«Si voté a favor y ahora ya no estoy a favor, ¿soy incoherente?», se pregunta una joven en un anuncio electoral sobre el referéndum chileno previsto para el 4 de septiembre. El anuncio aboga por el «no» en el referéndum sobre el nuevo proyecto de Constitución.

El llamado a una nueva constitución nació de la revuelta de octubre de 2019, cuando millones de chilenos protestaron contra la desigualdad social que azota al país. Un año después, casi el 80% del electorado votó para sustituir la actual Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, por una nueva. Los chilenos eligieron una Convención Constitucional en mayo de 2021, en la que los partidos de izquierda y los representantes de los movimientos sociales sin partido obtuvieron la mayoría de los escaños.

Los indecisos deciden

Desde entonces, los partidarios de la Constitución han perdido muchos apoyos. Los opositores a la nueva constitución han estado por delante en todas las encuestas hasta ahora. Por ello, el bando de los indecisos será decisivo en la votación, que es obligatoria.

El instituto demoscópico CADEM sitúa actualmente el número de indecisos en torno al 16%, pero la tendencia es creciente. La principal razón de este cambio es la información contradictoria sobre los derechos consagrados en la nueva Constitución. Además, una campaña del «no» organizada con mucha antelación ha conseguido explotar los déficits estructurales de la propia Convención Constitucional.

En los últimos doce meses, una mayoría de dos tercios en la Convención Constitucional ha aprobado una serie de artículos con el potencial de cambiar fundamentalmente a Chile. Por ejemplo, el nuevo proyecto caracteriza a Chile como un «Estado de bienestar» y refuerza sus competencias en los sistemas de salud y de pensiones, en la educación y en la creación de viviendas, todas ellas áreas en las que la actual Constitución salvaguarda principalmente los intereses del sector privado. También se consagran los derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto.

Otro cambio significativo es que el agua se declara un bien común que no puede ser privatizado. La constitución actual, en cambio, protege explícitamente la propiedad privada del agua, un modelo que favorece especialmente a las industrias que hacen un uso intensivo del agua. En un país que sufre de sequía y escasez de agua, un artículo así marca un verdadero hito.

Sin embargo, gran parte de esto se ha perdido en la actual campaña del referéndum. En su lugar, los debates giran en torno a los artículos sobre la «plurinacionalidad», que están diseñados para fortalecer los espacios de autogobierno y representación indígena, pero que han demostrado ser irritantes para muchos chilenos en el sur del país. Allí, la campaña del «no» promueve deliberadamente la idea de que la nueva constitución privilegiará a las comunidades indígenas sobre el resto de la población.

La campaña también aprovecha el margen de interpretación de las normas en otros ámbitos para avivar el miedo. La desinformación de que la constitución suprime la propiedad de la vivienda ha sido difundida en repetidas ocasiones por miembros de la derecha de la convención, más recientemente a través de folletos que se asemejan a los materiales oficiales de la convención. También es muy discutida la información errónea de que los pacientes privados se verían obligados a entrar en el sistema sanitario público por la nueva constitución. La afirmación de que esto alargará los tiempos de espera en los hospitales públicos es especialmente alarmante para las personas mayores de familias con bajos ingresos, que actualmente constituyen una gran parte de los indecisos.

La coalición de gobierno liderada por el presidente progresista Gabriel Boric apoya la nueva constitución. El gobierno fue acusado de interferir en la campaña del referéndum a mediados de julio, tras encargar la impresión masiva del nuevo texto, pero desde entonces ha mantenido un perfil bajo.

La mayoría del Partido Demócrata Cristiano de Chile votó a favor de la nueva Constitución a principios de julio. Bajo el lema «Apruebo para reformar», los partidos de centroizquierda de la coalición Socialismo Democrático, que forma parte del gobierno, intentan convencer a los votantes indecisos. Esto supone una concesión discursiva a la derecha política, que presenta el proyecto de Constitución como defectuoso.

«Nuestro compromiso con la nueva Constitución no se basa en el cálculo político», dijo a El Desconcierto Manuela Royo, exdiputada de la Convención y portavoz de la campaña no partidista «Acepta la nueva Constitución». «Defendemos un cambio social positivo a través del cual se otorgue a los ciudadanos más poder de decisión». La campaña aglutina a más de un centenar de organizaciones de base de todo el país, entre ellas el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), que apoyó a Royo en su candidatura a la Convención Constitucional.

La derecha juega al centro

Los partidos de la derecha política hacen campaña bajo el lema «Rechazo por una Mejor». Estos mismos partidos se opusieron a una nueva Constitución en el primer referéndum en 2020. Hoy buscan demostrar que no hay que ser de derecha para rechazar el proyecto, mientras hacen lo posible por ocultar posiciones de extrema derecha, como las del derrotado candidato presidencial José Antonio Kast. Incluso el expresidente Sebastián Piñera aún no se ha pronunciado sobre la nueva Constitución.

La campaña por el «no» cuenta con el apoyo de algunos democristianos y de parte del ala conservadora de la ex Concertación (la coalición de centro que gobernó durante treinta años después de la dictadura), que se han beneficiado del auge económico de Chile. Sus críticas a la nueva Constitución incluyen la cuota propuesta para los candidatos indígenas y la transformación del Senado en una «Cámara de Regiones», lo que significaría la pérdida de algunos escaños de la Democracia Cristiana en el Senado. Durante la convención, ya habían hecho campaña a favor de la redacción de un nuevo texto bajo el lema «Una que nos une».

Mientras tanto, todos los pronósticos auguran un resultado ajustado el 4 de septiembre. El abogado mapuche Salvador Millaleo lo atribuye a la pérdida de legitimidad que ha sufrido la Convención Constitucional en los últimos meses. «El error fue creer que el cambio ya se había producido, cuando en realidad solo estaba comenzando», dice el sociólogo. «Algunos delegados de la convención pensaron que un clima político moldeado por la revuelta y la pandemia era un cambio cultural definitivo».

Los debates de la Convención fueron exagerados en los medios de comunicación. Un número desproporcionado de diputados se pronunció, presentando el proceso como sectario. Por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, de la que salió la consagración del agua como bien común natural, se enfrentó a repetidas críticas desde sus propias filas. El economista Bernardo Fontaine se sintió excluido de los debates y calificó de «exceso ideológico» el artículo que consagraba la naturaleza como materia jurídica.

Hoy, Fontaine encabeza la campaña del «no», que a mediados de julio había recibido el 98% de las donaciones registradas. Entre los donantes se encuentran grandes empresarios como Patricio Crespo, que actualmente posee derechos de agua para el riego de 13 800 metros cúbicos al año.

Los rumores dominan el debate

«Si solo se miran los debates y no los resultados, se pueden compartir ciertas preocupaciones», dice Juan Martín, exjefe de la Comisión de Medio Ambiente. El activista medioambiental también atribuye a un fallo del Gobierno el desconocimiento de la población sobre los artículos aprobados. «Cuando preguntamos a la televisión nacional, la respuesta fue: “Lo único que podemos ofrecer es un banner en la página web”. Eso es una vergüenza para un proceso republicano como éste».

En consecuencia, muchos chilenos siguieron el proceso a través de las páginas de las redes sociales de los distintos diputados. Además, no había una estrategia de comunicación unificada. «Veíamos venir la desinformación», dice Juan Martín, de veintiséis años. «Pero no tuvimos tiempo de discutir con la prensa».

Los rumores de que las normas pondrían en peligro la unidad del Estado chileno y someterían a la población a la justicia indígena persisten hasta hoy. «En el sur hay ahora un clima absolutamente hostil hacia los indígenas», relata Millaleo. «La derecha política equipara la discusión de los derechos indígenas con las demandas de las organizaciones mapuches más radicalizadas».

La coalición gobernante ha reaccionado ahora a la incertidumbre general y ha publicado un acuerdo sobre proyectos concretos de reforma. Entre otras cosas, establece cómo pretende interpretar las normas sobre plurinacionalidad —siempre que se apruebe la Constitución—.

Un proceso alternativo resultaría complicado

En caso de que la nueva constitución sea rechazada el 4 de septiembre, la legitimidad del gobierno sufriría un fuerte golpe. El secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, ya ha indicado que partes del programa de gobierno dependen de su aprobación.

El anuncio del Presidente Boric de iniciar un nuevo proceso constitucional en caso de rechazo tendría que ser aprobado por la mayoría del Parlamento, dominado por la derecha. Si el proyecto es rechazado, lo más probable es que se inicie otro proceso de reforma en el Parlamento. Desde su entrada en vigor en 1980, la Constitución actual ya ha sido reformada cincuenta y nueve veces.

Mientras tanto, bajo la presión de la oposición, el quórum parlamentario para las enmiendas constitucionales se ha reducido de una mayoría de dos tercios a una de cuatro séptimos. No habría garantías de que los proyectos de reforma se orientaran hacia los temas abordados por la Convención Constitucional. Por el contrario, el rechazo a una Constitución plurinacional y orientada al Estado de bienestar supondría un argumento democrático contra el cambio profundo, y no solo para la derecha chilena.

Una victoria ajustada de los partidarios daría un impulso a los debates sobre la necesidad de reformar el texto. Para estas reformas, el gobierno dependería también de los votos de la Democracia Cristiana y de algunos de la derecha moderada. Podrían aprovechar un resultado ajustado para exigir reformas de calado en el propio texto constitucional.

La aprobación del proyecto de Constitución con una mayoría superior al 55%, por el contrario, daría al Gobierno un viento de cola para impulsar la legislación en áreas fundamentales durante el mandato de Boric, que dura hasta 2026.

Una cosa ya es segura: tanto si se rechaza como si se aprueba la nueva Constitución, será importante que los movimientos sociales mantengan la presión, especialmente en lo que respecta a la concreción e interpretación del significado de la Constitución por parte del Congreso.

Los movimientos sociales también están inclinando la balanza en la actual campaña electoral. «Hay una contradicción entre lo que informan las encuestas y los medios de comunicación y lo que vivimos en el terreno todos los días», dijo Manuela Royo a El Desconcierto. «Sabemos que tenemos mucho que informar, pero al hacerlo, nos basamos en supuestos que provienen de años de experiencia organizativa. Ahora podemos apuntar a un futuro y poner fin a ese Chile marcado por tantos abusos».

La campaña progubernamental también se apoya en los actores de la sociedad civil. Ambas campañas se están coordinando para llegar a la gente en la calle y a las puertas de sus casas que han oído poco o nada sobre la nueva Constitución. Su labor educativa será decisiva para determinar si los indecisos también deciden votar a favor.