La inmortalidad es uno de esos conceptos que probablemente es más atractivo en abstracto que en la práctica. Como especie con tendencia a los excesos, la idea de prolongar nuestra vida hasta extremos exponencialmente mayores es, de manera irónica, una sentencia de muerte para nosotros mismos y para aquellos con quienes compartimos el planeta. Pero, dejando a un lado las cuestiones prácticas de producción, consumo, contaminación y espacio habitable, la duración extrema de la vida plantea un problema de clase.
La industria de la vida eterna ya es competencia de los más ricos, que financian la investigación para alargar la vida humana. Esta investigación, al igual que las economías de la sangre y los tejidos en general, tiene una relación profundamente inquietante con los mercados negros y las cadenas de suministro globales explotadoras. Y es este aspecto moralmente dudoso de la búsqueda de la inmortalidad por parte de los barones del robo lo que hace que toda la empresa resulte sospechosa. Incluso si la búsqueda de la inmortalidad choca contra los límites físicos, la arquitectura social resultante de esta búsqueda garantiza que serán los ricos los primeros en la fila para cosechar los beneficios de cualquier bien que la investigación pueda producir.
La plutocracia como inmortalidad
Como escribe Maggie Harrison en la revista Futurism, un resultado potencial y desconcertante de la inmortalidad sería la capacidad de acumular riqueza para siempre. Dado que la riqueza es poder, la capacidad de acumular riqueza durante periodos de tiempo extremos implica la capacidad de acumular poder durante periodos de tiempo extremos, consolidándolo y concentrándolo aún más, afianzando aún más la oligarquía y la jerarquía de clases. Para tomar un sorbo del santo grial —garantizar el título y la riqueza imperecederos— los plutócratas sólo necesitan derogar los impuestos de sucesiones.
En diciembre, escribí sobre cómo las promesas de la automatización y la inteligencia artificial tienden a servir a la clase capitalista por encima del resto de nosotros. A pesar de la tradición de esperanza utópica de la izquierda con respecto a los robots, deberíamos desconfiar de las afirmaciones de que la tecnología es inherentemente liberadora. Aunque pueden aliviar las cargas y mejorar la calidad de vida, los avances tecnológicos no son herramientas de liberación si son propiedad y están controlados por unos pocos. Deberíamos aplicar la misma advertencia respecto de las tecnologías que prolongan nuestra vida. De hecho, si no se democratizan, estas tecnologías pueden ser incluso más peligrosas y contrarias a la liberación de clase.
La ciencia de la longevidad se ocupa de objetivos más matizados que los meros intentos de «vivir para siempre». Podemos separar conceptualmente las intervenciones biomédicas destinadas a curar enfermedades o restaurar funciones biológicas de la investigación que persigue mantener a los seres humanos vivos indefinidamente. A finales del año pasado, una nueva variedad de edición genética Crispr, una tecnología de la que a menudo se habla junto con la búsqueda de la inmortalidad, salvó la vida de una adolescente en el Reino Unido, haciendo que su cáncer remitiera. Salvar la vida de adolescentes con cáncer es un bien evidente y sin paliativos. Al hablar de tecnologías destinadas a prolongar la vida —o a eliminar el envejecimiento y la muerte—, deberíamos distinguir los fines.
Señores sin muerte
En 2018, Jon Christian escribió sobre los peligros de clase derivados de la búsqueda de la inmortalidad. Citó al expresidente de Facebook Sean Parker, quien dijo: «Como soy multimillonario, voy a tener acceso a una mejor atención médica. . . Voy a tener como 160 años y voy a formar parte de esta clase de señores inmortales». Esto es propio de un villano de dibujos animados, pero la cita de Parker revela la lógica de los ultrarricos, que tienden a traicionar su sentido del derecho y sus planes grandiosos en sus frívolas reflexiones.
La tecnología, como los trabajadores, está ahí para servirles a ellos y a sus fines, ya sean la acumulación de capital o la inmortalidad. Y al igual que con la acumulación de capital, cuando se trata de prolongar la vida, debe haber una clase de «señores» longevos y quienes orbitan a su alrededor y disfrutan de las sobras de su generosidad.
Dado que las tecnologías de prolongación de la vida están ligadas al poder, deben democratizarse para que ninguna clase tenga un acceso estructural a ellas por encima de las demás. La sanidad es un bien público que debe ser compartido por todos. Sin embargo, las industrias biomédicas privatizadas van en contra de ese imperativo.
Se podría decir que quienes invierten su capital en una industria asumen un riesgo cuyos beneficios, si las cosas van bien, deberían disfrutar. También se podría decir que no es asunto del Estado impedir que los individuos disfruten de los frutos de su trabajo, aunque se limiten a unos pocos en detrimento de muchos. Esa es, por supuesto, la lógica de la sanidad privada. Si uno puede permitirse hacer lo que quiera en cuanto a la atención, ¿por qué el Estado o cualquier otra persona debería impedírselo? Desde este punto de vista, la asistencia privada no tiene nada que ver con la pública. Puede que sea así, pero es claramente una posición moralmente empobrecida y una forma grotesca de organizar la prestación sanitaria.
La expropiación de Matusalén
Cuando se trata de la búsqueda de la inmortalidad, el acceso a las tecnologías que la acompañan es intrínsecamente público, ya que las ventajas potenciales que se derivan de ello determinarán sin duda los resultados económicos, sociales y políticos. Cuando hablamos de los ultra ricos que viven más de cien años o, en teoría, para siempre, es obvio que ya no estamos hablando simplemente de la atención médica privada. La capacidad de acumular riqueza y ejercer un poder compuesto durante periodos extraordinarios de tiempo —y, por tanto, de moldear el mundo para muchos— es intrínsecamente pública por naturaleza y debe ser tratada y regulada como tal.
Tenemos una larga historia de adopción, e incluso de normalización, de tecnologías antes de plantearnos sus implicaciones éticas. Cuando se trata de saltos tecnológicos, a menudo nos encontramos con Estados lentos a la hora de regular y proteger el bien público. En algunos casos, como el de las redes sociales, el tiempo que se tarda en resolver los problemas que conllevan puede ser de décadas, si es que llegan a resolverse.
No en vano, las palabras de Ian Malcolm, el personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, han resistido el paso de las décadas y han adquirido vida propia como meme. «Vuestros científicos estaban tan preocupados por si podían —dice Malcolm, con asombro, maravilla y miedo—, que no se pararon a pensar si debían».
Con la búsqueda de la inmortalidad, nos enfrentamos al mismo problema, salvo que tenemos una clase de oligarcas que están convencidos de que la vida eterna no es sólo una buena idea, sino un derecho de nacimiento de clase. Podemos debatir si la idea en sí es buena —lo dudo—, pero deberíamos empezar por insistir en que, a menos que la vida eterna pueda ser un derecho extendido a todo el que lo desee, no debería extenderse a nadie. Si se determina democráticamente que la investigación en tecnología para prolongar la vida es un bien social que merece la pena, cualquier beneficio que produzca la búsqueda debe redundar en el bien público. Si no es así, debe abandonarse. Al mismo tiempo, deberíamos hacer todo lo posible para prevenir y desmantelar todo rastro de inmortalidad de las élites en nuestros códigos fiscales, leyes y políticas. Necesitamos barones ladrones inmortales —o sus fantasmales construcciones legales— en la misma medida en que necesitamos una clase eterna de agentes de aparcamiento.
