La victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez representa, desde todo punto de vista, el comienzo de un nuevo ciclo histórico en Colombia. Un ciclo que, como asegura la socióloga colombiana Sara Tufano, oscila entre lo inédito —el ascenso del primer gobierno progresista y de izquierdas del país— y lo conocido (la organización y disputa democrático-institucional de la izquierda desde los años 80). Más allá de ello, el progresismo colombiano afronta hoy un interesante desafío político: avanzar durante los primeros años de gobierno en cinco grandes reformas que marquen el inicio de las transformaciones democráticas y el desenlace del régimen de privatización neoliberal: reforma tributaria, reforma agraria, reforma laboral-pensional, reforma educativa y reforma a la salud.

Sin embargo, la llegada al Palacio de Nariño no es por sí sola garantía de efectividad política. Gustavo Petro, Francia Márquez y la bancada del Pacto Histórico deben enfrentarse ahora al tablero político-institucional, espacio en el que durante décadas la derecha ha llevado la batuta de la iniciativa política.

El triunfo electoral de la izquierda en Colombia no es en absoluto un asunto menor; en cierto sentido, constituye un importante paso para la construcción y expansión hegemónica. En este sentido, pueden identificarse tres situaciones que muestran un terreno relativamente favorable para la consolidación del nuevo gobierno: primero, la derrota del candidato de derecha, Rodolfo Hernández, constata la profunda crisis de liderazgos por la que atraviesa el establishment colombiano y la ventana de oportunidad que se abre para la izquierda. Se trata de una crisis que se refleja, entre otras cosas, en la incapacidad de nombrar un jefe natural de oposición al gobierno del Pacto Histórico.

Segundo, la ausencia de una oposición coherente y que permita golpear la imagen del gobierno recién constituido no solo se ha expresado en la ausencia de un líder político o gremial con la suficiente credibilidad para ejercer como contraparte del proyecto político progresista; también se expresa en las dificultades de la oposición uribista de extrema derecha para crear una agenda política atractiva para las mayorías populares, desencantadas frente al discurso de la seguridad como el principal problema nacional. Las apariciones públicas y declaraciones de aquellos representantes más recalcitrantes del uribismo, como María Fernanda Cabal, invocando palabras estigmatizadoras sobre la militancia del Pacto y sus dirigentes, así como el intento por seguir utilizando la «amenaza» de Venezuela como el espejo en el que supuestamente debemos reflejarnos, muestra que los huérfanos del poder continúan con la táctica que ya habían expuesto durante la campaña presidencial y que, entre otros factores, explica su derrota en las urnas.

Tercero, al establecer un diálogo («Acuerdo Nacional») con sectores de la derecha moderada y del centro, Petro ha ido construyendo sutilmente una correlación de fuerzas institucionales favorable a su programa de reformas. Desde luego, el progresismo se enfrentará a una estrategia de contención o moderación en el parlamento por parte de la derecha reaccionaria; sin embargo, la elección de un presidente de izquierdas marca una nueva situación política que modifica el estado de fuerzas estatales.

En sentido estricto, la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez inaugura un nuevo momento en la correlación de fuerzas, que tendrá inclinaciones y tendencias conforme a la capacidad de dirección, negociación y liderazgo del proyecto progresista.

El arco histórico del triunfo

Para comprender cómo llegamos hasta acá, por qué se obtuvo la victoria, debemos situar el arco histórico más atrás del Paro Nacional del 2021. A nuestro juicio, el triunfo tiene sus orígenes en la misma época de la hegemonía uribista, cuando empezaron a darse los primeros pasos para la unidad de las izquierdas alrededor de una opción no-armada representada en el Polo Democrático Alternativo.

Sobre el desprestigio del vanguardismo armado, la desmovilización en los años 90 de varias estructuras guerrilleras y los golpes militares que empieza a sufrir las FARC-EP, el Polo se fue erigiendo como una alternativa unitaria y democrática al régimen uribista. Aquella izquierda representó una opción para los sectores urbanos —fundamentalmente estudiantes, intelectuales y sectores agrarios medios— devastados por la ola de reformas neoliberales de fines de los 90 e inicios de los 2000. En su momento, el Polo Democrático Alternativo jugó un papel destacado en la lucha contra el autoritarismo de Uribe, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la protección del aparato productivo agrícola nacional.

En paralelo a esto, y a pesar de la ofensiva paramilitar, del intento de la política de Seguridad Democrática por arrasar al movimiento social e imponer a sangre y fuego el régimen de acumulación basado en el sector minero-energético y la especulación financiera, en los años 2000 el movimiento popular en la periferia fue articulando y tejiendo nuevas formas de resistencia y emancipación. Al comienzo, estas estrategias de izquierda democrática y autorganización popular eran iniciativas inconexas. Sin embargo, con el correr de los años se fueron apilando alrededor de la protección del medio ambiente y la defensa del territorio. La Minga Indígena de los 2000, los paros estudiantiles, el Paro Nacional Agrario y el auge de las consultas populares en defensa del agua fueron expresión de este abigarrado y heterogéneo proceso de autoorganización y articulación.

Así, las luchas socioambientales fueron convirtiéndose en el eje cohesionador de un sinnúmero de disputas aisladas. Su expresión última fue la masiva votación por el Pacto Histórico el pasado 19 de junio, que condujo a Francia Márquez a convertirse en la revelación política de las izquierdas en Colombia.

Choques político-culturales

El punto anterior sirve para descifrar el significado de la votación por Gustavo Petro y Francia Márquez: la periferia (base electoral del progresismo) no solo se convierte en una zona estratégica desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista electoral. Recordemos que es en la periferia —zona costera y pacífica— donde se ha desplegado de forma material el modelo minero-energético y extractivo. Es decir, es de aquellas zonas de donde se extrae la renta principal de la economía colombiana, tanto de origen legal como ilegal. En el fondo, Colombia mantiene una especie de disputa (institucional y extrainstitucional, que involucra tanto a las élites nacionales como a las regionales) por la captura de esa renta.

Tras el declive de la tímida industrialización por sustitución de importaciones y la llegada del régimen de acumulación neoliberal, la zona centro-oriente ha logrado capturar una porción mayor de la renta, mientras que las zonas periféricas del litoral pacífico han quedado excluidas del reparto. Esto influye en el hecho de que esa zona centro-oriente sea más conservadora y adversa al cambio, puesto que obtiene mayores beneficios de la distribución nacional de esa renta.

Lo anterior guarda relación con el grado de representatividad política que ha adquirido la izquierda de la mano del Pacto Histórico. A diferencia del Polo, que en otra época no tuvo ese cubrimiento geográfico (por su misma composición de clase y sus características programáticas), el Pacto Histórico sí ha logrado aglutinar lo que en principio parecía un cúmulo de luchas aisladas contra el modelo minero energético.

Las reformas y el papel del grupo parlamentario y ministerial

Hasta aquí se han intentado esbozar algunas claves históricas alrededor del proyecto progresista en Colombia. Ahora es importante señalar algunas consideraciones en torno al plan de reformas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. En primer lugar, debe decirse que la designación de ministerios y jefes de debate en el parlamento ha empezado a generar dudas alrededor del «cambio» que representa el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, en algunas entrevistas el líder del Pacto Histórico ha hecho énfasis en que sus nombramientos —aunque puedan resultar problemáticos para algunos sectores— han estado orientados en función de garantizar el futuro de las reformas. De hecho, Petro asegura que la bancada del Pacto Histórico y su gabinete ministerial constituyen operadores políticos prácticos para acelerar el estado de aprobación de las reformas y tramitar la tensión al interior del aparato estatal, tanto del órgano legislativo como del ejecutivo.

Un componente fundamental del plan de reformas tiene que ver con su carácter de clase. Por ejemplo, la idea de justicia tributaria del entrante gobierno es inversa a las presentadas por las administraciones anteriores: independientemente del monto a recolectar, Petro afirma que un mínimo inamovible sobre dicha reforma tiene que ver con las capas sociales que se espera gravar. En el caso de su reforma tributaria, la crisis económica no se cargará sobre los sectores populares y la clase trabajadora, sino sobre las grandes riquezas individuales improductivas.

De cierto modo, la anunciada reforma laboral va encaminada en una dirección similar: la derogación del estatuto del trabajo heredado de Uribe y de las reformas neoliberales de inicio de siglo esperan no solo revertir las medidas de precarización, tercerización y flexibilización laboral, sino también recuperar derechos colectivos para los trabajadores y trabajadoras.

Ante las advertencias de los poderes y gremios económicos de sortear el alza de impuestos mediante el debilitamiento de las condiciones salariales, el ministerio de Trabajo ha anunciado la construcción urgente de un nuevo estatuto laboral que dignifique el trabajo. Con esto, parece hacerse un importante llamado: los beneficios empresariales no pueden mantenerse por medio del ataque indirecto a los salarios. El Pacto Histórico, hasta el momento, ha dado señales de avance en materia laboral.

Límites y contradicciones del «cambio»

La recurrente idea de Petro de crear un nuevo clima político está íntimamente relacionada con la idea de inaugurar una nueva situación política. En múltiples oportunidades, el líder del progresismo colombiano ha señalado que el apoyo de las bancadas de derecha a la agenda del Ejecutivo tiene el riesgo de desdibujar y moderar el sentido de las reformas. Sin embargo, sugiere que la estrategia del gobierno no es «moverse al centro político», sino crear una nueva centralidad política. Esto implica la construcción de un nuevo marco de valores políticos y culturales que haga de las reformas una conquista institucional irreversible para el campo popular. En otras palabras, se trata de contener, parlamentaria y extraparlamentariamente, la resistencia política y cultural de la contrarreforma.

Sin embargo, como todo cambio y toda nueva situación, este también revive viejas tensiones y crea nuevas contradicciones. Quizá el desafío más importante para Petro esté relacionado con su más grande promesa: «desarrollar el capitalismo». Haciendo abstracción del debate de si se trata de una postura aceleracionista o una aceptación funcional al sistema de organización social vigente, lo cierto es que Petro enfrenta un enorme reto: desarrollar el capitalismo con unas élites económicas reaccionarias, antidemocráticas y premodernas. En otras palabras, Petro se enfrentará al reto de desarrollar el capitalismo con intereses capitalistas no productivos, es decir, se enfrentará al capitalismo nacional realmente existente.

No obstante, aquí se abre una ventana de oportunidad política: que el Estado, a falta de un proyecto de modernización y reindustrialización de las élites económicas, entre a dirigir el desarrollo económico hacia la industria y el conocimiento.

A pesar de que Petro se equivoque en su unidad de análisis (el desarrollo del capitalismo), acierta, a nuestro juicio, en su conclusión política: concentrar los esfuerzos políticos, técnicos e institucionales en el fortalecimiento del renglón productivo nacional y en la redistribución de la riqueza, restando margen de acción económica al intercambio de mercancías por medio de los TLC (que, en la práctica, han profundizado el rasgo estructural de dependencia económica).

Un nuevo marco de oportunidades de la izquierda

Independientemente de las diferencias, prevenciones y críticas al gobierno del Pacto Histórico, la izquierda debe aprovechar este nuevo momento popular para reorganizar su proyecto político e ir por más. En ello tiene razón Petro: «si nos aislamos, nos tumban». Una tarea inicial de la izquierda anticapitalista tiene que ver con la incidencia real en las iniciativas de reforma: la izquierda debe ganar terreno e incidir efectivamente en la agenda política realmente existente. Debe recordar que el estado de las luchas sociales puede ser alterado o modificado (positiva o negativamente) por medio de conquistas institucionales.

En la correlación política de fuerzas y en la aprobación de las reformas progresistas se define una cuestión fundamental para el futuro electoral y político de las izquierdas: las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. Precisamente, de la aprobación y cumplimiento de las reformas depende de que el Pacto Histórico se convierta en un proyecto hegemónico a largo plazo.  A la derecha le quedará difícil construir el contrarrelato cuando las reformas estén transformando la realidad económica nacional.

Pero por sobre todas las cosas la izquierda debe comprender que tomar el aparato de Estado no representa a priori la consecución del poder político y la hegemonía. Hoy atravesamos por una correlación de fuerzas distinta; vivimos un nuevo momento político popular. Al campo popular y a los sectores revolucionarios debemos decirles que sumen fuerza a la izquierda para que profundice la oleada democrática y radicalice la reforma estatal. El desafío es enorme: derribar la vieja sociedad dominante. El pueblo colombiano deberá demostrar, una vez más, que está a la altura.