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Enjuiciar el sistema neoliberal

El triunfo del sí en la Consulta Popular en México fue abrumador, pero la escasa participación impidió que el resultado sea vinculante. Cabe preguntarse, sin embargo, qué relevancia tuvo para el pueblo trabajador y las izquierdas, qué balance puede hacerse de los resultados y qué posibilidades de actuación quedan a futuro.

El pasado 1º de agosto se realizó una consulta popular en México en la que la población podía pronunciarse sobre la necesidad de poner en tela de juicio a los actores políticos del pasado, en especial a los expresidentes de la república, por crímenes que hubieran cometido. La pregunta a ser votada incluía el establecimiento de comisiones de la verdad. Aunque la proporción de la ciudadanía que acudió a las urnas votó abrumadoramente por el sí —cerca de 98%— la tasa de participación fue baja.

Esclarecer la verdad sobre un sistema criminal

Establecer comisiones de la verdad y promover juicios a los expresidentes tiene el potencial de abrir un proceso que enjuicie todo un sistema de gobierno criminal y a sus perpetradores. Los expresidentes del período neoliberal dirigieron el establecimiento y el desarrollo de un sistema criminal de concentración de capital con miras a perpetuarlo.

Los expresidentes están ligados a una serie de delitos que se deberían esclarecer e idealmente deberían ser juzgados por ellos. Mientras que algunos pueden haber prescrito (de acuerdo con el derecho penal mexicano), otros podrían ser imprescriptibles. Además no todas las faltas se consideran delitos o delitos graves porque el marco jurídico ha sido moldeado precisamente por los propios expresidentes y sus aparatos políticos.

No obstante, es importante que se establezcan comisiones de la verdad que los ponga claramente en evidencia. Se trata de un elemento clave de cualquier justicia transicional entre un régimen autoritario o incluso semidictatorial y otro democrático. Es importante también develar quiénes son los responsables de los crímenes cometidos y quiénes sus cómplices. Se trata de delitos cometidos por la clase política del pasado, en los que colaboraron militares, jueces y grandes empresarios. Hay que aclarar que estos delitos ocurrieron tanto bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido Acción Nacional (PAN), que se vanagloriaba de haber iniciado un proceso de transición democrática pero que en realidad continuó con el régimen anterior.

Los delitos que identifican sectores importantes de la población incluyen acciones de despojo del pueblo mexicano en general y de comunidades particulares en el proceso de establecer el régimen neoliberal en México (privatización de cientos de empresas, rescate financiero del sistema bancario convertido en deuda pública, etc.), corrupción en las más altas esferas en todo el proceso, una serie de fraudes electorales —particularmente en las elecciones presidenciales, al menos en 1988 (PRI a PRI), 2006 (PAN a PAN) y 2012 (PAN a PRI)—, represión brutal contra movimientos opositores y populares del campo y la ciudad, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, «ejecuciones extrajudiciales» y masacres de Estado —principalmente de indígenas en el sur y sureste del país (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México)— en el marco de una supuesta «guerra contra el narco» que con frecuencia escondía la complicidad del Estado con algún cartel.

Consulta y democracia directa

Un comité promovente surgido desde abajo, por fuera de los aparatos políticos, se lanzó a recolectar firmas para que se hiciera una consulta popular con la pregunta de si se debía someter a juicio a los expresidentes por este tipo de crímenes. Hace pocos años se aprobó la figura de la consulta, y la legislación al respecto es bastante restrictiva. Aún así, se juntaron las firmas requeridas. El presidente López Obrador envió la solicitud de consulta para que se procediera con ella sin más trabas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la constitucionalidad de realizarla pero reformuló la pregunta, que resultó bastante ininteligible.

Con todo, la idea de la consulta, particularmente sobre el tema de la justicia ante el proceder delincuencial de los expresidentes —o de «los actores políticos del pasado», como quedó en la formulación final— es muy importante porque ofrece la posibilidad de que la población tome directamente una decisión fundamental. El proceso entero inició como un movimiento ciudadano para reclamar esclarecimiento de la verdad y justicia e incluso que se procese penalmente a los expresidentes. La votación, por sí misma, implica una sociedad involucrada.

Boicot de las derechas y coincidencias de las izquierdas

Las derechas entendieron los riesgos que encerraba la consulta y la posibilidad de ver un movimiento social importante impulsado por un triunfo en las urnas que exigiera el establecimiento de comisiones de la verdad y por la justicia para las víctimas. Implicaba poner en tela de juicio todo el sistema neoliberal, con su corrupción, clasismo, sexismo y racismo. Podía significar que la población relacionara todos esos fenómenos con el sistema capitalista y con la violencia generalizada que se vive en el país. Sobre todo, podía traducirse en que la población empezara a tomar en sus propias manos su futuro.

En lugar de expresarse abiertamente por el no, las corrientes de derecha optaron por boicotear la consulta. Nadie puede oponerse a que se sepa la verdad sobre los crímenes cometidos por alguno o todos los expresidentes y sus cómplices, por lo que llamar a votar por el no era una opción descartada de inicio. Sin embargo, había que justificar bien el llamado al boicot (más adelante analizaremos cómo lo hicieron, con éxito relativo). Lo interesante aquí es que una parte de los legisladores de Morena, el partido del presidente, así como de la cúpula que lo dirige, no son realmente de izquierda; y consciente o inconscientemente colaboraron con el boicot.

La derecha encontró un eslogan que le permitió persuadir a mucha gente que no merecía la pena salir a votar el domingo 1º de agosto. Difundió masivamente la idea de que «la justicia no se consulta, se aplica». El lema encontró eco entre mucha gente porque encierra una verdad que pareciera evidente. Por supuesto, jamás dijeron que durante décadas los gobiernos de derecha hicieron poco y nada para aplicar la justicia.

Algo totalmente inesperado fue la coincidencia que se experimentó del lado izquierdo del espectro político. Es cierto que ocurrió tarde respecto de la fecha de la votación, pero no le resta importancia a que la mayor parte del abanico de fuerzas de izquierda convocara a participar en la consulta. El comité promovente, corrientes consecuentes de Morena, diversas agrupaciones de izquierda socialista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamaron todos a apoyar la consulta. 

Por supuesto, no han desaparecido las diferencias entre distintos sectores de lo que podemos denominar como «izquierdas», pero la consulta les dio la oportunidad de actuar a favor de un mismo punto. La sed de justicia compartida por millones de ciudadanos consiguió el pronunciamiento de muchas otras organizaciones populares, como los padres de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de las víctimas de la Guardería ABC y el Congreso Nacional Indígena, entre otras. 

Consulta, boicot y resultados

El resultado cuantitativo de la Consulta Popular ha sido sobreexplotado por medios de comunicación hegemónicos: 7,1% de participación frente a 92,9% de abstencionismo, calificando a la consulta de «fracaso». No existe un solo factor explicativo; las razones son sumamente diversas. No obstante, sostenemos que el boicot articulado por las derechas, apoyadas por los medios de comunicación corporativos, impactó de manera significativa en el porcentaje de abstenciones.

Es indispensable comprender el movimiento que impulsó la Consulta Popular, encabezado por el Comité Promovente, una organización autónoma, dirigida por la luchadora social Ariadna Bahena y el activista Omar García. Su objetivo fue (y continúa siendo) exigir justicia, esclarecer los hechos, obtener reparación de daños a millones de víctimas de la violencia del Estado mexicano en los últimos 30 años.

Frente al creciente descontento de la ciudadanía con los gobiernos mexicanos (incluido el actual) y el potencial para organizar un movimiento popular que podía amenazar determinados privilegios, las derechas articularon una campaña de desprestigio contra la consulta a través de medios de comunicación hegemónicos, promovido por el desprecio y el miedo que comparten hacia los movimientos de base popular. Las derechas mexicanas desdibujaron las voces que exigen justicia y difundieron la figura de Andrés Manuel López Obrador como el rostro único de dicha acción ciudadana.

Los medios de comunicación corporativos difundieron que «la aplicación de la ley no es optativa ni voluntaria», sino que debe acatarse sin la necesidad de consultar a la ciudadanía; en otras palabras, «la ley no se consulta, se aplica». Sin embargo, los sectores populares sabemos de sobra que la aplicación de la ley en México es un privilegio, la excepción y no la norma; esta realidad está respaldada por el Índice Global de Impunidad 2020 (GII-2020, por sus siglas en inglés), donde México ocupa el lugar número 60 de 69 países analizados con mayor índice de impunidad.

Partidos políticos como PAN, PRI, PRD e incluso algunas facciones de Morena y sus representantes en el Congreso de la Unión promovieron el boicot, argumentando la intrascendencia de la consulta. El Instituto Nacional Electoral (INE), defensor evidente de la restauración oligárquica, participó activamente en el boicot a la consulta no solo por su deficiente desempeño en la organización y falta de difusión, sino también por las declaraciones y acciones de sus funcionarios más destacados, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, contra el proceso. 

Lamentablemente, la parcialidad del organismo central de arbitraje no sorprende a las y los mexicanos, pues su participación en el fraude electoral de 2006 e incluso de 2012 es bien conocida, al igual que sus alianzas con los medios de comunicación hegemónicos, la malversación de fondos y su sistemático soslayo de las violaciones a la democracia por las facciones políticas de derecha. Tanto el INE como la mayoría de los partidos políticos oficiales forman parte de los actores políticos del pasado que deberían ser sometidos a juicio.

En suma, el hábil boicot de las derechas obnubiló la opinión de una parte importante de la ciudadanía que, bombardeada de información sesgada, se abstuvo de participar en un proceso que parecía no tener sentido, ser innecesario.

Someter el sistema a juicio

No obstante el cansancio de la ciudadanía por tanta elección y el boicot astuto de las derechas, es importante destacar que participaron cerca de 7 millones de mexicanos en una consulta en que 97 de cada 100 votaron a favor del juicio a los actores políticos del pasado. Del resto, una gran parte está a favor de que se les juzgue, al grado de que muchos se tragaron la idea de que simplemente hay que aplicarles la ley sin necesidad de ir a votar. La participación demostró, en cierta medida, el alcance de las organizaciones populares.

También es interesante observar, como revela el mapa adjunto, que fue en el Sur y en el Este del país, las zonas más empobrecidas, más indígenas y en las que más se han sufrido el despojo, la represión y las masacres, donde hubo mayor participación.

No sorprende que la derecha temblara ante la posibilidad de articular un movimiento popular, de democracia directa, a gran escala. Las organizaciones populares resultaron fortalecidas tras la campaña por la consulta popular. Existe la posibilidad de aprovechar el éxito de la movilización (así sea relativo) para continuarla y establecer comisiones de la verdad y tribunales populares para juzgar los crímenes del pasado. Es indispensable permanecer firmes, organizades y unides en la lucha contra el sistema capitalista en su expresión neoliberal, un sistema criminal. ¡Ni perdón, ni olvido!

 

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Publicado en Artículos, Elecciones, homeIzq, Mexico and Política

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