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Los mayores beneficiarios de la corrupción de Petrobras fueron los aliados de Bolsonaro. (Foto: Isac Nóbrega / PR)

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El discurso anticorrupción se ha convertido en la principal bandera de la derecha en su intento de derrocar a los gobiernos democráticos para sabotear la soberanía del país. Pero son precisamente los conservadores quienes más se han beneficiado de la corrupción y la impunidad selectiva.

En la historia reciente de Brasil, y sobre todo desde 2013, la anticorrupción se ha convertido en la principal bandera político-ideológica en el ascenso de la derecha y sus diversas ramificaciones. En las elecciones de 2022, la candidatura de extrema derecha, representada por Jair Bolsonaro, utiliza este discurso para conseguir votos de los electores antipetistas.

Hay que desmitificar la idea de que los gobiernos del PT fueron los más corruptos de la historia republicana de Brasil. Estos hechos no excluyen la posibilidad de criticar a estos gobiernos, su modelo de gobernanza, sus políticas económicas y sus métodos de negociación. Sin embargo, la idea de que Lula y el PT son los «grandes creadores de la corrupción en Brasil» es un mito que originó Bolsonaro, fortaleció Lava Jato y legitimó el desmantelamiento de una serie de políticas de desarrollo económico y social en el país.

Los orígenes históricos de la lucha contra la corrupción

En Brasil, la lucha contra la corrupción como discurso funcional para la derecha se fortaleció en la década de 1950. En aquella época se debatía en Brasil entre diversas fuerzas políticas y sociales la viabilidad de un desarrollo capitalista socialmente inclusivo y democrático que pudiera superar el subdesarrollo.

La lucha contra la corrupción fue la bandera que aglutinó la creación de Petrobras, el monopolio estatal de la explotación del petróleo, el desarrollo industrial, el protagonismo del Estado como agente económico y, sobre todo, la participación de las fuerzas populares y sindicales en la vida política brasileña. La oposición de derecha a los gobiernos de Vargas, Kubitschek y Goulart utilizó esta agenda.

En 1954, por ejemplo, la União Democrática Nacional (UDN) encabezó una serie de denuncias contra la «generalización de las prácticas corruptas» en el gobierno de Getúlio Vargas. Estas denuncias fueron el «buque insignia» de uno de los primeros intentos de golpe cívico-militar, articulado entre fuerzas empresariales, parte de las Fuerzas Armadas y políticos de derecha, respaldados por el gobierno de Estados Unidos. El suicidio de Vargas, como declaró Tranquedo Neves, aplazó 10 años el intento de golpe militar.

La hipocresía de la dictadura militar

Además de la llamada «lucha contra el comunismo», la dictadura cívico-militar brasileña prometió «combatir la corrupción» y traer una era de decencia al país. Durante el gobierno de Castelo Branco se abrieron más de 1100 investigaciones militares-policiales (IPM) para investigar posibles casos de corrupción. En la práctica, estas investigaciones solo sirvieron para perseguir y despojar de sus derechos políticos a dirigentes de centro derecha, hasta entonces partidarios del golpe, como Juscelino Kubitschek y Ademar de Barros.

Además del «combate selectivo», la dictadura amplificó la gran corrupción como instrumento político y económico para fortalecer los procesos de oligopolización de la economía brasileña. Los grandes contratistas investigados por la Operación Lava Jato, por ejemplo, adquirieron una dimensión nacional e internacional a través de las relaciones privilegiadas con el gobierno militar. Según el historiador Pedro Henrique Campos, en nombre de las buenas relaciones con los militares, Camargo Corrêa llegó a financiar el terrorismo de Estado e incluso operaciones contra agrupaciones de la izquierda armada y democrática, como la Operación Bandeirantes.

La corrupción en Petrobras no comenzó con los gobiernos petistas

En 1989, un reportaje firmado por el periodista Ricardo Boechat ganó el premio «Esso Reportage» de ese año. ¿El tema? Un caso de corrupción que implicaba al general en activo Albérico Barroso Alves, presidente de BR Distribuidora. El general había nombrado ayudantes que intentaron extorsionar a los banqueros a cambio de mantener en sus bancos las cuentas del mayor distribuidor de derivados del petróleo del país.

Además, varias revelaciones de Lava Jato y acuerdos de clemencia, como el de Setal Engenharia e Construções con la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (SG-Cade), dicen que los contratistas investigados en la Operación Lava Jato ya operaban un cartel en las licitaciones de Petrobras desde finales de la década de 1990.

La corrupción no quebró a Petrobras

Según datos divulgados por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal (PF), los casos de soborno que involucran a Petrobras ascienden a más de 6 mil millones de reales. A pesar de la elevada cifra, estos números representan el 7% de los ingresos totales de la empresa.

Para entonces, Petrobras se había convertido en uno de los mayores conglomerados petroleros del mundo. Según datos del INEEP, las inversiones de la empresa pasaron de 9000 millones en 2004 a 55000 millones en 2013.

Se trató de un proceso que generó miles de empleos directos e indirectos y un desarrollo industrial y científico que permitió el descubrimiento y la explotación del presal. Además, se institucionalizó el fondo social presal para aumentar la financiación pública del SUS y de la educación pública.

Los mayores beneficiarios de la corrupción en Petrobras fueron los aliados de Bolsonaro

Políticos y dirigentes de Petrobras estuvieron implicados en el pago y la recepción de sobornos por «cash 2», esto no debe pasarse por alto. Sin embargo, los mayores beneficiarios de los casos de corrupción de Petrobras fueron los políticos y partidos del llamado «centrão» y de la centroderecha. Políticos del MDB partidarios de Bolsonaro, como Eduardo Cunha y Michel Temer, del PSDB, del PP y del PL (antiguo partido y actual partido del presidente).

El actual ministro de la Casa-Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, fue uno de los principales implicados en estas tramas según las propias investigaciones. Una de las razones de la caída de Dilma Rousseff, según varios analistas, fue su intento de desmantelar estos esquemas de corrupción institucionalizados en el aparato estatal brasileño, en Petrobras y Furnas, por ejemplo. Algo que encontró un gran enemigo: Eduardo Cunha.

El modelo anticorrupción de Lava-Jato es selectivo

Las investigaciones de la Operación Lava Jato, especialmente su núcleo de Curitiba, han sido extremadamente selectivas con dos objetivos: acelerar el proceso de impeachment del gobierno de Dilma, por un lado, y detener a Lula y sacarlo de la carrera electoral de 2018, por otro.

Esta selectividad fue probada por la filtración de mensajes entre el exjuez y actual senador de Paraná, Sérgio Moro, y los fiscales del grupo de trabajo. Además, la participación de Moro como ministro de Bolsonaro, la construcción de una corriente política lavajista en el escenario electoral de 2022 y el apoyo militante de esta corriente a Bolsonaro son algunas pruebas de esta selectividad y orientación política.

El modelo anticorrupción de Lava-Jato es antinacional y neoliberal

Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Rodrigo Janot y otros exponentes de Lava Jato tuvieron parte de su formación académica y política en Estados Unidos. Son entusiastas de las leyes y del modelo anticorrupción impuesto por Washington en todo el mundo.

Para ellos, el Estado es el gran promotor de la «gran corrupción». Cuanto más políticas sociales y de desarrollo, dirigidas por el Estado, peor. El origen de estas concepciones se encuentra en las doctrinas estadounidenses sobre la «modernización» y, más recientemente, sobre la «búsqueda de rentas» en los países subdesarrollados. Los funcionarios públicos y las actividades políticas, sociales y económicas del Estado son los principales sospechosos de la corrupción. ¿Cuál es la solución? La privatización y el fortalecimiento de la «mano invisible del mercado».

De este modo, los lavajatistas lucharon para que Brasil adoptara una serie de leyes y prácticas importadas de Estados Unidos. Sin embargo, estas prácticas y legislaciones ni siquiera se practican en ese país y en Brasil han servido solo para criminalizar las políticas nacionales de desarrollo, como el papel de Petrobras en la exploración del presal y la política de contenido nacional de esa empresa.

El modelo anticorrupción de Lava-Jato refuerza la antipolítica

En esta perspectiva, la «arena pública» sería un espacio «corrupto» y «sucio». El «sector privado», por su parte, es «limpio» y «competitivo». Así, la anticorrupción sería un instrumento para «salvar las democracias», ya que el voto popular sería incapaz de no elegir a los «corruptos».

Este discurso reforzó el sentimiento antipolítica que permitió el crecimiento de la extrema derecha en varios países, como Brasil, Perú, Guatemala, Honduras y Argentina en América Latina. De hecho, hay que criticar la debilidad de las democracias representativas. Sin embargo, la mera negación de la política abstrae determinaciones más complejas como la clase social, el género, la raza, entre otras.

La privatización genera más corrupción

Al contrario de lo que se relaciona en los medios de comunicación, los mayores casos de corrupción en la historia de Brasil se produjeron en los años 90, principalmente a través de la privatización de empresas y bancos públicos estratégicos.

El caso de BANESTADO, un banco de Paraná, fue emblemático. Se estima que más de 30 000 millones de reales fueron enviados al extranjero a través de una cuenta CC5. Este dinero procedía de los sobornos pagados por las privatizaciones e implicaba a los principales agentes políticos y jurídicos de la República.

Lula es inocente

Además de la votación en el STF que declaró la sospecha del juicio del exjuez Sergio Moro sobre casos que involucran al expresidente Lula, éste fue absuelto y declarado inocente en 26 casos judiciales[1]. Por desgracia, una de las mayores noticias falsas de estas elecciones es la asociación entre la izquierda y la gran corrupción. La corrupción siempre ha sido uno de los principales instrumentos para el desarrollo de las relaciones Estado-mercado en el capitalismo en Brasil. Es un problema complejo, y el tratamiento moralista de esta cuestión solo sirve para perpetuar estas prácticas.

La izquierda también puede pasar a la ofensiva en este debate. Para ello, deberá hacer hincapié en los modos en que el neoliberalismo profundiza las prácticas antidemocráticas y la corrupción e insistir en que el fortalecimiento del control social de lo público y la acción coordinada del Estado es parte de la solución, no del problema. La defensa de los presupuestos públicos y participativos, los consejos democráticos para la elaboración de políticas públicas y el control social de las empresas públicas son algunas medidas fundamentales en este sentido. La lucha contra la corrupción es una cuestión de soberanía nacional: los casos de corrupción no pueden utilizarse para justificar la privatización de bienes públicos y el desmantelamiento de las cadenas de producción y los puestos de trabajo nacionales. En el modelo lavajista, el pueblo trabajador era el más afectado. Los grandes empresarios siguieron siendo multimillonarios, a pesar del aumento del desempleo y de las desigualdades sociales.

Así, la «lucha contra la corrupción» asociada a la defensa de los proyectos nacionales de transformación del país no es ni mucho menos un tema incómodo para la izquierda, sino que es un asunto que desmonta la hipocresía de la extrema derecha y su núcleo neofascista. La extrema derecha brasileña y sus aliados del Centrão se benefician de este discurso para sostener la negación de la necesidad de construir cualquier sistema nacional anticorrupción. La falta de transparencia, la «bolsonarización» de parte del aparato estatal y el tristemente célebre «Presupuesto Secreto» o «Bolsolão» no hacen más que reforzar la funcionalidad del «discurso anticorrupción» para expandirlo desenfrenadamente como instrumento de lucro y acumulación.

La defensa de un sistema nacional anticorrupción que tenga como principios fundamentales la profundización democrática y el control social de la economía pública, el desarrollo económico y social y la soberanía nacional es parte de las luchas populares de la izquierda, y la victoria de Lula representa mejores condiciones para avanzar en estos debates y conquistas.

 

Notas

[1] 1) Caso del Triplex do Guarujá, 2) Caso do sítio de Atibaia, 3) Tentativa de reabrir el «Caso do sítio de Atibaia», 4) Caso del terreno del Instituto Lula, 5) Caso de la donación del Instituto Lula, 6) «Quadrilhão do PT», 7) « Quadrilhão II», 8) Caso Delcídio, 9) Caso «Palestras do Lula», 10) Caso da lei de Segurança Nacional, 11) Caso «hijo de Lula», 12) Caso «hermano de Lula», 13) Caso «sobrino de Lula». 14) Caso «Invasão do Triplex», 15) Caso «Carta Capital», 16) Caso «Angola», 17) Caso «Guiné», 18) Caso «MP 471», 19) Caso «Costa Rica Léo Pinheiro», 20) Caso «Reabertura do Sítio de Atibaia II», 21) Caso «Sonegação de Impostos», 22) Caso «Hijos de Lula», 23) Arquivamento do «Caso Triplex», 24) Caso «Caças Gripen», 25) Caso «Obstrução de Justiça» y 26) Caso «Ministrão».

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