Entrevista por Amy Goodman
y Nerrmeen Shaikh
Hace poco se presentó el borrador de una nueva Constitución que podría reemplazar a la que se implementó durante la dictadura del general Augusto Pinochet. De aprobarse, la nueva Constitución reconocerá por primera vez a los pueblos originarios de Chile, incluirá los derechos reproductivos en su articulado, hará gratuita la educación superior, establecerá la igualdad de género en el Gobierno y requerirá implementar políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática. El borrador no incluye la nacionalización parcial de la industria minera del país.
La versión final de la Constitución será sometida a votación por parte del pueblo chileno el 4 de septiembre. Algunas encuestas recientes muestran que alrededor del 40% de la población dice que votará por el sí. Pablo Abufom, de Jacobin, pasó por el programa Democracy Now, donde discutió el potencial radical de la nueva Constitución de Chile. El artículo que sigue es una transcripción reproducida con permiso de Democracy Now!
AG
Pablo, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué tan histórico es y por qué es tan significativo el proceso constitucional?
PA
Lo primero es decir que este proceso por fin pone término a la Constitución neoliberal que fue impuesta por los militares durante la dictadura. Ese es el primer hito histórico importante. En segundo lugar, se trata de una Constitución escrita de manera democrática, es decir, escrita en un contexto democrático y no en el marco de una dictadura, pero también escrita con una participación popular y representativa de la verdadera diversidad del pueblo y pueblos de Chile.
Es una Constitución redactada por un cuerpo democráticamente electo, con paridad de género, con representantes de los pueblos indígenas, con representantes de los movimientos sociales y populares. Además tiene una minoría de los representantes de los ricos, que han sido mayoría en los órganos representativos en Chile hasta ahora.
Por lo tanto, esta Constitución marca una diferencia muy importante con la última Constitución que teníamos, de 1980, pero también con constituciones previas que habían sido escritas por grupos de abogados constitucionalistas o políticos elegidos de manera arbitraria por el Gobierno.
Pero además se trata de una Constitución y un proceso constituyente que estuvieron abiertos a la participación popular de la sociedad civil, que levantó iniciativas y presentó propuestas de artículos que fueron recibidos también por la Convención [Constitucional]. Y eso es realmente significativo en la medida en que recogió las aspiraciones de la revuelta popular que surgió en octubre de 2019.
No recogió todas las aspiraciones, por supuesto. La Constitución no va a resolver todos los problemas. Pero sí permitió representar esas aspiraciones, esa necesidad de resolver de manera urgente algunos problemas estructurales del régimen político y económico en Chile.
NS
¿Cómo fueron escogidos los miembros de la Convención Constitucional, quienes se encargaron de elaborar el borrador de la Constitución?
PA
El proceso electoral fue distinto al de elecciones parlamentarias o elecciones políticas anteriores. En primer lugar, fue un proceso que incluía la paridad de género, o sea, una representación de al menos un 50% de mujeres en las listas que iban a ser elegidas, pero también en la elección misma.
En segundo lugar, incluía la representación asegurada de los distintos pueblos indígenas que habitan el territorio chileno. Permitió que accedieran a la Convención Constitucional varios sectores que siempre habían estado excluidos del sistema político en Chile: más allá de los pueblos indígenas, también incluía una representación mayoritaria de mujeres, de sectores de la comunidad LGBTQ, de los movimientos sociales —particularmente del movimiento feminista— y de los movimientos socioambientales que luchan en contra de la devastación capitalista y extractivista del medio ambiente y las comunidades.
Eso significó la conformación de un órgano representativo, democrático, muy distinto al que tenemos en el Congreso, al que, por lo general, solo las élites políticas logran acceder. Eso repercutió en una de las decisiones tomadas en la Convención [Constitucional] y en la nueva Constitución, que es la eliminación del Senado y la creación de una cámara de representación de las regiones y las provincias. Eso significa que el veto aristocrático del Senado en Chile desaparece. Y eso es un cambio político muy significativo que no hubiese sido posible sin la participación de esos sectores.
El reconocimiento del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, como un trabajo que tiene un impacto económico a nivel social, es también algo que solo es posible gracias a que el movimiento feminista estuviera allí. En fin, hay una serie de derechos sociales que están garantizados por esa representación democrática.
NS
¿Cuánto apoyo tiene el borrador de la nueva Constitución entre el pueblo chileno? Las encuestas sugieren que en este momento solo el 40% votaría a favor.
PA
Lo primero que hay que decir es que las encuestas que señalan esa información son las mismas que decían que el pueblo chileno iba a rechazar la creación de una nueva Constitución; los mismos que decían que iba a ganar el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, aunque luego ganó el candidato progresista Boric. Por lo tanto, hay encuestas encargadas por ciertos sectores y grupos económicos que son los grandes perdedores de este proceso y que tienen un interés en mostrar que no hay un apoyo cuando efectivamente existe.
Los datos reales que manejamos, contra las encuestas de opinión, son que el 80% de la población votó a favor de cambiar la Constitución; que una mayoría, más del 50% de las candidaturas electas para la Convención [Constitucional], fue de sectores de izquierda, independientes, populares, de pueblos originarios, feministas; y que la segunda vuelta electoral de la presidencia hizo que millones de personas salieran a votar por un candidato progresista, que de alguna manera —a pesar de sus complicaciones y las diferencias que se puedan tener con él— encarna este proceso constituyente.
Por lo tanto es de esperar que la nueva Constitución, en la que las personas pueden ver cómo sus derechos sociales son garantizados en el futuro próximo, va a tener un apoyo mayoritario. Además, hay que decir que los sectores que rechazan la nueva Constitución llevan más de un año haciendo campaña, mientras que los sectores que estaban a favor del cambio constitucional estaban —y estábamos— trabajando para hacer real ese cambio.
AG
¿Nos puede hablar de la ceremonia del 16 de mayo y de dónde se celebró? La presidenta de la Convención Constitucional inició la ceremonia hablando en lenguas indígenas, lo cual es un índice de los cambios introducidos por esta Constitución. ¿Cuáles son las diferencias entre esta Carta Magna y la aprobada durante la dictadura de Pinochet, régimen que contó con el apoyo de Estados Unidos?
PA
En primer lugar, el proceso constituyente fue impulsado por una revuelta popular en octubre de 2019, y eso marcó muchas cosas: por un lado, garantizó la integración de los movimientos sociales al proceso y aseguró la participación y la relevancia de los pueblos indígenas. Chile es un país que tiene una historia colonial de violencia en contra de los pueblos indígenas, y en este proceso constitucional fue posible que hubiera una representación de esos sectores. Por lo tanto, uno de los temas centrales de la discusión constitucional fue el reconocimiento de los pueblos indígenas, su derecho a participar políticamente en la sociedad chilena y el reconocimiento a sus derechos culturales, lingüísticos, a la restitución de tierras que fueron robadas por el Estado o por las corporaciones privadas. Esa ha sido una de las marcas más fuertes del proceso.
Por otro lado, ha sido un proceso muy crítico de la centralización de la política chilena en su ciudad capital, Santiago. Los miembros de la Convención Constitucional en su conjunto han ido a hacer sesiones a otras ciudades de Chile como una manera de reforzar ese compromiso con las regiones. Eso ha sido muy interesante, porque ha permitido que una institución política de carácter nacional pueda sesionar en otras ciudades; estamos acostumbrados a verlo en Santiago y en las ciudades del centro.
La ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución tuvo lugar en las Ruinas de Huanchaca, que es una antigua fundición de plata. Eso fue muy simbólico, porque representa la presencia en las regiones y el vínculo con los pueblos indígenas del norte (que no han sido históricamente reconocidos tampoco). El hecho de celebrar este acto sobre las ruinas de una industria asociada a la extracción, finalmente, fue en sí mismo una crítica al modelo basado en la extracción de materias primas y por lo tanto una fuerte destrucción del medio ambiente y de las comunidades.
Además, el hecho de que la presidenta de la Convención haya iniciado esa ceremonia hablando en lenguas indígenas de Chile, del territorio chileno, es muy significativo también porque significa un reconocimiento, al menos en el ámbito de lo lingüístico y lo cultural, de que existen pueblos que estaban aquí antes de la formación de la República de Chile, antes de la instalación de un Estado colonial.
Todos esos fueron grandes avances. Por supuesto, no resuelve todos los problemas. En este momento enfrentamos una nueva declaración de estado de excepción y de militarización del territorio mapuche en el sur: sigue habiendo muchas deudas del Estado de Chile con los pueblos indígenas. Pero al menos es una apertura a su reconocimiento y participación política.
NS
¿Nos puede explicar qué se excluyó de este borrador de la Constitución? Específicamente, nos gustaría ahondar sobre el artículo que le hubiera entregado al Estado de Chile el control exclusivo de los derechos de explotación de los recursos mineros. ¿Cuál es la importancia del cobre y el litio para la economía chilena?
PA
La economía chilena estaba basada fuertemente en la extracción y exportación de materias primas, particularmente de la industria forestal, de la industria agrícola y de la industria minera; el cobre es nuestro principal producto de exportación. Históricamente ha sido un producto que ha estado en manos de las empresas privadas, sobre todo de corporaciones multinacionales. Pero, desde la nacionalización del cobre en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ha habido una participación del Estado en la economía, y eso ha permitido el ingreso de dinero fundamental para financiar programas sociales en Chile.
En un contexto de crisis económica creciente, la disputa sobre quién controla y administra esos recursos y esos excedentes va a ser fundamental y cada vez más extrema. Vimos una resistencia muy fuerte por parte de los sectores neoliberales, de los sectores conservadores y de los sectores de derecha a la nacionalización de los recursos, porque por supuesto hay una disputa por el negocio, por quién puede controlar esas ganancias. Y, por lo tanto, a pesar de que la propuesta para nacionalizar los bienes de la minería y de otros recursos naturales tuvo un respaldo popular muy importante, hubo una oposición muy fuerte por parte de esos sectores y no se la pudo incluir.
De todas formas, lo que hay que tener siempre presente es que la Constitución no viene a resolver todos los problemas. Lo que hace es plantear una serie de elementos centrales de la disputa política de las próximas décadas. El cambio constitucional en Chile no cierra el proceso político. Todo lo contrario, lo abre, abre un nuevo momento.
Se acaba probablemente la transición a la salida de la dictadura y comienza un nuevo momento en la historia de Chile, donde estos elementos —la garantía de derechos sociales, una democracia paritaria y realmente participativa, el reconocimiento de los pueblos indígenas, y la disputa sobre la actividad económica del Estado para los recursos naturales, para tener una efectiva soberanía sobre esos recursos— van a ocupar un lugar central en la disputa política de los próximos años.
Entonces el control estatal sobre los recursos mineros es una tarea pendiente que no se va a resolver en esta Convención [Constitucional], pero va a quedar abierta.
AG
¿Cuál es el plan para hacer campaña entre las bases y lograr que esta Constitución se apruebe el 4 de septiembre? ¿Cómo va a conocer la población el contenido del texto? ¿Tiene usted alguna reserva respecto al contenido de esta nueva Constitución?
PA
En primer lugar, la campaña va a ser un proceso doble. Tenemos a un Gobierno que por suerte es favorable al cambio de la Constitución y por lo tanto va a respetar el deber público de comunicar esa nueva Constitución. Pero además es esperable que lo haga de manera favorable, por lo tanto va a haber campañas financiadas públicamente para eso.
Hay una movilización popular desde octubre de 2019 hasta ahora más o menos permanente. Es decir, miles de personas en comunidades, en barrios, en las ciudades y en los sectores rurales han estado trabajando, conversando y discutiendo sobre la nueva Constitución, y hoy día están con mucho entusiasmo por defender este proceso y por aprobarla. Por lo tanto, vamos a tener, además de las campañas públicas del Estado, campañas masivas y populares que van a difundir el contenido de la nueva Constitución.
Yo creo que va a ser un proceso muy interesante, donde se va a poner a prueba todo el tejido social que se ha ido construyendo en los últimos años y que va a catalizar nuevos procesos políticos en Chile. Van a surgir probablemente fuerzas políticas que se conviertan en defensoras de esta nueva Constitución más progresista, que garantiza derechos sociales, y que van a entrar a la disputa política. Yo creo que esta Constitución es sorprendente en lo progresiva que es en comparación con la Constitución que tenemos.
Creo que quedan pendientes cosas muy importantes. Una tiene ver con un mayor control sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden, que históricamente en Chile han encarnado una fuerza de violencia y de represión en contra de los pueblos, y por lo tanto el control civil es muy importante. Y, en segundo lugar, falta una garantía mucho más fuerte de que los recursos públicos van a ir a sistemas públicos de provisión de servicios como la salud, la educación, las pensiones, los derechos reproductivos; y que el sector privado, que hasta ahora ha sido el único beneficiario del milagro neoliberal en Chile, tenga un límite. Esa ganancia, ese lucro indiscriminado que tienen los sectores privados debe tener un límite, porque si no, no es sustentable una sociedad que sea beneficiosa para la mayoría.
Pero, de todas maneras, en la medida en que garantiza derechos sociales, la nueva Constitución abre un nuevo escenario para la sociedad chilena en su conjunto. Y en la medida en que garantiza procesos participativos, democráticos, abre una nueva etapa política en Chile también.
