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Peru's presidential candidate Pedro Castillo addresses supporters from the headquarters of the "Free Peru" party in Lima, Peru, June 15, 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda

Perú: desafíos y límites institucionales de un proyecto transformador

Las acusaciones de fraude por parte de Keiko Fujimori han situado al país en un impasse político con impredecibles consecuencias sociales. Con todo, si Pedro Castillo es proclamado presidente enfrentará numerosos desafíos y necesitará del apoyo de otras fuerzas políticas para lograr ejecutar su proyecto transformador. 

Las pasadas elecciones presidenciales de Perú del pasado 6 de junio se dieron en un contexto muy polarizado con dos proyectos de país completamente contrapuestos. La inestabilidad política acompaña la realidad institucional del país desde hace décadas, y nada parece indicar que la situación se vaya a equilibrar tras los comicios. Los últimos gobiernos de Perú no han logrado acabar sus mandatos, y el estrecho margen entre Castillo y Fujimori, sumado a las virulentas acusaciones de fraude lanzadas por Keiko y sus partidarios, convierten a Perú en un escenario sociopolítico complicado de culminación incierta. 

Con el 100% de los votos contabilizados por parte de la ONPE, el profesor rural y dirigente sindical Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, se convirtió virtualmente en el ganador de las elecciones presidenciales de la República de Perú, tras superar por tan solo 45 mil votos a su rival, Keiko Fujimori, del partido ultraderechista Fuerza Popular. Sin embargo, Keiko Fujimori —que podría volver a la cárcel por diversas acusaciones de corrupción— no ha aceptado los resultados y ha declarado que las elecciones han sido un fraude. Además, la hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori (1990–2000) ha pedido la anulación de más de 200 mil votos, lo que conduce al país a una situación de bloqueo y a un incremento de la polarización social con unas impredecibles consecuencias en las calles. 

Un sistema presidencialista 

Si nada se demuestra finalmente, y si la comunidad internacional y la OEA acaban ratificando la victoria de Castillo, la República de Perú se enfrenta a un plan de futuro de profunda transformación proyectado por el líder de Perú Libre. El proyecto del sindicalista Pedro Castillo plantea para los primeros 100 días de presidencia la promulgación de una nueva Carta Magna peruana que acabe con la Constitución actual de 1993 que, según el candidato, «prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad». 

Esta nueva Constitución será sometida a referéndum y pretende contener un enfoque más humanista y solidario donde el Estado tenga un papel mayor que logre redistribuir la riqueza y reconozca expresamente y garantice «los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, y el acceso al internet; el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural; de los derechos de la naturaleza y el buen vivir». 

Ahora bien, ¿cuánto poder tendrá realmente Pedro Castillo para promulgar leyes, redactar una Asamblea Popular Constituyente y, por lo tanto, transformar Perú? 

El presidencialismo de Perú se basa en un sistema de gobierno a través del cual el presidente se convierte en el líder del poder ejecutivo y de Gobierno tras ser elegido de forma directa a través de elecciones en sistema mayoritario a doble vuelta. De esta manera, la legitimización del cargo y de las leyes que promulgue se ven reforzadas por el triunfo absoluto en las votaciones surgidas de las urnas y dota al nuevo gobierno de una estabilidad política inicial. Sin embargo, el poder ejecutivo no goza de poder absoluto en el país y sus políticas rinden cuentas ante el Congreso. 

Si finalmente el próximo 28 de julio Pedro Castillo se convierte oficialmente en presidente de Perú, lo hará en un contexto social y político fragmentado donde, además, las facultades, derechos y obligaciones de su presidencia con respecto a los otros poderes del Estado vienen marcadas por una Constitución de Perú de 1993 con una estructura legal que no deja demasiado espacio a la unilateralidad a la hora de promulgar leyes y generar cambios profundos desde el ejecutivo, puesto que debe contar antes con el amplio respaldo del Congreso.

Con todo, la República de Perú sería un caso de presidencialismo puro donde el presidente se reserva la libertad de designar a los ministros y funcionarios de su gabinete de gobierno independientemente de la composición del parlamento. Conviene apuntar que el análisis de su sistema presidencialista no se puede remitir solo a elementos institucionales, sino también a los que se relacionan con su contexto socioeconómico. 

Así pues, el estado de la economía y la popularidad del Jefe de Estado son aspectos que afectan a la gestión política diaria y que se podría dividir en dos dimensiones: una dimensión de naturaleza política, donde se analizan los poderes que tiene el presidente y que le otorgan las instituciones —además del número de diputados afines que ocupan puestos en el parlamento— y, en segundo lugar, una dimensión de naturaleza contextual, que analiza el desempeño de la economía en el país y el grado de confianza que muestra la población a la gestión de su presidente. 

Más allá de las instituciones y sus limitaciones de diseño, el apoyo a las políticas del futuro presidente se medirá en las calles y, sin duda, será una de las claves que incline la balanza y determine la postura que acabe tomando el Congreso ante el ambicioso proyecto de Castillo y Perú Libre.

La amenaza de la vacancia

En el caso de Perú, el presidente ostenta el cargo por un período de cinco años sin que exista posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo, puede ser sustituido antes del fin del mandato por medio de votación parlamentaria extraordinaria solo en algunos supuestos donde se declara la vacancia del cargo por parte del Congreso de la República. El supuesto recurrido en el caso del último presidente destituido por el Parlamento del país, Martín Vizcarra (2018-2020), fue el de incapacidad moral, el mismo que se empleó contra el dictador Alberto Fujimori.

Se trata de un supuesto que recoge la vigente Constitución que establece en su artículo 113° que la Presidencia de la República queda vacante en el caso de que se consigan dos terceras partes de votos favorables de los diputados del Congreso, es decir 87 de los 130 escaños que tiene el Congreso peruano. Si bien el recurso a la incapacidad moral para lograr la destitución del presidente se mueve en un terreno ambiguo (puesto que en ningún caso el término queda definido en la Constitución), queda en última instancia supeditado a la voluntad del Congreso. La permanencia del presidente peruano, así, depende de 87 votos de congresistas, lo que en la práctica supone una forma de contrapeso en los poderes institucionales del país, pero a su vez constituye una forma opaca de destitución que acaba por provocar episodios de inestabilidad democrática de forma frecuente. 

El abuso del ejercicio de la vacancia presidencial queda patente en los últimos mandatos presidenciales fallidos. Antes de ser sustituido, Vizcarra fue vicepresidente de Perú y acabó convirtiéndose en presidente tras suceder a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien, tras un juicio político infructuoso, tampoco acabó su mandato, por estar envuelto en graves acusaciones de corrupción en el marco del caso Odebrecht. 

A pesar del rápido crecimiento económico que ha experimentado Perú en los últimos años, el país lleva décadas arrastrando problemas derivados de la corrupción y las grandes desigualdades que se dan entre la metrópolis de Lima y las zonas rurales indigenistas, lo que ha propiciado que quede anclado en profundas tensiones sociopolíticas de difícil solución. 

Así pues, los últimos gobiernos de Perú han acabado con todos sus expresidentes envueltos en graves casos de corrupción y en una vorágine de destituciones, arrestos e incluso suicidios que han deslegitimado completamente a la clase política. Además, la polarización subyacente ha terminado por conformar una atmósfera política irrespirable llena de acusaciones y casos de corrupción interpartidistas, que ha acabado por aupar a un inesperado candidato de izquierda popular antineoliberal como Pedro Castillo a la presidencia del país latinoamericano. 

El futuro parlamento contará con el partido Perú Libre como primera minoría, con 37 diputados, pero la regulación del juicio político en Perú de sistema unicameral se compone de un modelo con procedimiento de tipo parlamentario; es decir, radica en la misma cámara legislativa del país la cualidad de iniciar la acusación contra el presidente mediante votación siendo suficiente poco más de un tercio de la cámara para la aprobación (tan solo 48 votos favorables).

Por otro lado, este modelo también recoge la capacidad del Congreso para actuar en la práctica como jurado, en tanto que son los mismos parlamentarios los que mediante votación pueden destituir al presidente sin que haya una intervención externa que impida o dilate la destitución. El procedimiento de revocación está establecido en la mayoría de países de América Latina y sirve para reducir la capacidad del ejecutivo de los sistemas presidencialistas y, en teoría, hacer menos rígido el poder del presidente. En este supuesto, Pedro Castillo puede ser destituido por el parlamento siempre y cuando se consigan 87 votos de los 130 congresistas que alberga el Congreso peruano.

Recientemente, se ha sabido que a pesar del desacuerdo del presidente interino Francisco Sagasti, varios congresistas peruanos habrían maniobrado para acometer reformas constitucionales exprés que situarían al nuevo presidente en una posición de debilidad con respecto al parlamento legislativo con el fin de intentar dinamitar así su mandato antes incluso de que dé comienzo. 

Con la Constitución vigente, en un hipotético contexto de tensión futura entre los poderes ejecutivo de Castillo y el parlamentario del Congreso de Perú, el poder parlamentario peruano puede activar el mecanismo de control sobre el ejecutivo para iniciar un procedimiento que puede forzar la destitución por medio del manido juicio político al presidente Castillo. La Constitución peruana recoge la posibilidad de que el presidente del ejecutivo sea destituido no solo por delitos, sino también por otras causas, como el mal ejercicio de su gestión. 

La oposición que se pueda conformar a Pedro Castillo en el fragmentado y recién elegido Congreso peruano puede acabar por generar una atmósfera de contrapesos de difícil gestión, donde la amenaza de destitución por incapacidad moral acabe instalada de forma permanente en la cámara legislativa durante el tiempo que dure el mandato presidencial.

Los contrapesos del diseño institucional peruano

La necesidad de contar con más de dos tercios de la cámara para que se apruebe la revocación supone recabar en la práctica un número considerablemente alto de apoyos parlamentarios, lo cual se traduce en un mecanismo de protección de la figura del presidente ante el poder legislativo, donde puede darse que la línea política del presidente esté situada como fuerza minoritaria frente a una oposición dividida en diferentes partidos en el Congreso. 

Por otro lado, aunque sin éxito en Perú, también sirve como medida para evitar el uso del juicio político como arma arrojadiza recurrente entre los diferentes partidos, lo que habitualmente conduce a la inestabilidad sociopolítica con posibles efectos sobre la economía y la confianza de los inversores. Como se ha comprobado en el caso peruano, en un país con una historia convulsa de gran inestabilidad económica, violencia y terrorismo, la inestabilidad suele traer aparejados graves problemas y riesgos. 

Con todo, el parlamento de Perú ha tenido, por lo general, un papel determinante en la legislación del país frente al poder Ejecutivo, sobre todo cuando el Parlamento ha estado compuesto por elementos contrarios a la línea política del Ejecutivo y se han situado en una posición proactiva. Las leyes promulgadas por el futuro Presidente de la República de Perú tendrán que contar con el respaldo de la mayoría del Congreso, por lo que ninguna ley puede ser aprobada sin el respaldo mayoritario. El mandato de Pedro Castillo deberá enfrentarse a los contrapesos que el sistema político de Perú ha establecido respecto al Congreso para la promulgación de leyes y transformaciones de calado. 

Como apunta en su programa político, Pedro Castillo quiere conformar una Asamblea Popular Constituyente que redacte la nueva Constitución. Esto supone un escenario controvertido, puesto que aún no se sabe con certeza el mecanismo que se utilizará para convocar esa asamblea. El partido del candidato, Perú Libre, no goza de los apoyos suficientes en el Congreso que se conformará a partir los resultados de las elecciones generales del 11 de abril, por lo que Castillo se verá forzado a negociar con el resto de las fuerzas políticas del hemiciclo cualquier iniciativa que pretenda ejecutar.

Por otro lado, es de suponer que una nueva Constitución no será suficiente para reorganizar la economía, solucionar los principales problemas y transformar las estructuras que acompaña el modelo capitalista neoliberal insertado en el país. Pedro Castillo necesitará ir más lejos.

Así pues, las resoluciones de las crisis por vía institucional deben mucho al mismo diseño institucional de Perú y su sistema presidencialista unicameral, el cual permite promover una rápida gestión burocrática de la revocación. Al no existir más órganos deliberativos que puedan prolongar la situación de inestabilidad, el Congreso puede llevar a cabo el relevo presidencial en el menor tiempo posible. 

A raíz de los juicios políticos y destituciones que se han dado en la historia de Perú, se puede afirmar que el tipo de sistema presidencial de Perú ha generado que el mecanismo democrático para destituir al presidente sea efectivo y rápido, aunque esto haya dado pie a una inestabilidad política permanente y a que en numerosas ocasiones el juicio político haya sido instrumentalizado por la oposición para bloquear avances bajo argumentos y motivaciones pobres. 

La anquilosada y demostrada corrupción en la compra de votos de congresistas en votaciones clave del país ha dejado a las instituciones peruanas bajo una permanente sospecha generalizada por parte de una escéptica y hastiada ciudadanía peruana. Con todo, los mecanismos de contrapesos institucionales de Perú pueden también significar una garantía de preservación de las bases democráticas, en tanto evitan que la posición del presidente como jefe del ejecutivo se traduzca en una figura autoritaria que se presente ajena a las demandas de la cámara legislativa, esto es, el máximo órgano de representación popular de la República de Perú. 

Límites y desafíos del proyecto de Pedro Castillo

No existen ejemplos de gobiernos que hayan puesto en marcha medidas contrarias a los intereses del gran capital sin que haya desatado en consecuencia una guerra mediática, política y económica en su contra para desestabilizarlos. Perú va a tener que lidiar con esta dura realidad de ahora en adelante, máxime en un país con un fujimorismo que no se resiste a desaparecer y que goza todavía de notable apoyo social, principalmente en la zona metropolitana de Lima. 

Castillo podrá transformar el país, pero siempre dentro de unos marcos muy delimitados, tanto por los límites institucionales que hemos visto, como también por los que intrínsecamente acaba marcando la misma estructura capitalista y financiera en la que está inserto el país. Su futuro mandato vendrá determinado por reformas que tratarán de anteponer mejoras en las condiciones de vida de la mayoría social peruana, pero estas mejoras estarán siempre amenazadas y, por lo tanto, supeditadas a la volatilidad de los precios en el comercio mundial, la incertidumbre financiera, la hipotética inestabilidad social y política y la confianza del capital inversor y los mercados. 

Siguiendo la estela de nacionalizaciones que implementó con notable éxito económico Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo también plantea en su proyecto de país la nacionalización de sectores energéticos estratégicos, como es el caso de los mineros, así como la renegociación de contratos con las empresas privadas y la posible conformación de un proyecto nacional de corte desprivatizador. 

Cabe recordar que en ningún caso la estatización de la economía supone la socialización de los medios de producción y, aunque el futuro gobierno peruano pueda llevar a cabo políticas redistributivas con el excedente social y revertir en la sociedad los beneficios de su economía, la organización de la producción centralizada también puede conllevar el riesgo de conformar una nueva élite política que acapare privilegios desde posiciones estatales dominantes. Las nacionalizaciones que se den en Perú sobre la propiedad privada de las grandes empresas dominantes de la economía deben ir enmarcadas en la construcción gradual de un sector estatal fuerte e intervencionista, entendido como embrión de un proyecto socialista emancipador que sitúe la economía bajo el control de los trabajadores. 

En todo caso, en momentos de crisis como el actual, y con buena parte de las capacidades productivas del país todavía bajo un régimen de propiedad privada, la competitividad se vuelve prioridad y el gobierno se convierte en rehén de un Estado que, en definitiva, no deja de ser una parte inherente y dependiente de la estructura del capital y de sus flujos comerciales y financieros mundiales. 

Para implementar el proyecto transformador de la economía y el control de los sectores estratégicos peruanos, Castillo deberá tener en cuenta las capacidades técnicas y, principalmente, económicas. Cualquier paso en falso significará una muesca más en la estrategia de la derecha peruana para tratar de debilitar al nuevo gobierno. Por otro lado, las políticas que se impulsen deberán ir acompañas de un profundo estudio de sus consecuencias sobre las relaciones hegemónicas, en tanto existirá el riesgo permanente de que ciertas políticas en contextos de comunicación deficitaria pueda derivar en adhesión de necesarios sectores sociales peruanos a los intereses de la burguesía dominante. 

Pedro Castillo y su futuro equipo deberán invertir ingentes recursos en comunicar sus políticas de manera eficiente en coherencia con las capacidades reales de implementación con el fin de no facilitar los movimientos del campo conservador. El proceso de cambio que viene necesitará sumar todas las fuerzas posibles e ilusionar a todas las capas sociales posibles si quiere alcanzar con éxito los objetivos que se plantean en la construcción de un nuevo Perú.

En definitiva, ganar las elecciones presidenciales es un paso muy importante para cambiar el país, pero el mero hecho de proclamarse vencedor no otorga el poder al presidente. El poder real se mide en la capacidad de contener los embates de la derecha y la ultraderecha peruanas que tratarán sin descanso de movilizar al electorado e incidir en la opinión pública, presionar en la economía a través de sus vínculos empresariales y determinar la visión internacional que se tenga sobre Perú, algo que sin duda afecta a la estabilidad económica del país. 

Con toda probabilidad, el futuro mandato de Pedro Castillo va a ser tortuoso, pues la clase dominante peruana, en connivencia con nutridos intereses económicos internacionales, no va a renunciar a sus privilegios sin conformar antes una oposición feroz contra toda política que busque transformar las actuales relaciones de poder. Habrá que hacer pesar la fuerza del pueblo movilizado.

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Publicado en Elecciones, homeCentro, Perú and Política

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