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El presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher en un podio dando un discurso en la Casa Blanca en Washington DC, 23 de junio de 1982. (Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

El mercado no puede salvarnos

Desde la crisis inflacionaria hasta el caos climático, nuestra época se define por enormes retos sociales, y el sector privado ha demostrado que no puede resolverlos. Es hora de una intervención masiva del Estado en la economía.

Los políticos de las clases dominantes constantemente buscan excusas para justificar su divergencia con el dogma del mercado. Desde la pandemia hasta la crisis energética, pasando por la guerra de Ucrania y la creciente inflación, las crisis —siempre nuevas— obligan a los responsables políticos a recurrir a una fuerte intervención estatal, que los neoliberales consideraban su enemigo jurado, para apuntalar los mercados.

Estas intervenciones se justifican como medidas de emergencia necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones económicas antes de la ansiada vuelta a la normalidad de los mercados, que, sin embargo, siempre se pospone. No hay más que ver cómo el Banco Central Europeo dijo en abril que dejaría de comprar bonos, solo para anunciar poco tiempo después una nueva compra de bonos para hacer frente al aumento de los costes de los préstamos en países como Italia.

Sin retorno a la vieja normalidad

Hasta la fecha, el intervencionismo estatal que hemos visto procedente tanto de la centroizquierda como de la centroderecha; durante la última década, y más claramente desde el estallido de la pandemia, ha seguido de cerca esta lógica de facilitar la vuelta a las «condiciones normales del mercado». 

Sin embargo, a estas alturas se ha hecho evidente que no hay forma de volver a la antigua normalidad: las condiciones económicas han cambiado drásticamente y las premisas y expectativas que acompañaron a la era de la globalización neoliberal ya no ofrecen ninguna orientación creíble.

Ante esta farsa de intento de utilizar el intervencionismo estatal para restaurar la sociedad de mercado y proteger la riqueza, la izquierda debería aprovechar la oportunidad de reivindicar la tradición socialista del intervencionismo estatal progresista como medio para transformar la sociedad y cambiar las relaciones de poder.

De hecho, el uso proactivo del Estado como medio para construir una nueva sociedad era común a diferentes corrientes de la izquierda. No solo era una idea albergada por los leninistas, que pretendían construir una economía dirigida con propiedad estatal que cubriera prácticamente todos los sectores, sino también, de diferentes maneras, por los socialdemócratas, que lideraron la transformación de los antiguos estados liberales en estados del bienestar, nacionalizaron empresas estratégicas y aplicaron la planificación indicativa para reorganizar la economía y orientarla hacia fines socialmente deseables. 

El Estado se entendía como un «campo de batalla de la lucha de clases», según la famosa expresión de Poulatnzas, y el objetivo de la izquierda era conquistar nuevas trincheras en el extenso aparato estatal, al tiempo que lo democratizaba radicalmente.

El mito del Estado débil

Esta visión del intervencionismo estatal de izquierdas perdió parte de su encanto tras la derrota de la clase obrera en los años setenta y ochenta y a causa del colapso del bloque soviético y la evidencia de su ineficacia económica. La revolución neoliberal consiguió convencer a los ciudadanos de un mundo globalizado de que la intervención estatal estaba condenada.

Políticos neoliberales como Bill Clinton presentaron la globalización como «el equivalente económico de una fuerza de la naturaleza, como el viento o el agua» que sería estúpido tratar de revertir, mientras que Obama en 2016 la enmarcó en términos similares como «un hecho de la naturaleza». La política se presentó como la gestión de la necesidad de la globalización, con decisiones económicas limitadas a las aceptables para los inversores internacionales, y algunos sectores de la izquierda moderada aceptaron ampliamente estas premisas ideológicas. 

Sin embargo, ahora nos encontramos en una coyuntura en la que esta visión de la globalización como algo inevitable y permanente y del Estado como una criatura débil han quedado patentemente demostradas como empíricamente dudosas e históricamente anacrónicas.

Durante la pandemia, los políticos tanto de centroizquierda como de centroderecha se vieron obligados a crear nuevas disposiciones de asistencia social de emergencia para ayudar a los trabajadores desempleados, y ahora se ven obligados —muy a su pesar— a aplicar formas de control de precios y a reservar fondos para luchar contra la crisis inflacionaria. El intervencionismo estatal de emergencia se ha convertido en la nueva normalidad, y la vuelta a la sociedad de mercado normal se pospone continuamente. 

Parte del cambio al que estamos asistiendo no es tanto práctico como epistémico; es decir, tiene que ver con la forma en que percibimos y conocemos el mundo. De hecho, en contra del evangelio neoliberal, el Estado y el intervencionismo estatal nunca han desaparecido realmente. Como han demostrado muchos economistas, el proyecto neoliberal y la existencia misma de la globalización siempre se basaron en el patrocinio del Estado, por ejemplo, estableciendo los marcos normativos necesarios y reprimiendo la protesta.

Pero, a nivel retórico, esta narrativa del «Estado débil» tenía importantes implicancias ideológicas: servía para restringir el abanico de políticas aceptables a las que interesaban al capital internacional. Esta ficción se vio favorecida por las peculiares condiciones de la «Gran Moderación», la época comprendida entre mediados de los años ochenta y la década de 2000, marcada por una limitada volatilidad macroeconómica, una baja inflación y bajos tipos de interés.

Bajo la ilusión de estabilidad de los «largos 90», la política económica parecía estar en piloto automático, y se reducía a intervenciones limitadas: pequeños «empujones» al mercado que podían presentarse como ejercicios limitados de «corrección del rumbo», es decir, decisiones técnicas más que políticas.

Sin embargo, la crisis del capitalismo es ahora tan profunda que ya no es posible mantener esta pretensión. Las decisiones económicas aparecen inmediatamente como decisiones políticas, por lo tanto, en las que están en juego diferentes intereses, y en las que con demasiada frecuencia se siguen anteponiendo los intereses de las empresas a los de los trabajadores.

Esto se puso de manifiesto con Bidenomics, cuando se aprobó el paquete de infraestructuras que interesaba a las empresas, mientras que las medidas sociales que formaban parte del llamado paquete Build Back Better se frenaron en el Congreso debido a la oposición de los centristas demócratas, que expresaron una gran preocupación por las ayudas estatales a los pobres mientras aplaudían las ayudas estatales a los empresarios.

Recuperar el Estado

El reto estratégico consiste ahora en conciliar esta realidad económica, en la que el fuerte intervencionismo del Estado se ha convertido en la nueva normalidad, con una visión en la que esta intervención no se vea solo como una medida fragmentaria y de último recurso para reactivar el mercado.

Los socialistas debemos recuperar una visión constructiva del Estado, lo que la economista Mariana Mazzucato ha llamado un «Estado orientado a la misión», que formaba parte de la tradición de la socialdemocracia. Desde el New Deal de Roosevelt hasta los socialdemócratas de Europa, la izquierda del siglo XX recurrió a la creación de agencias estatales y a grandes planes de empleo público para fomentar el desarrollo económico, garantizar la igualdad social y reequilibrar las relaciones de poder entre el trabajo y el capital.

Hoy existen demasiadas cuestiones que exigen la intervención inmediata del Estado: desde la crisis inflacionaria, que reclama la vuelta del control de los precios y de los salarios indexados a la inflación, hasta el cambio climático, que exige una aceleración de las inversiones y de las acciones orientadas a la reducción de las emisiones y a la adaptación al clima.

Pero, además de medidas concretas, lo que se requiere es una nueva visión de cómo el intervencionismo estatal puede utilizarse no solo como un parche contra las emergencias inmediatas, sino también como parte de un plan a largo plazo para lograr esa seguridad económica y medioambiental que el mercado no es capaz de proporcionar, y para redistribuir el poder lejos de las oligarquías económicas que han condenado a nuestra sociedad al caos permanente y hacia los trabajadores y los ciudadanos de a pie.

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