Press "Enter" to skip to content
Uno de los líderes de izquierda más talentosos de su generación, Pablo Iglesias había liderado a Podemos en su histórica campaña electoral de 2015. (Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

El futuro de Podemos después de Iglesias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado su retirada. Durante la última década, llevó a la izquierda radical al corazón de la política española, pero su desafío al establishment finalmente se quedó corto.

Serie: Dossier España

“Cuando tu papel dentro de tu organización y tu tarea para mejorar la democracia en este país se limita enormemente y moviliza a los peores elementos de los que la odian, hay que tomar ciertas decisiones sin dudarlo”. Estas fueron las palabras del cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, al anunciar su sorprendente decisión de apartarse con efecto inmediato no sólo de la formación que había liderado durante siete años, sino de la primera línea política por completo.

A principios de marzo, sorprendió a los círculos políticos españoles al anunciar que dejaba el cargo de vicepresidente del Gobierno, sólo catorce meses después de que Unidas Podemos entrara en coalición con el Partido Socialista (PSOE) de de centro-izquierda. En un vídeo explosivo difundido en las redes sociales, explicó que lo hacía para liderar la fuerza regional de su partido en las elecciones anticipadas de Madrid celebradas ayer, con la esperanza de que su presencia en la campaña revirtiera el declive de Unidas Podemos en las encuestas.

Sin embargo, a medida que se contaban los votos definitivos, ya era evidente que la candidatura de Iglesias se había agotado tras varios ciclos electorales intensos, entre otros factores. “Estos resultados dejan claro que en estos momentos no soy una figura que pueda ayudar al partido a conseguir logros [significativos] y contribuir a que consolide su peso institucional”, como él mismo dijo. Su campaña mejoró ligeramente la posición de Unidos Podemos respecto a su resultado de 2019 -consiguiendo algo más del 7% de los votos y diez escaños-, mientras que el PSOE sufrió el peor resultado de su historia en la capital en beneficio, al parecer, del partido Más Madrid creado a partir de una escisión de Podemos en 2019.

La derecha estuvo muy movilizada, y la candidata trumpiana del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, lo que le permitirá ahora gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox.

El dramático anuncio de Iglesias se produce a pocos días del décimo aniversario del movimiento 15-M, por lo que su dimisión marca también el final de un capítulo de la política española y europea. Uno de los líderes de izquierda más talentosos de su generación, sin rival en su capacidad comunicativa, había liderado a Podemos en su histórica campaña electoral de 2015, en la que el partido estuvo muy cerca de su sorpasso al PSOE. Pero, al igual que los proyectos populistas de izquierda construidos en otros lugares durante la última década, el proyecto no pudo mantener su impulso inicial tras el paulatino reflujo de las olas de protestas antiausteridad que habían recorrido el país a raíz de la crisis financiera.

Estrechando los horizontes

De hecho, el terreno político que no hace mucho tiempo había sido tan hospitalario para un Podemos por entonces insurgente parecía cada vez más lejano durante esta campaña de Madrid. Esta ha estado dominada por una serie de provocaciones de extrema derecha, procedentes no sólo del extremista Vox, sino también del creciente movimiento callejero neofascista español.

Sólo unas horas después de dejar de ser vicepresidente del Gobierno, Iglesias se encontró con un grupo de cinco cabezas rapadas neonazis en un dramático enfrentamiento fuera de un acto de Podemos. A esto le siguió, una semana después, un atentado con un cóctel molotov contra la sede de Podemos en la región sureña de Murcia, mientras que, en la recta final de la campaña, Iglesias recibió amenazas de muerte acompañadas de balas del ejército. Tras años de constantes ataques mediáticos, numerosas investigaciones policiales por motivos políticos y prolongadas luchas internas entre facciones, la seguridad y el bienestar de Iglesias y su familia se habían visto claramente afectados, además de su popularidad personal.

Sin embargo, Iglesias también fue el impulsor de la apuesta estratégica de su formación de entrar en el gobierno como socio menor del PSOE, un partido ostensiblemente socialdemócrata pero profundamente arraigado en los circuitos del régimen neoliberal español. El desastroso resultado de la izquierda en Madrid refleja en gran parte un sentimiento creciente de frustración con el gobierno PSOE-Unidas Podemos, ya que los partidos de la coalición sólo pueden mostrar un conjunto bastante limitado de avances hasta este momento.

Tras las dos elecciones generales de 2019, y el creciente agotamiento de la formación, la perspectiva de entrar en una coalición había sido vista por Unidas Podemos como una la alianza de izquierdas centrada en la renovación después de un período de vicioso faccionalismo, así como una forma de evitar el tipo de implosión que el proyecto de Corbyn ha sufrido en Gran Bretaña. A pesar de tener que aceptar la omisión de muchas de sus políticas más transformadoras del programa de gobierno, la apuesta de la formación era que, al entrar en el cargo, podría asegurar una serie de concesiones sustantivas a su agenda legislativa, especialmente en torno a la vivienda, los derechos laborales y el gasto social.

Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 golpeando a España sólo seis semanas después de iniciada la coalición, los ministros de la formación en el gabinete se encontraron rápidamente con una serie de límites al acuerdo de gobierno que ha marcado los parámetros de los quince meses posteriores. Algunos de ellos han sido estructurales. El Estado español, cada vez más vaciado, que había visto mermadas sus capacidades y recursos durante la década anterior de salvajes recortes y externalizaciones, no estaba en condiciones de responder a una emergencia sanitaria y social. Como Estado del sur de la eurozona dependiente de la financiación de la UE, España sólo ha tenido una autonomía limitada en cuanto al desarrollo de su plan de recuperación de estímulos, teniendo que aceptar, en cambio, el marco de toda la UE fuertemente inclinado hacia diversas formas de iniciativas público-privadas.

Otro factor que limita los elementos más progresistas de la coalición ha sido el grado en que el propio PSOE ha llegado a actuar como barrera para la aplicación de las políticas negociadas acordadas en el programa de gobierno. Durante el último año, los ministerios estratégicos del PSOE han bloqueado y retrasado repetidamente las prioridades legislativas de su socio menor, a veces aparentemente debido a rivalidades personales y políticas, pero más generalmente porque muchas de esas medidas afectarían a los intereses del sector empresarial y a los del aparato de seguridad del Estado. Una y otra vez, el progresismo de Pedro Sánchez se ha detenido en la aplicación de medidas que requerirían imponer pérdidas a las élites económicas o desafiar las relaciones de poder existentes.

Una acumulación de tensiones

En los últimos meses de Iglesias en el gabinete, las tensiones entre los socios de la coalición habían llegado casi a un punto de ruptura, ya que se produjeron una serie de conflictos sobre el control de los alquileres, la reforma laboral y de las pensiones, la legislación sobre derechos de las personas trans y la derogación de la ley mordaza del PP. La “deslealtad” del PSOE hacia el acuerdo de coalición se había convertido en una crítica habitual desde las filas de Unidas Podemos, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaba a principios de marzo que las fricciones en el gabinete sólo se disiparían “si el PSOE cumple los compromisos del programa de gobierno”.

Probablemente, el ejemplo más claro de esta deslealtad es respecto a la propuesta de nueva ley de vivienda. Dado que muchas de las principales figuras de Podemos proceden del movimiento antidesahucios de la PAH y que el electorado del partido fuertemente sofocado por el aumento abusivo de los alquileres, Iglesias optó por apalancar una parte importante de su capital político en la legislación para introducir el control de los alquileres y un impuesto sobre las viviendas vacías (ambos incluidos en el programa de gobierno). Desde finales del verano pasado, había presionado mucho para que la ley de vivienda se concretara como parte de las negociaciones presupuestarias, insistiendo en los mecanismos legales tanto para reducir los precios en las zonas de alta presión como para limitar las subidas posteriores a través de un índice de precios de alquiler.

Pero como el PSOE se ha negado incluso a acordar una prohibición total de los desahucios durante la pandemia (algo que no se concretó hasta diciembre), Iglesias tuvo que conformarse con un compromiso firmado por Sánchez de presentar la ley de control de los alquileres al Consejo de Ministros a más tardar en febrero de este año. Sin embargo, incluso para conseguir este compromiso por escrito, Iglesias tuvo que amenazar con bloquear los presupuestos la noche antes de su anuncio a finales de noviembre. Como nos dijo el portavoz económico de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato: “El PSOE no tiene ninguna voluntad de enfrentarse a quienes poseen miles de viviendas, como los fondos buitre, o incluso a la clase rentista más pequeña que vive de las rentas generadas por diez o quince pisos”.

A principios de febrero, el mayor propietario de tierras de España, Blackstone, amenazó con retirarse del país, mientras que entidades financieras como la Caixa ejercían una fuerte presión entre bastidores contra la ley. A medida que se acercaba la fecha límite para el proyecto de ley, el ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos, señaló que el PSOE no podía seguir aceptando que se “impusieran” límites al sector del alquiler, e insistió en que sería más eficaz asegurar la reducción de los alquileres ofreciendo “incentivos fiscales” (es decir, exenciones de impuestos) a los propietarios. “La vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado”, afirmó para explicar el cínico giro de su partido.

Iglesias contraatacó, insistiendo: “El compromiso está sobre el papel. Pedro Sánchez no puede permitirse el lujo de mentir a sus votantes”. Sin embargo, como el exlíder de Podemos ha dejado el cargo sin un acuerdo, el borrador de la ley de vivienda se ha retrasado hasta el próximo mes de octubre. Altas fuentes de Unidos Podemos han insistido en que el partido entrará en colapso con el Gobierno si no se aprueba la legislación, pero de cualquier manera, se vio obligado a luchar en la campaña electoral de Madrid sin haber asegurado una de sus reformas fundamentales.

Tampoco es un caso aislado. Un impuesto COVID-19 sobre el patrimonio también había sido otra de las propuestas más destacadas de Iglesias. Pero, junto con otras importantes reformas fiscales progresivas, las negociaciones se aplazaron hasta los presupuestos del año que viene, y la ortodoxa jefa de economía del Gobierno, Nadia Calviño, ya indicó que se opondría a cualquier aumento significativo de los impuestos. Como señala Carlos Sánchez Mato, la suspensión de las normas presupuestarias de la UE hasta 2022 ha “ganado un respiro a la coalición”, pero si “España quiere evitar una nueva ronda de austeridad en 2023, tiene que aprovechar este tiempo para construir su base fiscal, con medidas como un impuesto sobre el patrimonio significativo y la reforma del impuesto de sociedades”.

Del mismo modo, la derogación de la ley mordaza del PP y otros delitos de expresión debían ser reformas exprés completadas en los primeros meses de gobierno de la coalición. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha ofrecido ningún calendario para su eliminación, a pesar de que en febrero hubo más de una semana de protestas masivas en torno al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. “Por activa o por pasiva, el PSOE ha jugado bien sus cartas: no sólo ha evitado los aspectos más progresistas del programa pactado, sino que ha retrasado las reformas y ha diluido su contenido”, señala el ex diputado de Podemos Manolo Monereo.

Logros

En este contexto, las realizaciones políticas de Unidas Podemos se han centrado más en asegurar el aumento de los compromisos de gasto social. Según el acuerdo presupuestario nacional 2021, los gastos destinados a fortalecer áreas estratégicas de servicios públicos agotados en España fueron enmarcados por Iglesias como una ruptura con el programa de austeridad de la década anterior. Se han destinado 5.000 millones de euros de financiación adicional al sistema nacional de salud de España, posiblemente la parte más afectada del sector público español, tras años de externalización y diversas formas de mala gestión, que se suman a las presiones de la pandemia.

Más de 1.000 millones de euros se destinarán al sector de la asistencia social en España en virtud del acuerdo presupuestario, ayudando a reconstruirlo en torno a centros de asistencia más pequeños con mayor número de personal, y otros 1.000 millones de euros se inyectarán en la red de centros de atención primaria del país. Por otra parte, se han destinado los fondos al programa de desarrollo de la educación preescolar universal y gratuita, mientras que un aumento del 44% en los fondos para becas de las universidades públicas está destinado a proporcionar apoyo a los estudiantes con bajos ingresos.

Sin duda, la medida más destacada ha sido la gestión de la nueva vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, del plan de ERTE, junto con sus esfuerzos para mitigar la pérdida de empleo. La ministra de Trabajo -y posiblemente el ministro más destacado de Unidas Podemos en 2020- se ha ganado los elogios de varios sectores por ayudar a garantizar varias extensiones del plan, al tiempo que ha garantizado que un número considerable de puestos de trabajo que estaban en peligro no fueran eliminados a través de prolongadas conversaciones con los sindicatos y los empresarios.

A esto se suma la nueva legislación impulsada por Díaz, que reconoce a los repartidores de comida como empleados de las plataformas digitales de la “economía colaborativa” para las que trabajan (en lugar de su estatus hasta ahora de autónomos), tras una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre. La legislación obliga a estas plataformas a compartir los algoritmos que utilizan con los sindicatos para que los empleados y sus representantes tengan una idea clara de cómo afectan a las condiciones de trabajo. Díaz también negoció la primera subida del salario mínimo en enero de 2020, que pasó de 900 a 950 euros, y ha sido la principal defensora en el Consejo de Ministros de una nueva subida este año, en un intento de que los socialistas cumplan la promesa de la coalición de elevar el salario mínimo neto hasta el 60% de la paga media mensual (1.200 euros) al final de su mandato de cuatro años.

Sin embargo, el cumplimiento de uno de los principales logros ostensibles de Unidos Podemos como parte de la coalición hasta la fecha también ha mostrado algunas de las limitaciones que definen los compromisos de gasto asegurados por la coalición. El plan de renta mínima garantizada de España, que Iglesias presentó a la opinión pública como la política estrella de los primeros seis meses de su partido en el poder, se ha visto perjudicado hasta ahora por una mala administración, en parte causada por la falta de capacidad y personal del Estado, a pesar de los recientes esfuerzos por ampliar los criterios de acceso y reforzar la red de seguridad social.

Impulsado como política por Iglesias, pero administrado por un ministerio controlado por el PSOE, el programa sólo ha tramitado una parte de las solicitudes hasta la fecha, y varios grupos de beneficiarios, como los grupos de inmigrantes, los que carecen de cuentas bancarias y lugares de residencia fija y los menores de veintitrés años han quedado excluidos del plan. Después de haber estimado inicialmente el número de posibles beneficiarios en 850.000 familias, diez meses después de su introducción sólo 210.000 hogares han conseguido realmente acceder al pago, lo que ha creado una enorme frustración entre cientos de miles de solicitantes de bajos ingresos que han fracasado.

En un sentido más amplio, también, los actuales niveles de gasto están muy lejos de lo que podría considerarse adecuado para empezar a abordar la magnitud de la crisis social que se agrava en España. El desempleo juvenil se sitúa en el 40%, mientras que un reciente informe de Oxfam estima que las personas que viven en la pobreza han pasado del 20,7% de la población antes de la pandemia al 23% (o 10,9 millones de personas) a finales de 2020. Con una estimación de 7 euros perdidos por el 10% más pobre de la población por cada euro que deja de ganar el 10% más rico en la nueva coyuntura económica, queda muy claro que, aunque los niveles de gasto fueran considerablemente más altos, esto por sí solo no sería una solución global a los arraigados problemas estructurales de España.

Cambiar la dinámica

Las elecciones de Madrid deben servir de llamada de atención para los partidos de la coalición. Después de tres años como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene muy poco que mostrar en términos de legislación progresista y avances políticos y se enfrenta a una base desmoralizada (su partido ha perdido trescientos mil votos en el escrutinio de ayer). Para Unidos Podemos, la rápida salida de Iglesias ha acelerado una transición de liderazgo ya prevista, con Díaz como probable candidata a liderar el partido en las próximas elecciones nacionales. Abogada laboralista y militante del Partido Comunista, no era ni mucho menos una figura conocida a nivel nacional antes de hacerse cargo del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el último año ha sido una de las ministras más populares del Gobierno, incluso entre los votantes del PSOE.

En este sentido, una de las ganancias políticas de la formación en estos quince meses de gobierno ha sido facilitar esta renovación de su liderazgo, permitiendo que figuras como Díaz y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, construyan perfiles políticos nacionales. Sin embargo, la preocupación de cara al futuro es la posible amenaza que el nuevo partido Más País, creado por el ex diputado de Podemos Íñigo Errejón, podría suponer ahora a nivel nacional tras su éxito en la capital. Está por ver qué tipo de cooperación es posible entre ambas formaciones, ahora que Podemos está bajo un nuevo liderazgo, con muchas de las diferencias clave que separan a las dos plataformas centradas en diferencias personales.

Más allá de eso, los próximos seis a nueve meses serán definitivos para la coalición, y en particular para cualquier avance de la agenda de Unidas Podemos. La dirección del partido sigue creyendo que la correlación de fuerzas existente en el parlamento puede ser aprovechada en su favor. El fragmentado pero polarizado panorama político español no deja al PSOE otra opción que mirar hacia su flanco izquierdo para asegurarse una mayoría de gobierno, sobre todo tras el rápido desplome del apoyo al partido bisagra liberal Ciudadanos. El ascenso de Díaz pretende reforzar la posición de Unidos Podemos en las próximas negociaciones, dándole un mayor poder y preparando a la formación para unas posibles elecciones generales anticipadas el próximo otoño/invierno si la coalición se hunde.

Además de los enfrentamientos sobre el control de los alquileres y la fiscalidad, una de las batallas decisivas de los próximos doce meses será la de la derogación de las reformas laborales de la época del PP, en la que Díaz se enfrentará a Nadia Calviño, líder económica del PSOE, por los derechos sindicales y laborales. Este es el tipo de áreas en las que Unidas Podemos debería conseguir avances para justificar su presencia en el gabinete. Como el PSOE se encuentra bajo la presión de la oligarquía del país que se resiste incluso a un conjunto de reformas tan básicas, cualquiera de estos puntos, junto con el compromiso de indultar a los presos políticos catalanes, podría ver caer la coalición.

En consecuencia, tras la salida de Iglesias, sigue sin estar claro cuánto tiempo podrá sobrevivir la primera coalición de izquierdas de España en ochenta años.

Cierre

Archivado como

Publicado en Dossier España, Elecciones, España, homeIzq and Política

       Suscribirse

Jacobin es una voz destacada de la izquierda que ofrece un punto de vista socialista sobre política, economía y cultura.


EN ARGENTINA

ARS$1260

1 Año : 4 Números
Suscripción Impresa + Digital

EN EL RESTO DEL MUNDO

US$ 12

1 Año : 4 Números
Suscripción Digital

J

Que «las cosas continúen así» es la catástrofe.

WALTER BENJAMIN

Ingresa tu mail para recibir nuestro newsletter

Jacobin Logo Cierre