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Un soldado agrede a un manifestante el Domingo Sangriento de 1972, cuando los paracaidistas británicos dispararon y mataron a civiles en una marcha por los derechos civiles en Derry City. (Frederick Hoare / Central Press / Getty Images)

Impunidad en Irlanda del Norte

Traducción: Valentín Huarte

El gobierno británico introdujo recientemente una legislación para amnistiar a los soldados que cometieron crímenes históricos en Irlanda del Norte. La ley es sólo el último ejemplo de un proyecto del gobierno británico de negar siglos de saqueo y atrocidades en Irlanda.

A diferencia de años anteriores, el reciente Discurso de la Reina no pasó desapercibido en Irlanda. Pronunciado por el coronel en jefe del Regimiento de Paracaidistas, cuyos soldados mataron a catorce personas en el Domingo Sangriento y a nueve en la Masacre de Ballymurphy, el Príncipe Carlos ofició de ventrílocuo para un ultimátum tory: los Problemas han terminado y nuestras tropas veteranas serán protegidas de demandas «vejatorias» que aleguen ilegalidad y crímenes de guerra.

Este ultimátum llegó en forma de un proyecto de ley sobre los Problemas de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación) que, prometiendo una amnistía condicional para los crímenes cometidos durante el período conocido eufemísticamente como los «Problemas», superó ayer su primer obstáculo en la Cámara de los Comunes por 285 votos a favor y 208 en contra, sin el apoyo de ningún partido con sede en el Norte de Irlanda.

El proyecto de ley de la vergüenza británica

Al día siguiente del discurso de la Reina, las familias de la masacre de Ballymurphy celebraron en silencio el primer aniversario de la histórica investigación que declaró a todas las víctimas «totalmente inocentes» más de cincuenta años después de que los medios de comunicación británicos publicaran historias creíbles, alimentadas por el Ejército británico, que presentaban a las víctimas civiles como pistoleros del IRA merecedores de la muerte.

¿Qué significa este proyecto de ley, entonces, para las familias de las víctimas, que protestaron ayer —en Derry, Belfast y Londres— contra lo que llaman el «proyecto de ley de la vergüenza» de Gran Bretaña?

«Es muy preocupante», explica John Teggart, que tenía 11 años cuando su padre recibió 14 disparos del Regimiento de Paracaidistas durante la masacre de Ballymurphy. Y agrega: «Han dejado muy claro que intentan ocultar los crímenes de guerra cometidos por actores estatales como el Ejército británico y los implicados en la dirección de los paramilitares, que eran agentes del Estado».

Si se promulga, el proyecto de ley amenaza con eliminar todas las formas de reparación legal: procedimientos penales, investigaciones, acciones civiles, investigaciones policiales e incluso investigaciones del defensor del pueblo de la policía.

El proyecto cumple tres funciones para los conservadores. Consigue el apoyo político de elementos nacionalistas ingleses nocivos y de los veteranos, al mismo tiempo que ataca desproporcionadamente a los republicanos irlandeses y protege a los veteranos, sienta un precedente de impunidad para futuros abusos de los derechos humanos derivados de las ocupaciones o guerras imperiales, y blanquea el pasado imperial de Gran Bretaña.

Más sorprendente aún que la hipocresía del ala militar del establishment británico, blasonada en las banderas ucranianas desde hace unos meses, es su continuidad de miras: el lawfare está a la orden del día de forma no oficial cuando las tropas británicas corren el riesgo de ser expuestas. 

Atrayendo las críticas de entidades tan variadas como el Congreso de EE.UU. y la ONU, Boris Johnson anunció el año pasado lo que era en realidad una burda amnistía general, que se remonta a los años 70, cuando tales amnistías —diseñadas por las dictaduras militares que se marchaban en América Latina— permitían la impunidad de sus líderes, exterminadores profesionales y torturadores en jefe. 

Los expertos consideran que se trata de una de las «formas de impunidad más amplias» jamás presentadas, que superan a la urdida por Pinochet tras dejar el poder. Lo que presenta Brandon Lewis (el Secretario de Estado para Irlanda del Norte) como una especie de avance histórico hacia la reconciliación no es más que un nivel inferior a la amnistía general, un intento explícito de proteger a los veteranos británicos de la persecución y la investigación.

Este proyecto de ley de amnistía condicional propone la creación de un nuevo organismo independiente (la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información) para llevar a cabo investigaciones, concediendo «inmunidad judicial, basada en la cooperación de un individuo con las investigaciones del organismo».

Además de prever audazmente el control directo del gobierno sobre los mecanismos propuestos por este organismo, los planes también parecen crear una asimetría de resultados, algo que muy pocos comentaristas han notado. 

La cláusula 19 (I) del proyecto de ley establece que una solicitud de inmunidad no será válida si el solicitante «tiene una condena por un delito relevante relacionado con los Problemas». Este proyecto de ley, por lo tanto, alcanza a miles de hombres y mujeres que cumplieron condenas de prisión en relación con la campaña del IRA —solo la pertenencia a la organización, hay que recordarlo, era un delito penal—, al tiempo que protege cuidadosamente del enjuiciamiento a muchos veteranos militares, que no tienen condenas similares en virtud de décadas de impunidad.

Ignorando su injustificación moral y sus dudas legales, esta amnistía condicional es especialmente atroz porque todos los principales partidos del Norte de Irlanda —por diferentes razones históricas— se oponen vigorosamente a ella, lo que la convierte en otra imposición arrogante y antidemocrática en Irlanda.

Boris Johnson señaló en el Parlamento que la amnistía representa un buen desenlace para la amenaza de los llamados «juicios vejatorios» de los veteranos de edad, al tiempo que arroja luz sobre su verdadero propósito: «permitir a la provincia de Irlanda del Norte trazar una línea bajo los Problemas…». En otras palabras, se trata de un intento de deshistorizar y descontextualizar el papel de Gran Bretaña en la colonización, partición y ocupación de Irlanda, amnistiando todo con la esperanza de que la historia se evapore.

Al abrir el debate de la segunda lectura del proyecto de ley en los Comunes, Lewis mintió (como han dejado claro los grupos de víctimas) al afirmar que su equipo ha pasado los últimos diez meses «escuchando el dolor y las perspectivas de personas de todos los puntos de vista y comunidades». 

Lo que no se dice es que estas opiniones proceden exclusivamente de los diputados alineados con los militares y de las organizaciones reaccionarias de veteranos. No se ha consultado debidamente a los grupos de víctimas. Los partidos de Stormont han sido excluidos de las discusiones. Los deseos de Dublín han sido desestimados con firmeza.

Un coro de condenas

Un grupo de académicos de la Queen’s University de Belfast, en un informe publicado a fines de mayo, lo considera «inviable, que incumple el Acuerdo del Viernes Santo y el derecho internacional vinculante…». La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte está convencida provisionalmente de que el proyecto de ley es «fatalmente defectuoso», incompatible con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por extensión, con la Ley de Derechos Humanos de 1998.

El Centro Pat Finucane señala, con razón, que las propuestas son en realidad peores que los actuales procesos legales «fragmentarios». Amnistía Internacional calificó los planes como «una amnistía de facto diseñada para hacer intocables a los autores de crímenes atroces».

En todo el espectro político del Sur y del Norte de Irlanda, las propuestas han sido objeto de críticas, desde las amonestaciones relativamente enérgicas del gobierno de Dublín hasta el ataque incisivo por parte de Michelle O’Neill, lideresa del Sinn Féin en Stormont, quien dijo que la legislación es un esfuerzo por «encubrir y cerrar cualquier investigación sobre la política estatal británica en Irlanda del Norte durante los últimos 50 años». 

A la inversa, por motivos antirrepublicanos, Gavin Robinson, en nombre del DUP, reiteró la oposición de su partido a cualquier forma de amnistía argumentando que conduce «un carruaje y caballos a través de la búsqueda de la justicia». Incluso en el mundo de las ONG y de los políticos, que se muestran tan cautelosos, el consenso es claro. 

Pero además de tratar a las víctimas con desprecio, esto forma parte de una amplia estrategia «para distorsionar la imagen de un pasado colonial y la realidad del presente neoimperial de Gran Bretaña». No es de extrañar, pues, que estas propuestas llegaran con la promesa de «una historia oficial relativa a los Problemas» que, por suerte, ha atraído las burlas de muchos historiadores.

Pero, ¿cómo se han transformado los años de exaltación del culto militar tory en una amnistía general, que luego ha pasado a ser una amnistía condicional? Para responder, primero debemos recapitular los enfoques recientes de las llamadas cuestiones de legado en el norte de Irlanda.

En 2015, el Acuerdo de la Casa de Stormont abrió ligeramente la puerta a un enfoque independiente, tratando de introducir mecanismos largamente esperados para tratar las acusaciones de ilegalidad. El acuerdo estipulaba que se podían emprender acciones judiciales, pero hacía hincapié en la necesidad de crear archivos históricos de rendición de cuentas no vinculantes jurídicamente.

A partir de esto se creó la Unidad de Investigaciones Históricas, un nuevo organismo independiente que asumió el manto de la investigación de las muertes relacionadas con los Problemas de una unidad del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, el Equipo de Investigaciones Históricas (HET), que estaba claramente comprometido dada su relación con el Estado. 

Sin embargo, probablemente podemos rastrear el giro de los conservadores hacia la amnistía desde antes del Acuerdo de Stormont. En 2014, la entonces secretaria de Irlanda del Norte, Theresa Villiers, denunció un «enfoque unilateral que se centra en la minoría de muertes en las que el Estado estuvo involucrado». 

Pero, como señaló Daniel Finn, el HET había completado en 2017 las investigaciones de 1615 casos sin resolver en los que casi dos tercios de esos casos se atribuían a los republicanos. «En la medida en que ha habido un enfoque en el historial del Estado en algunas investigaciones de alto perfil —escribe Finn—, eso simplemente refleja el historial previo de impunidad».

Enterrar la verdad

Impulsado por un resurgimiento del nacionalismo inglés ejercido por el Brexit y sus efectos concomitantes en la composición ideológica del Partido Conservador, este proyecto de ley es el último de una serie de legislaciones autoritarias. A pesar de las intenciones del partido conservador, este proyecto irónicamente arrastra tanto a la política de la historia como a la historia de la política al presente.

Martin Flaherty, un estudioso de la legislación sobre derechos humanos, seguramente tiene razón al decir que una amnistía en Irlanda es un intento deliberado de proteger a los soldados británicos que cometieron atrocidades en Irak o Afganistán para que sean procesados o incluso investigados. 

Aunque la trascendental Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica ha sido citada como modelo en el que basar la amnistía condicional, en el contexto sudafricano prevalecía una prueba de revelación completa, en la que se celebraban audiencias cuasi judiciales de alto nivel y accesibles en las que un juez determinaba ante las víctimas, que podían impugnar la concesión de la amnistía condicional, si una persona revelaba plenamente la verdad. 

Independientemente de sus defectos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al menos se esforzaba por hacer honor a su nombre. En este caso, ocurre lo contrario: se trata de un esfuerzo conservador claramente oportunista por enterrar la verdad, dejando pudrir las viejas heridas sin tratar. 

En un contexto de proliferación de la represión, estos acontecimientos son sombríamente predecibles. Los recientes movimientos legislativos del partido tory, que se apresuran a apelar a los diversos brazos del Estado militar, no pueden desvincularse de su actual política exterior y sus ambiciones geopolíticas. Por ejemplo, Johnson ha aprobado un aumento de 16 500 millones de libras en el gasto de defensa, una parte del cual la RAF espera utilizar para los despliegues en el llamado Indo-Pacífico, donde Gran Bretaña se esfuerza por conseguir la hegemonía del siglo XXI. 

El Reino Unido también ha aprobado una serie de leyes para facilitar y evitar el retroceso de sus operaciones encubiertas. La Ley de Fuentes de Inteligencia Humana Encubiertas, también conocida como la Ley de Policías del Cielo, otorga a los agentes británicos encubiertos la capacidad de asesinar, violar y torturar sin consecuencias, mientras que la Ley de Operaciones en el Extranjero da luz verde a los soldados británicos para cometer crímenes de guerra. Como subraya Oliver Eagleton, «todo esto apunta a las ambiciones neoimperiales que, al igual que bajo Blair, son más que meramente gestuales».

Aunque también hay que defender a los grupos de víctimas, la izquierda británica, históricamente muda y equivocada en cuestiones irlandesas, debe señalar y elaborar las explicaciones materialistas e ideológicas de esta y otras facturas similares. 

En otras palabras, las historias personales deben complementarse con un análisis estructural del Estado británico. Aunque la correlación de fuerzas extraparlamentaria está en contra del Partido Conservador, no debería esperarse automáticamente un cambio de rumbo en los proyectos de ley relacionados con los derechos humanos, como nos ha enseñado la historia reciente.

Sin embargo, John Teggart se mantiene desafiante, expresando las luchas de las familias de Ballymurphy en el lenguaje de la guerra de clases. Comparando las luchas de las campañas de Grenfell y Hillsborough con las suyas, reconoce que el proyecto de ley forma parte de una constelación más amplia de batallas de guerra cultural que se están librando contra grupos activistas, organizaciones de derechos humanos y activistas como él.

«Algunas personas se centran demasiado en este proyecto de ley y pasan por alto otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos que los conservadores intentan imponer», afirma Teggart. «Están presentando todos estos proyectos de ley para contrarrestar cualquier forma de protesta o de pedir cuentas al Estado».

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