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Foto: Nicolas Pousthomis.

Qué queda de 2001

La rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcó la vida de todos. Desde aquellos días de furia y angustia a este presente con pocas esperanzas parece haber pasado mucho tiempo. Sin embargo, cada diciembre un fantasma recorre Argentina. ¿Qué queda de 2001?

El 2001: crisis e insurrección

  • El 2001 como crisis de dominación

La crisis de 2001 fue el modo en que se desarrolló la crisis del neoliberalismo en Argentina. El neoliberalismo es un modo de dominación política que estructura la subordinación de las mayorías populares a través de la extensión e intensificación de la competencia. De ese modo, transforma los mecanismos de mercado en medios de desmovilización de la clase obrera y de individualización de los comportamientos sociales. En particular, el neoliberalismo fue una respuesta a la contradicción entre acumulación y legitimación.

La reestructuración capitalista en el país, desplegada desde 1976 pero y desarrollada y completada durante la década del noventa, fue el capítulo local de un proceso de reestructuración e internacionalización del capitalismo a escala mundial. Su resultado fue la internacionalización subordinada de la economía argentina —que profundizó el desarrollo desigual y combinado y la tendencia a crisis externas— y la erosión de los mecanismos de integración política.

Por un lado, la dinámica de acumulación pone límites restrictivos a la mejora en los niveles de empleo, salario, distribución del ingreso y movilidad social durante las fases expansivas (pisos altos de empleo informal, desempleo y pobreza, límites estrechos al aumento del salario real) y tiende a crear fenómenos de empobrecimiento masivo (absoluto y relativo) de obreros y sectores populares durante las fases de crisis. Por otro lado, la internacionalización del capital a nivel global y la internacionalización subordinada de la economía local debilitan la capacidad del Estado para regular la acumulación y para incorporar demandas populares. La desmovilización por vía de la coerción mercantil adecuaba las demandas populares a los límites que imponía el modo de acumulación.

Sin embargo, desde 1996 y 1997 se inició un proceso de movilización que abarcó a las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, ocupados formales (en particular, docentes y estatales) y a las «clases medias» de la ciudad y del campo. A diferencia de las resistencias a la ofensiva neoliberal de la primera mitad de los años 90, que pudieron ser aisladas y derrotadas, las luchas sociales desarrolladas durante este período mostrarían una gran capacidad de generalización —darían lugar a un ciclo de protesta—, crearían un repertorio de formas de lucha (el corte de ruta, los cacerolazos, los ataques y ocupaciones de edificios públicos, los acampes masivos en espacios públicos, etc.) e impondrían un conjunto de demandas en la agenda pública.

Desde el último trimestre de 1998 se iniciaba una crisis económica producto de la acumulación de desequilibrios de la economía local y de una ola de crisis que sacudía a la periferia. En ese contexto, la convertibilidad monetaria, que articulaba el mecanismo neoliberal de disciplinamiento vía mercado, imponía una salida deflacionaria de la crisis: ajuste fiscal y baja nominal de precios, acompañados de una reducción aun mayor de los salarios nominales.

La Alianza (coalición compuesta por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, un frente de peronistas disidentes y expresiones diversas de la centroizquierda) llegó al gobierno en diciembre de 1999 expresando exigencias contradictorias: sostener el régimen de convertibilidad monetaria y dar respuestas a un conjunto de demandas populares sintetizadas en las consignas de educación y trabajo. A medida que el gobierno intentaba avanzar en el ajuste deflacionario, enfrentaba una creciente movilización popular que bloqueaba la ofensiva neoliberal y agravaba la crisis. Se abría, así, la contradicción entre acumulación y legitimación. En octubre, las elecciones de medio término mostraban altos niveles de abstención, voto en blanco e impugnado, particularmente en los grandes centros urbanos. El llamado «voto bronca» daba cuenta del desarrollo de una crisis de representación.

Para fines de noviembre de 2001, Argentina perdía el financiamiento internacional, la fuga de capitales era incontenible y, en un esfuerzo desesperado por evitar la crisis bancaria y sostener la convertibilidad, el gobierno imponía límites al retiro de los ahorros de los bancos. La desmonetización abrupta de la economía en un marco de desempleo creciente y de altos niveles de informalidad tuvo efectos catastróficos sobre las fracciones más empobrecidas de la clase obrera, la pequeña producción y el pequeño comercio. El disciplinamiento monetario terminaba de quebrarse en la medida en que amplias capas de la población enfrentaban una crisis de reproducción; solo entre los ocupados del sector privado formal conservaba alguna eficacia parcial. Pero, aun allí, los altos niveles de sindicalización y de cobertura de los convenios colectivos de trabajo funcionaron como un límite a la baja del salario nominal y a los últimos intentos de aplicación de una reforma laboral cuyo objetivo central era forzar la renegociación de los convenios colectivos de trabajo y posibilitar acuerdos a nivel de empresa (el episodio culminó en escándalo de corrupción que fracturó a la Alianza y la reforma, que no llegó a tener aplicación efectiva, sería finalmente derogada durante el primer gobierno kirchnerista).

  • El 2001 como acontecimiento: de la protesta a la insurrección

Pero el 2001 argentino es, ante todo, la insurrección popular que tuvo lugar los días 19 y 20 de diciembre.

A partir de los primeros días de diciembre se desarrollaría un ciclo de protestas del que participarían todos los grupos sociales subalternos, aunque no del mismo modo ni con la misma intensidad. En particular, los obreros ocupados mantuvieron mayoritariamente una posición de repliegue. Pese a ello, el papel del movimiento sindical sería de gran relevancia: el 13 de diciembre, una huelga general convocada por todas las centrales sindicales montaría el escenario para numerosos cortes de ruta y cacerolazos. Esta medida contó, además, con la adhesión de comerciantes y pequeños empresarios de la ciudad y el campo. En los días que siguieron a esa huelga, los asalariados ocupados no abandonaron las calles, pero se movilizarían mayormente como individuos, como parte de la masa socialmente indiferenciada de «vecinos», «ciudadanos» o simplemente «la gente».

Más que una articulación de demandas y de protestas, lo que se produjo fue una yuxtaposición, fundamentalmente temporal, de formas de protestas y demandas muy diversas, en las que tendió a predominar la ausencia de organización de los manifestantes. Desde fines de octubre, las huelgas de docentes y estatales venían reduciéndose, y las luchas de los movimientos sociales, que habían alcanzado un alto grado de centralización entre agosto y setiembre, se descentralizaban y fragmentaban. Al mismo tiempo, los ahorristas protestaban en la puerta de los bancos y los comerciantes y vecinos se hacían escuchar todas las noches en los cacerolazos. Entre el 13 y el 14 de diciembre comenzaban los saqueos a comercios en distintas provincias. El 18 llegaban al conurbano bonaerense. De lo que se trataba era de un ciclo de protesta de masas que abarcaba un amplio espectro de sujetos y demandas pero que, al mismo tiempo, presentaba un bajo grado de organización y articulación.

El proceso manifestaba de ese modo el impacto de la desmovilización obrera y de la individualización de los comportamientos sociales durante la ofensiva neoliberal. Pero también —y hasta cierto punto es otro aspecto del mismo fenómeno— ponía de manifiesto la profunda crisis de representación que se desarrollaba en un conjunto de protestas marcadas por el rechazo de la política. Estos rasgos determinarían dos cosas: primero, el carácter predominantemente negativo de las demandas, condensado por el «que se vayan todos» del cacerolazo del 19 de diciembre; segundo, que la capacidad de bloqueo de la vía deflacionaria de salida de la crisis no abriera paso a la articulación de una alternativa política por parte de los grupos sociales movilizados.

El 19 de diciembre, desde la mañana, los saqueos en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario eran numerosos y masivos. Pero durante la noche se produciría un hecho decisivo. Frente a la declaración del estado de sitio por parte del gobierno nacional, se producía un cacerolazo masivo y una movilización a Plaza de mayo de las «clases medias» de la Ciudad de Buenos Aires (si bien se desarrollaron movilizaciones en otras provincias, no tuvieron la masividad que mostro aquella). Se trató de un hecho decisivo por dos razones. La primera es que dio inicio a la insurrección popular: si los saqueos se dirigían a los comercios, la movilización de la noche del 19 se dirigió al poder político.

La segunda razón es que la movilización de las clases medias de la Ciudad de Buenos Aires marcó la diferencia específica entre 2001 y 1989. En mayo y junio de 1989, en el marco de la crisis hiperinflacionaria, se desarrollaron saqueos a comercios y la respuesta del gobierno nacional fue también la declaración del estado de sitio. Sin embargo, el estado de sitio no fue desafiado y se impuso una demanda de orden que sería esencial en la construcción de la dominación neoliberal. Los cacerolazos y, sobre todo, la movilización a Plaza de Mayo del 19 de diciembre de 2001, bloqueó la reedición de una salida de ese tipo.

La represión en la madrugada del 20 de diciembre daría lugar a un repliegue temporario de los manifestantes. En la mañana del día 20 comenzaban a reunirse nuevamente grandes contingentes de personas en la Plaza de Mayo y pronto se iniciaban los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad por el control del lugar. Sin embargo, entre la noche del 19 y la mañana del 20 la composición social de los manifestantes había cambiado. Las «familias de clases medias» movilizadas con sus cacerolas el 19 habían sido reemplazadas por miles de jóvenes —estudiantes, ocupados y desocupados— y empleados de oficinas y del Estado que confluyeron con militantes de sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda.

En la retaguardia se observaba la presencia de organizaciones sindicales y políticas, identificadas con banderas y pancartas. Sin embargo, el carácter inorgánico y masivo siguió predominando, al igual que el rechazo a los partidos políticos. Aun entre los grupos más combativos, los militantes fueron rechazados en varias ocasiones cuando se presentaban con banderas partidarias. Por su composición social y por los modos de participación en los enfrentamientos (que incluyeron el armado de barricadas y el ataque a edificios públicos y a locales comerciales y oficinas, fundamentalmente de capital bancario, empresas privatizadas y capital extranjero), los hechos del 20 de diciembre se emparentan con las protestas de trabajadores y habitantes del interior del país —los llamados «estallidos provinciales» o «puebladas»— y con las luchas de desocupados, estudiantes universitarios y trabajadores estatales durante 2001.

Sin embargo, los asalariados no participaron en tanto clase de los acontecimientos sino que lo hicieron, al igual que en el cacerolazo del 19, como parte de la masa indiferenciada, solo que su composición popular fue la que le dio el tono dominante. Este cambio de la composición social de los manifestantes es un segundo hecho decisivo. Si bien los saqueos a comercios, la movilización del 19 de diciembre y los enfrentamientos callejeros del 20 son parte de un mismo proceso de insurgencia popular, en la diversidad de las demandas y de las formas de intervención se desarrollaba una disputa sobre los significados de la protesta. Los hechos del 20 de diciembre, afines al ciclo de cortes y puebladas iniciado en la segunda mitad de los años noventa, dieron predominio a un conjunto de demandas democrático-populares y subordinaron aquellas que se orientaban hacia una agenda de reforma institucional (corrupción, independencia judicial, etc.). La prolongación de este proceso en las luchas de 2002 sería la base para la recomposición neopopulista de la dominación desde 2003.

La insurrección del 19 y 20 de diciembre de 2001, por lo tanto, fue un acontecimiento y, por otro lado, el resultado de todo un ciclo de luchas sociales. Se trató de un acontecimiento porque produjo un quiebre en las relaciones de fuerzas sociales. De la derrota de 1989 —que abrió el paso a una ofensiva contra la clase obrera y los sectores populares desde el Estado hasta el lugar de trabajo— al bloqueo del ajuste deflacionario que terminó con la convertibilidad en 2001, transcurrieron un sinfín de pequeñas victorias, una acumulación molecular de fuerzas desde mediados de los años 90. Pero eso no era suficiente: se necesitaba el salto, la ruptura, y la insurrección de 2001 fue también eso. Por esa razón, la insurrección de 2001 no dio simplemente continuidad a aquel ciclo de recomposición, sino que lo expandió cualitativamente durante el período de posconvertibilidad.

Lo que queda de 2001

  • La recomposición neopopulista de la dominación: integración de la clase obrera y ruptura con las “clases medias”

Tras la caída del gobierno de la Alianza se abrió una fase de crisis política que recién llegaría a su término durante 2003. Con la asunción como presidente de Néstor Kirchner en mayo de ese año tendría lugar una estrategia neopopulista de recomposición de la dominación. Si bien entre 2003 y 2005 el nuevo gobierno logró articular una coalición política que incluyó al movimiento sindical, los movimientos sociales y las «clases medias», algo inédito en la historia argentina reciente, esa experiencia culminó rápidamente después de las elecciones de medio término de 2005.

La contradicción entre una estrategia orientada a la incorporación política de demandas populares sobre la base del proceso de reestructuración capitalista de las décadas previas enfrentó pronto al gobierno con la tensión entre acumulación y legitimación. El gobierno desplegaría entonces una estrategia neopopulista centrada en el doble desplazamiento de esa contradicción. En primer lugar, su desplazamiento hacia el futuro, a través de la reducción del superávit fiscal primero, del déficit después y tensionando las relaciones con la clase dominante en una disputa por el excedente. El resultado sería la inadecuación entre política económica y modo de acumulación que llevaría a crecientes desequilibrios y a un escenario de alta inflación. En segundo lugar, su desplazamiento espacial, es decir, el desplazamiento del antagonismo entre capital y trabajo a la oposición pueblo-grupos económicos, pueblo-Clarín, etc.

La estrategia neopopulista tuvo dos consecuencias que alteraron profundamente las condiciones que posibilitaron la alianza en los hechos entre sindicatos, movimientos sociales y «clases medias» de diciembre de 2001. En primer lugar, durante los gobiernos kirchneristas el proceso de recomposición de la clase obrera continuó pero a través de un proceso de institucionalización. La fractura de la clase obrera entre formales e informales se desarrolló en el seno del Estado por medio de la segmentación de los mecanismos de integración institucional. Por un lado, la integración institucional de los movimientos sociales por vía de la expansión del gasto en programas de asistencia social focalizados (mayormente bajo la forma de proyectos productivos a cargo de cooperativas) y, desde 2009, de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo ámbito institucional fue el Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, la revinculación funcional entre sindicatos y Estado a través de mecanismos negociales tripartitos: negociaciones colectivas a nivel de rama de producción y Consejo del salario mínimo en la órbita del Ministerio de trabajo. La integración política de las organizaciones de trabajadores tuvo como resultado la normalización del conflicto obrero. Y a pesar de la permanencia de movimientos sociales y sindicatos en la coalición peronista, los efectos de la integración institucional mostraron su carácter duradero durante el gobierno de Mauricio Macri.

En segundo lugar, la estrategia neopopulista de recomposición del poder político terminó por producir la ruptura entre el gobierno y amplias capas de las clases medias de tradición antipopulista, que se escenificó tanto en el comportamiento electoral (desde 2007 el kirchnerismo tuvo un pobre desempeño electoral en los grandes centros urbanos, en particular en la Ciudad de Buenos Aires) como, sobre todo, en el retorno a la protesta de esos sectores. Lo interesante del punto es que esta movilización antipopulista de las «clases medias» resignificó y dio continuidad a varios de los tópicos de las protestas de 2001, especialmente el rechazo de la política. Pero, bajo las nuevas condiciones, esto dio predominio casi excluyente a la orientación hacia una agenda de reforma institucional (corrupción, independencia del poder judicial, etc.) desligada de —e incluso en oposición a— las demandas obreras de sindicatos y movimientos sociales. También dio continuidad a la acción directa, lo que significó un límite a la institucionalización del conflicto. Dicho déficit de institucionalización es una condición de toda estrategia populista de incorporación política de demandas populares que se apoya en el desplazamiento del antagonismo entre capital y trabajo, interno a la coalición populista, hacia una oposición exterior.

El resultado de ambos procesos volvió menos probable la reedición de aquella alianza en las calles que tendió a oponer como pocas veces en la historia argentina reciente (¿el Cordobazo?) al conjunto de las clases subalternas con el Estado. Pero la estrategia populista de desplazamiento, esto es, la verticalización social de los clivajes políticos, tiene como condición la fractura de la clase dominante. Desde 2008, se pondría de manifiesto la unidad profunda del gran capital en torno a los resultados de la reestructuración capitalista llevada a cabo desde 1976.

  • La contraofensiva de la clase dominante: del 2008 al Foro de Convergencia Empresarial

El 11 de marzo de 2008 la presidenta Cristina Fernández estableció un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias que, en un contexto de altos precios de la soja, implicaba un fuerte aumento de los derechos de exportación. Las cuatro organizaciones patronales agropecuarias conformaron una «mesa de enlace» y lanzaron un plan de lucha. El conflicto se extendió hasta el 17 de julio, atravesado por cuatro paros agropecuarios, un gran número de cortes de ruta y el mayor ciclo de movilización social desde diciembre de 2001.

El llamado «conflicto del campo» fue una rebelión de la burguesía agraria contra el aumento de la presión impositiva. Pero el apoyo tácito o abierto de las demás fracciones del gran capital le dio el carácter de una respuesta del conjunto de la clase dominante a los resultados del cambio en la relación de fuerzas que alumbrara 2001. Si diciembre de 2001 significó el bloqueo popular al ajuste, el conflicto de 2008 fue el veto de la gran burguesía a la continuidad de una estrategia de incorporación política de demandas populares que empujaba al gobierno a una disputa por el excedente.

En su desarrollo, además, puso de manifiesto la capacidad de la gran burguesía de construir una amplia coalición social. El conflicto en torno a las retenciones agropecuarias tendió a transformarse en una impugnación del estilo político del gobierno, caracterizado como autoritario, y, más específicamente, de la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Recuperaba de este modo la agenda de reforma institucional de las «clases medias» en un escenario de retorno de la lucha política a las calles y rutas. A la movilización de la pequeña y mediana burguesía rural, afectada por la medida, se sumaba la movilización de las «clases medias» urbanas, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo apoyo y movilización fue central a la hora de explicar la envergadura del desafío lanzado por la Mesa de Enlace al gobierno, la radicalidad de las medidas y la extensión temporal del conflicto. Se constituía de ese modo en condición de posibilidad de la unificación —entonces temporal— de la oposición política de derecha.

En 2012, producto de los desequilibrios de la acumulación local y en el contexto del crecimiento mundial débil posterior a la crisis global de 2008, Argentina enfrentaba una nueva fase de restricción externa al crecimiento que daría inicio a una larga fase de estancamiento económico y tendencia a la crisis, caracterizada por renovadas presiones globales y locales por la reestructuración capitalista. En ese marco, la clase dominante pasaría del bloqueo al aumento de la presión impositiva a la construcción de un programa alternativo expresado por el Foro de Convergencia Empresarial, que nucleaba a las principales cámaras y asociaciones empresarias bajo la dirección de la gran burguesía industrial y agroindustrial exportadora, representada en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Su programa se estructuraba alrededor de la «triple reforma»: laboral, para flexibilizar las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo, previsional, para reducir el gasto en el sistema de jubilaciones y pensiones (eje de un ajuste general del gasto público) y tributaria, para reducir la presión impositiva.

Por primera vez desde la insurrección popular de 2001 la clase dominante recuperaba la iniciativa política y pasaba a la ofensiva.

  • La vigencia del bloqueo popular al ajuste y a la reestructuración

La dinámica, la duración y el desarrollo de las fases del período de estancamiento y tendencia a la crisis iniciado en 2012 y que aún continúa solo pueden comprenderse si se apela a la vigencia del bloqueo popular al ajuste y la reestructuración. Este se puso de manifiesto en el fracaso de la estrategia de «sintonía fina» durante el último gobierno kirchnerista, que buscaba una vía gradual de reducción del déficit fiscal disminuyendo subsidios a las tarifas de servicios públicos y que también perseguía la adecuación del sendero salarial a la evolución de la productividad, la rediscusión de convenios colectivos de trabajo en áreas consideradas estratégicas como el yacimiento hidrocarburífero de Vaca muerta, etc.

Pero se evidenció sobre todo con la llegada al gobierno de Mauricio Macri. La alianza Cambiemos, que lo llevó a la presidencia, impulsaba el programa del Foro de Convergencia Empresarial. Sin embargo, a poco de asumir, la coalición oficialista se encontraba discutiendo si se llevaba a cabo un programa de shock o de ajuste gradual en el marco de protestas contra el aumento de tarifas de servicios públicos. El gradualismo fiscal que finalmente se impuso se tradujo en inconsistencias entre la política fiscal y la política monetaria.

El intento de avanzar en la «triple reforma» después de las elecciones de medio término de 2017 tuvo como respuesta tres grandes movilizaciones obreras el 30 de noviembre, el 14 de diciembre y el 18 de diciembre de ese año. Las dos últimas culminaron en enfrentamientos callejeros que se prolongaron durante horas en la Plaza Congreso y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la noche del 18 de diciembre se produjeron cacerolazos en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y una nueva movilización a la Plaza Congreso entre la noche del 18 y la madrugada del 19. Luego de eso, el gobierno de Macri, sin programa y en medio de una crisis abierta desde mayo de 2018, orientó todos sus esfuerzos a terminar el mandato.

Pero aquí es donde se evidenció otro cambio fundamental respecto de la crisis de 2001: el papel jugado por el peronismo. En las crisis de 1989 y de 2001, el peronismo actuó como «partido del orden», conduciendo el proceso de recomposición de la dominación política y de las condiciones de acumulación, Pero en ambas crisis, desde la oposición, jugó sus cartas a la caída del gobierno. Después de la movilización popular de diciembre de 2017 y en el marco de una crisis económica y social, desmovilizó a los movimientos sociales y sindicatos que eran parte de su coalición política y orientó su estrategia a la reunificación para una victoria electoral en 2019. Volvió a actuar como partido del orden pero evitando la transformación de la crisis económica y social en crisis política. Ello supuso pagar el costo de acceder al gobierno en un escenario en que la crisis no había llegado a los resultados catastróficos de 1989 y 2001/2002 y de interiorizar en la nueva coalición política las «presiones por arriba» por la reestructuración y las presiones por abajo de movimientos sociales y sindicatos que hasta ahora habían sido un factor de bloqueo.

La apuesta del Frente de Todos por una estrategia de ajuste y reestructuración negociados está todavía en marcha. Pero lo importante de este fenómeno es, por un lado, hasta qué punto la insurrección popular de 2001 modificó los comportamientos de la elite política (¿temor a la movilización popular?) y, por otro lado, la perdurabilidad de la institucionalización del conflicto obrero que llevaron a cabo los gobiernos kirchneristas.

  • La movilización política de las clases medias: la base popular de una derecha de masas

Señalábamos antes que desde 2006 y 2007 se iniciaba una movilización antipopulista de las «clases medias» que tendencialmente rompía la alianza de hecho que había caracterizado a la insurrección de 2001. También decíamos que esa movilización de las clases medias urbanas fue la base social de la rebelión de la gran burguesía en 2008. Esas tendencias estuvieron presentes antes, durante y después de 2001. Se expresaron en la heterogeneidad de la insurrección del 19 de diciembre de 2001, en la nueva insurrección del 28 de dicembre de 2001 que acabó con el interinato de Rodríguez Saa, en las protestas de ahorristas y su posterior proceso de organización en asociaciones diversas, en las movilizaciones contra la inseguridad tras el asesinato del joven Axel Blumberg en 2004, etc.

Pero desde 2006 tendieron a aglutinar a un universo cada vez más amplio de las clases medias detrás de una agenda de demandas de reforma institucional, en alianza con la gran burguesía y que se expresó políticamente en variantes de la oposición de derecha. Sin embargo, hasta 2012 quedó relegada a esa base social de tradición antipopulista. Con la parcial excepción de 2008, fue en los cacerolazos y movilizaciones de 2012 y 2013 que la movilización de «clase media» asumió la forma de una protesta de masas y que mostró la pérdida de apoyo del kirchnerismo en sectores de las «clases medias» que hasta ese momento se contaban entre sus votantes (evidencia de ello es la fractura del peronismo de la Provincia de Buenos Aires liderada por Massa en 2013, que arrastró una parte considerable de ese voto; las causas son múltiples: el impuesto a las ganancias sobre los salarios más altos, el control de cambios, etc). Aunque parte de ese voto volvió al peronismo en las elecciones de 2019, esa masificación de la protesta de «clase media» es el antecedente y la condición de posibilidad de su movilización política posterior.

La desmovilización popular tras los episodios de diciembre de 2017 tuvo como contracara el proceso de movilización de las bases de apoyo político de la coalición de derecha Cambiemos —desde 2019, Juntos por el Cambio (JxC)—. El proceso de movilización de 2019, a diferencia de los previos, fue un proceso de movilización específicamente político, convocado desde JxC como respuesta a la derrota electoral catastrófica de agosto de 2019 en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por lo tanto, se trató de un cambio cualitativo, de su unificación como sujeto político. En esas elecciones, la coalición oficialista fue derrotada por el FdT por 16 puntos de diferencia: 47,8% de los votos del FdT contra 31,8% de JxC.

Entre setiembre y octubre, JxC transformaría su campaña electoral en un proceso de movilización callejera en todo el país que se traduciría en la movilización electoral de millones de personas que no habían participado de las PASO. El resultado fue una derrota en las elecciones generales en las que el FdT obtuvo el 47,5% y Juntos por el Cambio el 39,6% pero en las que JxC sumó 2.689.990 votos y el FdT 740.952 (los porcentajes, calculados sobre los votos válidos emitidos, para mantener la comparación). Este proceso de movilización política de derechas sería relevante en los primeros dos años de gobierno del FdT, durante los cuales esos sectores nunca abandonaron la calle, incluso durante la pandemia. En todos los casos, esas movilizaciones fueron convocadas de manera apenas encubierta o de modo abierto por la dirección de JxC.

A modo de cierre: solo un deseo

La insurrección popular de 2001 marcó en diversas formas el desarrollo económico y político de la Argentina en los últimos veinte años. Deberían agregarse muchas otras dimensiones que han quedado fuera del análisis: la crisis del sistema de partidos, las transformaciones en el peronismo, la desorganización del Estado y su reorganización a medias. Pero 2001 es ante todo expresión de la insubordinación y la insurgencia popular, el mismo grano en el zapato de la clase dominante que le arruinó todos los planes desde los años treinta. Y eso es lo que se juega, una vez más, desde 2008, desde 2012, desde 2015 y desde 2019. Todos los cambios parecen alejarnos de aquel escenario. Cada gobierno ensaya una nueva estrategia de domesticación. Esta que estamos viviendo es otra más. Aquí se interrumpe el análisis y solo resta un deseo: ¡que fracasen de nuevo!

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