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El plebiscito del próximo 4 de septiembre definirá el destino del proceso constituyente en Chile.

Los movimientos sociales de cara a la nueva Constitución

UNA ENTREVISTA CON

El plebiscito del 4 de septiembre decidirá el destino del proceso constituyente en Chile y marcará un hito clave en la historia del país. Para los movimientos sociales, el desafío inmediato es lograr que la Constitución se apruebe; el desafío futuro pasa por valerse de la experiencia acumulada para seguir avanzando.

Serie: Convención Constitucional 2022
Entrevista por
Pablo Abufom

En la historia de la crisis del régimen político en Chile, el movimiento feminista ha tenido un rol destacadísimo. La Huelga General Feminista, convocada por la Coordinadora Feminista 8M para el 8 de marzo de 2019, fue el gran anuncio de lo que estaba por venir. Se trató de una movilización masiva que alzó las banderas de todas las luchas que los pueblos de Chile habían levantado por décadas. En el proceso constituyente, el feminismo también se convirtió en una fuerza cuya claridad programática y su respaldo social le permitió impulsar algunas transformaciones cruciales que quedaron establecidas en la propuesta de nueva Constitución.

Pablo Abufom, de Revista Jacobin, conversó con Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, quien fuera elegida constituyente en representación de ese movimiento y de las Asambleas Territoriales del Distrito 12 en Santiago, para saber cómo se prepara el movimiento para el desenlace del proceso constituyente, cuando el próximo 4 de septiembre Chile decida aprobar o rechazar la propuesta de Nueva Constitución.

 

PA

Diversos sectores organizados del pueblo, incluyendo al movimiento feminista, han afirmado que la revuelta abrió un «proceso constituyente» incluso antes de que se definiera un proceso constitucional propiamente tal. Visto en retrospectiva, es evidente que existe un contraste entre cómo se nos presentó el proceso constituyente desde que se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre del 2019 y cómo lo podemos leer hoy, luego de todo lo que vino después.

¿Cómo vieron desde la Coordinadora Feminista 8M ese momento del 15 de noviembre, y cómo evalúan hoy el proceso constituyente, a la luz de todo lo que ha ocurrido?

AC

Efectivamente, incluso desde antes del 18 de octubre se venía dando un proceso de movilización social, que se fue diversificando desde la fuerza del movimiento estudiantil (recordemos que en algún momento fue el principal movimiento social de masas en Chile), emergiendo como fuerza transformadora en el ciclo 2006-2011. Se trata de un largo proceso de movilización cuya conflictividad es diversa y cada vez más profunda en términos programáticos. Entonces llegamos a 2019, al inicio de la revuelta social con esos ejercicios de movilización, acumulación y desarrollo de conflictos en diversas dimensiones de la crisis que estamos atravesando.

Desde ese momento, el 18 de octubre, irrumpen fuertes movilizaciones sociales, primero en la Región Metropolitana; luego de la declaratoria autoritaria del Estado de Emergencia, el conflicto se extiende a nivel nacional. Al mismo tiempo se empieza a desarrollar un proceso que acompaña la movilización callejera: un proceso de deliberación social. Yo creo que nos va a tomar un tiempo comprender por qué la forma política de una movilización callejera tan fuerte como la del 18 de octubre fueron las asambleas territoriales.

Las asambleas nacieron como espacios de deliberación donde se realizaron balances de lo que ha sido y también ejercicios de imaginación política del país donde queremos vivir, del horizonte de las aspiraciones que se pusieron en juego en esa movilización callejera, en esa movilización social y popular. Se incluyeron también ejercicios de exploración de diversos lenguajes políticos que comenzaron a habitar esas asambleas. Es en ese momento que llega el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Llega en medio de un proceso creativo y de desarrollo, de estos ejercicios desbordantes de actividad política popular en un contexto de confrontación directa entre una clase trabajadora masivamente movilizada y un gobierno que emplea un amplio repertorio de violaciones a los derechos humanos para combatir esa movilización.

El Acuerdo que se firma el 15 de noviembre por la madrugada en el Congreso, el movimiento social en sus distintas manifestaciones lo evalúa en dos dimensiones: prácticamente todas las organizaciones del movimiento social consideran que se trata de un acuerdo de impunidad —en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno— y de persecución política, con la prisión como estrategia del gobierno y del Estado en general. Es visualizado como un acuerdo de impunidad que, de alguna manera, le entrega una sobrevida al gobierno de Piñera.

Al mismo tiempo, es evaluado como un acuerdo que habilita el desarrollo de un proceso constituyente fuertemente tutelado; esa es la interpretación que hace el movimiento social. Y esta interpretación también es efecto del lenguaje con el cual se presenta el acuerdo, deliberadamente llamado «acuerdo por la paz social», lo cual viene a reafirmar por parte del conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria —con la excepción del Partido Comunista— que estuvimos en guerra en algún momento. Además, es un acuerdo que deliberadamente borra la idea de la Asamblea Constituyente, que era una fórmula cercana a las aspiraciones populares, y la sustituye por otra idea, por una institución netamente dedicada a la escritura de un texto jurídico. El mensaje era claro: allí no podía tener lugar más conflictividad.

El espacio de tiempo entre el Acuerdo y el plebiscito de octubre de 2020 es extremadamente largo y estuvo marcado por un frenazo a un movimiento popular que venía en alza. La Huelga General Feminista del 8 de marzo del 2020, la última gran movilización callejera, fue la concentración más grande de la revuelta y mostró que ésta seguía abierta, y que era una revuelta marcadamente feminista, popular, interregional y plurinacional.

Pero toda esta actividad popular se vio súbitamente detenida —traumáticamente detenida— con la llegada a Chile de la pandemia. Con ello, las preocupaciones se transforman rápidamente. La discusión sobre el proceso constituyente es reemplazada por la discusión sobre el hambre y la crisis sanitaria y económica que trae aparejado el COVID para los sectores populares. A fuerza de necesidades inmediatas, la consideración de este itinerario institucional acordado el 15 de noviembre pasa a último plano para las organizaciones populares.

No fue sino bastante tardíamente que las organizaciones sociales decidieron volcarse a la disputa de la presencia dentro del órgano constituyente. Y no lo hicieron, por así decirlo, espontáneamente, sino que fueron algunos sectores del movimiento social los que de a poco van tomando esta decisión y van situando en esa clave la forma en que el movimiento puede desenvolverse en este nuevo escenario, habilitando la disputa electoral con la presencia en la Convención Constitucional mediante una figura particularmente afín a los movimientos sociales que es la figura de la lista de independientes. Esta figura les plantea la posibilidad de presentar proyectos colectivos de representación política sin necesidad de reorganizarse su existencia en función de la disputa electoral, de crear instrumentos partidarios legales, o lo que sea.

Así es que estos ejercicios de disputa electoral se multiplican y —a diferencia de lo que calculaban los partidos que aspiraban a tener mayoría de representación en la constituyente— terminan redundando en un ensanchamiento radical de la puerta por donde ingresan los sectores populares a la redacción de la nueva constitución. Ya no eran solamente los partidos, sino el propio movimiento social, aquellos sectores que no habían formado parte de las fuerzas políticas de los últimos 30 años, los que son mayoría en la constituyente. Y esto reorganiza absolutamente las posibilidades que se abren dentro de este órgano, en función del aprendizaje político que va a suponer para las organizaciones sociales. Yo creo que recién con el proceso muy avanzado las organizaciones sociales cayeron en la cuenta de su magnitud, de su presencia y de lo que significaban para el desafío de la redacción de la nueva Constitución.

PA

En ese sentido, ¿haces un balance positivo de esa experiencia? ¿Crees que hubo ahí una oportunidad potente para los movimientos sociales?

AC

Sin duda que hubo una oportunidad extraordinaria para que las aspiraciones de transformación institucional y todo lo que se había venido discutiendo y elaborando durante tanto tiempo aparecieran con una fuerza que difícilmente podría haberse dado en otro contexto. Sin embargo, al mismo tiempo creo que esa oportunidad supuso un cambio de escenario respecto de lo que se había proyectado por parte del movimiento social, y esta enorme presencia dentro del órgano constituyente se volvió también una enorme demanda de trabajo constitucional, por así decirlo… una demanda de abocarse a la tarea de sostener el órgano, de sostener su vida cotidiana como órgano democrático y sostener también el proceso de deliberación que se daba en su interior, que pasó a ser una tarea institucional muy exigente para un movimiento social que en los últimos treinta años no había tenido ninguna participación a ese nivel, en una instancia de estas características.

Entonces, aunque no cabe duda de que fue una gran oportunidad, también se convirtió en un enorme peso a sostener por parte de las organizaciones sociales en un contexto de evidente desmovilización social y popular. Así que yo diría que tiene esas dos dimensiones: grandes sectores del movimiento social que habían venido impulsando procesos de movilización durante los últimos años se vuelcan al sostén de este espacio de deliberación democrática y eso tiene un efecto en el quehacer cotidiano de las organizaciones sociales y del movimiento social en su conjunto, efecto aún mayor en el contexto de desmovilización social generalizada producto de dos años de pandemia y de una crisis económica que ha venido avanzando progresivamente.

 

PA

Creo que hay algo interesante en esta transmutación de las formas de la movilización en el contexto de la revuelta y en la preparación del proceso constituyente y lo que vino a ser después. Ese marco de expectativa que señalas, no diría que defrauda, pero sí se modifica, recibe un golpe de realidad al chocarse con lo que significa concretamente ser parte de un órgano como ese.

Había cierta expectativa en lo que algunos grupos —incluida la Coordinadora Feminista 8M— llamaron «desborde», «asedio», la idea de rodear la Convención Constitucional, con la convicción de que la potencia debía seguir estando «en la calle», en las forma de la táctica callejera radical que habíamos visto y celebrado en la revuelta: la autodefensa de masas, el enfrentamiento con la policía, la ocupación masiva del espacio público, etc. Pero eso no ocurre en el proceso constituyente, sino que pareciera que se trasmuta en otras formas de movilización.

Entonces, como dices, algunas asambleas territoriales y movimientos sociales vuelcan parte de su trabajo, su actividad y su energía a sostener este proceso de deliberación, no solo dentro de los muros de la Convención sino también afuera.

AC

Yo diría dos cosas. Primero, que sin dudas no se defraudan las expectativas; de hecho, muy por el contrario, yo diría que es justamente a la inversa: las expectativas son superadas por la realidad de la correlación de fuerzas de la constituyente. Lo que ocurre es que hay un ingreso al órgano constitucional de esta fuerza social que se imaginaba y proyectaba en el exterior, que siempre se imaginó actuando por fuera del órgano (por eso se habló de rodear el órgano constituyente, de desbordar sus límites). El desborde fue tal que esta fuerza, que iba a estar desde fuera empujando los límites, estaba de pronto dentro de la constituyente, empujando los límites, pero empujando los límites políticos, por así decirlo, que iban emergiendo en el proceso de deliberación normativo que se iba dando ahí dentro.

En segundo lugar, esta transmutación de la deliberación social de la que tú hablabas —que es un concepto que me parece muy correcto—, está marcada por la introducción de una novedad en el proceso de deliberación territorial y social de las asambleas territoriales. Esa novedad es el tiempo. Se impone una temporalidad institucional a ese debate, que ya no es una discusión en una asamblea territorial (que, de algún modo, está abierta a la imaginación sin tiempo, sin marcos que se le impongan), sino que es de pronto una tarea, un trabajo político que se impone a esas asambleas territoriales en ciertos marcos temporales, en ciertos lenguajes, y en ciertas claves.

Entonces las asambleas territoriales ya no están imaginando el país en que quieren vivir «en general», sino que deben comenzar a traducir esa imaginación en cuestiones muy concretas: cuál va a ser, por ejemplo, la perspectiva que vamos a impulsar en el debate sobre el régimen político, cuál es nuestra perspectiva en el debate sobre relaciones internacionales, en el debate sobre las formas jurídicas del Estado… Todas cuestiones que son problemas propios de la labor constitucional se convierten de golpe en el marco de discusión y de reflexión de los espacios sociales y territoriales, que se ven exigidos a responder en esa clave para poder sostener ese ejercicio democrático como un ejercicio de democracia directa respecto de sus voceras y voceros (que es lo que me ha tocado ser a mí).

 

PA

Justamente quería preguntarte sobre ese tema, sobre la construcción de los mandatos con los que tú llegaste a la Convención desde la Coordinadora Feminista 8M y la Asamblea de Organizaciones del Distrito 12, por el que fuiste elegida constituyente.

AC

Bueno, había un marco previo. Las feministas nos habíamos propuesto levantar el proceso de huelga general feminista en Chile con un programa propio, para que todo el ejercicio de fuerza que íbamos a efectuar en esa enorme movilización —porque sabíamos que iba a ser gigantesca— no fuese arrebatado por los poderes mediáticos haciendo de ventrílocuo de los movimientos feministas, sino que nosotras tuviéramos nuestra propia voz. Y para poder tener nuestra propia voz construimos un programa. En el segundo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan, a comienzos del 2020, pensamos ese programa en una perspectiva constitucional, además que en clave de urgencia ante la crisis.

Desde la Coordinadora Feminista 8M llegamos a encontrarnos con las organizaciones territoriales que querían levantar una lista independiente para disputar una presencia en la Convención con ese marco programático, que era un marco muy afín a la discusión de las organizaciones territoriales porque es un programa feminista contra la precarización de la vida. Entonces es una síntesis programática del movimiento social, una síntesis afín a esos ejercicios de reflexión que se estaban dando en las asambleas territoriales.

Y estas asambleas decidieron que querían levantar una lista donde las y los candidatos fuesen voceros de las asambleas, y para eso levantamos espacios de discusión programática durante la campaña, en la que fuimos discutiendo junto a las vecinas y vecinos las principales orientaciones y mandatos políticos que íbamos a defender dentro de la Convención Constitucional. Estos mandatos eran bien generales: orientaciones sobre qué era lo central a pelear, a discutir, como la democratización del poder político, un Estado social y democrático de derecho, garantizar derechos sociales, desprivatizar el agua, la protección de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derecho y, por supuesto, los mandatos feministas que habíamos construido durante todo este tiempo respecto a derechos sexuales y reproductivos, violencia patriarcal y derechos sociales con perspectiva feminista.

Sin embargo, luego hay un salto desde esos mandatos generales hacia la participación permanente, semana a semana, en las deliberaciones que lleva a cabo el órgano constituyente y que entonces las asambleas también dan. A nosotras nos tocó estar en la Comisión de Sistema Político de la Convención, la comisión seguramente más alejada del objeto de las discusiones políticas del movimiento social. Discutíamos cosas como el régimen político, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, las competencias propias de cada uno de esos poderes, la estructura del Congreso. Cuestiones que, por supuesto, son de primer orden de importancia para la organización del poder del Estado en nuestro país, pero que por su carácter técnico y por ser la preocupación directa de quienes están haciendo política en el Estado, estaban muy lejos de las preocupaciones y discusiones de las asambleas.

Para poder abordarlo tuvimos que hacer un ejercicio doble, un ejercicio de pedagogía política, por así decirlo, de autoformación política desde las asambleas territoriales y desde la Coordinadora Feminista 8M, para poder asimilar las herramientas conceptuales y de discusión política que nos permitieran abordar esos problemas. Pedagogía política, deliberación y discusión para la generación de mandatos: ese fue el ejercicio que hicimos durante los siete meses que estuvimos en esa Comisión, de eso se trató.

 

PA

Si hubiese que hacer un balance del resultado del proceso constitucional y de la redacción de la carta constitucional, teniendo a la vista los debates y el desarrollo programático de las últimas décadas de lucha, ¿cuánto de eso quedó? ¿Cuánto podemos alegrarnos de lo que plantea la nueva Constitución?

AC

Yo diría que desde la primera semana del proceso constituyente, cuando junto a las vecinas y los vecinos en una plaza de La Florida nos dimos cuenta de pronto que íbamos a tener que escribir la Constitución, hasta lo que acabó siendo el texto constitucional, el balance es extraordinariamente positivo.

Existen enormes razones para alegrarnos. Las palabras que estuvieron en los lienzos de las movilizaciones desde 2006 hoy son norma constitucional. Hemos consagrado el derecho a la educación a través de un sistema de educación pública de carácter laico, gratuito y no sexista en todos sus niveles. Hemos consagrado el derecho a la seguridad social, en su amplio sentido, bajo los principios de la solidaridad, universalidad y suficiencia. Hemos consagrado la libertad sindical, la titularidad sindical, la negociación colectiva por rama y la huelga para todas las y los trabajadores.

El agua será un bien común inapropiable y se dará prioridad a su uso para consumo humano y ecosistémico. Consagramos por fin el derecho a una vivienda digna y adecuada; el Estado, con participación de las comunidades, podrá construir viviendas directamente, disponer del suelo e impedir la especulación. También deberá construir viviendas de acogida para mujeres que han sufrido violencia. El Estado se compromete con el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, diversidades y disidencias; niñas, niños y niñes son sujetos de derecho y las personas mayores tienen derecho a envejecer con dignidad. Por primera vez, las personas en situación de discapacidad son nombradas sujetos de derecho.

Se consagra nuestro derecho a la autonomía personal, nuestro derecho a la identidad, nuestros derechos sexuales y reproductivos. La Constitución que escribimos nos habla del derecho al placer. Y el Estado se democratiza, al fin, habilitando a amplios sectores para impulsar políticas, legislaciones y normativas, con un Estado regional en los que las comunas y regiones son autónomas para autogobernarse. Razones para alegrarse sobran, y nos tomaría un rato largo detallarlas todas.

Pero además el balance es positivo porque el proceso intensivo y acelerado de aprendizaje político que desarrollamos nos permitió habitar un nuevo lenguaje, un lenguaje que es muy relevante poder conocer y poder enunciar al momento de disputar políticamente. No solo para llevar a cabo una disputa política a nivel institucional, sino también para entender las determinaciones de nuestra propia acción política como movimiento social, para entender qué es lo que se pone en juego, para entender por dónde discurren las trampas y por dónde se habilitan caminos.

O sea, el ejercicio de escritura constitucional, que podría parecer una cuestión súper técnica que podríamos haber delegado a un conjunto de abogados mientras nos dedicábamos a otra tarea, nos permitió desarrollar muchos aprendizajes simultáneos. Aprendimos sobre la historia de Chile, la historia de lucha de la clase trabajadora internacional, aprendimos a mirar también experiencias de redacción constitucional de otros países que vivieron procesos de alzamientos populares o incluso ejercicios revolucionarios como los de Italia o Portugal, familiarizándonos con esas historias como una herramienta más para pensar el proceso en el que estamos inmersas e inmersos ahora.

Creo que, además, nos permitió de alguna manera —quizás en un sentido muy opuesto a lo que uno podría imaginar pensando que el lenguaje constitucional es algo muy abstracto— nos permitió darle una bajada muy concreta a lo que eran aspiraciones generales o simplemente ganas y deseos. Porque queremos una vida libre de violencia de género, pero ¿en qué se traduce eso respecto a un mandato al Estado? ¿En qué se traduce respecto de prestaciones públicas? ¿En que se traduce respecto del marco internacional de los derechos humanos a los que vamos a hacer referencia para poder hacer exigibles estas garantías? Son cuestiones que nos permitieron concretar o avanzar un paso más en la concreción de este deseo de vida digna, radicalmente distinta. Pudimos dejar plasmadas como normas constitucionales muchas elaboraciones que se habían desarrollado largamente al interior del movimiento social y que hoy son parte de la propuesta de la nueva Constitución.

 

PA

Es un ejercicio que saca a los sectores populares del lugar de la exigencia hacia el Estado para que se cumplan sus demandas —donde siempre quien cumple es otro— y los conduce a ocupar el lugar de diseñar, de crear las condiciones y por lo tanto les otorga una responsabilidad histórica distinta. Era algo que no nos había tocado experimentar en esa magnitud.

AC

Sí, absolutamente. Porque además se trata de escribir una Constitución, que te obliga a pensar en una clave temporal muy amplia, implica imaginar y hacernos responsables del futuro que queremos transitar. Esta era una idea que aparecía muchas veces en las palabras de las vecinas y de los vecinos, cuando decían que esto era «para mis hijos», «para mis hijas». Entonces, al mismo tiempo, es una responsabilidad intergeneracional, que nos permite imaginarnos teniendo herramientas para cambiar la realidad que vivimos.

 

PA

Claro, no es una política pública de aplicación inmediata sino que es una proyección…

AC

No, no es de aplicación inmediata. Sin embargo, siempre se pensó en ese sentido, como una Constitución que le brinde herramientas a los pueblos. Esa es la expresión que se usa en los encuentros que tenemos en La Florida, en Puente Alto. Queremos una Constitución que sea una caja de herramientas, y tenemos la posibilidad de crear esas herramientas ¿Cuáles deberían ser? ¿Cuáles necesitamos? ¿Más o menos qué forma tienen que tener? ¿Para qué tienen que servir?

 

PA

Para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta muy concreta: ¿cuáles crees tú que son los avances para el feminismo y desde el feminismo en la nueva Constitución? Siguiendo tu idea de la Constitución como una caja de herramientas, ¿qué herramientas se le presentan o se le abren al movimiento feminista en su desarrollo histórico, y qué herramientas le entrega el feminismo al conjunto del pueblo chileno?

AC

Respecto de las reivindicaciones del movimiento feminista, algunas de las cuales son reivindicaciones de larguísima data, quedan establecidas cuestiones que convierten en norma constitucional algunas cuestiones que habían sido durante muchas décadas batallas políticas y culturales del movimiento feminista. Se establecen como estándares generales estas perspectivas que el movimiento feminista ha impulsado, y así se convierten en una perspectiva general para mirar lo social.

El reconocimiento de que vivimos en una sociedad patriarcal es un reconocimiento básico que atraviesa el conjunto del texto constitucional, que también reconoce la aspiración de superar esta forma social y la necesidad de dotarnos de las herramientas —tanto el Estado, como las comunidades y las personas que habitan el país— para llevar a cabo ejercicios que permitan ir superando esa desigualdad estructural, esa violencia estructural. Encontramos ejemplos de esto en la norma del Articulo 6, sobre Democracia Paritaria, que establece una orientación para el Estado: «el Estado promueve una sociedad en la cual mujeres, hombres, y disidencias y diversidades sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva como condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía».

Esa noción súper general de hacia dónde debe orientarse el Estado va acompañada al mismo tiempo de mandatos muy concretos de integración de las instituciones colegiadas, de las empresas públicas, semipúblicas y de una serie de otros organismos donde la paridad aparece como un piso: al menos el 50% de los integrantes de esos órganos deben ser mujeres. También se plantean una serie de mandatos de adecuación normativa, legislativa y de políticas públicas para alcanzar ese objetivo que es la igualdad sustantiva.

Luego está el catálogo de derechos, donde yo diría que el feminismo se desenvolvió en dos sentidos: uno, dejando consagrados los derechos que son parte de la agenda histórica del feminismo (el derecho a la vida libre de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y el derecho al cuidado, por nombrar algunos). Pero el feminismo también fue una más de las fuerzas populares que hicieron avanzar el conjunto del catálogo de derechos y formó parte del conjunto de los esfuerzos de democratización orgánica que van en la mira de que la clase trabajadora cuente con las condiciones para ejercer un poder que le permita transformar sus condiciones de vida.

Allí encontramos que el feminismo fue una de las fuerzas que impulsa el derecho a la educación a partir de un Sistema Nacional de Educación Pública como eje estratégico, impulsando también normas para su financiamiento, progresividad del financiamiento de los derechos sociales, impulsando normas como el derecho a la vivienda y cuestiones que son, por así decir, parte del repertorio básico de derechos sociales que ha venido disputando el movimiento social. Y todo ello siempre tanto desde una perspectiva de consagrar derechos como de hacerlo pensando en esos derechos para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, es decir, como derechos que al momento de ser garantizados también generen el terreno para ir superando las asimetrías de género, para ir superando la división sexual del trabajo.

Yo diría que esas dos son las dimensiones entrelazadas en las cuales el feminismo demuestra lo que viene siendo en el último tiempo: una de las fuerzas vivas más potentes de la creatividad de la clase trabajadora, con uno de los repertorios programáticos más desarrollados, quizás junto con el movimiento socioambiental y con las aspiraciones de pueblos originarios. Es potente también porque es una actividad de la clase trabajadora, una fuerza que es capaz de contribuir al establecimiento de esos derechos generales —como la titularidad sindical, la negociación colectiva por rama, el derecho a huelga— cuestiones que las feministas impulsamos y celebramos dentro de la Convención Constitucional también.

 

PA

Me gustaría cerrar pensando en lo que se viene más allá de la campaña del plebiscito del 4 de septiembre. Es evidente que a medida que las personas van conociendo el texto de la nueva Constitución, saben que es algo que les conviene. Por primera vez en la historia, el órgano constituyente fue representativo de la realidad y de la diversidad de Chile, y en ese escenario es probable que el texto sea conocido y aprobado masivamente. ¿Cómo ves tú los desafíos que se le plantean a las fuerzas que tanto dentro como afuera de la Convención han asumido un compromiso con el proceso constituyente?

Es muy posible que la nueva Constitución se establezca como un piso programático sobre el que se va a levantar un nuevo ciclo de luchas, movilizaciones y reivindicaciones para orientar la gran tarea de su implementación. Es decir, que se abrirá un nuevo periodo histórico y que la nueva Constitución va a ser el piso —todavía frágil— sobre el que se va a mover la sociedad en los tiempos que vendrán. ¿Cuáles crees que son los desafíos para fortalecer ese piso y seguir avanzando?

AC

La Coordinadora Feminista 8M generó una forma de entender lo que estaba en juego en el proceso constituyente que a mí me parece muy orientadora. Se trata de identificar los dos niveles en los que se desplegaba la acción del movimiento social en el proceso constituyente: por una parte, lo que se llamaba el nivel constitucional, que consistió en esta disputa del marco normativo que, como tú dices sitúa el piso programático del movimiento social de aquí en adelante, en la realización del estado social y democrático de derecho. Por otra parte, lo que identificamos como el proceso constituyente de nosotras y nosotros mismos como sujeto político colectivo, que es un proceso donde el feminismo tiene por supuesto un rol muy relevante porque también está la tarea de que este momento constitutivo de la actividad de la clase trabajadora nazca también feminista, nazca también plurinacional y que lo haga llamándonos a articular esa fuerza social para asumir desafíos cada vez más generales y más complejos.

Eso es en parte lo que hemos venido intentando hacer durante este año y que ahora mismo se está desplegando en el marco de la campaña por la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. En esa campaña se está llevando a cabo un ejercicio de pedagogía social que continúa y que nos permite apropiarnos de los contenidos que fuimos produciendo de manera dispersa y desigual dados nuestros distintos niveles de participación en el proceso constitucional, ir apropiándonos de esos contenidos en función de para qué nos sirven en cada realidad concreta en la que estamos habitando y construyendo.

Y también se ha ido articulando y dando lugar a un deseo que nos moviliza colectivamente, un deseo colectivo que nos dice hoy día por qué aprobamos, por qué desplegamos nuestra fuerza para la aprobación de la nueva Constitución, que nos aclara qué es lo que está en juego ahí para nosotras y nosotros, qué futuro nos permite imaginar la aprobación del texto constitucional, qué tareas nos permite imaginar que se cumplan. Por supuesto, el desafío inmediato de esas fuerzas constituyentes del movimiento social es el triunfo del Apruebo en el plebiscito, que va a ser uno de los hitos en los que se va a ir definiendo el destino de este vértice histórico en el que nos encontramos.

Si ese triunfo no se da, el giro autoritario tiene el camino libre para consolidarse como una trayectoria posible de la crisis que estamos viviendo. Pero si lo logramos —y yo, como tú, pienso que es lo que va a pasar— se abre todo un nuevo nivel de problemas políticos a enfrentar como movimiento social, problemas que nos van a imponer mayores niveles de unidad, que nos van a imponer nuevos trabajos, como la tarea de elaboración legislativa, etcétera. Nos va a imponer también nuevas posibilidades de discusión política y de organización de nuestra actividad en cada uno de los territorios.

Las fuerzas constituyentes tienen ahora un desafío común: no permitir que el desenlace de cada uno de estos hitos suponga el término de nuestro trabajo conjunto. Que no ocurra que, con la tarea hecha, nos vamos para la casa. Sino que se vaya renovando esta necesidad de seguir actuando juntas y juntos en niveles cada vez más fuertes, cohesionados y claros de intervención política en común. Esos son los principales desafíos.

Cierre

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Publicado en Chile, Convención Constitucional 2022, Entrevistas, Estado, homeIzq, Políticas and Sociedad

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