Manning. Durante un breve periodo, tanto si eras una empresa como un gobierno, parecía que si intentabas explotar al público y esconderte tras el secreto, WikiLeaks te desenmascararía. Es este experimento de transparencia radical lo que el gobierno de EE.UU. intentó eliminar con tanta saña.
El mundo es un lugar mejor gracias a la denuncia de Manning y al periodismo de Assange y WikiLeaks. Y es un lugar peor debido a la decisión del gobierno de Estados Unidos de intimidar a los futuros reveladores de la verdad, tratando despiadadamente de destruir a los implicados.
Assange está libre. Teniendo en cuenta que había serias dudas sobre si Assange sobreviviría a este calvario, se trata de una victoria increíble que merece la pena celebrar. Pero la Ley de Espionaje sigue siendo un arma cargada que puede ser utilizada contra los periodistas, los denunciantes y el derecho del público a saber la verdad. Incluso si finalmente la abandona, el Estado de seguridad ya dejó claro que está dispuesto a apretar el gatillo. Por eso ahora es nuestro deber quitarle de una vez por todas el arma de las manos.