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Jennifer Pedraza es una de las figuras más destacadas de una nueva generación de militantes de izquierda en Colombia.

«Soy optimista con lo que viene, Colombia vive un viraje político»

Una entevista a:

El Paro Nacional en Colombia ingresó en su segundo mes. El gobierno de Duque, cada vez más irracional, apuesta por aterrorizar y agotar la movilización. Pero la batalla del desgaste parece estar ganándola el pueblo colombiano, que no abandona las calles.

Por Nicolas Allen

El paro nacional de Colombia, que comenzó el pasado 28 de abril, entra ahora en su segundo mes. Aun enfrentando una represión brutal y la cada vez más acuciante escasez de alimentos, en todo el país los manifestantes permanecen en las calles. El gobierno derechista de Iván Duque, mientras tanto, sigue esquivando las negociaciones, apostando a que la gente, agotada y aterrorizada, acabe regresando a casa.

Sin embargo, como afirma Forrest Hylton, La Resistencia parece estar ganando la guerra de desgaste. El gobierno uribista de Duque probablemente esté entrando en una crisis de legitimidad de la que no hay vuelta atrás. A medida que el conflicto se extiende en el tiempo y el gobierno continúa sin entrar en razones, se proyecta una sombra más larga sobre las elecciones generales de 2022.

La organización del paro y la canalización de las demandas de los manifestantes suponen un reto especial, y los diversos movimientos sociales del país han desempeñado un papel vital en ese sentido. Pero hay tres aspectos interrelacionados que han resultado especialmente complejos. El carácter mayoritariamente espontáneo de un movimiento de protesta que cuenta con millones de personas ha planteado importantes problemas de organización, y la coordinación de las diversas demandas —descuidadas por el orden neoliberal colombiano durante los últimos 30 años— es una tarea de enormes proporciones. Del mismo modo, los movimientos sociales colombianos, con banderas específicas y geográficamente limitadas, no siempre están equipados para gestionar un movimiento de protesta cuyo alcance es claramente nacional. 

Además, los manifestantes proceden en su gran mayoría de las filas del enorme grupo de jóvenes subproletarios de Colombia, los llamados «ni–ni», que ni estudian ni trabajan y, por tanto, carecen de cualquier conexión con el movimiento obrero o estudiantil organizado. Contándose entre las principales víctimas del estancamiento económico y de las secuelas de la pandemia, la juventud colombiana ha experimentado un proceso de politización vertiginoso en cuestión de meses, que hoy la encuentra al frente de las barricadas.

Jennifer Pedraza es una de las figuras más destacadas de una nueva generación de militantes de izquierda en Colombia. Como exrepresentante de la mayor organización estudiantil del país, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ha desempeñado un papel cada vez más crítico como una de las principales portavoces y organizadoras del movimiento que sostiene el Paro Nacional.

Pedraza también fue representante estudiantil en el Comité Nacional de Paro, el órgano responsable de convocar las acciones de huelga nacional y de combinar y transmitir las demandas de los manifestantes al gobierno de Duque. 

Descrita por Hylton como «una Alexandria Ocasio-Cortez mucho más radical» y como una formidable pensadora socialista a la que los opositores de derecha temen enfrentarse en un debate público, Jennifer Pedraza ha compartido el destino de muchos otros líderes de movimientos sociales e izquierdistas en Colombia: a medida que su perfil sube, también se incrementan las amenazas contra ella.

Desde Jacobin América Latina conversamos con ella sobre los retos que supone coordinar la masiva y repentina agitación social de Colombia, el potencial de las protestas para converger en torno a un programa político común y la necesidad de impulsar el movimiento de protesta más allá de las demandas inmediatas de renuncia de Duque, hacia un cuestionamiento abierto del sistema neoliberal que lo sostiene.

 

NA

¿Me puedes comentar un poco sobre tu trayectoria militante y sobre cómo llegaste a ser dirigenta estudiantil?

 

JP

Yo empecé militando de muy joven, en una ciudad que se llama Bucaramanga, cerca de uno de los páramos más importantes de Colombia. En ese momento, mientras estaba terminando el colegio, querían hacer un proyecto de megaminería en el páramo de Santurbán, y como respuesta surgió un movimiento en contra de la multinacional que en ese momento quería explotar el oro del páramo. Fue entonces que empecé a meterme en la política.

Eso fue en 2011, el mismo año en que resurgió con fuerza un movimiento estudiantil no solo en Colombia, sino también en Chile, México, y buena parte de América Latina. Con mis amigos del colegio salimos a marchar y ahí yo terminé metida en el movimiento estudiantil hasta que pasé a la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante de Colombia.

Esperaba encontrarme con una universidad hermosa, pero me topé en cambio con una universidad muy desfinanciada. Imagínate que en invierno se nos cayó el techo encima a mis compañeros y a mí en medio de una clase. Ahí fue que con mis compañeras y compañeros decidimos lanzarme a mi a la representación estudiantil. Y al fin de cuentas ganamos.

En el año 2018, cuando fui electa como representante estudiantil de la Universidad Nacional, hubo un gran paro estudiantil en Colombia, el primero contra Duque y también el que abrió la oleada de protestas que vino después. Fue un paro muy victorioso, pero también con mucha persecución de parte del gobierno contra quienes asumimos una vocería. Cuando, en medio de las protestas, fui a hablar en el Congreso, me cerraron el micrófono. Al día siguiente comenzó el paro.

Respecto a la asociación que he representado, lo que intentamos montar en Colombia es algo similar —no igual— a la CONFECH de Chile: una federación con representantes estudiantiles elegidos por carrera, por universidad y por región, articulándose en un movimiento estudiantil nacional. Nuestra asociación se llama la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (ACREES).

 

NA

Y ahora, por supuesto, eres representante gremial del movimiento estudiantil en el Comité Nacional del Paro. ¿Cuál es la situación hoy en día en las calles? ¿Cómo incide o que relación tiene el Comité con las protestas? 

 

JP

Hay muchos sectores que se han movilizado, y hay que decir que las protestas de alguna forma han sobrepasado la organización previa del propio movimiento social. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea importante el papel articulador del movimiento. Aún así, desde el Comité Nacional de Paro se hacen esfuerzos constantes para recoger e integrar esos nuevos sectores que se han estado movilizando, para proponerles que se organicen y que elijan representaciones que se vinculen al Comité Nacional de Paro.

¿Por qué llamamos a que se vinculen con el Comité? Porque estamos convencidos de que es fundamental articular esas luchas regionales. Desde nuestra perspectiva, esa articulación es esencial para poder sumar todas estas fuerzas que se encuentran en la calle, sobre todo porque el gobierno ha tenido la táctica de montar mesas de negociación sector por sector. Es decir, está empleando el manual básico para fragmentar y en última instancia frenar el paro.

Ahora, respecto al papel del Comité frente a las manifestaciones, no veo la posibilidad de recoger el 100% de los reclamos de la gente que hoy está marchando pacíficamente. Es duro, porque hay una falta de organización muy clara y hasta muy grave, especialmente entre la juventud. Tenemos una proporción muy grande de «ninis» (jóvenes que ni estudian ni trabajan), que no están recogidos por las organizaciones estudiantiles ni por los sindicatos.

La otra dificultad, nada menor, es que las protestas no fueron un proceso progresivo. Todo lo contrario: de un momento a otro, 10 millones de personas estaban marchando en las calles. No hubo tiempo para organizar todo lo que pasaba en ese momento. Fue un estallido social que no se alcanzó a organizar de entrada. Literalmente, el mes que llamamos al paro lo llevamos organizando todos esos sectores, precisamente para recogerles y vincularlos en el Comité.

Para poner un ejemplo: las barras de fútbol han participado masivamente en las marchas, pero también llevan sus propias idiosincrasias. Esa gente se ha organizado, ha elegido unas vocerías y estamos conversando con el Comité Nacional de Paro para incluirlas. Participar en las barras de futbol es una de las formas más habituales que tiene la juventud para organizarse, así que estamos tratando de recogerlas.

Yo creo que este desborde de demandas es más bien organizativo; porque si tú revisas, incluso las exigencias más locales están todas muy sintonizadas con las demandas que promueve el Comité Nacional de Paro. Se hizo una encuesta, y el 93% de los pliegos que han salido de los barrios están representados en lo que pedimos desde el Comité. Tumbamos la reforma tributaria, el Ministro de Hacienda, la reforma a la salud… Todos esos puntos eran reivindicaciones centrales entre la juventud y en las calles.

De esa misma encuesta se desprende que el 63% de la juventud se siente representada por el Comité Nacional de Paro. No es el 100% de respaldo, eso es cierto. Pero imagínate lo difícil que es unir al sector estudiantil, al sindical, al de mujeres, los afroindígenas, los trabajadores, etc. Es complicado, pero venimos avanzando bien sobre esta cuestión.

 

NA

Recién revisaba las exigencias del Comité y a simple vista parecen sumamente urgentes los reclamos presentados. Pintan la imagen de una sociedad al borde del colapso…

 

JP

Claro, el Comité presentó un pliego de emergencia que, bien como indica su título, es muy urgente. ¿Qué contiene ese pliego de emergencia? Un punto muy clave, tal vez el central, es una renta básica de un salario mínimo para diez millones de familias colombianas que se encuentran en una situación muy delicada a causa de la crisis. 

La segunda exigencia es que se garanticen condiciones de bioseguridad y formalización laboral para el personal de la salud. La tercera, relacionada con la educación, es que no cobren la matrícula para las universidades públicas mientras estemos en pandemia. Este punto incluye también la adaptación de los colegios para que tengan condiciones de bioseguridad para volver a la presencialidad.

La cuarta exigencia es la defensa de la producción nacional, que se encuentra en un estado muy crítico. En 2020 hubo una huelga de los productores de papa y tuvieron que salir en plena pandemia sin tapabocas a vender papas en las carreteras. ¿Por qué? Porque la importación de papa belga estaba quebrando a todos, y pues nadie en el campo colombiano está pudiendo vender lo que produce. Entonces nosotros tenemos la exigencia de defender la producción nacional para que haya empleo de calidad. En Colombia, el 80% del empleo formal lo garantizan las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que han sido más afectadas con esta crisis.

Dentro del punto de la defensa de la producción nacional está también la exigencia de que se tumbe un decreto que Duque aprovechó para aprobar en medio de la pandemia. El decreto promueve la reforma laboral contra la que ya marchamos en el 2019, una reforma con que ya no nos cotizan a pensión por meses, sino por horas, y que expande la precarización de las condiciones laborales y pensionales de los trabajadores.

El quinto punto tiene que ver con la violencia contra nosotras, las mujeres, que es el punto del movimiento feminista. Además de la feminización del desempleo, ha habido un escalamiento de la violencia machista en el marco de la cuarentena contra nosotras. Cuando nos encierran con nuestras parejas, de quienes además dependemos económicamente porque somos las más desempleadas, las más informalizadas, termina siendo un caldo de cultivo perfecto para que nos maten y nos maltraten.

El movimiento feminista en Colombia le pidió a Duque que declarara un estado de emergencia nacional por violencia machista. Nunca respondió. Entonces le seguimos pidiendo medidas de prevención y de sanción de este tipo de situaciones.

Y el último punto es el de la no privatización de empresas públicas. Porque el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla —quien finalmente fue tumbado por las protestas— amenazó con que si no dejábamos que se apruebe la reforma tributaria, él iba a privatizar Ecopetrol S.A., que son empresas nacionales públicas muy importantes, de las cuales se financia gran parte el Estado colombiano.

Duque no quería firmar ni siquiera un preacuerdo que contemplaba la garantía del derecho a la protesta y un proceso de negociación (aunque su delegación sí estuvo de acuerdo). Yo interpreto que eso es así porque la estrategia de Duque es simplemente alargar este proceso de supuesto «dialogo» y apostar al desgaste del movimiento al tiempo que reprime excesivamente las protestas.

 

NA

Claro, creo que la pregunta es cuánta expectativa se puede tener en que prospere una negociación con un gobierno de corte tan autoritario como el de Duque.

 

JP

El Comité Nacional de Paro fue convocado por el gobierno a una «mesa de diálogo». Pero nosotros no estamos para «dialogar», nosotros queremos negociar. Porque en 2019 también Duque llamó a un acuerdo de diálogo. Citó a todo el mundo, se «dialogó», pero al final no hubo ningún acuerdo. Nada. Fue una puesta en escena, una estrategia para legitimar las políticas que después iba a sacar. 

El pliego nacional de emergencia, de hecho, fue construido por todos los sectores sociales desde 2020. ¡Hace once meses que lo presentamos al gobierno! Y nunca hemos tenido respuesta alguna. Es un gobierno absolutamente antidemocrático y arbitrario, completamente incapaz de dar alguna respuesta.

Ante esa falta de respuesta, evidentemente la política del gobierno es jugarle al desgaste al tiempo que siembra miedo sobre el hecho de salir a las calles. Los excesos que hemos visto recientemente son una novedad absoluta para mi generación. Circulan videos en las redes sociales en los que se puede ver a la Policía disparándole a gente que ni siquiera está marchando.

Francamente, lo que hacen es un ataque directo al derecho constitucional a la protesta, violando todo tipo de protocolo. No hay legitimidad, no hay legalidad, no hay proporcionalidad, que son los tres principios que deben regir el uso de la fuerza pública por ley en Colombia.

Aún así, negociar con el gobierno es la única vía que tiene el paro para conquistar algunas reivindicaciones en términos de las decisiones de política pública que son fundamentales en este momento. No está en juego cualquier cosa: está en juego resolver el hambre que está pasando la gente. Eso es algo tan importante como urgente.

De entrada, con lo que ganamos hasta ahora, la gente no tendrá que pagar IVA sobre los huevos, la leche, el pan, el café y demás bienes básicos. También tuvimos una segunda victoria, muy importante, para que no se concentre el mercado de EPS, que son las entidades intermediarias en el sistema de salud. Eso era algo que iba a pasar con la reforma de salud que con el Paro se logró archivar.

Todos estos triunfos, aunque parciales, implican mejorías en la vida de la gente en general. Creo que el punto de la renta básica es un punto muy importante a negociar porque implicaría realmente una transformación inmediata y necesaria en la vida cotidiana de la gente.

Ahora, el resto de las transformaciones políticas lo más probable es que se den en 2022, cuando hay elecciones. Los tratados de libre comercio y otros cambios profundos requieren una transformación política de la dirección del Estado colombiano, y creo que esas reivindicaciones más macro vamos a tener que verlas en el debate presidencial de 2022.

Hay gente que dice: «Pero a Duque le quedan todavía 11 meses antes de las elecciones». Lo que pasa es que si Duque renuncia, como piden algunos, queda la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que es aún más conservadora que él. Si sacamos a la vicepresidenta, queda el presidente del Congreso, que es de uno de los partidos más cercanos al gobierno. A mi modo de ver, el debate debe ser centrado en el modelo económico. Un modelo económico que hoy tiene al frente a Duque, pero que ha sido sostenido también por siete gobiernos previos al suyo que nos han dejado como estamos.

 

NA

¿Qué expectativas tienes para las elecciones de 2022? ¿Crees que las protestas podrán, en alguna medida, dictar o incidir en los términos del debate presidencial?

 

JP

Lo primero que hay que decir es que el Centro Democrático (el partido de Duque y Uribe) va a perder las elecciones. Eso sí. El gobierno está demasiado desgastado. 

Pero más allá de la derrota del CD, la tendencia que será decisiva es la politización de los votantes. Colombia ha sido una sociedad muy apolítica; la postura más extendida es que todos los políticos son iguales; siendo todos lo mismo, ¿para qué votar? O mejor, ¿por qué no vender el voto? Yo espero que esta idea haya cambiado radicalmente a partir del proceso de politización de la juventud (que no es solo de la juventud) que acompañó y potenció estas protestas. Y espero que eso se traduzca en las urnas.

Soy optimista frente a las elecciones de 2022, principalmente por el viraje político que vive Colombia. Pero aún así desde los movimientos sociales tenemos el enorme desafío de lograr expresar estas luchas en la arena electoral, y que los movimientos sociales tengan un vinculo más claro con la política electoral e institucional.

Creo que la lucha por la soberanía nacional es una gran bandera que vamos a tener que promover contra este modelo económico en 2022. Hay poderes internacionales que violan la soberanía colombiana estableciendo políticas públicas en contra de las mayorías y a favor de los bancos y las multinacionales extranjeras. 

La reforma fiscal estaba plagada de exenciones tributarias para estos intereses. Y aun más: esa reforma, que congelaba el gasto público en plena pandemia, fue redactada por la OCDE en 2019, en un documento que se llama «Recomendaciones de Política Pública para Colombia». Fue una comisión de expertos dirigida por la OCDE, con economistas que han trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Fondo Monetario Internacional. Nada bueno podía salir de ahí.

Todo para decir que la gente sale a marchar contra una reforma que ni siquiera es de cocina nacional. Es de no creer: son capaces de mandar el Ejército contra la gente para defender una agenda de intervención extranjera sobre la política económica de Colombia.

 

NA

Haces hincapié especial en el protagonismo de la juventud colombiana en las protestas. Si nos concentramos en el sector estudiantil, ¿cual es la situación contra la cual están protestando?

 

JP

Si hay un país cuya política fiscal ha estado marcada por el neoliberalismo en América Latina, ese es Colombia (junto con Chile, claro). Si bien las ultimas medidas en educación datan del gobierno de Manuel Santos, el trasfondo son las políticas que se promovieron desde 1991, lo que se conoce como «la apertura económica». Eso incluía la firma de tratados de libre comercio, la desprotección de la industria nacional, la privatización de los bienes y servicios que antes se consideraban derechos fundamentales… Es decir, todo el cuento de la política económica ortodoxa más recalcitrante.

Esto vino de la mano, por ejemplo, del congelamiento de los recursos públicos para la educación superior con la Ley 30, de 1992. Lo que hizo esa ley fue congelar en términos reales el presupuesto que el gobierno asignaba para las universidades públicas. Y eso es muy crítico, porque los costos de la educación son crecientes y, además, porque al tiempo que esto pasaba existía presión por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales por aumentar la matrícula. Entonces las universidades terminaron triplicando el numero del estudiantado pero con el mismo presupuesto fijo cada año.

Al tiempo que se debilitaban las universidades públicas, empezó a crecer la asignación presupuestal ICETEX, que es un banco para pedir créditos para estudiar. Esa entidad es semipública, pero al fin de cuentas es un banco comercial. Es decir, lo que promueve es la capitalización de intereses, volviendo a prestarnos en forma de créditos educativos un dinero que proviene de nuestros propios impuestos. A medida que se debilitaba el presupuesto para las universidades públicas, el presupuesto del ICETEX aumentó 1300% en los últimos 15 años.

Entonces, quienes no han podido acceder a una universidad pública, terminaron altamente endeudados; la otra parte, que sí pudo acceder, se encontró con universidad pública absolutamente dilapidada.

Es un modelo muy similar a lo de Chile: tomas 40 mil estudiantes, les das créditos condenables y los metes en las universidades privadas más elitistas del país y con eso anuncias que estás atendiendo y resolviendo la educación de una generación. Todo mientras las universidades públicas están quebrando. Destinaron 3,6 billones de pesos colombianos a un sistema privado que sirve a 40 mil alumnos, la misma cantidad de plata que al año se le da a las 32 universidades públicas en todo el país.

Y esto no es una cuestión de presupuesto, sino de concepción política, de los efectos del neoliberalismo sobre la educación. Milton Friedman escribió un texto que se llama «The Role of Government in Education»; ahí, lo que dice Friedman es que el Estado no tiene por qué mantener instituciones de educación. Lo máximo que acepta en términos de intervención del Estado en la educación son vouchers o créditos. Ese fue el modelo que implementó el gobierno de Santos y contra el cual nosotros salimos a marchar en el 2018. Con la protesta logramos revertirlo en parte. Pero no de todo.

 

NA

De un modo similar a lo que hemos visto en Chile, da la sensación de que hay un hartazgo generalizado entre los jóvenes con todo el sistema neoliberal. Un hartazgo que incluye, por supuesto, el plano educativo, pero también va mucho más allá.

 

JP

Yo creo que hay un sustento económico de la crisis que ha lanzado masivamente a la juventud a las calles, y no necesariamente porque sean rebeldes o porque sus intereses estén exclusivamente vinculados a la educación.

La dimensión económica de la crisis es algo que está medida y estadísticamente probada. En los últimos quince años, Colombia tiene los niveles de pobreza más impresionantes. Tenemos 42% de la población por debajo de la línea de la pobreza, que es un tercio del salario mínimo. Eso es importante de señalar: un tercio del salario mínimo no es nada. Con ese dinero no se vive. Y tenemos veintiún millones de personas en esa situación.

Pero es peor aún si nos concentramos en la juventud, porque ahí encontramos que el 50,4% de los hogares con jefatura juvenil están por debajo de la línea pobreza. Es un fenómeno muy particular que las generaciones más jóvenes sean más pobres, cuando se supone que es la etapa de la vida en la que uno es más productivo. Pero no, en este momento tenemos una situación crítica. Y estoy incluyendo a la gente con, por ejemplo, treinta y cuatro años, que ya en teoría debería tener empleo o ingresos más altos.

Tenemos un 33% de la juventud que se denomina «ninis», porque ni estudian ni trabajan. Y si inspeccionamos más en detalle este sector, encontramos que las mujeres jóvenes representamos el 72% de esos «ninis». O sea, es una crisis demasiado descargada en la juventud y particularmente en las mujeres jóvenes.

¿Qué fue lo que causó esta crisis? No es solo la pandemia. Eso es un cuentazo, es absolutamente falso. Nosotros veníamos ya de tasas de desempleo estructurales de dos dígitos, siempre por encima del 10%, desde antes de la pandemia. Con la apertura económica y los tratados de libre comercio de los años 90, tanto nuestro aparato industrial como nuestro aparato agropecuario quedaron muy disminuidos. Hemos empezado a importar textiles que anteriormente producíamos. Hemos importado leche, arroz, papa, hasta café, cosa que es increíble, porque se supone que Colombia es un país cafetero. Todos esos bienes que nosotros podríamos abastecer con la producción nacional, están siendo barridos por la producción extranjera.

Donde antes el trabajo se contrataba en los sectores de café, el arroz, los textiles, etc., estas empresas ahora están quebrando. Y ese trabajo nacional se reemplaza con trabajo más barato en otros países. Eso es lo que ha aportado la apertura económica. Por eso es que cuando llega la pandemia, nuestro aparato productivo es tan débil que no puede soportar un mes de cierre. El gobierno no da subsidios a la nómina de los trabajadores y no hay renta básica. No hay un ingreso mínimo para las personas, lo cual hace que la demanda también disminuya.

Entonces, mejor dicho, la pandemia fue el crac literal, fruto de muchas condiciones que ya venían desde antes. Esto no hubiera pasado si tuviéramos industrias consolidadas y un mercado laboral formal. Las centrales obreras reportan que el 63% del empleo en Colombia es informal. Y ese sector informal es el primero que se despide y que es golpeado por la crisis.

Es todo ese cúmulo de decisiones políticas lo que deja a la juventud en esta situación. Para poner un ejemplo, para obtener las condiciones de vida que tuvieron mis papás yo tengo que trabajar muchísimo más. Es una generación más empobrecida que la anterior, y llegar a pensionarse es una utopía. Todo eso vino de la mano de la apertura económica del 90 y, de nuevo, creo que lo urgente es replantear ese modelo.

Por todo lo anterior, el movimiento estudiantil y juvenil hoy no está en las calles solo por reivindicaciones de educación superior. Nosotros estamos en las calles contra la reforma tributaria, por empleo digno, contra la reforma a la salud y por todos los demás temas. Esto es un paro muy politizado, en el mejor sentido, y la juventud entiende que lo que nos está pasando es fruto de un modelo político y económico que lleva 27 años gobernando Colombia. El 83% de los jóvenes que encuestaron hace poco dijo que esto va a influenciar su forma de votar en 2022. Y, pues, en ese sentido estoy optimista con lo que viene.

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Publicado en Colombia, Entrevistas, homeIzq, Política, Represión and Sociedad

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