Luego de la larga noche neoliberal (de la cual México apenas empieza a salir), el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma la lucha por la soberanía energética con una reforma constitucional que busca privilegiar el interés público en materia eléctrica y que sea el Estado quien conduzca la transición energética —hasta ahora guiada por el lucro privado—nacionalizando las reservas de litio, mineral estratégico para el futuro.
Con la propuesta de reforma constitucional que el presidente envió al Congreso el pasado 30 de septiembre se abrió una batalla decisiva para el gobierno de la Cuarta Transformación. Los cambios propuestos a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos buscan dar reverso, en lo que al sector eléctrico concierne, a la reforma energética que a fines de 2013 logró Enrique Peña Nieto gracias a la corrupción del sistema parlamentario. Aquella reforma —pieza clave del Pacto por México— buscó completar el proyecto energético neoliberal iniciado por Carlos Salinas de Gortari en la década de 1990. En la cuestión eléctrica, el plan implicaba desestructurar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para así poder profundizar y acelerar la privatización del sector, empezando por la generación eléctrica. Efectivamente, en estos ocho años la generación privada avanzó notablemente, hasta alcanzar el 62% en 2021.
Detener el abuso
Son cuatro las modalidades de generación privada: Productores Independientes de Energía (PIEs), con el 31% de la generación, centrales eléctricas construidas posteriormente a la reforma eléctrica de 2013 (15%), Sociedades de Autoabastecimiento (12%) y Subastas de Largo Plazo (4%). De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, dos de estas modalidades —PIEs y Sociedades de Autoabastecimiento—, además de ser ilegales, crean monopolios privados, lo que desmonta el discurso neoliberal de libre competencia. Las Sociedades de Autoabastecimiento, por ejemplo, conforman 239 monopolios privados que atienden a más de 77 mil «socios» (industrias y corporaciones asociadas en muchos casos de manera ficticia); además, cuentan con el despacho prioritario a la red eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y por el total de su generación.
Así, en tan solo unos años los generadores privados se apoderaron de dos terceras partes de los grandes consumidores, privando a la CFE de una fuente importante de ingresos. Entre este trato preferencial en el despacho eléctrico por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el no pago de la transmisión de energía, a cargo de la CFE, el costo público ha sido inmenso, ascendiendo a cientos de miles de millones de pesos anuales. Mientras tanto, pese a que la CFE tiene una capacidad de generación del 54%, solo despacha el 38%. De continuar los mecanismos y las reglas existentes, la empresa estatal vería reducido su despacho al 29% al finalizar el sexenio.
Según el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, si se sigue adelante con el modelo instaurado por la reforma energética de Peña Nieto, la Comisión podría desaparecer a finales de este sexenio. Como lo sabrá el pueblo español, en estos momentos en que su gobierno carece de las capacidades para enfrentar a las empresas privadas y detener la despiadada escalada de precios de la electricidad en ese país, contar con una empresa estatal orientada al bien público no es una cosa menor. Dado el papel que la CFE tiene en el desarrollo económico y en la vida cotidiana de los mexicanos, podría decirse que es la empresa más importante del país y, a través del sistema eléctrico mexicano, la única entidad capaz de garantizar a la población el acceso a la electricidad con los precios más bajos posibles.
Nerviosismo de los dueños del capital
En un intento por influenciar la agenda de la reciente Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte, no faltaron pronunciamientos de actores políticos estadounidenses preocupados por la iniciativa presidencial. En conferencia de prensa el pasado 9 de noviembre, el embajador en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma eléctrica propuesta «es uno de los temas que más preocupan a los Estados Unidos». Por su parte, el gobernador de Tejas, el republicano Greg Abbott, en la víspera del encuentro de AMLO con el presidente Biden envió una carta en la que exhorta a este último iniciar un «diálogo agresivo» con el presidente mexicano en relación con la seguridad fronteriza y las «recientes amenazas operativas» contra las compañías energéticas estadounidenses. En dicha carta, Abbott solicita a Biden actuar para «proteger los activos de las empresas estadounidenses de ser confiscados por el gobierno mexicano», una amenaza por cierto inexistente. Mientras que la misiva de Abbott no deja lugar a dudas sobre a quiénes representan sus demandas, el embajador injerencista aparenta mayor sutileza, aunque su historia como cabildero de la industria energética es conocida. No parece, sin embargo, que estos actores vinculados más a intereses de empresas energéticas estadounidenses que a los de su pueblo hayan logrado sus objetivos. Al menos no en esta ocasión.
En México, el sector empresarial más pudiente (sea de capital mexicano o extranjero) está preocupado, comenzando con las empresas energéticas, que en marzo pasado inmediatamente se ampararon ante un intento moderado del gobierno de México por privilegiar el interés público en el despacho a la red eléctrica mediante una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En cierta forma, esta reforma constitucional de gran calado se debe a la negativa de las empresas a negociar y a su absoluta resistencia a modificar un modelo que a todas luces les privilegia y que daña el interés público. Parece ser que a estas corporaciones «les salió el tiro por la culata».
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —la cúpula de cúpulas del sector privado— se encuentra sumergido en una intensa campaña y hará todo lo que está en sus manos para evitar que prospere la reforma constitucional. En un comunicado conjunto con las cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá el 17 de noviembre, en alusión a la llamada reforma eléctrica, el CCE advierte: «como inversionistas, es nuestra responsabilidad recordar a los gobiernos que el potencial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se materializaría en países que no aseguren certidumbre para los negocios…». Su músculo no es menor: la CCE dice aglutinar entre sus miembros el equivalente al 80% del Producto Interno Bruto (PIB). El posicionamiento habla de la afrenta a la «competitividad» sin aclarar a qué competitividad refiere, cuando junto con las energéticas son las grandes corporaciones las beneficiarias del estado de cosas actual.
La CFE estima que el costo de la transmisión (que no pagan las empresas que se abastecen de generación privada) es de entre 7 y 8% del costo de la energía. Si los grandes consumidores de energía consumen miles de millones de pesos anualmente, los ahorros de las corporaciones solo por este motivo son significativos. Los intereses afectados incluyen los del mismo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, accionista mayoritario de Coca-Cola FEMSA y segundo accionista de Heineken. Salazar también tuvo cargos en FEMSA Comercio, que opera las tiendas de conveniencia OXXO cuyo caso es citado frecuentemente por López Obrador para ilustrar la ilegalidad y el atraco de las energéticas y sus «socios». Las tiendas OXXO, con presencia prácticamente en todo el país (son más de diez mil sucursales), pagan varias veces menos por unidad de electricidad que las tiendas de barrio (que con su expansión desplazan) y que los mismos hogares de familias mexicanas.
La narrativa ambientalista
Una de las generadoras privadas que más benefició en su momento el presidente Felipe Calderón —y que luego usaría la puerta giratoria para hacerse de un cargo en ella— es la española Iberdrola, a menudo citada como sinónimo de «energía limpia». Pero esto no es así: más de la mitad de su generación proviene de plantas de ciclo combinado dependientes de gas importado de Estados Unidos procedente, al menos de manera parcial, del fracking.
En efecto, la narrativa ambientalista es el recurso que la oposición más utiliza, por considerarlo atractivo y convincente. El mismo CCE no tiene empacho en mentir abiertamente en el mencionado comunicado, aseverando que los intentos del gobierno por favorecer a las empresas del Estado vienen en detrimento de proveedores de energías renovables, cuando en realidad la reforma busca limitar al 46% la generación privada sin distinción de tecnología.
Hablando de emisiones en generación eléctrica, la CFE tiene, de hecho, la mayor parte, gracias sobre todo a las plantas hidroeléctricas, castigadas por las reglas del despacho eléctrico. Poco se menciona que, a la par de anunciar la reforma eléctrica, el gobierno de México confirmó que construirá la planta fotovoltaica más grande de América Latina en Sonora, junto con el gobierno de ese estado, y bajo una lógica muy distinta: la electricidad generada no se destinará a mejorar la competitividad de las corporaciones sino a expandir la cobertura en esa región del país.
La confusión sobre la relación de esta reforma eléctrica con las llamadas «energías limpias» llega a un sector del ambientalismo mexicano, que tal vez por otros motivos (como su enojo por los recortes presupuestales) se sumó a las campañas en contra de la iniciativa con prácticas parecidas a las de la cúpula empresarial. Este comunicado, firmado por ocho organizaciones, por ejemplo, establece que la reforma eléctrica privilegiará el uso de combustóleo y carbón en la generación eléctrica, lo cual no tiene sustento alguno. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), la generación por carbón tuvo en 2020 la participación más baja en la matriz eléctrica de los últimos diez años; su uso va a la baja y el gobierno federal no tiene planes de construir nuevas plantas carboeléctricas. Con el combustóleo sucede algo parecido, pues el gobierno ahora invierte en capacidad de refinación para convertir el combustóleo derivado de la explotación petrolera en gasolinas.
La visión de los pueblos
Mucho antes de que los mexicanos conociéramos los abusos de las energéticas privadas al Estado mexicano revelados por este gobierno, los pueblos del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca dieron amplia cuenta de la manera en que se empujó la transición a energías renovables en sus territorios. Esto es relevante pues, siendo una de las regiones de mayor potencial eólico en el mundo, en el Istmo se asentaron la mayoría de los parques eólicos privados. El impulso se dio por vía de un reparto ilegal de concesiones operado por el gobierno de Ulises Ruíz, recordado infamemente por su represión a los movimientos sociales en el estado. De esa forma, los parques eólicos se impusieron a los pueblos y quienes se opusieron —como los pobladores de San Mateo del Mar frente al proyecto (fallido) Mareña Renovables— conocieron la violencia que el Estado mexicano era capaz de ejercer para defender los intereses privados. En esos territorios nació, trágica pero comprensiblemente, un movimiento social en contra de las energías renovables vistas como una nueva forma de colonialismo y, tanto los parques eólicos como los fotovoltaicos, han generado conflictividad en todo el sureste, donde lo común es la propiedad comunal y ejidal de la tierra.
Es precisamente entre las comunidades y los pueblos indígenas que la propuesta de reforma constitucional enfrenta los cuestionamientos más legítimos. El 9 de noviembre pasado, el mismo día de la conferencia de prensa del embajador Ken Salazar, comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de Oaxaca, Yucatán, Puebla, San Luis Potosí y Baja California hicieron su propia conferencia de prensa. En ella advirtieron que el gobierno parte de un diagnóstico incompleto, pues esta reforma nuevamente deja fuera al sector social y a las comunidades indígenas.
En efecto, la iniciativa no hace consideración especifica alguna a los pueblos indígenas. En voz de uno de los ponentes, «si este gobierno plantea realmente hacer las cosas de otra manera, pues claramente tiene que estar considerada nuestra voz, nuestra palabra y nuestras decisiones como pueblos indígenas». Pero no se han quedado en la protesta. Las asambleas de comunidades y organizaciones presentes dieron a conocer una propuesta que permite establecer las bases constitucionales para que posteriormente pueda crearse un marco regulatorio específico que permita la generación de energía por parte de comunidades indígenas, núcleos agrarios, comunidades afrodescendientes y otras comunidades equiparables.
Las organizaciones y asambleas de pueblos tenían mucho para decir a la CFE, pues han vivido también la violencia ejercida por la Comisión en algunas de sus grandes obras. Una de las voces del encuentro resaltó que la CFE pudiera no ser la misma que en administraciones anteriores, pero en todo caso lo que comunidades agrarias y pueblos indígenas buscan es el reconocimiento explícito de sus derechos territoriales y del derecho a la generación de energía renovable por pueblos y comunidades, núcleos agrarios y zonas urbanas marginadas.
Esta creciente red de organizaciones encontró un espacio de diálogo con actores del gobierno federal y legisladores y en estas semanas se llevan a cabo sesiones para detallar los cambios propuestos a la iniciativa del poder ejecutivo. Hasta ahora, sin embargo, parece ser que la entidad que más se resiste es la propia CFE, en donde sigue predominando una visión centralista y donde aún hay trabajo por hacer para que la institución aprecie las virtudes de un verdadero impulso a la democracia energética basada lo más posible en energías renovables.
Las limitaciones de la reforma constitucional propuesta por López Obrador en cuanto a la transición energética son reconocidas en algunos espacios al interior del obradorismo y hasta en los círculos más cercanos al presidente. Para Pedro Miguel, articulista y militante de base del partido Morena, en el país se dan todas las condiciones para lograr la integración de la organización social existente en comunidades, ejidos y cooperativas con las tecnologías, y así dar pie al establecimiento de una generación distribuida basada en decenas o centenas de miles de unidades autónomas y autosustentables de producción eléctrica. Sin embargo, advierte que el objetivo prioritario y acuciante hoy en día es reconstruir, defender y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (así como Pemex), restituirlos en su función de palancas del desarrollo, el bienestar y la soberanía nacional. Desde su punto de vista, el saneamiento financiero de estas empresas del Estado permitirá liberar los recursos requeridos para una reindustrialización orientada a la masificación de las energías renovables, impulsar el surgimiento de un sector social de la energía y emprender sobre bases colectivas y comunitarias una transición energética democrática, desde abajo y que no deje atrás a nadie.
La batalla en ciernes
Mientras tanto, y como lo advierte Kurt Hackbarth, si la política es la guerra, la geopolítica energética se ha convertido en su escenario de batalla. El escenario formal de esta batalla será el Congreso, donde se discutirá la reforma constitucional a inicios de 2022. Allí, quienes detentan el poder económico tendrán ciertamente más posibilidades de influencia, ayudados por los medios corporativos. Pero no será el único escenario. Como lo anunció recientemente López Obrador, iniciaron ya las sesiones informativas para lograr ejercer el otro músculo, el popular, sobre el que el presidente tiene un mandato indiscutible. De hecho, la mayoría de los mexicanos respalda la iniciativa presidencial y desearía ver a una Comisión Federal de Electricidad fortalecida.
El pueblo mexicano habrá de demostrar la fuerza de ese músculo popular el día de mañana, 1º de diciembre, para cuando se convoca a una gran movilización en el marco del tercer informe de gobierno de López Obrador.
