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El diputado catalán Albert Botran habla en un pleno en el Congreso de los Diputados el 15 de marzo de 2022 en Madrid, España. (Foto: Jesús Hellín / Europa Press vía Getty Images)

Espionaje político contra el independentismo catalán

Albert Botran es un diputado catalán cuyas comunicaciones fueron espiadas por el Estado español mediante un programa de la empresa israelí NSO Group. Escribe para Jacobin sobre cómo el escándalo es una muestra del control duradero que las fuerzas antidemocráticas ejercen sobre las instituciones del país.

En junio de 1995 se destapó el escándalo de las escuchas masivas a políticos españoles por parte de la agencia de inteligencia CESID, lo que llevó a la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, del entonces ministro de Defensa, García Vargas, y de Emilio Alonso Manglano, que había dirigido el servicio secreto durante catorce años. El asunto fue un factor que contribuyó a la caída del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que terminó perdiendo las elecciones al año siguiente. Aquel escándalo tuvo consecuencias porque las personas espiadas eran miembros de la élite política y empresarial española, incluido el mismo rey.

Sin embargo, otras tramas de espionaje político han tenido muchas menos consecuencias, especialmente si las víctimas pertenecían a los movimientos independentistas vascos o catalanes. España se presenta como una democracia ejemplar, pero persisten continuidades con el franquismo, especialmente en las fuerzas policiales, el Ejército y el poder judicial. El Régimen del 78 —así llamado por el acuerdo institucional que siguió a la muerte de Franco— se fundó de forma que se evitara cualquier ruptura, lo que ha transmitido una cultura política autoritaria y un fuerte nacionalismo en muchos ámbitos del poder estatal.

Uno de los pilares de esta continuidad fue la monarquía, restablecida por Franco: Juan Carlos I contó en una ocasión que el dictador, poco antes de morir, le había ordenado que su prioridad debía ser la unidad de España. Así que todo vale para preservar esa unidad. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial lo dejó claro ya en 2017, en vísperas del referéndum independentista catalán: la unidad de la nación española «es un mandato directo para los jueces».

Ahora se ha revelado que el Estado español ha espiado sistemáticamente las comunicaciones de los políticos catalanes, incluidos los actuales diputados. Se han malversado recursos públicos (la contratación de Pegasus ha costado millones) para el espionaje ilegal, ya que no tiene autorización judicial. Unas sesenta y cinco personas, probablemente más, han sido espiadas mediante un programa de la empresa israelí NSO Group, que solo se vende a los Estados. No hay duda, pues, de quién está detrás.

La verdad ha llegado desde fuera: han sido un instituto canadiense, Citizen Lab, y un medio de comunicación estadounidense, The New Yorker, los que han destapado el escándalo. En cambio, hasta la fecha, no hemos recibido ningún tipo de amparo o solidaridad por parte de las instituciones españolas, ni tan siquiera de aquellas de las que algunos de los espiados somos miembros electos. Mi trabajo como diputado en el Congreso español ha sido expuesto: conversaciones, archivos y todo lo que implica mi día a día y, en consecuencia, también el de otros diputados. Eso no parece preocupar al Gobierno español ni a la Presidencia del Congreso, puesto que para ellos la unidad de España es m{as importante que la democracia.

Tampoco podemos esperar nada del poder judicial español: su falta de independencia ya quedó demostrada en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes en 2017-19. El año pasado, la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa le propinó un duro correctivo a este proceso judicial, aprobando un informe que, entre otras cuestiones, señalaba que «algunos pasajes de la sentencia del Tribunal Supremo parecen ilustrativos de la dificultad de justificar la presencia de violencia como exige el delito de sedición», a la vez que criticaba este tipo penal por «obsoleto y excesivamente amplio para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos». El Gobierno español del PSOE y de Unidas Podemos se puso al frente de la lucha contra esto promoviendo los indultos. Sin embargo, el delito de sedición seguirá como estaba, sin ser derogado: una herramienta en manos de los jueces conservadores que podrán volver a utilizarlo con fines políticos.

Entre los espiados también hay abogados, periodistas, activistas y científicos. El Colegio de Abogados de Barcelona ya se ha pronunciado: lo revelado por Citizen Lab y The New Yorker «puede representar una grave invasión de derechos fundamentales y una intolerable afectación del derecho de defensa y del deber de secreto profesional», y por ello ha exigido «explicaciones públicas inmediatas» al Gobierno español. El caso ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación catalanes, así como un considerable impacto en los medios internacionales. Los medios españoles han sido los últimos en llegar, pero ahora también se hacen eco del escándalo.

El espionaje político no es exclusivo de España. El Watergate en Estados Unidos es emblemático de un fenómeno que ha afectado a democracias parlamentarias consolidadas como Alemania, Francia o Reino Unido. Pero en nuestro caso, el «Catalangate» se suma a la tradición represiva del Estado español de frustrar nuestra demanda democrática: poder votar sobre nuestro futuro político y construir una República independiente.

Ha habido casos anteriores de espionaje, como la conocida como «Operación Cataluña«, que buscaba obtener datos para difamar a los líderes independentistas. Ha habido, como se ha dicho, un juicio injusto. Más de tres mil personas se enfrentan actualmente a procesos judiciales derivados de la lucha independentista. Y el día del referéndum se utilizó la violencia policial contra votantes indefensos. Es de esperar que un gobierno del conservador Partido Popular y del ultraderechista VOX endurezca aún más la represión, puesto que la ultraderecha menciona con frecuencia su intención de ilegalizar los partidos políticos independentistas, un caso que en España ya cuenta con el precedente vasco.

Las élites españolas se resisten a las demandas mayoritarias del pueblo catalán. El Régimen del 78 sigue funcionando como un sistema oligárquico para el cual nuestro proyecto republicano supone una clara amenaza. Y por eso utilizan todo tipo de recursos represivos, demostrando la continuidad de un Estado profundo que no ha cambiado desde Franco.

En vísperas del referéndum de octubre de 2017, Julian Assange declaró que el proceso de Catalunya sentaría un precedente «sobre el tipo de democracia que veremos en Europa y en el mundo occidental». La lucha catalana por la independencia sigue abierta y continúa siendo parte de esta batalla más amplia por el futuro de la democracia.

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