El domingo 27 de noviembre aproximadamente 1,2 millones de personas inundaron Ciudad de México para celebrar el cuarto aniversario de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A lo largo de la avenida Paseo de la Reforma de la ciudad, una marcha festiva avanzaba en oleadas aparentemente interminables. Grupos de tamborileros combinaban complicados ritmos con movimientos sincronizados. Brigadas de zancudos ondeaban sus capas y lucían sus trajes. Grupos musicales, como la Banda Filarmónica de Santa Rosa, de la región mixe de Oaxaca, deleitaron al público con melodías de todo el país. Hubo danza tradicional y espontánea, llamadas y cánticos, grupos universitarios y sindicales, y contingentes organizados por estados.
El presidente desfiló hacia el frente sin seguridad, zarandeado entre los empujones de la multitud. Al final de la ruta, tras un día de marcha que para muchos se sumó a viajes nocturnos en autobús, el festival se extendió por los bares y restaurantes del centro histórico como un Oktoberfest politizado. Por su parte, AMLO, sudoroso y quemado por el sol, pronunció un discurso de hora y media en el que esbozó los logros de su administración en materia de programas sociales, soberanía energética, infraestructuras, política sanitaria y mucho más. Siempre listo para acuñar una nueva frase, concluyó bautizando la filosofía que sustenta su movimiento como «humanismo mexicano».
En el masivo y extenso acto no se produjeron las expresiones de odio, racismo y clasismo que habían caracterizado una marcha de oposición, bastante más pequeña, dos semanas antes. En un rápido giro de reciclaje lingüístico, los partidarios del presidente tomaron los insultos más notables proferidos contra ellos en la concentración anterior —naco (hortera, barriobajero), indio (indio) y pata rajada (literalmente «pie rajado», una referencia a las suelas abiertas de los campesinos sin zapatos)— y se los apropiaron en forma de signo y eslogan.
La tan cacareada «polarización» a la que alude la prensa conservadora se había retirado a sus trincheras en las redes sociales, y no se encontraba aquí entre esta multitud jubilosa y pacífica, que incluía a muchos inmigrantes que se habían arriesgado a regresar del extranjero solo para asistir.
Balance del año
En efecto, hay muchos motivos de celebración. La Cuarta Transformación está completando su cuarto año con algunas cifras sólidas: el crecimiento económico está superando las predicciones; la inversión extranjera directa está aumentando, mientras que los pagos de la deuda externa están disminuyendo; el peso fue una de las monedas más apreciadas frente al dólar en 2022, confundiendo a los especuladores que apostaron repetidamente en su contra durante el verano, y el desempleo está disminuyendo, a pesar del aumento de los tipos de interés. En el frente político, el presidente sigue siendo popular y su partido, MORENA, se encuentra en una posición fuerte en las primeras encuestas para las elecciones presidenciales de 2024.
Incluso The Economist, sin duda la voz más histéricamente anti AMLO de la prensa anglófona, se ha visto obligado a reconocer la fortaleza de México entre los países de la OCDE en una comparación de los indicadores económicos del año.
En el frente político, las victorias más destacadas de este año incluyen un aumento del 20% del salario mínimo —continuando una serie de incrementos anuales que duplicarán el salario en términos reales al final del sexenio de AMLO— y la duplicación de los días de vacaciones pagadas obligatorias de seis a doce (hasta un máximo de treinta y dos días, dependiendo de los años consecutivos de empleo).
En abril, México nacionalizó su producción de litio, que se encuentra entre las mayores del mundo. Esto fue parte de un golpe en la política energética que vio la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO, que aumenta el control público sobre la red nacional, declarada constitucional por la Corte Suprema. Ese mismo mes, AMLO ganó ampliamente las primeras elecciones revocatorias de la historia del país, cumpliendo así su promesa electoral de someterse a ellas a mitad de su mandato.
No es de extrañar que los mayores titulares internacionales se centraran en asuntos exteriores. En mayo, AMLO advirtió que se negaría a asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a menos que todos los países latinoamericanos estuvieran representados; el consiguiente alboroto de los funcionarios del Departamento de Estado se prolongó durante varias semanas hasta que el presidente mexicano cumplió su promesa de no asistir (al mismo tiempo, sin embargo, sigue impulsando una integración continental de América Latina con Estados Unidos y Canadá, que podría encerrar a la región en una camisa de fuerza de la que sería difícil escapar).
En un discurso pronunciado el Día de la Independencia, en septiembre, adoptó una línea independiente sobre la guerra de Ucrania, criticando la ineficacia de las Naciones Unidas y el sufrimiento producido tanto por las sanciones como por los envíos de armas. No se puede evitar la sospecha, concluyó, «de que la guerra está siendo atizada por los intereses de la industria armamentística».
En diciembre se mantuvo firme contra el golpe del Congreso a Pedro Castillo en Perú, negándose a reconocer el régimen de facto de Dina Boluarte mientras Estados Unidos y Europa se apresuraban a hacerlo. El día 12 México firmó un comunicado cuatripartito —junto con Argentina, Bolivia y Colombia— en el que denunciaba el acoso al que había sido sometido Castillo desde el inicio de su mandato presidencial y pedía que se respetara el voto popular que lo eligió. El 20, el régimen de Boluarte expulsó al embajador mexicano, Pablo Monroy. Al día siguiente, la esposa y los hijos de Castillo llegaron a México, los últimos de una larga tradición de refugiados políticos que han recibido asilo en el país.
#SiguesTuAMLO
En las horas posteriores al encarcelamiento de Castillo surgió en México un hashtag bien financiado en Twitter: #SiguesTuAMLO. Inspirada tanto por los acontecimientos en Perú como por la sentencia de cárcel dictada contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner el día anterior, la derecha golpista latinoamericana trató de aprovechar el momento fomentando un efecto dominó artificial en las redes sociales.
AMLO no corre peligro de ser destituido, y se burló abiertamente del hashtag en su rueda de prensa matutina del día siguiente. Pero cuando los golpes blandos se han convertido en el arma elegida por las élites de todo el continente —Brasil, Paraguay y Bolivia, por citar algunos de los ejemplos más destacados de la última década—, cabe preguntarse: ¿qué medidas se están tomando para evitar una toma de poder de este tipo en México?
Porque a pesar de las reformas positivas, la estructura esencial de poder en México sigue siendo muy similar a la que había en 2018. Aunque desprovista de los presupuestos de publicidad pública que la mantenían en cómoda colusión con gobiernos anteriores, la oligarquía de la prensa corporativa sigue en firme control de la radio, la televisión y los medios impresos, manteniendo una batería constante contra cualquier político o figura pública que se desvíe un ápice de la ortodoxia. Un puñado de bancos multinacionales controla los depósitos, los préstamos y los fondos de pensiones de la nación, a pesar de los avances en una opción bancaria pública. La Iglesia Católica, aunque con menos descaro que en años pasados, sigue siendo un poder importante entre bastidores. El mundo académico y los círculos culturales oficiales están dominados por conservadores disfrazados de progresistas «más santos que tú».
Las grandes empresas siguen controlando recursos naturales clave en forma de concesiones mineras y derechos sobre el agua. La inmensa mayoría de los malhechores de las administraciones anteriores siguen impunes. Y las fuerzas armadas, por su parte, nunca han sido más fuertes: inundadas de aumentos presupuestarios y una creciente cantidad de trabajos paralelos, pronto añadirán a su lista una nueva línea aérea comercial y la administración del nuevo parque nacional en la zona arqueológica de Uxmal.
A veces parece que no hay proyecto público en el que el secretario de Defensa no tenga algo que ver, de una forma u otra. Y mientras AMLO insiste en que esto es para asegurar que estos proyectos no se privaticen en el futuro, el binomio extremadamente reductor de «privatización o militar» está empezando a agotarse (especialmente encima de la enmienda constitucional aprobada este año para permitir que las fuerzas armadas continúen realizando funciones policiales por cuatro años más, hasta 2028). Aunque podría decirse que es necesario ante la grave situación de la policía y el potente poder de fuego de los cárteles, sigue siendo un trago amargo.
Por supuesto, cuatro años no bastan para deshacer cuarenta… o cuatrocientos. Y es innegable que estos años de lucha y triunfo político han propiciado una politización envidiable entre el público, una hazaña importante en sí misma. Pero parece existir una ilusoria confianza en los seguidores del «humanismo mexicano» de que el ejercicio de las libertades liberales y una pizca de redistribución serán suficientes para disolver las arraigadas estructuras de poder. Tan grande era este optimismo que una de las reformas clave de AMLO en 2021 fue la eliminación de la inmunidad judicial para el presidente. Diseñada para responsabilizar al jefe del Ejecutivo de la corrupción y los delitos cometidos en el cargo, la medida también abre la puerta a su destitución por cualquier tipo de cargo inventado.
En resumen, entonces, vale la pena preguntarse qué tipo de paquete estará dejando AMLO a una futura administración de MORENA si su partido, como parece actualmente, llega a ganar en 2024. El presidente es un astuto operador político y un comunicador singularmente dotado; su sucesor bien podría no serlo. Y a los chacales que merodean constantemente por el Palacio Nacional no se les convencerá simplemente de que se vayan. A pesar de toda su popularidad, la Cuarta Transformación no puede permitirse el lujo de decir «aquí no puede pasar».
