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Un miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes en la valla fronteriza que separa Marruecos del enclave norteafricano de Melilla, cerca de Nador en Marruecos, el 26 de junio de 2022. (Fadel Senna / AFP vía Getty Images)

La masacre de Melilla es responsabilidad de la política de inmigración europea

Traducción: Valentín Huarte

El pasado 24 de junio, la policía marroquí asesinó a 37 inmigrantes en la frontera con España. La masacre es muestra de cómo la Unión Europea se apoya en regímenes autoritarios para vigilar sus fronteras y de lo superficial de la imagen «progresista» del gobierno español.

«La policía marroquí nos golpeó y mató a nuestros amigos», cuenta Amir, uno de los supervivientes de la masacre del viernes 24 en la frontera del enclave norafricano de España, Melilla. El número de muertos sigue siendo controvertido, pero según las ONG internacionales, al menos 37 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon, apedrearon y lanzaron gases lacrimógenos a los aproximadamente 1500 inmigrantes que se precipitaron hacia la valla fronteriza, una de las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con una nación africana.

Algunos murieron aplastados a lo largo del perímetro fronterizo, mientras la policía ejecutaba un movimiento de pinza que atrapó a cientos de personas en una trinchera; las imágenes de vídeo muestran a decenas más cayendo de la valla de seis metros de altura mientras la policía marroquí lanzaba gases lacrimógenos y disparaba rondas de balas de goma a los que trepaban por ella.

Según la Asociación de Derechos Humanos de Nador, se produjeron más muertes porque los heridos graves permanecieron hasta diez horas bajo el sol y el calor sin atención médica. Un impactante vídeo difundido en las redes sociales de la organización muestra cientos de cuerpos amontonados unos contra otros y rodeados de policías antidisturbios, en los que es difícil distinguir a los heridos y agotados de los muertos. Algunos están esposados, otros permanecen inmóviles, mientras que en otro vídeo la policía golpea repetidamente a los que están tirados en el suelo.

Otras imágenes publicadas por el periódico Público muestran a la policía militar española y a los servicios de seguridad marroquíes trabajando juntos en cargas coordinadas con porras contra grupos de inmigrantes que habían logrado escalar la valla. Esto último suscitó serias dudas sobre la implicación exacta de la policía española y del Ministerio del Interior en la gestión y supervisión de la operación. Además, abrió una nueva brecha en la coalición de izquierdas que gobierna el país, sobre todo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), defendió la respuesta de la policía.

En cambio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) condenó «el uso de la violencia indiscriminada» como medio para «controlar una vez más las fronteras e impedir la llegada a territorio español de personas que podrían ser susceptibles de protección internacional». El grupo nacional más numeroso que participó en la escalada de la valla procedía de Sudán del Sur, país devastado por la guerra, cuyos ciudadanos reciben mayoritariamente el estatuto de refugiado en España (el 92% de todos los solicitantes), pero solo pueden acceder a territorio español para presentar dicha solicitud arriesgando sus vidas. Para los miembros del Sindicato de Manteros de Madrid, un colectivo de vendedores ambulantes inmigrantes, también hay un claro elemento racial en juego. En un intercambio escrito con Jacobin, insisten:

Europa recibe con los brazos abiertos a las personas que huyen de la guerra en Ucrania, pero se enfrenta a los que huyen de otras guerras, o del hambre, en el continente africano, con palos nocturnos y muerte. Para el gobierno español, las vidas de los negros no importan, simplemente se desprecian.

La vergüenza de Sánchez

Esto fue más evidente en la respuesta del presidente Sánchez a las muertes violentas, que no contenía palabras de simpatía para las familias de las víctimas. En su lugar, culpó a las «mafias» de lo que, según él, fue un «asalto bien organizado y violento» que constituyó «un ataque a la integridad del territorio español», terminología indistinguible de la utilizada por la extrema derecha de Vox cuando invoca el temor a una invasión de inmigrantes.

En unos comentarios calificados de «vergonzosos» por la alcaldesa de izquierdas de Barcelona, Ada Colau, Sánchez afirmó que el «asalto» había sido «bien resuelto por las dos fuerzas de seguridad, la española y la marroquí». «También quiero agradecer el trabajo del Gobierno marroquí», añadió.

Sin embargo, la directora de la ONG Caminando por las Fronteras, Helena Maleno, que trabaja con inmigrantes sobre el terreno en Marruecos, rechazó que se hable de traficantes organizados como responsables:

¿Qué tienen que ver las mafias con la gente que corre desesperada [hacia la frontera] sin nada? El intento de asalto al valle fue por pura desesperación. Esta gente está agotada, ya que ha sufrido ataques e intimidaciones diarias desde la firma del [nuevo acuerdo bilateral de inmigración hispano-marroquí] [en abril].

«Desde el nuevo acuerdo, se han multiplicado las redadas en los campamentos de inmigrantes, las detenciones arbitrarias, los perfiles raciales y otras medidas represivas contra la población inmigrante», explicaba en un reciente artículo en El Diario.

«Es horrible que el Gobierno felicite a la policía marroquí», tuiteó el diputado progresista Íñigo Errejón. «¿Esto es lo que nos ha comprado el abandono del pueblo saharaui?». Se refería así al histórico giro de Sánchez en política exterior este mes de febrero respecto a la antigua colonia española del Sáhara Occidental, que le llevó a respaldar un plan para formalizar el brutal régimen de ocupación de Marruecos a cambio de la normalización de los lazos diplomáticos con la monarquía autoritaria. La medida rompió con décadas de política exterior española y va en contra de las sentencias de los tribunales internacionales y de la posición de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación.

En este sentido, la externalización de su seguridad fronteriza a Marruecos ha dejado a España expuesta a repetidos chantajes, ya que el Gobierno de Mohamed VI ha tratado de aprovechar la cuestión de la inmigración irregular contra su vecino europeo. En mayo de 2021, Marruecos abrió la frontera del enclave español de Ceuta, permitiendo el paso de ocho mil personas en apenas cuarenta y ocho horas. Fue, en parte, una represalia por la condena de España al reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de Donald Trump. Luego, en marzo de este año, Sánchez optó por demandar la paz después de que mil migrantes intentaran sin éxito escalar las vallas de Melilla. Los servicios de inteligencia españoles creían que esto podría ser el comienzo de nuevas incursiones masivas, y en el contexto de la guerra de Ucrania, una frontera desestabilizada no era algo que Sánchez quisiera tolerar.

Aunque se retiró en 1975, España sigue siendo, según el derecho internacional, la potencia administrativa en el Sáhara Occidental, legalmente responsable de completar la descolonización de este territorio rico en recursos la superficie de Gran Bretaña. A cambio de vender al pueblo saharaui y dar la espalda al mandato histórico de su país, lo que Sánchez obtuvo de Marruecos fue una mayor represión de la inmigración irregular, impidiendo que la gente llegara a España, con la cooperación de Marruecos formalmente asegurada en un acuerdo bilateral sobre inmigración en abril. 

El antecedente inmediato de los asesinatos del viernes 24 fue el violento desmantelamiento de un campamento de inmigrantes cerca de Melilla el jueves por la noche por parte de la policía marroquí, mientras que la policía española y la marroquí operaron juntas en suelo español para desalojar inmediatamente a la gran mayoría de las quinientas personas que escalaron la valla. El propio programa electoral del PSOE contiene la promesa de acabar con este tipo de empujones a los inmigrantes, que niegan a los que llegan el derecho a pedir asilo.

Tensiones en el Gobierno

El socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, ha tenido dificultades para responder a los asesinatos. Sin embargo, el exlíder del partido, Pablo Iglesias, que ya no es un político de primera línea, no se contuvo: «Sería difícil que murieran treinta y siete personas si no fuera en un contexto de acciones [emprendidas] por las fuerzas de seguridad marroquíes que tenían como objetivo matar», insistió. «[Estas personas] no murieron por culpa de las mafias sino porque fueron asesinadas por unidades policiales marroquíes que estaban siendo apoyadas por unidades de la policía y la guardia civil españolas».

Iglesias también criticó la cobertura de los medios de comunicación españoles, señalando que las frases «masa» e «incursión masiva» se están

utilizando constantemente cuando se habla de inmigrantes que son negros. Pero fueron 1500 (los que intentaron llegar a Melilla) y solo 120 consiguieron quedarse [en el territorio español]. En cambio, hay 130 000 ucranianos en España que han sido tratados como es debido como refugiados de guerra.

Igualmente, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tuiteó:

37 muertos. Si fueran rubios y europeos, habría reuniones de urgencia al más alto nivel, especiales informativos en televisión sobre sus historias de vida y sus familias, y una ruptura total de relaciones con el país cuya actuación policial ha provocado esta tragedia.

Sin embargo, los cinco ministros de Unidas Podemos han evitado condenar la actuación de la policía marroquí, limitándose a pedir una investigación pública y el respeto a los derechos humanos. La débil respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha enfadado especialmente a muchos de los partidarios de la izquierda, y complica aún más su estrategia centrada en la entrega de beneficios materiales en lugar de comprometerse con cuestiones más amplias sobre las que Unidas Podemos no tiene competencias ministeriales. Dimitir del gobierno no tendría ningún impacto en el mundo real, pero hasta ahora ha sido incapaz de presionar a Sánchez para que siquiera se disculpe por sus declaraciones o para que el PSOE acepte una investigación, y mucho menos para que avance en reformas más amplias en la política de inmigración.

De hecho, el número de muertes en las fronteras del sur de España ha aumentado considerablemente en los últimos años. Fronteras Caminantes calcula que la cifra total para 2021 es de algo más de 4400, la inmensa mayoría de las cuales tienen lugar a lo largo de la peligrosa ruta atlántica desde el noroeste de África hasta las islas Canarias españolas.

Hipocresía europea

Sin embargo, más allá del grotesco cinismo de Sánchez y de la impotencia de la izquierda española, está el régimen fronterizo más amplio de la «Fortaleza Europa» en torno al cual han convergido los Estados de la UE. En una carta abierta, una coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales y marroquíes insistió en que «las muertes y los heridos son un símbolo trágico de las políticas europeas de externalización de la frontera de la UE».

El tipo de violencia presenciada en Melilla ejemplifica el modelo más amplio de la Unión Europea: externalizar la seguridad de las fronteras a Estados autoritarios brutales (ya sea en Marruecos, Libia o Turquía) y convertir así las fronteras del sur del continente en espacios extralegales donde las protecciones básicas de los derechos humanos quedan en gran medida suspendidas. Según el activista y académico Marcos Suka, este régimen fronterizo está diseñado en torno a «una política de disuasión. Cuantos más negros sean asesinados, menos intentarán venir».

Sin embargo, en realidad, «los flujos migratorios son imposibles de detener», como señala la activista Ana Rosado Caro. «Si se bloquea una ruta, se abre otra más peligrosa». La mayoría de los inmigrantes que intentaron llegar a Melilla el pasado viernes procedían de Sudán del Sur y Chad, países desde los que habitualmente los inmigrantes intentan cruzar a Europa a través de Libia. Pero según Helena Maleno, «el nivel de represión en Libia hizo que cruzaran a Argelia y siguieran hacia Marruecos». La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha criticado en repetidas ocasiones la financiación de la UE y de Italia a la guardia costera libia, así como su cooperación en la devolución forzosa de migrantes a ese país, donde se enfrentan a condiciones «inhumanas» en los centros de detención de migrantes.

Mientras tanto, en Marruecos, se han cavado apresuradamente fosas en el cementerio local de Nador, y las autoridades parecen dispuestas a enterrar a los muertos sin intentar identificar a las víctimas ni realizar autopsias. Al mismo tiempo, la mayoría de los mil inmigrantes que fueron detenidos en la frontera de Melilla han sido desplazados por la fuerza a más de seiscientos kilómetros del enclave español hacia el sur de Marruecos, algunos con fracturas y heridas graves. Está claro que tanto para las autoridades marroquíes como para Sánchez el plan es seguir adelante sin reconocer la gravedad de los hechos, algo especialmente enfermizo en un líder socialdemócrata supuestamente «progresista». Sin embargo, con el bloqueo de las exportaciones de grano de Ucrania, que va a exacerbar la escasez de alimentos en muchos países africanos, no hay garantías de que la masacre del pasado viernes sea algo excepcional.

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