El 11 de mayo de 2022 las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon y mataron a la veterana periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh mientras cubría una incursión militar en un campo de refugiados de las afueras de la ciudad cisjordana de Jenin. Vestidos con chaquetas y cascos etiquetados como «PRENSA», los compañeros de Al Jazeera de Abu Akleh filmaron los momentos posteriores al disparo, durante los cuales el francotirador siguió tirándole a otros reporteros que intentaban recuperar su cuerpo.
Después de que la organización israelí de derechos humanos B’Tselem desmintiera las afirmaciones del primer ministro Naftali Bennett de que era una bala perdida disparada por palestinos la que había alcanzado a Abu Akleh, el gobierno israelí pidió una investigación conjunta con la Autoridad Palestina (AP) del asesinato de la periodista, solicitando la entrega de la bala y del cuerpo de Abu Akleh para realizar una autopsia. La AP se negó, alegando la histórica falta de transparencia israelí y su histórica resistencia a rendir cuentas en las investigaciones de otros asesinatos de civiles, así como por la ocupación ilegal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en los territorios palestinos. En su lugar, la AP optó por llevar a cabo una investigación independiente.
Este análisis de la AP concluyó que la bala coincidía con un arma utilizada habitualmente por las FDI, la Ruger Mini-14. El corresponsal de Al Jazeera Nida Ibrahim informó que la bala que mató a Abu Akleh «era de 5,56 mm, y se corresponde con el arma de francotirador Mini Ruger». La investigación israelí, por otra parte, no ha avanzado.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dejado claro que se basará en las conclusiones de la investigación israelí. Parece que el compromiso nominal del gobierno con la libertad de expresión es menos importante que aplacar a sus aliados, en un abanico que va desde gobiernos extranjeros hasta empresas multinacionales.
El silencio de los Estados
Un reducido número de congresistas, encabezados por los representantes André Carson (legislador demócrata de Illinois) y Lou Correa (demócrata de California), redactó una carta en la que se le solicita al gobierno del presidente Joe Biden que lleve a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense. «Solicitamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos determine si se ha violado alguna de las leyes estadounidenses que protegen a la Sra. Abu Akleh, una ciudadana estadounidense», dice la carta. «Como estadounidense, la señora Abu Akleh tenía derecho a la plena protección que se otorga a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero», sostienen.
A pesar del asesinato extrajudicial de una periodista y ciudadana estadounidense por parte de un gobierno extranjero, la administración Biden se ha negado a llevar adelante una investigación propia e independiente. En cambio, el secretario de Estado Antony Blinken pretende confiar en los resultados de la investigación israelí, que se niega a avanzar sin que se le conceda acceso al cuerpo ya enterrado de Abu Akleh.
Y no es la primera vez que el gobierno federal estadounidense se niega a investigar la muerte de un ciudadano propio a manos de las FDI. En 2003, dejó que el asesinato de la activista Rachel Corrie en Gaza fuera juzgado por los tribunales israelíes.
La petición de investigaciones dirigidas por Estados Unidos sobre los crímenes de guerra de las FDI en los territorios palestinos ilegalmente ocupados por Israel ha caído en saco roto durante muchos años. Las FDI reciben anualmente 3.800 millones de dólares de dinero público estadounidense en concepto de ayuda militar, según el renovado Memorando de Entendimiento de diez años, firmado por la administración Obama en 2016. Exigir una investigación dirigida por Estados Unidos sobre el asesinato de Abu Akleh abriría vías legales para que activistas y políticos palestinos y estadounidenses desafíen este continuo apoyo financiero a las FDI.
Estados Unidos tiene el poder absoluto para llevar a cabo tales investigaciones. La libertad «de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección» está protegida por el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos e Israel son signatarios ratificados.
Y si la investigación revelara crímenes de guerra, el apoyo financiero de Estados Unidos a las FDI quedaría automáticamente bajo escrutinio. Según la Ley Leahy, el gobierno federal de Estados Unidos tiene prohibido proporcionar asistencia «a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene información creíble de que dicha unidad ha cometido una grave violación de los derechos humanos».
Una investigación dirigida por Estados Unidos es fundamental no sólo para lograr la rendición de cuentas por el asesinato de Abu Akleh, y de otros ochenta y seis periodistas que informaban desde los territorios palestinos desde 1967, sino también para cuestionar la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel, financiada por los contribuyentes. Y es precisamente por eso que el Departamento de Estado no está interesado en perseguirlo.
El complejo militar-industrial
Dado el largo historial estadounidense de proporcionar inmunidad diplomática a Israel, habiendo vetado al menos 53 resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) críticas con Israel en las últimas cinco décadas, la falta de interés de Estados Unidos en la rendición de cuentas por el asesinato de Abu Akleh no es una sorpresa. Sin embargo, al margen de las razones geopolíticas bien conocidas que tiene Estados Unidos para conceder históricamente impunidad a Israel, una faceta de los abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de la que no se ha informado tiene que ver con el interés del complejo militar-industrial estadounidense en armar a las FDI.
El rifle de francotirador utilizado para asesinar a Abu Akleh, el Ruger Mini-14, es fabricado y vendido por el fabricante de armas estadounidense Sturm, Ruger & Co, que tiene un concesionario de distribución en Israel y promueve sus armas de fuego destacando el uso que hacen de ellas las FDI.
Israel es el decimocuarto importador mundial de armas, y el 92% de sus importaciones proceden de Estados Unidos. En efecto, la ayuda militar de Estados Unidos a Israel subvenciona las compras a los fabricantes de armas y contratistas de defensa estadounidenses. Como escribe el sociólogo Max Ajl, «la ‘ayuda militar’ de Estados Unidos, entendida más exactamente como un flujo circular a través del cual las empresas armamentísticas estadounidenses se benefician de la colonización de la tierra palestina y de la desestabilización israelí de los Estados circundantes, es un elemento estructurador a largo plazo de la ‘relación especial’ entre Estados Unidos e Israel». En otras palabras, la orientación económica neoliberal que encarga al gobierno la promoción de los intereses y los beneficios de las empresas del sector privado por encima de todo se extiende a la política exterior estadounidense.
Según la organización Open Secrets, entre 2001 y 2021 los contratistas de defensa y los fabricantes de armas estadounidenses destinaron «285 millones de dólares en contribuciones a las campañas y 2.500 millones de dólares en gastos de lobby para influir en la política de defensa». Estas empresas incluyen a Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y General Dynamics.
Entre los grupos de presión más destacados para la venta de armas, tanto nacionales como extranjeras, están la infame Asociación Nacional del Rifle y la menos conocida Fundación Nacional de Deportes de Tiro, que gastó 1,2 millones de dólares en gastos de lobby en 2021. El presidente de la NSSF, Steve Sanetti, fue jefe ejecutivo y luego presidente de Sturm, Ruger & Co.
Censura neoliberal
La insinuación de que los contratistas de defensa y los fabricantes de armas estadounidenses aprueban el asesinato de periodistas estadounidenses puede invitar a la incredulidad. Pero una reflexión del abogado de derechos humanos Steven Donziger sobre el caso atestigua su plausibilidad.
Donziger representó con éxito al grupo indígena ecuatoriano Coalición para la Defensa de la Amazonia en su batalla legal contra la petrolera estadounidense Texaco, haciéndola responsable de 16.000 millones de galones de residuos tóxicos vertidos en la región de Lago Agrio de la selva amazónica entre 1972 y 1992. Desde entonces, la vida profesional y personal de Donziger ha sido atacada por la empresa matriz de Texaco, la multinacional petrolera estadounidense Chevron.
En 2011, Chevron se negó a pagar el acuerdo de 9.500 millones de dólares por la contaminación realizada tres décadas antes y lanzó una contrademanda contra Donziger acusándolo de soborno y fraude. La empresa alegó que Donziger magnificó el alcance de la contaminación y la responsabilidad de Texaco después de haber sido sobornado por funcionarios ecuatorianos para convertir a la petrolera en chivo expiatorio por el papel del Estado en la falta de mitigación de la contaminación en Lago Agrio. La afirmación de Chevron ha sido ampliamente desmentida.
Documentos de Chevron filtrados en 2009 revelan que los funcionarios de la empresa armaron una estrategia explícita a largo plazo para «demonizar» al abogado de derechos humanos buscando cambiar el rumbo de la batalla legal en su contra. Mientras tanto, la Coalición para la Defensa de la Amazonia no ha recibido nada del acuerdo pactado.
Chevron presentó una demanda contra Donziger con la figura de «organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado» (RICO), que normalmente se aplica a las redes de crimen organizado. El juez del tribunal federal que presidió el caso de Donziger fue Lewis A. Kaplan, un antiguo abogado corporativo de la industria del tabaco que tenía inversiones en Chevron. En 2014 Kaplan declaró a Donziger culpable de los cargos RICO.
La oficina del fiscal del distrito de Nueva York se negó a procesar a Donziger a pesar del fallo de Kaplan. El juez tomó entonces una medida inusual para un magistrado de un tribunal federal: invocó la Regla 42, que permite a un juez federal designar a un bufete de abogados privado para procesar en nombre de los tribunales si los fiscales se niegan a hacerlo. Kaplan designó al bufete de abogados Seward & Kissel, del que Chevron es cliente habitual, para que representara al gobierno estadounidense y se asegurara de que se presentaran los cargos penales contra Donziger.
Antes del juicio contra Donziger por parte de Seward & Kissel, en otro movimiento inusual, Kaplan se saltó el proceso estándar de asignación aleatoria para elegir un juez y nombró directamente a la jueza de distrito superior Loretta Preska para presidir el caso. Preska ha formado parte del consejo asesor de la Sociedad Federalista, de la que Chevron es un importante contribuyente financiero.
En agosto de 2019, Preska confiscó el pasaporte de Donziger y lo condenó a arresto domiciliario durante la duración del juicio. El 1 de octubre de 2021, tras dos años de arresto domiciliario, Preska declaró a Donziger culpable de todos los cargos y lo condenó a seis meses de cárcel, la pena máxima.
«La influencia de las empresas sobre nuestro poder judicial federal ha aumentado de forma espectacular en los últimos años», dijo Donziger durante el juicio. Luego añadió que Chevron «ha captado un elemento de poder del gobierno y lo ha desplegado contra un activista de los derechos humanos».
La guerra corporativa contra la libertad de expresión
En el caso de Steven Donziger, Estados Unidos actuó directamente en nombre de la industria del petróleo y el gas. En el caso de Shireen Abu Akleh, persigue la inacción, al menos en parte en nombre de los fabricantes de armas y del complejo militar-industrial en general.
Donziger salió de la cárcel el 26 de abril y por fin está libre de persecución. Pero Abu Akleh está muerta y, debido a la negativa de Estados Unidos a iniciar una investigación independiente, es poco probable que se haga justicia.
En ambos casos, el gobierno estadounidense se ha puesto del lado de los intereses corporativos, eligiéndolos por encima del valor de la libertad de expresión, incluyendo el derecho de los periodistas a informar sin miedo al acoso y a la violencia y el derecho del público a la información de una prensa libre. Los casos de Abu Akleh y Donziger revelan el frío y calculado pragmatismo con el que las corporaciones multinacionales vinculan al gobierno estadounidense a su proyecto de mantener la hegemonía económica mundial.
Nuestros noticieros están dominados por el discurso de la «cultura de la cancelación» y la gente común presta poca atención a casos como los de Abu Akleh y Donziger. Si la conversación principal se va a centrar en la libertad de expresión, debería ponerse de relieve la flagrante connivencia entre los gobiernos neoliberales y las empresas multinacionales para silenciar a los periodistas y activistas que desafían la explotación y la injusticia en todo el mundo.
