En una carta abierta a la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marise Payne, un grupo de activistas que representan a la comunidad chilena en el exilio y a las víctimas del régimen de Augusto Pinochet han condenado el papel de Australia en el violento golpe militar de Chile, que derrocó al presidente socialista democráticamente elegido Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Los archivos recientemente desclasificados, dados a conocer al académico y analista de inteligencia de Canberra, Clinton Fernandes, detallan cómo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) solicitó ayuda al Servicio Secreto de Inteligencia Australiano (ASIS) durante el gobierno de Allende para socavar la autoridad del presidente y sabotear el proyecto socialista de Chile.
Según los archivos, ASIS creó una unidad de vigilancia en Santiago de Chile, como parte de la campaña más amplia de la CIA para desacreditar al gobierno de Salvador Allende. Se calcula que entre 1970 y 1973 Estados Unidos invirtió 8 millones de dólares en la campaña de desprestigio, financiando al periódico de extrema derecha El Mercurio para crear una campaña de desinformación y avivar las tensiones sociales preexistentes en Chile.
Todavía no se conocen más detalles sobre el papel de ASIS en Chile durante el gobierno de Allende, debido a la naturaleza secreta de la operación y a la resistencia del gobierno a revelar esta información, incluso cuarenta y ocho años después de que las potencias extranjeras ayudaran a instalar el régimen de Pinochet.
A pesar de las reiteradas peticiones de Fernandes, el gobierno australiano insiste en que revelar la información supondría una amenaza para la seguridad nacional australiana. Fernandes ha llevado el caso al Tribunal Administrativo de Apelaciones para presionar por la desclasificación de documentos clave sobre la injerencia extranjera durante los mil días de Allende en el poder.
El velo del secreto
Las enormes movilizaciones de 2019 forzaron la creación de una convención constituyente para la sustitución de la constitución chilena impuesta durante el régimen derechista y autoritario de Pinochet. Pero la constitución en no es el único legado de la dictadura.
Muy pocos generales han rendido cuentas por las atrocidades contra los derechos humanos cometidas por el régimen, mientras que la mayoría de los 4000 estudiantes, líderes sindicales y activistas desaparecidos aún no han sido encontrados.
El actual gobierno tiene fuertes vínculos con el régimen. El presidente Sebastián Piñera es hermano del despiadado ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, y los medios de comunicación chilenos, muy concentrados, son propiedad de partidarios de Pinochet.
Las víctimas del golpe que permanecen en Chile no han recibido reparaciones y mucho menos lo ha hecho la comunidad de exiliados, a muchos de los cuales se les prohibió regresar a Chile hasta finales de la década de 1980, cuando finalmente se eliminó la infame lista negra que impedía su reingreso.
Rodrigo Acuña, hijo de exiliados y firmante de la carta abierta, contó a Jacobin su experiencia del exilio y del trauma intergeneracional:
Aunque personalmente no crecí con un padre violento o maltratador como consecuencia de las torturas a las que fue sometido, mi padre se volvió a casar y estuvo ausente de mi vida durante muchos años, ya que creo que quería olvidar su pasado. Otros chilenos que conozco sufrieron algún tipo de maltrato físico y psicológico por parte de sus padres víctimas de la dictadura.
También hubo quienes tuvieron que soportar que su madre o su padre regresaran regularmente a Chile para continuar con la búsqueda de justicia para encontrar a sus familiares desaparecidos. En 2021 algunos siguen haciéndolo, mientras que muchos chilenos de segunda y tercera generación nunca han sabido lo que es crecer con un tío o una abuela, porque fue asesinado por los matones de Pinochet.
También han perdido la capacidad de hablar y leer el español con fluidez y otros aspectos importantes de la cultura chilena que son muy ricos y diversos. ¿Quién les devolverá esto? Los horrores que se vivieron en las cámaras de tortura de Pinochet fueron contados a muchos de los niños cuyos padres sufrieron la dictadura.
La deuda de Australia con las víctimas de Pinochet
La carta enviada a Marisa Payne en nombre de los exiliados políticos chilenos en Australia contiene dos exigencias fundamentales. La primera es que se abran los archivos, para que se revele por fin la verdad sobre el papel de Australia en el golpe de Estado de 1973, respaldado por Estados Unidos. La segunda es que Australia se disculpe por el sufrimiento que ha causado su injerencia en una nación soberana. Comenta Acuña:
No deja de ser doloroso saber que el país que te dio asilo fue el mismo que destruyó la vida de tus padres y de millones de chilenos, que tuvieron que soportar diecisiete años de una brutal dictadura militar.
Actualmente estamos apelando la decisión [de mantener los archivos en secreto], pero dice mucho del gobierno australiano. En resumen, nos están diciendo que se reservan el derecho a derrocar gobiernos democráticamente elegidos en el extranjero.
Los chileno-australianos no tendríamos dignidad ni respeto por nosotros mismos si no denunciáramos, en el lenguaje más duro, el papel de Australia en el violento golpe de Estado en Chile en 1973, exigiéramos una disculpa y pidiéramos una desclasificación completa de las actividades de ASIS en Chile en la década de 1970.
El caso sigue en el tribunal de apelación australiano, pero a medida que una nueva alianza entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia —todos los cuales tuvieron que ver con el derrocamiento de Allende y la instalación de Pinochet— va tomando forma en la esfera geopolítica posterior a COVID-19, la batalla por la verdad y la justicia se vislumbra cada vez más difícil de ganar.
