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Claudia Sheinbaum durante un evento de lanzamiento de campaña en la Ciudad de México el 1 de marzo de 2024. (Victoria Razo / Bloomberg vía Getty Images)

Derrota histórica de la derecha mexicana

El triunfo en México fue contundente. El oficialismo ganó la presidencia, pero también siete de las nueve gobernaturas estatales y la mayoría en el Poder Legislativo. Un escenario de este tipo abre el camino para impulsar transformaciones más profundas, que apunten a la liquidación definitiva del viejo régimen priísta de dominación.

Más allá de los efectos puramente electorales —ganar la presidencia de la República, siete de nueve gubernaturas estatales y una mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales en el Poder Legislativo—, los efectos de la paliza electoral sobre los partidos de la derecha, a pesar de toda su impudicia, guerra sucia y el descarado apoyo de las fuerzas de la derecha internacional, ha abierto el camino para impulsar cambios más profundos que implican la liquidación definitiva del viejo régimen priísta de dominación, del neoliberalismo y la búsqueda de un país más justo, libre y democrático.

Para la presidencia de la República, la candidata progresista, Clara Sheinbaum Pardo, del partido Morena (Movimiento de regeneración Nacional), en alianza con los partidos Verde Ecologista (PVE) y del Trabajo (PT), obtuvo alrededor del 60% de la votación (36 millones de votos). La candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, en representación de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el 27.5% (16.5 millones de votos), mientras que el candidato del partido de centroderecha Movimiento Ciudadano (MC), José Álvarez Máynez, obtuvo el 10.3% de los votos.

El resultado del progresismo es notablemente superior al obtenido en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando ganó con el 53% de la votación (30 millones de votos), lo que de entrada significa una ratificación de la política de su gobierno y la confianza en su continuidad. En cambio, la derecha perdió 6 millones de votos con respecto a 2018.

La participación ciudadana en el proceso electoral ascendió al 60% del total de la población (59 millones 307 mil electores), pero en la Ciudad de México y otras entidades se alcanzó el 70%. Se instalaron el 99,9% de las urnas (170 mil 159 de un total de 170 mil 192) debido a problemas de seguridad. Por otro lado, el voto de mexicanos en el extranjero observó un crecimiento exponencial: llegó al 76% de participación, es decir que votaron 197.203 electores de un total de 170.192 registrados (en el 2018 solo habían ejercido su derecho al voto 98.420 electores, el 54% del total).

Más allá de las cifras

Aunque la fría estadística electoral muestra una clara, contundente e inobjetable derrota política de los partidos de la derecha tradicional —lo que hace inviable cualquier cuestionamiento o judicialización del proceso electoral—, no alcanza nunca a reflejar con precisión la entusiasta participación popular que se vio en la movilización electoral.

La creciente politización de un pueblo ansioso de pasarle la cuenta a una vieja clase política despótica, autoritaria, corrupta, racista y clasista, el hartazgo popular en contra de los partidos de la derecha (PRI, PAN y PRD), a quienes identifica como culpables de más de tres décadas de bajos salarios, desempleo, corrupción, privatización de empresas públicas, precarización laboral y todos los demás males de la época neoliberal, se hicieron presentes en la jornada electoral. En redes sociales han circulado miles de videos con testimonios de personas expresando su repudio hacia la candidata de la derecha y la simpatía con el actual gobierno y su candidata, Claudia Sheinbaum.

De nada valió la beligerante y abrumadora campaña de odio, falsificaciones y mentiras por parte de casi todos los medios de comunicación nacionales e incluso extranjeros, de intelectuales y artistas conservadores, de importantes figuras del clero católico y la intervención de personalidades de la derecha internacional en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (incluida su familia) y de Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes acusaban ser cómplices de narcotraficantes y tildaban de «comunistas». Esa campaña de difamación tuvo un efecto contrario al esperado: galvanizó al pueblo y lo condujo a hacer oídos sordos hacia todo lo que la derecha y sus comunicadores decían.

La aplastante derrota electoral de la derecha la sumió en un estado de shock, de incredulidad, de llanto, de repentina consciencia de que vivían fuera de la realidad, de rabia contra quienes, desde sus propias filas, han reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum y de recriminarse mutuamente por la inesperada derrota. Acostumbrados a la efectividad del poder de manipulación de sus medios de comunicación, no cabía en sus cabezas, la posibilidad de una derrota y menos de tal magnitud. Resulta muy ilustrativo, e incluso gratificante después de tantos agravios sufridos, observar los videos de los distintos comentaristas de la derecha, para observar cómo se traduce en un lenguaje corporal su estado de ánimo.

«Es la economía, estúpidos»

Vale la pena retomar esta expresión para explicar de manera objetiva una de las principales razones del triunfo de Claudia Sheinbaum. Ello no quiere decir que dejemos de lado la efectividad mediática de las conferencias de prensa diarias de López Obrador (las llamadas «mañaneras»), en donde utilizaba cada pregunta para dar la batalla cultural contra la derecha, se apoyaba en la historia de México para explicar el papel contrarrevolucionario y entreguista del conservadurismo, denunciaba el carácter faccioso y golpista de sus adversarios, defendía sus políticas de gobierno e incluso llamaba a la movilización de masas cuando la situación lo requería. Sus conferencias tienen una enorme audiencia en México e incluso resuenan en toda América Latina.

Sin embargo, nada de esto hubiera servido de no haber sido acompañado de una mejora palpable en el nivel de vida de la clase trabajadora y de la economía en general. Este es el centro de la explicación.

Desde el inicio de su mandato, AMLO libró una dura lucha en contra de la corrupción. Comenzó eliminando el robo de combustible en los gasoductos de PEMEX (Petróleos Mexicanos), lo que significó un ahorro de 1,3 billones de pesos en todo el sexenio. Se cobraron impuestos atrasados a las grandes empresas y se les obligó a realizar el pago puntual de sus obligaciones fiscales (ya que, recurriendo a maniobras contables, prácticamente no pagaban impuestos). Entre 2018 y 2022, la recaudación fiscal de los empresarios subió en un 40,23%, alcanzando 1.136 billones de pesos. Aun así, en este sexenio, los empresarios han visto incrementar sus utilidades como nunca antes, lo que justifica la urgencia de una reforma fiscal progresiva.

Otro importante acierto de la política obradorista fue el rescate de PEMEX y CFE (Comisión Federal de Electricidad), que estaban al borde de la quiebra y fueron transferidas al sector privado, y recuperar la soberanía energética a punto de caer bajo el control de empresas trasnacionales como Iberdrola y Repsol. Eso evitó que durante la pandemia los energéticos fueran presa de la especulación y se incrementaran de manera exorbitante, como ocurrió en otras latitudes, con gran afectación a los consumidores y la economía en general. En todo el sexenio, el costo de los combustibles se ha mantenido estable (apenas sube conforme a la inflación anual), asegurando el abasto a toda la población y sirviendo como freno a la inflación.

Finalmente, aunque existen otras medidas progresivas que han sido benéficas para la estabilidad económica, es necesario ubicar la importancia de los programas sociales. Un renglón incomprendido por la ultraizquierda mexicana, que desdeñosamente se refiere a ellos como «clientelares», pero que en cambio muestran tener una gran relevancia civilizatoria y ser un factor importante para el fortalecimiento del mercado interno.

Me refiero principalmente a la pensión universal para adultos mayores de 65 años (existen otros programas de becas a estudiantes o discapacitados), que ahora asciende a 3 mil pesos mensuales (180 dólares). Esta pensión universal posibilita, al menos, la seguridad alimentaria de 12.101.111 personas y significa un gasto, para este año, de 465.049 millones de pesos. Aunque, más que como un «gasto», los socialistas debemos defender este programa como el derecho humano a una vejez digna y, por ello debe incrementarse anualmente para cumplir su objetivo plenamente. Esta pensión también significa un alivio a muchas familias que antaño cubrían de manera solidaria el apoyo a sus adultos mayores. Además, la mayor parte de este dinero se dedica al gasto personal de los beneficiarios, lo que redunda en un fortalecimiento del mercado interno.

El salario mínimo se ha incrementado casi un 300%. Si bien no es mucho para uno de los salarios más deprimidos del mundo, ha servido como referente para empujar al alza los salarios contractuales y reducir la pobreza extrema que, entre 2018 y 2022, pasó del 14% a 12,1% de la población.

El conjunto de esta política explica la estabilidad macroeconómica: en 2023, el PIB creció un 3,2%, la inflación se redujo al 3,8% anual, la tasa de desempleo alcanza el 2,4% en el primer trimestre de este año y, en un fenómeno inusitado en nuestra historia, el peso mexicano se ha apreciado un 13% respecto al dólar.

La recuperación de la rectoría del Estado en materia energética, la generación de empleos en obras emblemáticas —como los trenes Ístmico y Maya—, la construcción de 100 nuevos hospitales y del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, los avances en la vida democrática y un modesto mejoramiento del nivel de vida pesan mucho más que los grandes problemas pendientes de solucionar (entre ellos el de la seguridad), y son los factores que explican el terremoto electoral en beneficio de la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Pese a todo esto, no podemos dejar de señalar que el progresismo obradorista padece severos límites, contradicciones e inconsecuencias en diversos aspectos políticos y sociales, sobre todo en su relación con la clase trabajadora. Mencionemos la falta de solución a las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Taxco (que ya llevan 18 años); la reinserción laboral de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (con 15 años en resistencia), donde incluso se violó su autonomía sindical al alentar a una oposición de derecha para tratar de imponer una dirigencia dócil; la cancelación total de la reforma educativa neoliberal a los trabajadores de la educación; la abrogación del sistema privado de pensiones y el regreso al sistema solidario; el trato condescendiente hacia el charrísimo sindical y el desdén hacia el sindicalismo democrático y el mantenimiento de los topes salariales a los trabajadores bajo contrato colectivo. En otro artículo abundaremos sobre este tópico.

Un nuevo tipo de régimen político

La derrota de la derecha neoliberal es más que un fenómeno puramente electoral. Está desestabilizando a los partidos de la derecha y los obligará a tener que reinventarse para continuar existiendo como alternativa política. El viejo régimen priísta de dominación, junto con sus partidos políticos, están heridos de muerte y algo nuevo está naciendo. No es un modelo acabado, ni es el que como socialistas quisiéramos, pero, por el momento, contiene algunos elementos interesantes.

En los últimos 30 años, los distintos gobiernos han sido meros instrumentos ejecutores de los dictados de una oligarquía todopoderosa. Ahora existe una relativa autonomía del gobierno federal con respecto de las diversas élites de poder para beneficio del sistema capitalista en su conjunto. Su carácter de clase sigue siendo burgués, pero con capacidad de implementar políticas que vayan en contra de la ortodoxia neoliberal.

El nuevo partido en el poder no se apoya en el control corporativo de las organizaciones sociales (incluso, en el caso de Obrador, más bien es hostil hacia todo proceso de autorganización de las masas). Su relación con lo social se reduce a considerar a los movimientos como simples electores, de manera individualizada. En consecuencia, Morena no es un partido político en términos estrictos: es un simple aparato para la participación electoral. No cuenta con una estructura territorial para la organización y discusión de sus cientos de miles de afiliados, está controlado de manera vertical por una casta burocrática que es la que define el nombramiento de sus dirigentes y sus candidaturas, y ahora es el refugio de miles de tránsfugas (chapulines) provenientes de los partidos de la derecha.

Pero lo anterior no significa que Morena ya no tenga esperanza alguna. Existe un larvado conflicto, en tregua por el proceso electoral, entre sectores de izquierda —que aún pesan y tienen la esperanza de hacer de Morena un partido democrático, comprometido con las luchas sociales y dirigido por quienes representan el ideario libertario original— y una burocracia de derecha que busca mantener el control del aparto y someterlo a los designios de los gobiernos en turno. Una reedición, actualizada, de un partido de estado. Veremos cómo se resuelve dicho conflicto.

A diferencia de otros países en América Latina, donde el surgimiento de gobiernos progresistas fue producto del empuje de los movimientos sociales, en México los movimientos sociales se encuentran muy debilitados. Sufrieron diversas derrotas y retrocesos que los dejaron divididos e incapaces de ser sujetos con peso propio en el actual proceso de cambio. A pesar de diversos intentos, hasta la fecha no hemos podido construir un polo social alternativo. No obstante, hemos obtenido modestos avances con la recuperación de diversos sindicatos en la industria automotriz y la maquila y han estallado decenas de huelgas para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo. Eso es todo, o casi todo.

No obstante, es importante señalar que no existe una muralla china entre la irrupción de las masas en el terreno electoral para echar del poder a los partidos de los patrones y aprovechar el nuevo escenario político para construir sindicatos auténticos, impulsar la lucha en defensa del agua, del territorio y del medio ambiente, alcanzar la soberanía alimentaria y reactivar el campo como productor de alimentos orgánicos y sin agrotóxicos. Al fin y al cabo, se trata de dos versiones de un mismo sujeto, que se presenta en tanto ciudadano o en tanto clase social. La tarea de los socialistas mexicanos pasa por construir un puente entre ambos.

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