Todo análisis acerca de lo que está sucediendo en Colombia parte de la inexactitud propia de la intuición política. Falta todavía que los hechos se consumen, que corra suficiente agua debajo del puente como para poder determinar con mayor precisión la lógica de las tendencias y las fuerzas políticas que en este momento operan efectivamente sobre el curso de la coyuntura del paro nacional.
Entre tanto, el paro sigue vivo y, por lo tanto, vivas están también las tendencias y relaciones entre fuerzas políticas que, como pasa con el calor o con el sonido, atraviesan nuestros cuerpos y se hacen manifiestas como sensaciones de la experiencia, como afectos. Sin embargo, desde lo que se siente en carne propia es posible también conectar analíticamente hechos parciales para esbozar algunas claves y pensar la situación actual.
La chispa que encendió la mecha
Es evidente que en la madrugada del 4 de mayo de 2021, seis días después del inicio del paro, el común denominador fue la sensación de profundo temor frente a la inusitada violencia del Estado. La tensión que desde hace días se venía entretejiendo entre la espontaneidad y la amplitud insospechada del paro y el silencio del gobierno de Iván Duque frente la demanda de retiro de la reforma tributaria tuvo su punto límite con la masacre en la localidad de Siloé, en Cali. Las fuerzas de Policía, con apoyo del Ejército, asesinaron al menos cinco personas.
Tal hecho fue el umbral luego del cual aquello que hasta ese momento venía siendo un paro de extensión nacional en ciudades capitales, intermedias y pueblos pequeños de casi todas las regiones del país (convocado desde el día 28 de abril de 2021 por sectores sindicales y de izquierda contra la reforma tributaria presentada por el gobierno y al que se venían sumando tímidamente sectores campesinos e indígenas), se transformó de manera rotunda. A partir de ese momento, el paro cobró una intensidad tal que alumbró desde campos y ciudades las estructuras sedimentadas de un orden social oligárquico y señorial, que cerró filas violentamente contra una sociedad civil movilizada casi que en su totalidad.
Después de la masacre de Cali, la pregunta ya no giró en torno a los límites del paro, sino sobre los límites de un orden establecido hondamente resquebrajado. El terror que se quiso infundir a través de la violencia Estatal y por medio de asesinatos, desapariciones y mutilaciones no dio paso a la resignación, como esperaban sus impulsores, sino a la indignación generalizada. Y la demanda puntual —el retiro de la reforma— devino en el deseo nacional de construir un nuevo orden social al margen de los partidos tradicionales y en contra del gobierno uribista.
El paro no es únicamente la consecuencia del trámite de una reforma tributaria regresiva que, amparada en la metafísica neoliberal, dicta que la prosperidad de los ricos, empresarios y transnacionales irradia al 99% restante. La potencia de la protesta no radica simplemente en la demanda de hacer efectivo el retiro de la reforma. Toda demanda se inscribe en un campo popular históricamente configurado y, por lo tanto, su capacidad de movilización solamente puede explicarse a la luz de tal contexto.
Demandar el retiro de la reforma fue la respuesta que encontró el movimiento a todas las afrentas a la moral y tradiciones populares que se vienen sucediendo hace décadas en un país en el que el Ministro de Hacienda no sabe el valor de una docena de huevos, tal y como quedó en evidencia unos días antes de que comenzara el paro. En un país en el que menores de edad son bombardeados por las fuerzas militares y desde el Estado se justifica su asesinato. Un país cuya vicepresidenta insinúa que la pobreza estructural se explica por el hecho de que «las personas son perezosas». Un país en el que los funcionarios del gobierno vociferan sin ningun pudor que si alguien se contagia de coronavirus es por descuido y no porque está obligado a salir a trabajar.
En ese contexto, la reforma tributaria apareció como el aglutinador de una cadena de afrentas al sentido común popular. El paro que exigió su derogación, como la respuesta. A la interpelación señorial le siguió la respuesta plebeya, tal como sucedió con el mítico Florero de Llorente.
Tiempos acelerados
Lo que viene pasando desde el 28 de abril en Colombia hace parte de un largo ciclo de protesta social que en la última década se ha acelerado. Repasando su trayectoria desde la segunda mitad del siglo XX, pueden identificarse varios hitos: las jornadas de 1957, que llevaron al fin de la dictadura del General Rojas Pinilla, cuya caída inaugura el pacto oligárquico entre los partidos tradicionales (mejor conocido como Frente Nacional). Posteriormente, el Paro Cívico Nacional de 1977, que movilizó pobladores barriales de Bogotá y otras ciudades contra el último gobierno de un desgastado Frente Nacional. Diez años más tarde, en 1987, el Paro del Nororiente, en donde campesinos y habitantes de ciudades intermedias de la región del Catatumbo se movilizaron masivamente.
Durante los años noventa, entre otras cosas a razón del embate del paramilitarismo y la sistemática eliminación de las organizaciones sociales y políticas, vino una cesura en la protesta social que se extendió hasta la primera década del siglo XXI, donde la movilización social resurge con fuerza, como sucedió con la Minga Nacional de Resistencia de 2008 (tal vez el primer gran hito de protesta del siglo XXI). A este le siguió, en 2011, el paro nacional estudiantil de universitarios, organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Un par de años después vino el Paro Nacional Agrario (2013), que paralizó principalmente el centro del país. El paro estudiantil de 2018 y las jornadas del 21N de 2019 fueron los últimos, en clara continuidad con las protestas actuales.
1957, 1977, 1987. 2008, 2011, 2013. 2018, 2019, 2021. La protesta social se desarrolla en ciclos cada vez más cortos, más acelerados. Los grandes hitos de movilización nacional están dejando de ser poco frecuentes. De cierta manera, de entre la añoranza de muchas generaciones de militantes de izquierda por la gran huelga general —que rara vez se produce y que, por lo tanto, se convierte en mito— comienza a abrirse paso una actitud distinta. Las grandes protestas, el país volcado a las calles, se convierten en costumbre.
Ante tal evidencia, la pregunta entonces no es cuándo volverá a volcarse el país a las calles. El interrogante pasa por qué es lo que hace falta para que ese país popular, que es capaz de manifestarse de manera cada vez más recurrente, pueda romper con el orden social instaurado por la oligarquía colombiana desde 1958, cuyas raíces pueden rastrearse hasta el siglo XIX.
A modo de hipótesis podría plantearse que si las jornadas contra la dictadura de Rojas en 1957 inauguran el Frente Nacional, las jornadas contra la dictadura de facto del gobierno uribista de Iván Duque pueden sepultar el bloque histórico inaugurado por el pacto entre élites liberales y conservadoras en 1958 (latente luego de 1978 con gobiernos liberales y conservadores hasta 2002, donde es sostenido mediante otro pacto —no reconocido— entre las mismas élites del Frente Nacional y la alianza entre terratenientes y narcotraficantes que condensa el proyecto uribista).
Es posible que las jornadas de lucha de hoy puedan significar el tránsito entre un orden social de corte nacional oligárquico hacia un orden social de tipo nacional-popular. Todo depende del nivel de organización y articulación que se pueda alcanzar entre los distintos sectores opuestos al uribismo. Y es que el actual estado de excepción uribista es el último reducto del antiguo orden social de la oligarquía colombiana. Luego, el abismo. Es por esa razón que, ante él, las oligarquías tradicionales callan. Miran hacia otro lado. Prefieren pactar antes que siquiera contemplar la llegada de un gobierno de tinte nacional-popular, en el que los protagonistas sean los movimientos sociales y la izquierda.
Aquello que emergió en el país el 28 de abril es, tal vez, el acontecimiento de protesta más nacional que haya tenido Colombia. A diferencia del carácter meramente urbano de las jornadas de 1957 y 1977, en contraste también con lo exclusivamente rural y regional del paro de 1987 e incluso con la sectorización de la protesta propia del Paro Agrario 2013 y los paros estudiantiles de 2011 y 2018, las jornadas de 2021, como las de 2019, son plenamente nacionales e involucran al conjunto de los sectores del campo popular.
Las clases medias empobrecidas y las clases populares se movilizan en las grandes, medianas y pequeñas ciudades. Campesinos e indígenas se manifiestan con acciones de bloqueo de vías. Y la protesta es liderada por la espontaneidad de jóvenes que se reconocen a sí mismos como miembros de una generación distinta, una generación que no se resigna al discurso del «siempre ha sido así» y que tampoco guarda respeto por el «patrimonio colonial» de asesinos erguidos sobre pedestales. Una generación que produce un nuevo sentido de nación y que se ha politizado ampliamente desde la acción misma; cuya indignación no está sujeta a organizaciones de izquierda ni nace en los tradicionales y excluyentes espacios universitarios.
Ciudadanos y vándalos
La respuesta del Estado ha sido brutal. Y, peor aún, ha sido tolerada por amplios sectores del establishment. La violencia estatal opera institucionalmente con la Policía y el Ejército, que disparan sus armas de fuego contra la población movilizada. Pero de manera simultánea discurre también a través de grupos paramilitares organizados desde los barrios de clases altas.
Este accionar represivo por doble vía es amparado por un discurso propio de la extrema derecha uribista que ha sido apropiado también por sectores liberales y de centro. Un discurso constituido por silencios escandalosos frente a la violencia Estatal y airados y vacíos llamados al rechazo de «todo tipo de violencia» que, por supuesto, excluyen la violencia ejercida y amparada por el gobierno: al no verse cuestionada por la mayoría de los partidos y medios de comunicación, es libre de convertir en potencial objetivo militar a toda persona que participa en las movilizaciones.
Las víctimas del Estado son identificadas como «vándalos». Si alguien es asesinado a manos de la Policía, el Ejército, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) o por grupos paramilitares es porque era un vándalo, no un ciudadano. Los Vándalos fueron un pueblo que saqueó el Imperio Romano en el siglo V. El discurso del vandalismo con el que insiste el establishment colombiano no es inocente ni accidental, sino que refleja exactamente eso: una visión del mundo elitista que diferencia entre quienes están adentro y quienes están afuera de las fronteras de la sociedad. Los primeros merecen derechos; los segundos, no.
La muestra más grotesca de los efectos de todo este andamiaje discursivo viene dada por la cobertura de los grandes medios de comunicación a los ataques con armas de fuego perpetrados contra la Minga indígena en la ciudad de Cali. Ocho personas resultaron heridas con impactos de bala. Frente a este hecho, el discurso de las élites es unánime: choques entre ciudadanos e indígenas, civilizados y bárbaros, gente con derechos y vándalos.
Sin embargo, y a medida que la protesta resiste, el estado de excepción en que se ha mantenido a Colombia por más de medio siglo se muestra como lo que siempre ha sido: una guerra del Estado contra la sociedad. Quienes lo normalizan, siempre han tenido las manos llenas de sangre. Pero ya no hay «vuelta a la normalidad» posible. Colombia ya cambió.
Tres horizontes y una tarea
En este contexto, podría plantearse que se insinúan al menos tres horizontes sobre los que se proyecta el despunte nacional-popular en Colombia. El primero es un escenario cuasi dictatorial, en el que las viejas fuerzas radicalizadas del antiguo orden oligárquico-señorial representadas por el uribismo logran institucionalizar el estado de excepción y sofocar el movimiento popular, conjurando las elecciones de 2022.
Un segundo horizonte gira en torno a la posibilidad de que esas viejas fuerzas logren reciclarse a sí mismas aliándose con nuevas fuerzas del antiguo orden (representadas por partidos de centro y liberales) en una maniobra del tipo «revolución pasiva», que excluya al movimiento popular. Este tipo de salidas ya son costumbre en la historia colombiana.
Pero existe un tercer horizonte: la posibilidad de articular un bloque nacional-popular que, bien sea vía destitución o vía elección popular, rompa con el orden social oligárquico y sirva como tránsito hacia esa nueva Colombia tantas veces postergada.
Por supuesto, se trata de un horizonte plagado de dificultades. Así como es evidente la ruptura entre el orden social oligárquico-señorial y la sociedad civil movilizada, es también clara la incapacidad de las organizaciones de izquierda y sindicales para erigir articulaciones orgánicas con un movimiento popular que desborda cualquier instancia de representación política y que, por ello mismo, resulta en sí mismo irrepresentable. Síntomas de esto son la distancia entre los sindicatos reunidos en el Comité Nacional de Paro y el movimiento indígena, o entre la convergencia de izquierda (Pacto Histórico) y el movimiento feminista.
Ante la novedad del desborde popular, la tarea debe pasar por construir un pueblo en la acción misma. Sin limitarse a evocarlo exclusivamente desde los poros del Estado, pretendiendo de esta forma represar y acumular para el propio molino antes que acompañar legítimamente. Los calendarios señalan que está cerca 2022 y, con él, las elecciones. Pero a menudo las transformaciones verdaderamente radicales precisan detener el tiempo y hacer trizas los almanaques.
