La izquierda, en sentido amplio, está en claro declive en toda Europa, mientras que la derecha, especialmente la extrema derecha, está prosperando como no lo había hecho desde 1945. En vísperas de las elecciones europeas de junio, la tendencia es inequívoca: socialdemócratas, verdes y otros partidos de izquierda perderán unos cuarenta escaños en el nuevo Parlamento. Tras la caída del primer ministro del Partido Socialista, António Costa, en Portugal, España es hoy el único país de la Unión Europea (UE) con un gobierno de izquierdas. Mientras que otros gobiernos pueden parecer «progresistas» sobre el papel, como el de Eslovenia, muchos son grandes coaliciones (como el de Dinamarca) o se inclinan más hacia el centro que hacia la izquierda (como el de Alemania). Los acontecimientos en España, por tanto, son más decisivos de lo que cabría imaginar.
¿Qué está pasando en España? Madrid era sin duda un objetivo crucial para la derecha europea, especialmente después de que el Partido Popular y Vox ganaran las elecciones municipales de mayo de 2023. El democristiano alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, elaboraron una estrategia para que España siguiera el mismo camino que Italia, Finlandia y Suecia, formando una coalición entre la derecha dominante y la extrema derecha. Sin embargo, las elecciones generales anticipadas del pasado 23 de julio arrojaron un resultado diferente debido a la fuerte movilización del electorado de izquierda, lo que permitió la continuidad del gobierno de coalición.
Aun así, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que es presidente del Gobierno desde junio de 2018, logró mantenerse en el cargo formando una coalición diversa que incluye no solo a la alianza de izquierdas Sumar, sino también a varios partidos regionalistas y nacionalistas, incluidas fuerzas independentistas catalanas y vascas. Este gobierno en minoría cuenta con el apoyo de casi todas las fracciones parlamentarias, excepto el conservador Partido Popular y del ultraderechista Vox. Pero incluso esto corre el riesgo de verse alterado esta primavera por un extenso ciclo electoral que comenzó con las elecciones autonómicas gallegas en febrero, continuó con las elecciones vascas en abril y las catalanas en mayo, y terminará con las elecciones europeas del 9 de junio.
Pero para comprender plenamente la situación de la izquierda española, necesitamos un poco más de perspectiva histórica. Los últimos cinco años marcaron el final de una era política. La década de 2010 en España estuvo marcada por dos dinámicas principales: el resurgimiento de la izquierda y el movimiento independentista catalán. El movimiento de los Indignados, que comenzó en mayo de 2011, canalizó las protestas contra las políticas de austeridad durante la Gran Recesión. Este movimiento condujo a la formación de Podemos y de varias plataformas locales que ganaron las elecciones de las principales ciudades en 2015, por ejemplo eligiendo a Ada Colau en Barcelona y a Manuela Carmena en Madrid. Aunque Podemos no superó a la centroizquierda socialdemócrata como se esperaba —la «pasokización del PSOE» fue un espejismo—, sí trastocó el tradicional sistema bipartidista que había gobernado España desde el final del franquismo. Desplazó a la opinión pública hacia la izquierda y entró en el Gobierno en enero de 2020 con la formación del primer gobierno de coalición desde la guerra civil. El abrazo entre Pedro Sánchez y el cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, fue el símbolo de este proceso y su resultado más tangible.
Pero la última década también estuvo marcada por el proceso independentista catalán. Ganó impulso entre 2010 y 2012, y alcanzó su punto álgido en otoño de 2017 con el referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia. Este movimiento influyó significativamente no solo en la política de Cataluña, sino también en la de España, situando la crisis territorial del país y el modelo de descentralización de la Constitución posfranquista de 1978 en el primer plano del debate público. A pesar de que el movimiento independentista estaba liderado por la fuerza de centroderecha hoy conocida como Junts per Catalunya (JxC), bajo el liderazgo del que fuera presidente Carles Puigdemont, Cataluña también experimentó un giro a la izquierda con el ascenso de la centroizquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la anticapitalista Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y los Comuns de Ada Colau. Con las elecciones catalanas del domingo 12 de mayo, ese ciclo político ha llegado decisivamente a su fin.
Una derecha radicalizada
Ya había indicios de ello allá por 2019, pero ahora está fuera de toda duda. Aquí entran en juego tres elementos cruciales antes mencionados. Primero, la larga ola del momento Indignados terminó y las fuerzas a la izquierda del PSOE están en profunda crisis. Unidas Podemos se escindió en un ala más «intransigente» encabezada por Iglesias, que conserva el nombre de Podemos, y Sumar, el intento de Yolanda Díaz de unir a varios partidos y movimientos de izquierda (Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid, Compromís, etc.). En las elecciones municipales de mayo de 2023, esta división permitió a la derecha ganar la mayoría de las regiones y ayuntamientos. Pero en las últimas elecciones autonómicas, la tendencia no fue mejor. Ni Sumar ni Podemos lograron entrar en el Parlamento regional en Galicia; sólo eligieron un diputado (para Sumar) en el País Vasco, y en Cataluña —teóricamente corazón del proyecto de Díaz— la lista Comuns-Sumar se hizo con seis escaños, perdiendo dos.
El segundo elemento es que el «proceso» independentista catalán está muerto y enterrado. Los partidos independentistas perdieron más de 700.000 votos desde 2017 en una región de 8 millones de habitantes: por primera vez, no tienen mayoría en el Parlamento catalán. Aunque aún se desconoce si habrá un gobierno liderado por los socialistas, seguramente no habrá uno independentista. Pero no se trata sólo del movimiento de votos: los acalorados debates sobre la creación de una república catalana son sólo un recuerdo lejano en la Cataluña de 2024. Tras el fracaso de la apuesta por un referéndum no oficial en 2017, pero también por la pandemia y la guerra de Ucrania, los ciudadanos están preocupados por cuestiones más concretas: la inflación, la economía, la sequía, las infraestructuras, etc. Más allá de la retórica para uso y consumo interno, incluso los partidos independentistas viraron hacia un cierto pragmatismo en sus relaciones con Madrid.
Pero también hay una tercera evolución, en línea con la dinámica europea y mundial: una derecha radicalizada. Con la desaparición de Ciudadanos —un partido emergente, liberal y antiindependentista comparado en su día con el vehículo En Marche de Emmanuel Macron en Francia—, el Partido Popular se recuperó electoralmente, aglutinando de nuevo a gran parte del voto conservador. Sin embargo, no es el mismo Partido Popular que en los tiempos del expresidente Mariano Rajoy: se desplazó mucho más a la derecha y abrazó rápidamente alianzas con Vox (sin plantearse ni remotamente un cordón sanitario contra la extrema derecha), asumiendo gran parte del programa de este último partido. No sólo tacha al presidente Sánchez de traidor a la patria por sus acuerdos con partidos independentistas catalanes y vascos, sino que incluso afirma que su gobierno es «ilegítimo». El principal partido de la derecha española apoyó las manifestaciones, protagonizadas principalmente por grupos neofascistas y neonazis, que asediaron durante días la sede del PSOE en Madrid durante el mes de noviembre, con escenas que recordaban en cierto modo a los disturbios del capitolio estadounidense. Han intentado derribar al gobierno mediante una mezcla de guerras culturales, noticias falsas y lawfare, ayudados por medios de comunicación afines y sectores conservadores del Poder Judicial.
Sánchez se mantiene firme
Las consideraciones anteriores son importantes para entender la condición actual del gobierno de izquierda en España y para esbozar posibles escenarios futuros. El Gobierno de Sánchez es débil; lo sabíamos desde el principio. En la pasada legislatura (2019-23) tuvo cierto margen de maniobra, pero ahora ya no: cada voto es crucial para su supervivencia. Sin los votos de los siete diputados de Junts de Puigdemont o los cinco de Podemos —que abandonaron el grupo parlamentario de Sumar tras la ruptura definitiva entre Iglesias y Díaz—, el Gobierno no tiene mayoría. Esta legislatura puede ser un calvario: en parte ya lo fue estos últimos meses, con las dificultades relacionadas con la aprobación de la ley de amnistía para los líderes independentistas catalanes, que será aprobada definitivamente por el Congreso a finales de mayo, tras el parate de dos meses impuesto por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por supuesto, todo el mundo sabe que derrocar a Sánchez significa poner la alfombra roja a los partidos de derecha para que se hagan con el Gobierno, pero hay una gran diferencia entre las palabras y los hechos. Entre otras cosas, porque la mayoría del Gobierno también se apoya en formaciones de centroderecha como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el ya mencionado Junts per Catalunya, con los que le cuesta llegar a acuerdos en políticas fiscales o sociales.
Aún así, después de haber sido golpeado por una campaña de ataques de la derecha y un escándalo de corrupción que implicaba a su PSOE, la posición del propio Sánchez se recuperó en el último mes. Tras el mal resultado en las elecciones autonómicas en Galicia, donde el Partido Popular retuvo la mayoría absoluta en uno de sus bastiones históricos, en el País Vasco los socialistas tienen los números para mantenerse en el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco como socio menor. Mientras tanto, los socialistas catalanes obtuvieron fácilmente el primer puesto en las elecciones del pasado domingo. Además, la extraña crisis de finales de abril —durante cinco días Sánchez sopesó si dimitir o no por el desprestigio de su mujer, Begoña Gómez, a la que sus adversarios acusaron infundadamente de corrupción— no sólo le permitió centrar el debate público en la defensa de la democracia frente a los esfuerzos de deshumanización de la derecha, sino que le dio un respiro de nuevo en las encuestas. La victoria del socialista Salvador Illa en Cataluña es también un triunfo para Sánchez y su estrategia de diálogo con los partidos independentistas, que pretende reconstruir los puentes entre Barcelona y Madrid tras la ruptura de 2017 y la línea dura adoptada por el Gobierno del Partido Popular de entonces.
Aun así, la serie de grandes pruebas electorales no terminará hasta la votación para el Parlamento Europeo del 9 de junio. Mientras que hace unos meses parecía segura una gran victoria del Partido Popular, las últimas encuestas hablan de un reñido cara a cara entre éste y el PSOE de Sánchez. Si su apoyo se mantiene, podrá afrontar con más tranquilidad los meses venideros. Dicho esto, quedan tres grandes incógnitas que podrían poner en aprietos la estabilidad del Gobierno de Madrid.
Cataluña, otra vez
La primera es Cataluña, que sigue pesando en la balanza política española. La posibilidad de que Illa, aliado de Sánchez, sea el nuevo presidente de Cataluña depende en gran medida del partido de centroizquierda ERC, que recibió un duro golpe en la votación del domingo después de gobernar Cataluña durante tres años. No sólo cayó de treinta y tres a veinte escaños en un parlamento de 135 —y, dentro del espacio independentista, quedó muy por detrás de Junts (que subió de treinta y dos a treinta y cinco escaños)—, sino que su actual presidente, Pere Aragonès, decidió dejar la política. Este duro revés le causará enormes dificultades para sellar una alianza con los socialistas, o incluso para dar apoyo externo a un pacto Socialistas/Comuns-Sumar. Dentro de ERC, algunos piensan que esta derrota se debe básicamente al pragmatismo adoptado en los últimos años y al apoyo dado a Sánchez en Madrid, cuyos resultados concretos —los indultos y la amnistía, sobre todo— fueron capitalizados principalmente por Puigdemont, cuya retórica, al menos, es más radical.
Si ERC se mantiene firme contra un acuerdo, el riesgo es que se repitan las elecciones en octubre. Pero, al mismo tiempo, un acuerdo con ERC en Barcelona también podría asustar a Puigdemont, que —presionado por la entrada de un nuevo partido independentista de extrema derecha, Aliança Catalana— también podría decidir retirar el apoyo de sus siete diputados al Gobierno de Sánchez en Madrid. En resumen, la cuadratura del círculo parece casi imposible, a menos que haya pragmatismo por todas las partes y un entendimiento de que un compromiso es el mal menor de todos modos. Este otoño, Sánchez tendrá que aprobar un presupuesto (el de 2024 ya quedó en suspenso por el choque electoral en Cataluña). Sin un acuerdo con los partidos independentistas, se corre el riesgo de un presupuesto provisional para 2025 que probablemente asestaría un golpe mortal al Gobierno de Sánchez.
La segunda incógnita se refiere al espacio a la izquierda del PSOE, que a pesar de sus múltiples y cambiantes etiquetas de partido no deja de perder escaños. Los sondeos de cara a las elecciones europeas no son nada buenos para Sumar ni para Podemos: si en 2014 Podemos e Izquierda Unida obtuvieron un total de once eurodiputados y en 2019 la lista de Unidos Podemos bajó a seis, en la actualidad mantener ese número inferior es el mejor de los escenarios, pero lo más probable es que caigan a un total de cuatro. En retrospectiva, dado el reflujo de la larga ola de los Indignados, la ruptura entre Iglesias y Díaz fue un suicidio político, aunque seguramente tuvo sus razones. Una izquierda tan debilitada y dividida, con un proyecto de Sumar que sigue sin arraigar a nivel local y regional, es otra fuente de inestabilidad para el Gobierno, e incluso podría ser una bomba bajo su supervivencia a más largo plazo. En la última legislatura, Unidas Podemos consiguió desplazar al PSOE hacia la izquierda: lograron avances tanto en la reducción de las desigualdades (una reforma de la legislación laboral, una subida del salario mínimo, etc.) como en cuestiones de derechos (feminismo, derechos LGBTQ, protecciones medioambientales, etc.). Pero, ¿podrá Sumar influir en la agenda legislativa del Gobierno en el contexto actual? Sin duda será más difícil que antes.
Si el apoyo de Sánchez se recuperó en el último mes, su crecimiento electoral —en Cataluña y en las encuestas— depende sobre todo de su capacidad para aglutinar a los votantes de otros partidos de izquierda. Limitarse a consumir el apoyo de sus aliados es peligroso para el PSOE: no puede ganar mayorías globales por sí solo.
Incluso en la medida en que tanto los socialistas como el Partido Popular recuperaron su hegemonía sobre la izquierda y la derecha amplias, respectivamente, siguen necesitando alianzas para ganar mayorías en el Parlamento. Para Sánchez, esto significa mantener su alianza con lo que se ha dado en llamar la «España plurinacional», opuesta al centralismo nacionalista, el autoritarismo y el conservadurismo de la derecha.
Cambio europeo
La tercera incógnita se refiere al nuevo equilibrio político en la UE después del 9 de junio. ¿Quién dirigirá la Comisión Europea y con qué mayoría? Si Bruselas vira a la derecha, con los ultraderechistas de Meloni y compañía integrados en el bando dominante, todo será más difícil para el Gobierno de Sánchez. La coalición de izquierda en España no sólo sería una rara excepción en la UE, sino una anomalía preocupante. De hecho, incluso sin este cambio en el equilibrio a nivel de la UE, se volverá al «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» anterior a COVID-19 que vigilaba el endeudamiento público. Esto significará menos espacio para las políticas sociales y una vuelta a la austeridad, aunque menos intensa que a principios de la década de 2010. Sánchez tendrá menos margen de maniobra, y en Bruselas podría tener más un adversario que un aliado potencial.
Sin duda, se trata de un rompecabezas complicado. Podría decirse que es lo normal en la política española y, sin embargo, ahora hay una sensación más definida de cansancio y un cambio en el momento político. En las elecciones generales del pasado julio, el miedo a que la derecha alcanzara el poder bastó para movilizar a un amplio electorado progresista y mantener en pie al Gobierno. Pero este fantasma no puede salir una y otra vez con el mismo efecto. Urge que todos los implicados se arremanguen y trabajen juntos por una regeneración profunda de la democracia española. Es el único antídoto contra una derecha agresiva y antiliberal, tanto en España como en toda Europa.
