Con la asunción de Javier Milei en Argentina se inició la primera presidencia «libertaria» en la historia de la humanidad. Los impactos regresivos de su agenda reformista provocaron una rápida resistencia social. En este contexto, el conflicto en torno a la educación universitaria pública generó la movilización contra el gobierno más multitudinaria hasta la fecha.

En estas páginas nos interrogamos sobre los alcances y los desafíos de la resistencia social a las políticas de extrema derecha en la Argentina, focalizando en el conflicto universitario. Para ello retomamos una encuesta presencial realizada a quienes participaron de la Marcha Federal Universitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentró la mayor cantidad de personas y tuvo lugar el acto central de la medida de lucha nacional. La encuesta fue aplicada por el Taller de Investigaciones sobre Cambio Social de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. El relevamiento resultó en una muestra de 323 manifestantes.

La resistencia al «No hay plata»

El 10 de diciembre de 2023, al grito de «No hay plata», los seguidores de Milei celebraron en el acto de asunción presidencial la llegada de la Libertad Avanza al gobierno del Estado. Por primera vez en Argentina, la extrema derecha logró acceder al poder a través del voto popular, interrumpiendo la alternancia entre las dos fuerzas políticas que la polarizaron hasta entonces. Las coaliciones que se sucedieron en el gobierno en las últimas décadas, tanto de orientación más centroizquierdista (peronismo-Unión por la Patria), como de centroderecha (Juntos por el Cambio), fracasaron a la hora de canalizar las demandas sociales en un contexto de crisis recurrentes.

En este escenario, Javier Milei —un economista outsider del sistema político— logró construir un discurso público que captó la atención de múltiples audiencias impulsado por sus promesas de acabar con la «casta» y el «curro» (corrupción) de la política y del Estado, terminar con la alta inflación a partir de la dolarización y encender la «motosierra y la licuadora» para garantizar un ajuste de la economía sin precedentes.

Milei se autoconstruyó como el protagonista de una gesta heroica para la refundación argentina, en la cual el neoliberalismo extremo en lo económico y el autoritarismo en lo político encontraron espacio para instalarse como la solución a los problemas estructurales del país.

Al poco tiempo de iniciada su gestión, sus políticas se tradujeron en una fuerte devaluación, pérdida de ingresos para jubilados y trabajadores; despidos masivos, cierres de distintos organismos, paralización de la obra pública, eliminación de subsidios, entre otros muchos cambios. Su ambición refundacional se plasmó en un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y el envío de una ley «ómnibus» (multipropósito) al Congreso. 

Rápidamente, el ajuste encontró resistencia en las calles, aún en el marco de una política restrictiva y represiva del gobierno sobre la movilización social. La nueva gestión, bajo el lema «sin libertad no hay orden y sin orden no hay progreso», estrenó un protocolo para la actuación de fuerzas de seguridad con el objeto de evitar la interrupción de las vías de circulación y trasladar los costos económicos de los operativos a las organizaciones convocantes.

La amenaza del protocolo no evitó la protesta. Tras el anuncio del DNU, en las principales ciudades del país se produjeron de modo espontáneo cacerolazos y movilizaciones. Le siguieron distintos eventos masivos, entre los que destacan dos paros generales convocados por el conjunto del sindicalismo y distintas movilizaciones de envergadura, como la del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la del 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, así también como acciones colectivas de carácter sectorial. El país transita un nuevo ciclo de protesta. En el espacio público, comenzó a tejerse una oposición social que logró poner algunos obstáculos a las políticas de gobierno, aunque sin detener su avance.

La emergencia del conflicto universitario

En Argentina, la educación pública universitaria es de ingreso libre e irrestricto, de carácter gratuito y posee cobertura a lo largo de todo el país. Existen 61 unidades académicas nacionales distribuidas en las distintas provincias, que garantizan el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional.

Se caracterizan por su masividad al albergar al 80% de los estudiantes universitarios, frente al 20% abarcado por el sector privado (según consigna el propio Ministerio de Capital Humano en un informe de 2024). Asimismo, las universidades públicas cuentan con un importante prestigio en el país; algunas de ellas, junto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen posiciones relevantes en rankings internacionales y son referencia a nivel regional y, en ocasiones, global.

El ajuste impulsado por el flamante gobierno de Javier Milei impactó con fuerza sobre las universidades públicas a partir de su negativa a actualizar sus presupuestos, otorgando los mismos fondos que el año previo en el marco de una inflación anual del 270%, lo que puso en jaque su funcionamiento. Simultáneamente, se registró una falta de actualización de los salarios de los trabajadores, medidas de desestructuración del sistema de Ciencia y Técnica y suspensión de las obras de infraestructura, entre otros ítems afectados.

El embate económico estuvo acompañado por una campaña abierta de difamación que aludió a las casas de estudio como espacios de adoctrinamiento ideológico de izquierda, corrupción, sostenimiento con el dinero de los contribuyentes de militantes políticos y de carreras que «no revisten de utilidad para el país» como las sociales y humanísticas. La política del gobierno y su falta de disposición a abrir canales de negociación fue generando paulatinamente un escenario de confrontación total, que cohesionó al conjunto de las autoridades y de las gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, abriendo el marco para una inédita tendencia a la actuación en unidad de los distintos actores que componen el sistema universitario.

En este escenario, el conflicto por la defensa de la universidad pública destacó por su masividad y relevancia. La respuesta de la comunidad educativa fue madurando al vislumbrarse la política efectiva del gobierno hacia las universidades públicas. A partir de febrero comenzaron las declaraciones de alerta y comunicados que buscaron llamar la atención sobre la problemática, para luego pasar al terreno de la acción colectiva. El enfrentamiento directo con el gobierno nacional inició a través de un paro total, junto con el cierre de los edificios y la reducción de actividades en dependencias y hospitales universitarios. Continuó con clases abiertas y campañas de comunicación y difusión sobre la importancia de la educación «pública, gratuita, laica y de calidad». La situación presupuestaria también forzó a que las distintas dependencias tomaran como medida restringir el uso del suministro eléctrico, por ejemplo, limitando el uso de ascensores.

Las acciones emprendidas por las universidades generaron escasos avances en la negociación con el gobierno. De este modo, el conjunto del sistema universitario activó la construcción de una gran movilización. El 23 de abril, la universidad pública se transformó en protesta. La Marcha Federal Universitaria fue la más importante en la historia de los conflictos por la educación superior y la protesta más multitudinaria en oposición al gobierno. Protagonizada por más de un millón de personas, contó con movilizaciones en las 24 provincias y en 38 ciudades del país.

Un acontecimiento de oposición social

¿Quiénes, con qué motivos y orientaciones participaron de este acontecimiento de protesta? El principal eje de confrontación del reclamo colectivo se centró en el gobierno nacional. En su inmensa mayoría, las personas encuestadas no lo votaron y tienen una muy mala imagen de su gestión (85%). En términos generales, ubican su posición política como afín al peronismo en sus distintas vertientes o a los partidos de izquierda, pero una porción de personas considerable no cree que ninguna de las identidades políticas partidarias del elenco actual las represente (20%).

Tampoco perciben mayoritariamente que la oposición al gobierno nacional sea un aliado para lograr las demandas de la comunidad universitaria (36%), pero sí consideran que la sociedad en su conjunto puede plegarse y fortalecer la lucha (78%). Es por esto que la histórica Marcha Federal Universitaria resulta en un acontecimiento  de oposición social más que en uno de carácter político-partidario, observándose dificultades en la representación para quienes polarizan con  la propuesta libertaria.

En este marco, los participantes ven a la protesta como uno de los mecanismos legítimos de la democracia para canalizar sus demandas y ejercer sus derechos junto con el voto (90%).

La fuerza de la universidad pública en la Argentina

Desde la asunción del nuevo gobierno la vulneración de distintos sectores de la sociedad fue y continúa siendo múltiple y constante, pero no necesariamente todos los agravios se traducen en protestas masivas. ¿Qué motivó a miles y miles de personas a lo largo del país en este caso? La fuerza de la universidad pública radica en los amplios consensos que la sostienen.

Quienes se movilizan frente a la crisis presupuestaria lo hacen con la convicción de que la protesta social es la principal forma de enfrentar la situación. Alternativas que atenten contra el derecho a la educación y su carácter público y gratuito, como arancelar los estudios, no son opciones consideradas válidas por los manifestantes. En esta última dirección, corresponde decir que el horizonte de mercantilización propuesto por el gobierno no reúne consenso en la sociedad argentina en su conjunto. Según una reciente encuesta del Proyecto de Investigación Regional Comparada sobre la Estructura Social de la Argentina,   a nivel nacional se registra un rotundo rechazo a la posibilidad de arancelamiento (83%).

Desde la visión de los manifestantes se valoran como atributos de la universidad pública la «accesibilidad», la «gratuidad», la «calidad educativa», la «pluralidad» y la «comunidad de pertenencia», entre otros aspectos positivos. Se trata de una institución estatal ramificada en el país y que es reconocida y valorada transversalmente en el conjunto social.

Quienes se movilizaron entienden que lo público pone un límite a la desigualdad y que su vulneración implica un retroceso social inaceptable. Perciben que la Argentina es muy desigual en materia de ingresos (92%), acceso a la vivienda (86%) y trabajo (76%). Es en los sectores con mayor intervención estatal como la salud y, especialmente, la educación donde la percepción de la mayor desigualdad se reduce (45% y 26% respectivamente). Se defiende lo que se preserva de una Argentina que supo ser en el pasado más igualitaria y dinámica en términos de ascenso social.

Estos valores ligados a la educación pública superior activaron transversalmente a diversos actores. Los miembros de la comunidad universitaria fueron los protagonistas de la movilización, pero no los únicos participantes. Más allá de la importante presencia de estudiantes de grado (37%) y posgrado (10%), estuvo lejos de ser estrictamente estudiantil, dado que incorporó docentes, graduados y no docentes.

Pero la asistencia también excedió a los núcleos educativos, dado que más de un cuarto de los manifestantes no estaban vinculados a ellos directamente. La marcha se nutrió también de familiares de estudiantes, cursantes de otros niveles no universitarios, así como sindicatos de diversos sectores y personas en general. La causa de la educación pública, con su fuerte e histórica legitimidad, convocó a otros agraviados por el gobierno al terreno de la acción colectiva.

También corresponde destacar la heterogénea composición etaria. La convocatoria motivó la presencia desde jóvenes estudiantes hasta la de personas de más de 80 años. Los 24 años fue la edad relevada con mayor frecuencia.

Ampliación del universo de la protesta

Como muestra la heterogeneidad y la variedad en la composición de los asistentes, un rasgo distintivo de la Marcha Universitaria fue su capacidad de ampliación del campo de participación de la protesta contra el gobierno y sus medidas.

Desde la Casa Rosada se afirmó provocativamente que quienes participaban de la movilización eran parte del «elenco estable de la protesta», aludiendo a una porción de la población de carácter opositor que sería la que impulsa todas las acciones contra la administración de Milei. En contraposición, observamos que si bien se trata de una población que tiene experiencia de movilización, solo el 18% participó sostenidamente en las más notorias acciones colectivas desde la asunción del gobierno de Milei ya referidas. En el otro extremo, el 20% de las personas no participó en ninguna de ellas. A la vez, este último valor escala hasta el 35% en los menores de 26 años, mostrando que la defensa de la educación pública motivó el pase a la acción en los segmentos etarios de menor edad.

El conflicto universitario convoca y activa reservas ciudadanas, especialmente entre los jóvenes. Esto último pone en tensión las discusiones locales acerca de la presunta apatía de la juventud frente a la política y su viraje hacia propuestas de extrema derecha.

Por otra parte, entre las personas encuestadas el 23 de abril solo es mayoritaria su participación en la mencionada movilización del 24 de marzo en la que se conmemora el inicio de la última dictadura militar y la lucha por los derechos humanos. Esto nos muestra la existencia de consensos que activan transversalmente a la población y la afinidad histórica en Argentina, especialmente entre sus capas medias, entre la cultura antidictatorial y la de la educación pública, como parte de un pacto democrático tácito instalado en la memoria colectiva a lo largo de las últimas décadas.

Impacto del conflicto universitario

Aunque la Marcha Federal Universitaria trató de ser minimizada desde la gestión, el gobierno registró su impacto político. Primero realizando ofrecimientos parciales en torno a los gastos de funcionamiento en la previa a la movilización.  Después, abriendo nuevas vías de diálogo y accediendo a otorgar los fondos requeridos para estos gastos para la principal universidad (la Universidad de Buenos Aires) y para los hospitales universitarios. Al momento de cierre de este artículo, se anunciaba pero sin resolución oficial aún el otorgamiento de nuevos recursos para el resto del sistema, pero todavía se encontraban lejos de resolver la demanda de recomposición salarial y los otros reclamos.

El reconocimiento selectivo de actores y metas  muestra un cambio de estrategia del gobierno. A futuro, la dinámica de la protesta está abierta y llena de desafíos para quienes protagonizan el conflicto. Sobre todo, en lo atinente asostener una resistencia unificada más allá de los intereses particulares que conviven en el espacio universitario, y consolidar creativamente los vínculos de esta lucha con el ciclo más general de resistencia.

El ciclo de lucha

El gobierno de Milei prontamente encontró resistencia social y se enfrentó a un nuevo ciclo de protesta, multitudinario y plural. Por el contrario, este no contó con ninguna movilización de apoyo, no se trata de una extrema derecha que apele a formas movimentistas. El mencionado ciclo no destaca especialmente por su magnitud —al menos hasta la Marcha Federal Universitaria— y menos por su radicalidad, sobre todo, para el nivel de los agravios y la multiplicidad de actores afectados, así como los parámetros de lucha de otros momentos de la historia argentina.

En nuestra hipótesis, si bien la intensidad de las vulneraciones impulsa la protesta, encontramos una estructura de oportunidades políticas desfavorables para su desarrollo. Entre los rasgos adversos está la presencia de un gobierno reaccionario que elige a varios de sus actores como sus enemigos predilectos. Hacia ellos, no abre interlocución y busca debilitar su poder organizativo y sus formas de lucha acotando las toleradas y permitidas por el Estado y promoviendo activamente la represión. A la par, orienta su aparato comunicacional en la búsqueda de  proyectar hacia estos actores el malestar social al representarlos como los responsables de la situación crítica.

Por otra parte, se registra una clara dificultad para establecer una representación política de la protesta dada la derrota del peronismo, habitual referente de la mayoría de sus protagonistas. El fracaso del último gobierno de este signo político, junto a la velocidad y simultaneidad de las reformas, potencian el escepticismo entre los agraviados. Finalmente, se trata de un gobierno que está en los primeros meses de su mandato, conservando la esperanza y el apoyo de alrededor de la mitad de la población y un respaldo casi unánime entre las clases dominantes, lo cual limita la capacidad de expansión del descontento en un clima cultural favorable a varias de sus políticas.

El conflicto universitario logró romper el cerco y abrir un espacio en esta estructura de oportunidades desventajosas al apelar a valores culturales arraigados en la sociedad argentina vinculados al derecho a la educación pública y gratuita. La promesa de igualación y ascenso social a través de la educación activó, amplió y rejuveneció la oposición al gobierno en las calles. Se constituyó, así, en un nuevo escalón de un ciclo de lucha que interviene de manera desafiante en una historia que se escribe en tiempo presente. En una coyuntura plagada de incertidumbres, tenemos una certeza  a la cual aferrarnos: la lucha continúa.