El Movimiento Brasil Libre (MBL) entra en la categoría de los nuevos movimientos de la derecha brasileña. El grupo se destaca no solo por defender un proyecto privatista y fundamentalista de mercado, sino también por hacerlo a través de una militancia antizquierdista fundada en los ataques y la polémica. No es de extrañar, pues, que el MBL fuera uno de los líderes de la campaña para el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff.
Otros momentos emblemáticos del movimiento fueron su movilización contra el «arte inmoral» de la exposición Queermuseu, su denuncia de una «ideología de género» representada por la lucha por los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT y su cruzada contra el «victimismo» del movimiento negro en defensa de las cuotas raciales. El MBL también ve «adoctrinamiento marxista» en todas partes, y la Escola Sem Partido es el buque insignia de las acciones de sus militantes.
En conjunto, estas agendas fueron suficientes para convertirlos en un importante exponente de una guerra cultural en Brasil, que contribuyó a la campaña victoriosa de Jair Bolsonaro, a quien ofrecieron «apoyo crítico». Desde entonces, el movimiento, incluidos sus parlamentarios elegidos, ha actuado de forma convergente en sus agendas centrales: la agenda de Paulo Guedes sobre la economía y la del exministro Sérgio Moro sobre la política criminal.
Más armas, menos libros
A pesar de este apoyo crítico, el MBL y el bolsonarismo convergen directamente en varios puntos. La liberación de la posesión y el porte de armas es solo uno de ellos. Kim Kataguiri, el líder más destacado del movimiento, está orgulloso de tener a Benedito Barbosa como referencia. Barbosa es un aclamado «especialista» en política de seguridad pública y armamento que, a su vez, tiene como referencia el modelo estadounidense. Sus argumentos son sencillos: el Estatuto de Desarme habría sido un completo fracaso porque desarmó a los buenos ciudadanos, dejándolos indefensos frente a los delincuentes armados. El armamento de los buenos ciudadanos tendría un efecto intimidatorio sobre la criminalidad, siendo así una medida eficaz contra la violencia. El derecho a las armas se trata como un «derecho natural» vinculado a la autodefensa.
La política armamentística del grupo ignora los efectos negativos que provoca la proliferación del stock y la circulación de armas en una sociedad. El Instituto Sou da Paz, una ONG que lleva más de 15 años trabajando para reducir la violencia en Brasil, señala que el Estatuto de Desarme fue un factor importante para revertir el rápido crecimiento de las muertes por arma de fuego en el país. Según datos del Mapa de la Violencia 2015, entre 1993 y 2003, la tasa de muertes relacionadas con armas de fuego por cada 100 000 habitantes creció aproximadamente un 6,9% anual. Esta tendencia comenzó a invertirse a partir de 2004, con una caída del crecimiento al 0,3% anual. Otra encuesta realizada en 2000 por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo y el Instituto Brasileño de Ciencias Penales (IBCCRIM) señaló que la existencia de armas en los hogares contribuye a las muertes durante los ataques a la propiedad.
No es que la MBL se encogiera de hombros ante un argumento basado en la evidencia. El movimiento presenta indicaciones en sus discursos, pero éstas no son coherentes con la producción académica sobre los temas. En lugar de ver una contradicción en esto, el movimiento busca descalificar las conclusiones científicas como resultado de los centros universitarios afectados por una «infiltración gramsciana» destinada a socavar las bases del conocimiento basado en la tradición «judeo-cristiana», como predica constantemente el polemista Olavo de Carvalho.
El propio Benedito Barbosa defiende en su libro Mentiram para mim sobre o desarmamento (Vide, 2015), que el desarme es una ideología de dominación del Estado sobre los individuos fruto de una conspiración internacional de izquierdistas. Cuando se utilizan referencias científicas, se seleccionan de acuerdo con el propósito. Tal es el caso de la cita del economista John Lott Jr, cuya larga trayectoria en la defensa de leyes laxas sobre la portación de armas le ha convertido en el brazo ideológico de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Estados Unidos, una organización siempre a mano para el lobby antirrestriccionista. Lott Jr. es el blanco de las críticas del Foro Brasileño de Seguridad Pública y de sus investigadores, cuyos análisis apuntan a una correlación positiva entre menos armas y menos delitos con armas.
Un paquete penitenciario
La trampa del uso de datos para justificar políticas aparentemente lógicas se repite también cuando se trata del encarcelamiento. Roberto Motta, activista del MBL y uno de los principales asesores del exgobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, se basó en el trabajo de un economista estadounidense para argumentar que más cárceles reducen la delincuencia.
El economista Steven Levitt sostiene en un artículo de 1996 que existe una relación de causa-efecto entre el aumento de las tasas de encarcelamiento y la disminución de las tasas de delincuencia registradas, lo que respaldaría la supuesta eficacia de las prisiones para reducir la delincuencia. Sin embargo, al revisar y desarrollar sus tesis, en otro artículo de 2004, Levitt admite que su hipótesis es incapaz de explicar la correlación inversa en otro periodo de análisis. El conjunto de pruebas en el que se basa el MBL es tan endeble que incluso Levitt ha reducido las incongruencias de sus conclusiones como parte de un «enigma».
Entre los criminólogos y sociólogos de la violencia, el consenso es el opuesto al propagado por la MBL: la tasa de encarcelamiento no tiene ninguna relación causal con la reducción de la tasa de criminalidad encontrada. Incluso hay casos empíricos que atestiguan todo tipo de relaciones: positivas, negativas y neutras. Según el Departamento Penitenciario Nacional, de 1990 a 2016 la población penitenciaria brasileña aumentó un 707% (de 90 000 a 726 000), y su tasa por cada 100 000 habitantes creció un 477% (de 61,1 a 352,8).
La política penitenciaria brasileña es un desastre en la lucha contra la delincuencia. Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, autores de A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil (Todavia, 2018), sostienen que el modelo de encarcelamiento masivo en Brasil, con un promedio de hacinamiento de alrededor del 200% y condiciones degradantes en la cárcel, está en la base del fortalecimiento de facciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV). Los grupos criminales se aprovechan de este estado de cosas para atraer a nuevos reclusos, gestionar el caos carcelario y mantener un lucrativo negocio en torno a las drogas criminalizadas arbitrariamente. El mercado de la droga funciona con una lógica que promueve las masacres entre facciones rivales que se disputan la hegemonía, lo que constituye una de las principales razones del aumento de la tasa de homicidios en el noreste en los últimos años.
Además de la intensificación de la tragedia y la violencia que la multiplicación de las armas nos traerá a todos, la política policial del MBL es digna de una película de terror. Como si no fuera suficiente la altísima letalidad policial en el país, especialmente con estados en permanente «guerra contra las drogas», como Río de Janeiro, la ideología punitiva del sentido común distorsiona incluso la realidad de las acciones policiales. El discurso habitual es que los policías mueren porque no pueden defenderse adecuadamente. El problema radica en los defensores de los derechos humanos que persiguen implacablemente a los policías y exigen castigos injustos para corporaciones enteras.
Por eso la alianza entre el MBL y Moro ha promovido paquetes de medidas contra la delincuencia con la presunción automática de inocencia para los policías que maten en acto de servicio. La policía brasileña ya disfruta de un encubrimiento estructural a través de los «autos de resistencia». La investigación del delegado Orlando Zaccone sobre este tema es de interés, ya que analiza cerca de 300 solicitudes de los fiscales para presentar estos informes. Según él, el discurso de la fiscalía toma partido por los policías implicados y pone el foco en las características del lugar del suceso, especialmente los territorios de las favelas, y en los antecedentes penales de la víctima; es decir, «se investigan los muertos, no las muertes». Esta impunidad puede intensificarse aún más con una política criminal diseñada sin preocuparse por las pruebas concretas.
Eficacia en la promoción del daño
La coalición de nuevos actores de la derecha que viene gobernando Brasil defiende una concepción bélica de la seguridad pública que prioriza el enfrentamiento militarizado en el control de la delincuencia y expone a las fuerzas policiales a un grave riesgo de muerte, la verdadera razón de la elevada tasa de mortalidad policial. Lo mismo ocurre en relación con el «buen ciudadano», que por llevar armas y apuntar a la autodefensa acaba siendo más vulnerable a la letalidad criminal que si estuviera desarmado.
El MBL invierte en la narrativa simplista de enfrentar el crimen por la fuerza bruta porque esto funciona como un discurso electoral. Después de las elecciones, la materialización del discurso en la política criminal es ineficaz en la propuesta de reducir la inseguridad pública y genera una espiral de violencia que afecta tanto a la fuerza policial como a la población civil. Estos actores refutan a los defensores de los derechos humanos acusando a la izquierda de manipulación ideológica «gramsciana», pero es su propia distorsión ideológica de las razones y circunstancias de la criminalidad lo que pone en riesgo a la sociedad.
La defensa del hiperencarcelamiento como la mejor respuesta a la violencia sirve para ocultar su verdadera función de criminalización racista de la pobreza. El énfasis en los delitos contra la propiedad y el pequeño comercio de drogas promueve la supremacía de la propiedad privada, al tiempo que resta importancia a los delitos violentos de los hombres contra las mujeres y de los empresarios contra los trabajadores y el medio ambiente. Su objetivo es ocultar a toda costa que las principales víctimas de la violencia urbana no pertenecen a la asustada clase media blanca, sino que se trata de jóvenes negros de la periferia atrapados en un círculo vicioso de marginación y vulnerabilidad social.
Cuando Kim Kataguiri publicó un vídeo en YouTube en el que habla de Karl Marx como si estuviera vivo en el siglo XX, es difícil no reírse o debatir los errores de la derecha que promueve intensamente el pánico moral contra un supuesto marxismo cultural. No se puede ignorar que, por muy desprevenidos que parezcan, las tácticas del MBL y sus aliados han ido funcionando una tras otra, con consecuencias irreparables para la sociedad. Hay que decir que distorsionan los hechos y mienten sobre la izquierda, pero eso no significa que no tengan un proyecto.
Lo que puede parecer una mera negligencia o falta de capacidad de gestión solo se produce porque el efecto de esta situación es exactamente el deseado. El permanente fracaso en la consecución de los objetivos declarados es deliberado, porque reproduce las condiciones para seguir intensificando el programa punitivista, militarista y armamentístico como la solución que algún día tendrá éxito. Mientras tanto, se promueve un control funcional para perpetuar las dominaciones estructurantes de la sociedad brasileña. Su política criminal es débil y por eso, a efectos de la derecha, tan fuerte.
Este texto fue publicado en la primera edición en papel de Jacobin Brasil, «Marx & Companhia», disponible aquí.
