A fines de 1928, José Carlos Mariátegui (por aquel entonces director del quincenario Labor) recibía una carta desde Morococha, un asentamiento minero ubicado en los Andes Centrales del Perú. Esta carta decía tener como finalidad brindar esclarecimiento sobre la «Catástrofe de Morococha» ocurrida por el hundimiento de la Laguna Morococha en una zona de excavación minera, episodio en el que al menos 26 mineros perdieron la vida. La tragedia había ocurrido por la negligencia de una de las empresas mineras más grandes de América Latina durante las primeras décadas del siglo XX: la Cerro de Pasco Copper Corporation, empresa estadounidense que reafirmaba la intervención imperialista en el Perú y su lugar en la división internacional del trabajo como enclave exportador de minerales.
Dicha carta, escrita por un informante minero, responsabilizaba a la compañía minera de obligarlos a trabajar con materiales desgastados y en zonas peligrosas con la finalidad de incrementar la producción. Además, denunciaba el sistema de explotación del trabajo en las minas y los distintos abusos a los que eran sometidos:
Los obreros que más producen, los que con las manos encallecidas incrementan las riquezas de la Empresa explotadora, son los lamperos indios vestidos de harapos que perciben el mísero jornal de dos soles; los maquinistas que a diario ingieren muchas onzas de polvo y otras sustancias nocivas a la salud humana, y los enmaderadores que tienen la vida en continuo peligro, porque ellos son los encargados de contener los derrumbes de la mina. Tras de estas iniquidades viene la más cruel, que es la de no permitir la salida de la lumbrera a los trabajadores que necesitan tomar los alimentos necesarios en la hora de descanso. Obligados en esta forma, tienen que hacerlo adentro, respirando el humo y los gases producidos por los explosivos que se disparan en las labores (…). (Labor, n. 4, p.2)
Para los marxistas agrupados en el Partido Socialista del Perú (PSP), fundado el 7 de octubre de 1928, estaba claro que el imperialismo minero en la Sierra Central incrementaba el nivel de explotación de la masa campesina porque promovía el despojo de tierras por vías de la contaminación y la expropiación directa, y porque los sometía a un régimen abusivo de explotación del trabajo.
A diferencia de la minería colonial, la minería que se desarrolló en la Sierra Central a principios del siglo XX incorporaba tecnologías y técnicas avanzadas en la explotación de yacimientos y estaba guiada por principios de organización de la producción modernos, orientados a la maximización de los lucros y al ahorro de recursos. Un estandarte del imperialismo en esta región fue el Ferrocarril Central, en su momento el más caro y alto del mundo; esta construcción retaba a la geografía accidentada y elevada de los Andes Centrales para unirla al puerto del Callao, en Lima, por donde salían los minerales al extranjero.
A partir de 1923, la llamada «Fundición de La Oroya» comenzó a procesar los minerales que se extraían en los asentamientos del Centro, lo que aceleró la producción minera y, con ella, la contaminación ambiental, pues la fundición expulsaba por sus chimeneas gases tóxicos de azufre, zinc, arsénico y plomo, que causaban masivas muertes de animales e iba tornando improductivas las tierras aledañas.
En general, la contaminación era común en todos los asentamientos mineros de los Andes Centrales (Cerro de Pasco, Smelter, Goyllarisquizga, La Oroya, Morococha, Casapalca, etc.), lo que fue generando gran descontento en las poblaciones locales, mayoritariamente indígenas y campesinas. Sin embargo, la gran corporación minera vio en el descontento de la población afectada por la contaminación una oportunidad para acumular tierras. Así, a través de su «División Ganadera», adquiría propiedades afectadas y haciendas locales, convirtiéndose en poco tiempo en la más grande propietaria de tierras de la región y estableciendo un fuerte control en el mercado de carnes, de lácteos y, por supuesto, también en el de fuerza de trabajo.
La conformación del enclave minero a inicios del siglo XX fue impulsada por Augusto B. Leguía, cuyo gobierno (1919-1930) se caracterizó por promover la modernización y la entrada de capitales extranjeros en el Perú. La Cerro de Pasco Copper Corporation gozaba del total aval del Estado y sus fuerzas represivas, que se desplegaban cada vez que las poblaciones locales organizaban motines o concentraciones contra la compañía. El 5 de diciembre de 1928, día de la «Catástrofe de Morococha», el gobierno había relativizado los hechos en defensa de la compañía.
Desde su ingreso a los Andes Centrales del Perú, la compañía había ideado formas de retener a la población local en las minas, recurriendo también a prácticas coloniales como el enganche de indios, que consistía en adelantarles un salario con el compromiso de que fueran a laborar a las minas por un determinado periodo de tiempo; una vez allí, eran retenidos vía endeudamiento.
Uno de los primeros manifiestos contra la explotación del trabajo en las minas fue escrito por la indigenista peruana Dora Mayer en su The Conduct Of The Cerro de Pasco Mining Company, de 1913. Dicho documento estaba dirigido al Directorio de la Compañía en Estados Unidos para que evaluara la conducta de sus funcionarios en el Perú, a quienes se les acusaba de imponer un brutal régimen de explotación de los indígenas andinos. Aunque no se tiene evidencia que la Compañía haya respondido el reclamo de Dora Mayer, su denuncia quedó como constatación de la violencia imperialista en el Perú.
Cuando Mariátegui y los marxistas agrupados en el PSP comenzaron a indagar sobre las condiciones de trabajo en las minas de la Cerro de Pasco Copper Corporation, advirtieron que se trataba de una parte de la clase trabajadora aún aislada del movimiento político de las grandes urbes donde se habían alcanzado conquistas históricas, como el reconocimiento de la jornada de las ocho horas en 1919.
Para Mariátegui, como consta en su intervención en el Segundo Congreso Obrero Local (realizado en Lima en 1927), la unidad de los trabajadores no se dirimiría en discusiones teóricas sino en su unión efectiva a través de la conformación de una organización general que los reúna. Y esa organización se conformó el 17 de mayo de 1929 bajo el nombre de Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), orientada por el lema «Unidad Proletaria». Los mineros debían incorporarse a ella a través de sus propios organismos sindicales.
Para José Carlos Mariátegui, los mineros tenían una particularidad que les otorgaba una centralidad estratégica en la lucha de clases en el Perú: eran campesinos, obreros e indígenas. Dados sus orígenes y la labor transitoria entre los campos y las minas, los mineros podrían ser vehículo de difusión de la propaganda clasista en espacios donde las organizaciones obreras de Lima no habían tenido entrada. Dicho de otra manera, los mineros representaban la necesaria unión entre obreros y campesinos para la revolución socialista (esta es una tesis que he trabajado extendidamente en mi libro Mariátegui, los comunistas y los mineros del Centro, publicado en el Perú por la Editorial Ande en 2021).
El minero podía ser eje articulador en la lucha contra el Perú semifeudal y semicolonial que, en tiempos de expansión imperialista, debía ser combatido por la organización obrera autónoma. Este proyecto revolucionario de Mariátegui se diferenciaba del de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo fundador y líder histórico, Víctor Raúl Haya de la Torre, promovía una salida reformista que buscaba la concreción de una revolución burguesa en el país. Salida descartada y combatida por José Carlos Mariátegui, para quien la oligarquía peruana conservaba intacto su desprecio por los indígenas (dada su mentalidad colonial y, principalmente, debido a sus intereses materiales, subordinados a la penetración imperialista y a la integración del Perú al mercado global de acumulación capitalista).
De acuerdo con Mariátegui, en tanto forjadores de su propia historia, los trabajadores peruanos deberían concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de la unidad proletaria para la conquista del socialismo, tarea histórica de los pueblos del mundo. En esa búsqueda por la unidad obrero-campesina, los mineros aparecían como un componente clave para la unión de los trabajadores peruanos. Al ser indígenas, eran portadores de cosmovisiones, creencias, hábitos e idiomas que aún aparecían organizando la vida social de las comunidades andinas; no obstante, reconoce que la realización cultural de los indígenas provendría de la reivindicación de la tierra, su principal medio de producción. Así, los mineros cumplirían una labor instructora en el medio indígena, con la finalidad de desarrollar una conciencia crítica que hiciera coincidir su herencia cultural comunista con la revolución socialista.
Por otro lado, como campesinos víctimas de la semifeudalidad que imponía la élite oligárquica en el Perú y la semicolonialidad del imperialismo, los mineros conocían la importancia de la lucha por la tierra; de modo que, gracias a los mineros, la propaganda clasista podría tener penetración entre los campesinos aislados de la agitación política por el control y amenaza de sus patrones gamonales. Finalmente, el trabajador minero se encontraba en contradicción directa con la penetración imperialista en el Perú, que impulsaba una masiva proletarización de indígenas y campesinos; los mineros se enfrentarían a la gran compañía estadounidense, responsable de iniciar un proceso continuo de expulsión de campesinos de sus tierras y de contaminación ambiental a gran escala que iba precarizando la vida en los Andes Centrales.
El establecimiento de una relación orgánica entre los comunistas de Lima, agrupados en el PSP, con los mineros del Centro peruano dio como resultado la formación de los primeros sindicatos mineros en distintos asentamientos, después de intensas jornadas de lucha. Importantes intelectuales y dirigentes mineros —como Gamaniel Blanco, Adrián Sovero y Augusto Mateu Cueva— coordinaban acciones con los miembros del PSP (Mariátegui, Jorge del Prado y Ricardo Martínez de la Torre) en el proceso de la organización minera; incluso Jorge del Prado había sido enviado por Mariátegui a Morococha con la finalidad de obtener conocimiento directo de la explotación que sufrían los trabajadores de las minas y afianzar los vínculos entre ellos y las organizaciones obreras de Lima. También el secretario general de la CGTP, Julio Portocarrero, importante dirigente sindical adherido al PSP, llegó a actuar como delegado de Morococha frete al órgano máximo de los trabajadores en el Perú.
Gran parte de todo el proceso de lucha por la conformación de los primeros sindicatos mineros ha sido registrado por Ricardo Martínez de la Torre en su magnífico trabajo Apuntes para una interpretación marxista de la Historia Social del Perú.
El proceso de la primera organización minera (1928-1931) fue combatido por las fuerzas represivas del Estado, que asesinaron y encarcelaron a dirigentes y trabajadores movilizados. No obstante, cabe resaltar el apoyo que los miembros del Partido Socialista Peruano, liderado por Mariátegui, brindaron a los trabajadores mineros en su organización. Además, se debe reconocer la sensibilidad de Mariátegui al pensar la integración de los trabajadores del mundo indígena andino al proceso de organización del proletariado de las grandes urbes. Algo que, tras su muerte el 16 de abril de 1930, fue difícil de recuperar dado el dogmatismo que fue ganando terreno al interior del partido.
A pesar del duro golpe que significó la muerte de Mariátegui, Jorge del Prado, Ricardo Martínez de la Torre y Julio Portocarrero continuaron apoyando la organización de los mineros del Centro a través de la realización de congresos y grandes movilizaciones populares en los asentamientos. Así se realizó el Primer Congreso de Trabajadores Mineros del Centro que, a pesar de la Masacre de Malpaso, llevó a la conformación de la histórica Federación de Trabajadores Mineros del Centro.
Con el levantamiento de Sánchez Cerro, en agosto de 1930, se habían recrudecido las condiciones de lucha obrera en el Perú; el 12 de noviembre de 1930 el gobierno mandó disolver la CGTP, lo cual representó una embestida a la organización trabajadora. Comenzaba, al mismo tiempo, un proceso fuerte de persecución política, encarcelación y represión de importantes dirigentes, en lo que sería el comienzo de un largo periodo en que los comunistas perdieron influencia sobre las organizaciones obreras.
La lucha de los mineros del Centro junto a los miembros del Partido Socialista del Perú debe reconocerse como un episodio fundamental de lucha contra el imperialismo que, aún en nuestra época, explota el subsuelo peruano para continuar con una forma civilizatoria que tiende a la barbarie. A su paso, somete a las poblaciones que sobreviven o se integran por la fuerza a la violencia capitalista que, además de explotar su fuerza de trabajo, precariza sus medios naturales de vida y la salud de su población.
